Por Miguel Salas

El 21 por la tarde, unas 450.000 personas, según la Guardia Urbana, llenaron de nuevo el centro de Barcelona para exigir la libertad de “los Jordis” (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) en prisión incondicional desde el día 16 y contra la aplicación del artículo 155. Una manifestación convocada por la Taula per la Democràcia, de la que forman parte la ANC, Ómnium Cultural, CCOO, UGT, Unió de Pagesos, y hasta 97 asociaciones sociales y civiles, que reunió a un amplio abanico de organizaciones y personas unidas por su voluntad de defender la democracia, de oponerse a la represión y de encontrar una salida que responda a la exigencia de una mayoría del pueblo catalán de ejercer el derecho de autodeterminación.

El gobierno del PP no ha querido nunca ni hablar, ni negociar, ni dialogar. En la carta de Puigdemont del día 19 de octubre, se lee: “El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular.” O sea, que reconoce que no ha sido proclamada la independencia o la república catalana, lo que, supuestamente, le pedía Rajoy, pero de poco sirvió esa respuesta. Rajoy ni siquiera se tomó tiempo para enviar la respuesta que ya tenía preparada: poner en marcha el artículo 155. No fueron escuchados ninguno de los numerosos llamamientos al diálogo o a la negociación de muchos dirigentes políticos, sindicales, premios Nobel, etc.

Sobre legalidades

En su campaña de propaganda, el gobierno Rajoy tiene la desfachatez de decir que se ha visto obligado a tomar la decisión para “volver a la legalidad” y que se cumpla la ley. La decisión de aplicar el 155 es justamente la manera de que en Catalunya no se cumpla la ley. Porque la ley dice que el Parlament catalán es el representante del pueblo, y ha sido suspendido. La ley dice que el president de la Generalitat solo puede ser sustituido mediante votación parlamentaria, y Rajoy se lo ha liquidado. Hasta la Constitución dice que hay libertad de expresión, pero desde el próximo viernes en los medios de comunicación públicos estará sujeta a las decisiones que tome quien nombre el gobierno como censor. La ley no dice cómo hay que aplicar el artículo 155, Rajoy ha decidido que la ley es él. Para apoyar todas esas barbaridades, El País tituló que “el gobierno restaura el orden constitucional”, pero lo que se ha instaurado es un clima antidemocrático y de imposiciones.

Sigamos con las legalidades. Desde que el Parlament catalán decidió convocar el referéndum del 1 de octubre, el gobierno del PP ha ido tomando medidas sin que ninguna de ellas pudiera debatirse en el Parlamento. Todas las decisiones, especialmente la intervención económica de la Generalitat, un 155 avant la lettre, han sido arbitrarias y sin que pudieran ser votadas. Porque hay un elemento al que no se presta, o no se quiere prestar, la suficiente atención: existe un choque de legalidades, no sólo respecto a las últimas decisiones del Parlament catalán, sino también porque el 155 anula todos los resortes jurídicos y políticos de la propia autonomía, y tanto el Parlament como una mayoría del pueblo catalán se considera sujeto político, que tiene soberanía y, por lo tanto, capacidad de ejercer el derecho a decidir.

El mismo encarcelamiento de “los Jordis” es puesto en cuestión por numerosas opiniones jurídicas. Para la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, al acusarles de sedición la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha inventado “un nuevo tipo diferente de los legales”, pues en los hechos no hubo violencia. Según la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional no es competente para investigar un delito de sedición, e incluso la juez vulneraría la doctrina de la misma Audiencia Nacional que, en diciembre de 2008, consideró que el delito de rebelión no es competencia de ese tribunal. Todo vale en esta batalla contra la exigencia del derecho a decidir del pueblo catalán.

Más sorprendente aún, quien en la práctica gobernará Catalunya los próximos meses será Rajoy. Su partido alcanzó en las últimas elecciones catalanas el 8,5% de los votos, ¿será legal y democrático que gobierne con ese porcentaje de apoyo? El Senado será la única institución que podrá decir algo respecto a la aplicación del artículo 155. En esa Cámara el PP tiene mayoría absoluta, una mayoría que tiene que ver con la particular representación electoral que existe en el Reino de España. Con el 33% de los votos, el PP obtuvo el 62% de los senadores, ¡viva la representatividad! Será legal, pero su consideración democrática es más que discutible.

Y, si ampliamos el foco, a esas dudosas legalidades hay que añadir que fue el PP quien rompió, con la ayuda del PSOE y CiU, lo que se venía llamando el “contrato social”. Aprovecharon la crisis para implantar medidas arbitrarias, como los recortes sociales o la reforma laboral, encausaron a más de 300 sindicalistas por defender el derecho de huelga o decidieron salvar la banca para ampliar las desigualdades sociales. Si hablamos de legalidades o ilegalidades, tengámoslas todas en cuenta. Porque, la aplicación del 155 representa también la quiebra política del régimen del 78 y de la Monarquía que ha ligado su destino a la política del PP de Rajoy. Quizás pueda imponerse en lo inmediato, pero se ha abierto un foso que no se podrá rellenar. Para una parte importante de la población del Reino, la Monarquía estará ligada a la represión, a la aplicación de medidas antidemocráticas y a la desigualdad social. Hasta ahora parecía, o se hacía parecer, que la Monarquía estaba por encima de las disputas políticas y sociales, como si viviera en una urna de cristal. Eso se ha acabado, si es que alguna vez estuvo en duda.

Habrá respuesta

La aplicación del artículo 155 agudiza el conflicto. A priori, las fuerzas pueden parecer muy desiguales, pero un movimiento tan organizado y potente como es el independentista y soberanista catalán no se echará para atrás a las primeras de cambio. Antes de librar la lucha los que tienen el poder siempre parecen más poderosos, pero la lucha hay que librarla. El 1 de octubre, en numerosas escuelas y centros de votación la gente estaba determinada a votar y a aguantar la represión. Puedo explicar, como anécdota personal, que en mi colegio electoral se anunció durante la mañana que se acercaba la policía. Había una cola de unas 500 personas, gente mayor, padres y madres con sus niños, jóvenes… nadie se movió, nadie hizo ademán de abandonar la cola, todo el mundo permaneció en orden, tranquilo y disciplinado. Esa determinación no ha retrocedido, si acaso se ha ampliado en respuesta a las medidas represivas. Sirva como ejemplo a la jornada del 3 de octubre frente a la represión del día 1, o las 200.000 personas que se reunieron en Barcelona el 17 de octubre, el día siguiente de la detención de “los Jordis”, o la manifestación del 21 de octubre. Cierto que la represión puede ir a más, que se podría detener al president de la Generalitat o a consellers del gobierno catalán, que podrían producirse cargas policiales indiscriminadas, que ante la enorme y repetida muestra de lucha pacífica pueden enviarse provocadores policiales y/o fascistas, pero esa lucha está por librar y es una lucha en la que también el gobierno Rajoy y el Estado tendrá que valorar hasta dónde puede llegar.

De momento, la mayoría de la Mesa del Parlament ha dicho que resistirá y que no se dejará arrebatar la soberanía que el pueblo le dio en las urnas. El president Puigdemont ha convocado sesión parlamentaria para esta semana, probablemente a la misma hora que se reúna el Senado en Madrid. La Taula per la Democràcia sigue en pie en contra de las medidas represivas y en contra de la aplicación del 155. Los sindicatos de TV3 y de la radio públicas se han conjurado para seguir defendiendo su profesionalidad y la libertad de expresión. Sigue en pie el movimiento de Escolas Obertas (Escuelas Abiertas) que fueron una herramienta imprescindible para la votación del 1 de octubre. En numerosos pueblos y barrios de ciudades se han ido conformando Comités de Defensa del Referéndum, que son tanto más amplios cuanto más unitarios y abiertos a la movilización y a las diferentes opciones políticas.

Hay otros flancos que expresan las dificultades políticas de las medidas tomadas por el gobierno Rajoy. Las alcaldesas y alcaldes del PSC de Santa Coloma de Gramanet, Terrassa, Granollers y Castellar de Vallés han denunciado públicamente la aplicación del 155. Nuria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma, ha dimitido de la Ejecutiva del PSOE. La diputada del PSC, Alicia Romero, ha declarado que se opone a la DUI (Declaración de Independencia) pero también al 155. Socialistas mallorquines piden que su senador se oponga al 155 en el Senado. José Montilla, ¿votará a favor de que se intervenga la Generalitat de la que fue president? En esta crisis política, el PSOE de Pedro Sánchez también ha ligado su suerte política inmediata a Rajoy, al plegarse completamente a sus exigencias. La alianza de los partidos dinásticos sigue incólume. Hasta la propuesta de una comisión para la reforma constitucional parece muerta aplicando el 155. Hace tan solo 3 meses, el PSOE decía que “nunca apoyaría la aplicación del 155” para afrontar la situación catalana. Poco ha durado su intención de aparecer como alternativa.

En la complejidad de la situación, se perciben tres posibles escenarios:

a/ Puigdemont convoca elecciones antes del viernes 27 (parece poco probable, aunque haya quien la considere como una opción; Rajoy ya ha anunciado que ni eso impediría la aplicación del 155 y existen muchas dudas que esas elecciones cambiaran el panorama político catalán).

b/ el Parlament catalán proclama la república y el inicio de un proceso constituyente en la sesión que se ha convocado para esta semana (eso desataría una mayor represión por parte del Estado; el Fiscal General ya ha amenazado con la detención de Puigdemont si eso sucede, pero también un proceso de movilización y resistencia).

c/ el Senado acuerda aplicar el 155 y se abre un periodo de intervención del Estado que podría desembocar en unas elecciones convocadas desde el gobierno central (también de resultado incierto, incluso con la posibilidad de un boicot de las fuerzas independentistas y soberanistas).

Tejer alianzas

La lucha está por librar, pero tampoco hay duda de que la aplicación del 155 deja bien tocado al régimen del 78 y a la monarquía. Las fuerzas sociales transversales que hay detrás del movimiento catalanista, y en particular el 1 de octubre, representan la aspiración a un cambio político, a levantar una república catalana, mientras que por el otro lado la única respuesta es la represión, que una minoría gobernante amordace al resto y rompa definitivamente hasta la propia Constitución al tomar las medidas represivas que significa la aplicación del 155.

La defensa de la democracia pasa a primer término. La libertad de “los Jordis”, la lucha contra el 155 y contra la intervención de la Generalitat permite tejer las más amplias alianzas entre fuerzas independentistas, soberanistas y democráticas, tanto en Catalunya como en el Estado español. Son necesarias y urgentes. Son útiles y prácticas, como se ha demostrado en todas las acciones de carácter unitario que se han convocado.

Nadie puede ya negar la repercusión estatal e internacional del conflicto, solo hay que ver las portadas de los periódicos de todo el mundo. El PP, Ciudadanos y el PSOE pueden subirse a una ola de reacción patriótica, pero arrasar con los derechos democráticos en Catalunya es el anuncio de que pueden ser recortados en cualquier otro lugar, pero es también la posibilidad de iniciar un movimiento solidario y republicano en el conjunto del Estado. El grito de “No pasarán” se escucha a menudo por Catalunya. Tendrá que oírse también en el resto del Reino.

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Miguel Salas es sindicalista y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.