Por Daniel Raventós y Gustavo Buster

Si bien la participación en el referéndum no llegó al 50%, lo que resulta memorable es que precisamente votaran más de 2 millones de personas en las condiciones de represión que hubo. Hacer especulaciones sobre la gente que hubiera votado en condiciones normales es inútil, pero nadie puede dudar que el número de participantes hubiera sido mucho mayor. Aventurar que todas las personas que no votaron eran contrarias al referéndum no puede ser mantenido con la más mínima plausibilidad. Es más, cuando después de una intensa campaña los partidos contrarios al referéndum han conseguido movilizar en Barcelona a la resucitada “mayoría silenciosa” –con autocares traídos de todo el Reino- las cifras, sin dejar de ser importantes, son las que son: 350.000 personas. La propia “Sociedad Civil Catalana”, la organización instrumental que ha organizado la manifestación habla continuamente de los catalanes contrarios a la autodeterminación como de una minoría “acosada”.

Lo hemos dicho muchas veces en Sin Permiso: un referéndum legal en Catalunya sobre cómo quiere vivir políticamente y cómo quiere relacionarse con los demás Estados sería el final técnico del régimen de 1978. Solamente así puede entenderse la intransigente y violenta oposición del gobierno y partidos dinásticos a la autodeterminación catalana legal y pactada.

La reacción del gobierno Rajoy

A las enormes movilizaciones soberanistas catalanas del 1 y el 3 de octubre, que arrinconaron políticamente al gobierno -hasta el punto de que el grupo parlamentario socialista pidió un pleno para recusar a la vicepresidenta Sainz de Santamaría- Rajoy respondió desvelando la verdadera naturaleza del régimen del 78. Felipe VI intervino como portavoz de los “poderes fácticos” para exigir la inmediata actuación de los poderes públicos contra el Govern de la Generalitat, “inadmisiblemente desleal” por cumplir el mandato del Parlament de Catalunya, y restaurar el pleno funcionamiento de la Constitución de 1978.

Es la cuarta vez en la historia del régimen que esta amenaza se hace patente: en el momento de su constitución, en el 23-F, en el referéndum de la OTAN y ahora tras el 1 de octubre catalán.

No es necesario insistir demasiado sobre lo que comentaristas de distinto signo han dicho sobre el discurso de Felipe VI la misma noche de la gran jornada de movilización del 3 de octubre. Bastaba con saber que el responsable del mensaje constitucional es el propio Rajoy: repitió sus mismos argumentos, que él a su vez reiteró en una entrevista de El País el domingo. Ningún asomo de “conciliación” o algo parecido: ni mención de las casi 900 personas heridas por la Guardia Civil y la Policía Nacional española el 1 de octubre, ni la menor alusión a una cierta conciliación entre las partes, ni diálogo.

En palabras de Javier Pérez Royo escritas poco después del mencionado discurso al referirse a la ausencia absoluta de neutralidad respecto a los partidos políticos: “En su discurso del martes dejó de serlo [neutral]. Y además se notó. Y mucho. Por lo que dijo y por cómo lo dijo. Su lenguaje, también el corporal, fue de una agresividad extraordinaria, con expresiones no solo contundentes sino hirientes.” Su alineamiento con el PP y Ciudadanos, dejó incómodo hasta al otro puntal del régimen del 78, el PSOE. Que fuera, como el mismo constitucionalista aseguraba, un gran error, es algo que aquí no importa. Fue un aviso de cómo entiende y piensa tratar la monarquía la lucha del pueblo catalán por su soberanía. Monarquía que solo puede vivir si el régimen del 78 se mantiene y que es su principal cortocircuito institucional en caso de crisis.

Rajoy respondió al desbordamiento de su gobierno por los acontecimientos, y a las críticas que llovían desde Aznar a Felipe González por no aplicar el artículo 155 y detener a Puigdemont y Junqueras, con una escalada cuya “proporcionalidad” se mide ya en la exigencia de salvar su propia carrera política.

La campaña de prensa del “nacionalismo constitucionalista”

Así puede entenderse también la reacción de la mayor parte de la prensa española después del 1 de octubre y de los acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de la semana. Resulta muy llamativo el contraste con el tratamiento de los mismos hechos por parte de la prensa extranjera. No puede hablarse de una posición unánime sobre la solución para la cuestión nacional catalana, pero la reacción ante las cargas policiales sí lo ha sido: inadmisible. Los observadores internacionales tampoco han dudado un instante. En el informe preliminar de los observadores internacionales presentes para verificar la limpieza del referéndum del 1 de octubre, puede leerse: “Fue una operación de estilo militar orquestada de forma centralizada y cuidadosamente planificada. Nos dejó anonadados que mandos policiales armados y enmascarados entrasen en los colegios electorales con el objetivo de impedir un proceso democrático pacífico”.

Por claro contraste, gran parte de la prensa española, en todo caso la más influyente, ha sido unánime en rebajar, matizar, “poner en contexto”… la brutalidad policial. Hay quien incluso ha llegado a afirmar que la represión estaba justificada ante la desobediencia de leyes. ¡Cómo suenan estas palabras o de parecido tenor en lugares donde ha habido dictaduras, como es el caso de la de Franco! Pero llegar a rebajar o “proporcionar” la represión policial que todo el mundo pudo (y puede) ver en centenares de vídeos, se acerca a la charlatanería.

Son charlatanes en un sentido muy preciso, el que le da Harry Frankfurt en su maravilloso estudio On Bullshit: el charlatán no es necesariamente un mentiroso (que miente sabiendo que miente porque sabe la verdad, pero pretende engañar), simplemente no le interesa si lo que dice o insinúa es verdad o mentira, sólo persigue la impresión. Lo que menos le importa al charlatán es la verdad. Frankfurt asegura que “una actitud displicente hacia la verdad es más o menos endémica entre el colectivo de publicistas y políticos, especies cuyos miembros suelen destacar en la producción de charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de fraudulencia e impostura que puedan imaginarse”.

Puigdemont, las citaciones por sedición y la movilización de la “mayoría silenciosa”

Veinticuatro horas mas tarde, el aludido president de la Generalitat respondió al discurso real: “no así, Majestad”. Y reiteró la existencia de un mandato soberano del Parlament de Catalunya que le obliga democráticamente.

Un día después estaban citados a declarar a Madrid el Major (Mayor) de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las dos principales organizaciones sociales soberanistas, Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural, investigados por sedición. Su arresto provisional, que exigía una parte importante de la derecha española, hubiera desencadenado una nueva movilización popular masiva en Catalunya durante el fin de semana. Pero el gobierno decidió darse tiempo y espacio para movilizar a su propia base social, en Madrid el sábado y en Barcelona el domingo, y hacer patente a su “mayoría silenciosa”.

Con lo que no contaba es con el éxito de una iniciativa ciudadana, “Parlem, Hablemos”, que a través de las redes sociales convocaron concentraciones ante los ayuntamientos de todo el Reino con banderas blancas exigiendo el diálogo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona frente a las amenazas de la escalada represiva.

Pedro Sánchez, sometido a la presión de los “poderes fácticos” de su propio partido -los mismos que impusieron su dimisión en el comité federal del 1 de octubre de 2016 para forzar la abstención del grupo socialista que hizo posible el actual gobierno minoritario de Rajoy-, envió un twitter de apoyo: “Diálogo y convivencia. La calle nos los pide. Estemos a la altura, estamos a tiempo”. Y lo mismo hizo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: “La gente es mejor que sus gobernantes. Siento orgullo y esperanza viendo Madrid así”.

La posición de la dirección del PSOE quedó fijada: solo en el caso de una declaración unilateral de independencia apoyaría incondicionalmente a Rajoy. Mientras tanto, PSOE y Podemos coincidían en un espacio común definido por la petición de diálogo y convivencia, respaldado por la mayoría de las declaraciones de gobiernos e instituciones internacionales.

La “huida” empresarial

Desde el jueves, el gobierno Rajoy recurrió a un “poder fáctico” más importante que la “mayoría silenciosa”: la (supuesta) “mano invisible del mercado”. A golpe de llamada de las organizaciones empresariales y los ministerios de Hacienda y Economía, empresarios y financieros catalanes contrarios o muy hostiles al derecho de autodeterminación por no decir a la independencia (Miquel Valls, Juan Rosell, Joaquim Gay de Montellà, Isidre Fainé, Josep Lluís Bonet, Josep Oliu…) comenzaron a anunciar el traslado de las sedes sociales de sus empresas fuera de Catalunya. Poco importó que la decisión exigiera la convocatoria de las juntas de accionistas: el gobierno Rajoy aprobó el viernes un decreto autorizando a los comités de dirección de las empresas a tomar la decisión por si mismas. En una nueva demostración de que con “legalidad” (dudosa) no hace falta democracia (al menos en el espacio social regulado por el derecho mercantil), en Madrid o en Beijing, CaixaBank y su matriz, Banco de Sabadell, Gas Natural, Grupo Agbar, Oryzon, Dogi…desfilaron denunciando la inseguridad jurídica del procés, las consecuencias de la salida de la UE de materializarse la independencia de Catalunya… y su apoyo al gobierno Rajoy.

El impacto mediático ha sido enorme. El económico se puede medir por la subida en bolsa de las acciones de las empresas que deslocalizaban sus sedes sociales. Y el político ha desvelado cual sería la naturaleza social de una República catalana, que no cuenta con el apoyo del entramado del 3% que articulaba el capitalismo de amiguetes del régimen del 78 en la Catalunya autonómica gobernada por Pujol.

La motivación que hay detrás de esta deslocalización, además de otros factores políticos como los explicados, es defender el valor de las acciones y, en el caso de los bancos, que la posible salida de la eurozona por una hipotética independencia efectiva de Catalunya, los deje sin el acceso al recurso del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia.

Si algo ha fraccionado el “bloque independentista” ha sido este encuentro con la realidad entre la base social que ha sostenido a CDC y la orientación política del nuevo PDdCAT más allá de la vaporosa “inquietud empresarial por la inseguridad económica”. Si el 1 de octubre importantes sectores del movimiento popular soberanista superaron sus ilusiones sobre la naturaleza del estado con la intervención represiva policial contra las urnas y los votantes; tras la huelga del día 3 y el lock-out patronal que supone los traslados de sedes sociales, la dirección de Junts pel Sí esta descubriendo las limitaciones sociales de su interclasismo soberanista.

El primero en reconocerlo fue Artur Mas en una entrevista en el Financial Times: “Para ser independientes aun hay algunas cosas que no tenemos”. Y lo mismo vino a decir el Conseller Santi Vila, que auguró la tautología de que la declaración unilateral de independencia conllevaría la suspensión del gobierno autonómico, por lo que era necesario más tiempo para el diálogo.

Una “sociedad fracturada”, y entre la DUI y el “diálogo”

El gobierno del PP, Ciudadanos, los sectores más autoritarios y derechistas del PSOE (una vez más los Guerra, Bono, Leguina, Rodríguez Ibarra…) quieren mano dura contra la movilización catalana que tan en crisis ha puesto al régimen del que son sus principales valedores. Pero la mano dura debe justificarse, aunque lo de menos sea la verdad. La excusa utilizada es la “fractura” de la sociedad catalana cuando en realidad estamos ante la quiebra del consenso constitucional.

Lo utilizó, por ejemplo, Felipe VI en su discurso del día 3 (“hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”), lo utilizan muchos dirigentes del PP, del PSOE y, claro está, de Ciudadanos. Independientemente de la veracidad de esta afirmación, la pregunta es ¿se puede “coser” mediante la represión esa “fractura” social? Cuando se defiende un referéndum legal y pactado lo que se esta proponiendo es que se construya un nuevo consenso con la participación de todos los ciudadanos, dándoles directamente la palabra. La alternativa es darle derecho de veto a una supuesta minoría, alegando que es una “mayoría silenciosa”, incapaz de ejercer una ciudadanía que delega en las élites gobernantes cuestionadas por la mayoría. La pregunta sigue en pie: con la aplicación, por ejemplo, del artículo 155 (de facto ya aplicado), o con el estado de excepción ¿estaría menos “fracturada” la sociedad catalana? En todo caso, no parece ser la negación violenta del derecho a la autodeterminación lo que puede arreglar esa supuesta “fractura” social.

Finalmente, por motivos e intereses distintos, todos los actores en este drama han trazado la línea roja en la “Declaración Unilateral de Independencia” (DUI) que, de acuerdo con la Ley de transitoriedad aprobada por el Parlament de Catalunya debería proclamarse 48 horas después de comunicados oficialmente los resultados del referéndum. No hay que recordar que tanto el referéndum como la Ley de transitoriedad han sido declarados “inconstitucionales” y vaciados de todo poder jurídico por el Tribunal Constitucional.

¿Qué valor jurídico puede atribuir el gobierno Rajoy a lo que no da ninguno? Se trataría de un acto de rebeldía que le obligaría a detener y juzgar a los firmantes de la declaración por incitación a la ruptura del orden constitucional. Lo que al tratarse de la propia Generalitat y el Parlament le obligaría a intervenirlos.

Ciudadanos ha pedido, acompañado ahora por todos los “poderes fácticos” del régimen del 78, la aplicación preventiva de esa intervención utilizando el artículo 155 de la Constitución. Y la convocatoria de elecciones autonómicas en Catalunya. Pero a diferencia de Albert Rivera, Mariano Rajoy no tiene la seguridad ni de obtener una mayoría alternativa no soberanista en Catalunya ni de poder sobrevivir a la crisis constitucional que se abriría en todo el estado. El problema político catalán ya se ha trasladado a Madrid, amenazando al gobierno minoritario del PP. Pero ahora se proyectaría la “fractura” social al conjunto del Reino, como presagian las manifestaciones de este sábado.

El espacio político antes de esa “línea roja” ha sido ocupado por los llamamientos al “diálogo”, que cada actor también define de manera distinta según sus objetivos tácticos y sus intereses. Rajoy no puede apoyarse en él sin una desmovilización previa del movimiento popular soberanista catalán, porque cualquier “diálogo” supondría un cuestionamiento del régimen del 78. De manera directa con la propuesta de negociar un referéndum legal de Unidos Podemos, y a medio plazo de una reforma constitucional federalista del PSOE encapsulada en la comisión parlamentaria que ha tenido que aceptar Rajoy para cooptar a Pedro Sánchez para sus objetivos tácticos.

En el transcurso de una semana, “ganar tiempo” para el “diálogo” se ha convertido en la pesadilla de la crónica anunciada de una crisis constitucional y política sin precedentes. Puigdemont y su Govern están obligados por sus propias leyes, a menos que el Parlament reconozca al ser informado de los resultados del referéndum que la represión hizo imposible su pleno ejercicio y que, por lo tanto, este está aun pendiente. Y el gobierno Rajoy no podrá obviar la intervención y una nueva escalada represiva si, por el contrario, el Parlament considera que el referéndum, a pesar de la represión (que es su principal activo moral) es plenamente vinculante.

Fuera de este dilema, creemos, está la mayoría del movimiento soberanista popular en Catalunya y la mayoría de la opinión pública que se ha movilizado estos días a favor de una solución “legal” y “democrática”. Esa solución, y esa confluencia de intereses pasa, inevitablemente, por una alternativa de izquierdas en el conjunto del Reino, aunque no es la garantía de nada para la lucha por la autodeterminación catalana. Quizás sea una condición necesaria, pero no suficiente como la historia de la transición es un ejemplo repetido.

En esta tragicomedia, no deja de ser asombroso la parodia de interpretaciones legales retorcidas para satisfacer necesidades formales o tácticas: el PSC consigue retrasar el pleno del Parlament de Catalunya el lunes para proteger a sus diputados de los efectos de una DUI “inconstitucional”. Pero “Catalunya si que es pot” obtiene su convocatoria el martes para que el President informe de la “situación política”.

A estas alturas lo único evidente es que el régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, que puede prolongar su crisis mediante una lógica táctica en la que se sacrifican objetivos estratégicos con tal de dañar sustancialmente al adversario. Estamos ante una situación tan cambiante que lo que hoy puede ser un argumento bueno para continuar la lucha por la autodeterminación efectiva de Catalunya, mañana puede parecer una opción francamente mala para tal objetivo. Así que lo menos aconsejable es ofrecer líneas de actuación inamovibles.

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