Por Daniel Raventós y Gustavo Buster

¿De dónde venimos? La constitución del Parlament era el resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre convocadas por el Gobierno español mediante el artículo 155, que dejaba a Catalunya sin gobierno, sin parlamento, sin recursos… En definitiva era una nación intervenida y, a efectos prácticos, gobernada en sus directrices principales por el gobierno del PP; un partido que, en claro contraste con lo que ocurre en la mayor parte del resto del Reino, fue el menos votado el 21-D, obteniendo tan sólo 4 diputados (el 2’9% del total del Parlament, que lo componen 135 diputados y diputadas). Eran unas elecciones convocadas para ser ganadas por el bloque constitucionalista-unionista. Y las perdieron. Unas elecciones que discurrieron con políticos presos y miembros del gobierno legítimo de la Generalitat, incluido su Presidente, en el exilio baja amenaza de ser encarcelados en caso de pisar el territorio del Reino de España. Al final han sido 70 (51,8%) diputados y diputadas independentistas. Para hacerse una cierta idea de cómo ha cambiado el apoyo a esta opción, dentro de su diversidad, recuérdese que en 1991 había solamente 3 diputados independentistas en el Parlament (2,2%).

Estos días se han realizado, y se seguirán haciendo, multitud de balances acerca de lo sucedido no solamente desde el referéndum del 1 de octubre, que con razón se coloca como una fecha que supuso un antes y un después de la lucha por la soberanía nacional catalana, sino desde bastante antes. Si bien son indispensables estos balances, tan necesario es acertar en las perspectivas.

Algunos elementos analíticos de este balance y perspectivas son los siguientes.

Las clases dominantes catalanas y la movilización por la autodeterminación

El grueso de la burguesía catalana dio la espalda hace tiempo a la lucha por la soberanía nacional catalana. En contra de lo que se repite por parte de sectores de izquierda fuera de Catalunya (dentro es más difícil hacerlo porque las evidencias son incuestionables), la burguesía catalana (para dar nombres concretos: la gran patronal Foment del Treball Nacional y la Cambra de Barcelona de manera destacada) se opone de forma militante a las luchas por el derecho a la autodeterminación. Efectivamente, hubo unos momentos en los que la burguesía catalana miraba con ojos más favorables la situación. Fue en 2010 cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia contra el Estatut de Catalunya y empezaron las grandes manifestaciones y movilizaciones que, casi 8 años después, aún duran.

Las organizaciones empresariales catalanas, como el resto de la sociedad, discutieron entonces sobre la nueva situación creada y la posición a tomar ante la misma. Fue Jordi Pujol quien pidió personalmente que las cabezas más representativas y conocidas de la gran burguesía catalana acudieran a la manifestación del 11 de septiembre, día nacional de Catalunya, de 2010. Y fueron: Joan Rosell (FNT), Miquel Valls (Cámara de Barcelona), Josep González (PIMEC)… entre otros. También acudió a la manifestación Salvador Alemany (Cercle d’Economia). Eso sí fue mostrar apoyo, aunque instrumental y a favor de sus intereses clasistas, intentando rentabilizar el descontento de buena parte de la población catalana ante el “golpe de estado”, en palabras de Javier Pérez Royo, del Tribunal Constitucional. Una parte de la izquierda españolista contó así con algunos elementos para confirmar sus tesis sobre el nacionalismo catalán manipulado por la burguesía, o el nacionalismo como producto de los intereses de las élites, etc. Fue algo después, en el 2012 y después de otra gran manifestación popular en la Diada, cuando el entonces President de la Generalitat, Artur Mas, exigió en la Moncloa al actual Presidente español un pacto fiscal similar al vasco. Pacto que entonces tenía el apoyo, aunque con fisuras, de la burguesía empresarial catalana, hastiada, entre otros motivos, del sectarismo histórico de los gobiernos españoles con las infraestructuras de transportes que no pasen por Madrid (la negativa fáctica permanente al corredor mediterráneo, por ejemplo). Hasta aquí llegó el idilio.

Después de las elecciones de noviembre de 2012, que fueron anticipadas por Mas, empezaron a desinflarse rápidamente los entusiasmos. Ante la insistencia del movimiento soberanista catalán y la cerrazón del gobierno Rajoy -que tantos réditos ha dado hasta ahora fuera de Catalunya al PP (réditos que empiezan a decantarse para esta formación ultracentralista que es Ciudadanos: beneficios que en Catalunya son claros en las recientes elecciones del pasado 21 de diciembre, y muy prometedores en el Reino de España de forma creciente, con el apoyo de patronales y prensa del régimen[1])-, pero principalmente ante el cariz del enfrentamiento entre los gobierno catalán y español, el empresariado catalán, con la excepción de la patronal vallesana de la pequeña y mediana empresa CECOT, dio la espalda a las aspiraciones soberanistas.

Es también cuando La Vanguardia, un portavoz más o menos directo de los intereses empresariales catalanes, empieza a tener una actitud más que crítica con el movimiento soberanista y sus aspiraciones. En un editorial de hace poco más de un año, este periódico lo expresó de forma difícilmente igualable por su claridad: la movilización popular se sabe cómo empieza, pero no cómo puede acabar. Centenares de empresas abandonaron su sede social catalana con la presión y la ayuda del Gobierno Rajoy hacia otras zonas del Reino. Hubo retirada masiva de depósitos bancarios, facilitada en muchos casos por la propia banca. La interminable crisis del PDCat es el reflejo no solo del colapso de legitimidad provocado por las revelaciones de la trama corrupta del 3%, sino también del desplazamiento en su interior de los equilibrios de fuerzas como consecuencia de las presiones del resto de las fuerzas independentistas. Una situación que se repite en la coalición formada por Puigdemont, Junts per Catalunya, como movimiento interclasista en defensa de la legitimidad institucional intervenida.

Seguir repitiendo que el movimiento independentista catalán es un proyecto de la alta burguesía catalana -la misma que no duda en apoyar los actos electorales de Rajoy en Cataluña o alentar abiertamente a Ciudadanos- si está dicho honradamente es no entender absolutamente nada, si está dicho con mala fe es propaganda. Y también tenemos el caso del charlatán en la especialidad tan bien descrita por Harry Frankfurt, que estudió el caso de estos especímenes tan especiales que se caracterizan porque no les interesa si lo que dicen o insinúan es verdad o mentira. Frankfurt aseguraba que “una actitud displicente hacia la verdad es más o menos endémica entre el colectivo de publicistas y políticos, especies cuyos miembros suelen destacar en la producción de charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de fraudulencia e impostura que puedan imaginarse.”

La “solidaridad interregional”

Uno de los aspectos que más ha sido utilizado por los medios, por muchos políticos de derechas y no pocos de izquierdas es que el independentismo catalán, sin fisuras como un bloque, es insolidario con las comunidades autónomas más pobres. Se trataría de la conocida insolidaridad de los ricos. Es una buena jugada emocional. En un artículo que tuvo alguna difusión, Javier Collantes explicaba con cierto detalle un análisis bien distinto. Hay unas clases sociales que pagan más que otras, algo que informe tras informe, puede constatar cualquiera. Los ricos pagan poco. Las clases trabajadoras mucho. No se trata de que la solidaridad interregional suponga extraer recursos de la gran burguesía catalana en beneficio de las clases populares de las zonas pobres del Reino. Si sabemos que las grandes empresas y la alta burguesía no aportan recursos vía fiscal no ya con criterios de justicia más igualitarios (pongamos republicanos), sino ni tan sólo con lo que deberían legalmente pagar, ¿cómo es posible que esta no-contribución vaya a los más necesitados?

En realidad, detrás de esta situación se esconde la crisis de financiación del Estado de las Autonomías, uno de los pilares del régimen del 78 en la medida que vehiculizó el desarrollo del "estado de medioestar" a través de los trasvases de competencias. Las políticas de austeridad y recortes del gasto social han afectado especialmente a los elementos del salario indirecto que mantenian el estatus y las posibilidades de ascenso social de las clases trabajadoras y medias a través de la enseñanza y la sanidad públicas y, en menor medida, concertadas con el sector privado. El "cuponazo" de los presupuestos de 2017, que invalidaron los acuerdos de la Conferencia de Presidentes autonómicos de una reforma negociada del sistema fiscal autonómico, ha abierto la puerta a las reivindicaciones autonómicas exigiendo "bilateralidad" en las negociaciones para mantener su gasto social e infraestructuras, de cuya gestión depende su legitimidad y posibilidades electorales, además de la red caciquil construida estos años, que ha hecho la corrupción endémica al sistema. La masiva manifestación en Valencia el pasado 19 de noviembre fue una señal de la erosión del sistema autonómico y de la extensión generalizada de las causas materiales que alentaron en un primer momento la transformación del catalanismo en un movimiento soberanista que exige una negociación "bilateral" con todas sus consecuencias democráticas.

El sistema judicial español

Se ha dicho de mil formas diferentes: “la política se ha judicializado”. El problema es muy grave: el sistema judicial español actual es el resultado no solo de unas estructuras heredadas del franquismo, sino de un pacto de reparto de su cúpula entre el PP y el PSOE, a través de dos asociaciones de magistrados, que ha mantenido una evidente mayoría conservadora. Se recordaba en un artículo de Borja de Riquer que: “cuando se planteó esta posible reforma [del sistema judicial] en el Consejo de Ministros, Felipe González y Alfonso Guerra se opusieron afirmando que no la encontraban ni necesaria ni conveniente.” Y concluye el autor de forma muy prudente: “El resultado de esta omisión es evidente: tenemos una administración de justicia ineficiente, con un funcionamiento obsoleto y regida por una cúpula muy conservadora y con no pocos tics autoritarios.”

Solamente así puede entenderse que estén en prisión preventiva cuatro políticos catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación presupuestaria. Como Javier Pérez Royo ha escrito, “el delito de rebelión (...) es un delito imaginario, es decir, un delito que existe en la imaginación de los jueces de instrucción que han admitido a trámite las querellas y han adoptado las medidas cautelares sobradamente conocidas. Y también en la imaginación de los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han resuelto los recursos contra dichas medidas cautelares. La capacidad fabuladora de los Magistrados de nuestros dos máximos órganos jurisdiccionales parece que no tiene límites.” Pero esta imaginación, no precisamente poética del poder judicial, es extremadamente costosa para las libertades democráticas y está condicionando de forma inadmisible los derechos cívicos y como representantes de los cuatro presos políticos a los que se quiere humillar[2], exigiéndoles una renuncia pública de sus convicciones políticas. Que la Guardia Civil entrase el 24 de enero, cuando se cumplían 100 días de cárcel para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a registrar con orden judicial las sedes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, y que ese mismo día Felipe VI, cuyo mandato constitucional le subordina a las directrices del Gobierno de turno, pronunciase en Davos una arenga contra la revalidada mayoría parlamentaria independentista catalana, son dos acontecimientos con un denominador común: la deriva antidemocrática.

El último suceso de esta saga ha sido el recurso del gobierno Rajoy al anuncio del President del Parlament de Catalunya de proponer a Puigdemont como candidato -con el apoyo de la mayoría de la cámara- en la sesión del 30 de enero. Primero el Consejo de Estado, más tarde el ponente del Tribunal Constitucional han dictaminado en contra y no admitido finalmente el recurso del gobierno Rajoy, alegando que no se puede saber, como es evidente, qué ocurrirá en la sesión de investidura. Y a continuación, el Tribunal Constitucional ha enmendado al gobierno Rajoy en las formas, pero para materializar sus objetivos políticos: no solo ha cerrado como definitiva la interpretación de la necesaria presencia física de Puigdemont para ser investido, sino que debería obtener antes la autorización del juez que ha emitido orden de detención en su contra. Todo esto ocurre para escarnio de los demócratas mientras el ministro del interior detalla el operativo de vigilancia de fronteras y alcantarillas para evitar que Puigdemont pueda llegar al Parlament y quedar protegido por su reglamento. La tautología repetida hasta el hastío estos días es que no se puede ser el candidato de la mayoría parlamentaria catalana si se está prófugo de la justicia por cumplir el mandato electoral y parlamentario de esa mayoría.

La aplicación del 155, que iba a ser levantada en los términos de su aprobación por el Senado con la constitución de un nuevo Govern se mantiene indefinidamente porque se impide judicialmente su constitución... hasta que no haya un Govern que apoye el 155… haciéndolo innecesario. Mientras tanto, la judialización represiva preventiva se extiende a todos los ámbitos de decisión social y política en Catalunya, marcando a efectos propagandísticos nuevos chivos expiatorios, como ahora los Comités de Defensa de la República (CDR), por su papel de resistencia y organización por barrios y ciudades.

El derecho a la autodeterminación y las izquierdas

La movilización ininterrumpida durante casi 8 años de una parte significativa de la población catalana continúa, pero estos últimos meses ha mostrado una serie de nuevos elementos que jugarán un importantísimo papel en la determinación de la situación política. Cómo se resuelvan o enfoquen será decisivo para la suerte de la libertad y la democracia.

El gobierno Rajoy, los aparatos judiciales y represivos y los partidos del régimen del 78, a pesar de su derrota electoral el 21-D y del callejón constitucional y político en el que están, creen que la aplicación del artículo 155 tras las grandes movilizaciones del 1 y del 3 de octubre, les ha permitido recuperar el control de la calle y de las instituciones autonómicas catalanas. Aplicaron el artículo 155 y no ha habido ninguna rebeldía o insumisión significativa. “Ahora la gente ya sabe lo que es el 155”, ha dicho Rajoy. La represión ha tenido como principal efecto limitar institucionalmente al movimiento independentista y llevar el pulso a la propia investidura de Puigdemont.

Pero el tiempo corre en su contra no solo en lo relativo a la “normalización” de la autonomía catalana, sino especialmente en sus compromisos fiscales con la UE, que suponen un recorte de cerca del 1% del PIB del presupuesto en 2018 y 2019. La negativa, por el momento, del PNV de volver a colaborar con sus cinco diputados en su aprobación mientras esté en aplicación el artículo 155 en Catalunya tiene al menos tres consecuencias: 1) Obliga a una gestión del presupuesto prorrogado de 2017 que bordea la inconstitucionalidad para aplicar los recortes comprometidos con la UE en 2018; 2) autonomiza a Ciudadanos de la estrategia de Rajoy y aumenta las fricciones entre ambos partidos en relación con el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2017; 3) abre el horizonte de convocatoria de elecciones generales en 2019, paralelamente a las locales, autonómicas y europeas previstas ese año.

El movimiento por la autodeterminación está, en lógica contrapartida, con las fuerzas más debilitadas. Dentro del independentismo, la dirección, con fricciones, sigue ostentándola la derecha a través de Puigdemont. Eso comportó, y lo sigue haciendo, que los aspectos democráticos y sociales en defensa de la existencia material de la población más castigada por las políticas económicas austericidas ante la crisis queden aplazadas “para un momento posterior” ante la prioridad única de recuperar las instituciones políticas catalanas.

El balance de esa hegemonía de CDC primero, después del PDCat y ahora de Junts per Catalunya suma un número importante de errores de bulto: la confianza del “seguro” reconocimiento internacional que nunca llegó; un camino sin demasiado conflicto, con un precio “low cost”, hacia la independencia extremadamente ingenuo; el desprecio a veces de alianzas que tenían una importancia fundamental, entre otros.

Y una gran parte de la clase trabajadora de origen inmigrante español se ha sentido u olvidada o, peor, “amenazada”. De ahí el triunfo de Ciudadanos entre poblaciones de base obrera y popular que abandonaron el apoyo a Catalunya en comú, una formación perdedora en estas últimas elecciones. Extender la base social de apoyo a la autodeterminación y la independencia supone, entre otras muchas cosas, una de particular importancia: mostrar que una república catalana es mucho más favorable para los intereses de las clases trabajadoras que su actual situación en el régimen del 78 del Reino de España.

Este objetivo solamente puede conseguirse con una decidida defensa de la existencia material de las clases trabajadoras en Catalunya. Un error grave es oponer “lo social” a “lo nacional”, para decirlo en pocas palabras. Como si las clases populares solamente debieran tener presente los aspectos que a veces demasiado alegremente se asocia únicamente con política social: salarios, sanidad, educación, protección social… Lo nacional sería un problema que “despista” de lo principal o único que debería preocupar a las clases populares, lo social. Como si hubiera espacios sociales que en el capitalismo contemporáneo escapasen a la lucha de clases. La indiferencia, incomprensión o, peor aún, la hostilidad ante las demandas democráticas de autodeterminación nacional se transforma en apoyo directo, indirecto, explícito o implícito a las clases dirigentes de la nación dominante.

Fue Andreu Nin quien dejó escrito en el lenguaje propio de la época: “El proletariado no puede tener más que una actitud: apoyar el derecho indiscutible de los pueblos a disponer libremente de sus destinos y a constituirse en estado independiente si ésta es su voluntad.” No defender las demandas de autodeterminación nacional (o posponerlas a pactos irreales en un futuro lejanísimo) cuando son exigidas por una gran mayoría de Catalunya, no supone ser “neutral” en el tema nacional como hay quien de forma incongrua sostiene, significa a todos los efectos prácticos apoyar a la nación que ejerce todo el poder del Estado para impedir que se cumpla esta demanda democrática.

La solidaridad fuera de Catalunya en el resto del Reino, salvo la comunidad autónoma vasca y en menor grado Galicia, ha sido minoritaria. Salvo excepciones, hay una parte de la izquierda que ha considerado que el “tema catalán” era una molestia que podía crear problemas electorales fuera de Catalunya. Sin ensamblar el enorme potencial de transformación que suponen las luchas de Catalunya por su autodeterminación para potenciar y dar un claro objetivo a las de otros pueblos del Reino para su propia autodeterminación. No es que únicamente Catalunya, Euskadi y Galiza tengan negado el derecho de autodeterminación, también lo tiene el resto del Reino. ¿Se ha podido pronunciar, autodeterminar en definitiva, la población de España sobre si quiere una monarquía heredera directa del franquismo o una república? ¿Ha podido votarlo? No. La lucha catalana por su autodeterminación debería ser recogida por una izquierda enfrentada al régimen del 78 para enlazarla con la lucha de los pueblos de España por su autodeterminación y por la república.

Se preguntaba Pere Alzina: “¿Cómo puede ser que no resulte escandaloso para cualquier demócrata del Estado español que unos ministros, unos fiscales y unos jueces construyan deliberadamente acusaciones sin pies ni cabeza contra personas sobre los hechos “tumultuosos” o “violentos” que podrían provocar en un futuro? ¿Cómo se explica que personas que a menudo invocan la solidaridad como valor no manifiesten indignación ante la privación de libertad de personas con las que pueden discrepar pero que son indudablemente, como dicen, “personas de paz”? ¿Cómo puede ser que en vez de denunciar a los prevaricadores, reprochen a sus víctimas no se sabe qué carencia de sentido de realidad y de voluntad de conciliar y dialogar?”. Efectivamente, son preguntas muy pertinentes.

En un editorial del 24 de septiembre del año anterior, comentábamos que “lo que está en juego en Catalunya el 1 de octubre son las libertades democráticas de toda la población aún hoy bajo la legalidad del régimen de la segunda restauración borbónica.” Y en otra del 5 de noviembre “las izquierdas españolas, por sentido común, [deberían animarse] a diseñar una alternativa unitaria y de movilización en solidaridad con la situación de represión que sufren las libertades democráticas en Catalunya.” Efectivamente, han pasado pocos meses del primer editorial y pocas semanas del segundo, y estas libertades democráticas están muy deterioradas. En palabras de un catedrático de Derecho Constitucional, “las derivas antidemocráticas hay que cortarlas de raíz”. O consolidarán el nuevo rumbo en poco tiempo.

En estas mismas páginas dejó escrito hace poco más de 4 años uno de los grandes teóricos del federalismo, Miquel Caminal: “Sólo una rectificación radical y profunda en los planteamientos del nacionalismo español podría cambiar las cosas y reabrir un escenario de entendimiento y concordia federal. No parece que esto suceda. En este caso la ruptura se hace inevitable y a la nación catalana, siempre abierta al acuerdo y convivencia con los demás pueblos hispánicos, no le queda más remedio que iniciar su propio camino, navegar por su cuenta, y esperar que su voluntad de autodeterminación sea respetada y no ahogada por la fuerza.” Es difícil imaginar otra perspectiva que merezca el nombre de democrática.

Notas:

[1] Algún día habrá que hacer un recuerdo que seguro será muy ilustrativo de aquellas personas que, ya desde el mundo editorial y periodístico, ya desde el mundo político directamente, vieron “sectores de izquierda” en Ciudadanos. Expresémoslo así: el españolismo de Ciudadanos (disfrazado de ataque a los “nacionalismos” de forma oximorónica flagrante) era lo que atraía a estas personas de matriz izquierdista, pero este partido era tan claramente de derechas y neoliberal que costaba de digerir. Por lo tanto, si se podía encontrar algún vestigio o simple sospecha en alguna persona o sector de ese partido para poder vestirlo con alguna prenda izquierdista… miel sobre hojuelas.

[2] La humillación que quiere inflingir el gobierno español se extiende a aspectos tan sensibles como el de la lengua, descrito por Miguel Salas en un reciente artículo: “Y hay también un elemento de humillación en la aplicación del 155. Por ejemplo, con respecto a la lengua, un asunto tan importante en Catalunya, se está obligando a los funcionarios a redactar y relacionarse con la Administración en castellano. ¿Ni siquiera podrían contratar a algún traductor para que hiciera ese trabajo?”

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