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Catalunya: El 155 lo determina todo

Martes 12 de diciembre de 2017. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Sin Permiso

Por Miguel Salas

Hay editorialistas o parlanchines radiofónicos que aún hablan de normalidad al referirse a la situación en Catalunya tras la aplicación del artículo 155. ¿Qué entenderán ellos por normalidad? ¿Acaso la portada de El País titulada “Los separatistas pasean su odio a España por las calles de Bruselas”? ¿Esa majadería no crea división ni busca un enfrentamiento entre los pueblos? La lista de medidas antidemocráticas, agravios y represión es tan enorme que solo quien está de acuerdo con su aplicación o cierra los ojos puede decir tamaña barbaridad. El relato de la derecha dice que el 155 fue necesario para restablecer la legalidad, y, sin embargo, han hecho todo lo contrario. Lo que crea fractura y siembra odio es la criminalización de la opción democrática del independentismo. Antes no existía dicha fractura. En Catalunya el llamado “orden constitucional” consiste en que, por primera vez desde la Transición, una parte del territorio de España se ha quedado sin las garantías constitucionales coartadas y limitadas por el 155. Por eso, es política y jurídicamente correcto hablar de estado de excepción, porque se han suspendido parte de los derechos reconocidos constitucionalmente y, de paso, se han vulnerado un montón de leyes de la legislación catalana. Esa es “su normalidad”.

Destituyeron al govern, anularon el Parlament y procesaron a la Mesa del Parlament, incautaron las cuentas de la Generalitat, detuvieron a medio gobierno y el resto tuvo que irse a Bruselas, y siguen teniendo rehenes a dos miembros del govern y a los dirigentes de la ANC y Ómnium. Pero el 155 afecta también a muchos otros sectores. Por ejemplo, a la actividad económica. Se habla mucho de las empresas que han cambiado su sede social, y no se menciona la parálisis que el 155 ha impuesto en la actividad económica de la Generalitat, o en la anulación o retraso en el pago de proyectos previamente acordados que ha obligado a cancelar numerosos contratos, especialmente de cooperativas y empresas dedicadas a políticas sociales, pero también en actividades culturales o en investigación científica. La intervención del 155 ha supuesto que no entraran en vigor 9 proyectos de ley, que 56 proposiciones de ley y otras 6 relacionadas con Iniciativas Legislativas Populares quedaran en el limbo, que se perdieran o retrasaran hasta 92 planes de inversión. Ese daño económico no se cuantifica, pero se acabará pagando. No es posible decir cuántos puestos de trabajo se han perdido, pero sí que 196 personas fueron directamente cesadas. (Un informe más completo se puede encontrar en www.servidorscat.cat)

La libertad de expresión está más que coartada. La Junta Electoral ha prohibido que en los medios de comunicación públicos se utilicen expresiones como “govern en el exilio” o “consellers exilados”; se prohibió al Ayuntamiento de Barcelona que iluminara de color amarillo las fuentes públicas (el amarillo se ha convertido en signo de protesta por los presos políticos); se ha obligado a los ayuntamientos a retirar las pancartas en las que se pedía la libertad de las presas y los presos políticos y el Colegio de Periodistas se ha visto obligado a publicar un manifiesto en el que exige “ejercer y preservar un periodismo libre de injerencias políticas, judiciales o policiales, que atenten contra la libertad de expresión e información”.

Las escuelas también están en el punto de mira. En el referéndum del 1 de octubre, el papel de las escuelas y de las asociaciones de madres y padres fue fundamental para que se pudiera votar, y los del 155 no se lo perdonan. Desde C’s y el PP se está llevando a cabo una campaña de desprestigio sobre un supuesto “adoctrinamiento” en la escuela, que en la práctica significa un ataque contra la integración escolar y el idioma catalán en la enseñanza. Los jueces también han decidido participar. Ocho profesores de La Seu d’Urgell fueron citados ante el juez porque habían hablado con los alumnos sobre los sucesos del 1 de octubre. En la localidad de Polinyà, el juez ha pedido identificar al director o profesores que estuvieron en el colegio durante el 1 de octubre. No se trata de casos aislados, sino de una persecución mediática, policial y judicial que está llevando el miedo y la incertidumbre a la comunidad escolar. Al menos 17 juzgados están investigando a funcionarios y mossos de esquadra sobre sus actuaciones el día del referéndum y, de momento, 5 de ellos ya están imputados. Por toda Catalunya están abiertas investigaciones judiciales, además de los más de 600 alcaldes, por causas bien diversas: por pegar carteles, por incitación al odio o por cualquier otra razón que tenga que ver con la movilización del 1 y del 3 de octubre.

Y hay también un elemento de humillación en la aplicación del 155. Por ejemplo, con respecto a la lengua, un asunto tan importante en Catalunya, se está obligando a los funcionarios a redactar y relacionarse con la Administración en castellano. ¿Ni siquiera podrían contratar a algún traductor para que hiciera ese trabajo? O, en el ámbito de la cultura, utilizar el 155 para resolver un largo conflicto judicial sobre las obras del Monasterio de Sijena (Huesca), que fueron compradas en 1983 y pagadas a la orden religiosa y que el gobierno de Rajoy obliga a devolver sin ni siquiera esperar a la resolución judicial.

El 155 anula garantías constitucionales, coarta, persigue y encarcela, pero, de momento, no está consiguiendo que cese la movilización. La presencia de 45.000 personas en Bruselas lo demuestra, y cada día en prácticamente toda la geografía catalana se suceden los actos, se convocan concentraciones, los puentes, las plazas, mercados o lugares simbólicos aparecen con lazos amarillos, los CDR (Comités de Defensa de la República) siguen extendiéndose. Para el fin de semana del 16 y 17 de diciembre está convocado un encuentro de organizaciones y personas de toda España y Europa para ampliar la solidaridad.

El frente judicial

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tuvo que anular su euroorden para que Puigdemont declarara en Bruselas y fuera extraditado a España. Temía que la justicia belga rechazara su petición y el Tribunal Supremo quedara en ridículo. El hecho es que el gobierno no podrá contar con el aval judicial europeo, tendrá que detenerlo en territorio español para poder juzgarlo. Es otro ejemplo de que el camino emprendido por el gobierno Rajoy en la aplicación del 155 y en las decisiones judiciales que se han ido tomando podría estar lleno de sorpresas.

Esta misma semana el grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú y En Marea presentó un recurso al Tribunal Constitucional contra el 155 (¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué no se quiso hacer con otras fuerzas políticas para darle más fuerza?) El recurso no puede impedir la aplicación que ya está en marcha, pero sí establecer condiciones y normativa sobre su aplicación. En dicho recurso se plantea que el artículo 155 solo permite al gobierno “dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”, pero no destituir al gobierno, disolver el parlamento y convocar elecciones, medida reservada a las autoridades de la Comunidad Autónoma. Aporta, como elemento de peso, que los debates constitucionales “descartaron expresamente las enmiendas que proponían otras y más intensas facultades en el artículo 155”.

En el recurso se denuncia que las razones esgrimidas por el gobierno son una causa general contra el movimiento independentista, pues se utilizan hechos ya suspendidos por el Constitucional, como la ley de transitoriedad, o sucesos ya acontecidos, como el 1 de octubre, y por esa razón “la medida de cese del Gobierno de la Comunidad no obedece a una finalidad de restauración del orden constitucional, sino a la ilegítima restricción de la autonomía de las instituciones catalanas” y que aún agudizó más su carácter antidemocrático al suspender el Parlament, pues supone “la configuración de un ejecutivo que no se somete en su actividad a control político alguno”. O sea, un estado de excepción para que Rajoy y sus ministros puedan gobernar.

Es difícil saber el recorrido judicial que pueda tener el recurso, pues parece que hasta el verano del 2018 no habrá resolución - ¡y a saber cómo estará la situación política en esa fecha! -, pero es una iniciativa valiente que sirve para denunciar el significado del 155 y para entender que el problema no solo afecta a Catalunya, que es un ataque a los derechos de todas y todos.

La batalla electoral

Como era previsible, el 155 está bien presente en la campaña electoral. Son las primeras elecciones desde 1978 convocadas arbitrariamente por un poder impuesto, no por el president de la Generalitat. Unos lo defienden abiertamente: “a por ellos” fue la consigna de inicio de campaña del candidato del PP; otros, como C’s, lo hacen más sibilinamente amenazando con su continuidad si no ganan ellos las elecciones. Ya lo ha dicho la ministra Cospedal: “Estas elecciones se han convocado para que ganen los constitucionalistas”, o sea, si no ganan continuará vigente el estado de excepción. El PSC -habría que decir Iceta, pues el partido no existe en la campaña- intenta pasar de puntillas sobre el tema, pero su vergonzoso apoyo al 155 no tiene fácil defensa. Para ERC y Junts per Catalunya, con candidatos en el exilio o en prisión, así como para la CUP y los Comunes, derogar el 155 es básico para recuperar el autogobierno y los derechos y elegir el camino para continuar lo que la movilización de la gente planteó el 1 de octubre (más de 2 millones de personas votando) y el 3 de octubre (impresionante movilización contra la represión policial).

La campaña electoral muestra también la dificultad para que las fuerzas políticas expresen en concreto y en positivo su respuesta a las exigencias planteadas el 1 y el 3 de octubre. Quizás por eso se debate poco sobre el día después del 21 D. Dada la incertidumbre de los resultados, los candidatos y la candidata se postulan como presidentes buscando carambolas de mayoría imposibles, con la excepción del PP, que debe pensar que su presidente en Catalunya ya es Rajoy, pero no se aborda qué se hará y cómo se hará. Las encuestas, estén más o menos cocinadas, indican una enorme complejidad para conformar cualquier tipo de gobierno. No parece posible que gobierne C’s; aunque hipotéticamente fuera el partido más votado, no tendría apoyos suficientes para formar gobierno. Una eventual nueva alianza entre los partidos independentistas tendría la espada de Damocles del 155 encima; por lo tanto, continuaría la autonomía suspendida. La idea de los Comunes de tener la llave para lograr amplias mayorías que pongan la agenda social en el centro no parece encontrar el suficiente apoyo y ni siquiera resuelve cómo se podría hacer sin derogar el 155. Mientras, la CUP propone una alianza o acuerdo para seguir el camino de construcción de la república.

Parece bastante ilusoria la idea de que sería posible volver a una situación de autogobierno anterior a la aplicación del 155. El gobierno del Estado está dispuesto a cobrarse su intervención y a no permitir más veleidades republicanas. Poner en práctica medidas sociales, apoyo a los municipios, nuevas medidas contra el paro o la precariedad, o iniciar un proceso constituyente con el objetivo de la república no es posible mientras el 155 siga vigente. Por eso, se necesita un frente democrático contra el 155, un frente no sólo catalán sino de todas y todos los demócratas del Estado español, un frente que vaya más allá de las elecciones.

Derogar el 155 es una necesidad para restablecer derechos en Catalunya y también para debilitar a Rajoy y a la derecha. Se sabe cómo se entra en un estado de excepción, pero no se sabe ni cómo ni cuándo se sale. Es necesario sumar fuerzas para salir por la izquierda de esta situación, por un camino de avance en los derechos sociales y nacionales. Lo contrario es seguir manteniendo o agravando la anormalidad de una situación antidemocrática y antisocial con las políticas del PP o de C’s.

P.-S.

Miguel Salas es sindicalista y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.

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