Por Endika Zulueta

A mi juicio, la Ley Mordaza no implica un salto represivo en la política del Estado de la relevancia que se está transmitiendo desde los más variados agentes sociales, políticos y mediáticos; y lo digo sabiendo que con esta afirmación vengo a discrepar de la opinión de la mayor parte de los grupos parlamentarios que se opusieron a la aprobación de la Ley en el Parlamento, e incluso al discurso preponderante de muchos movimientos sociales con los cuales, paradójicamente, me identifico.

Me explico: el salto cualitativo, y cuantitativo, no está especialmente en “ese” lado, el del Estado, sino en “éste”, el de la disidencia. El Estado legisla un másdelomismo, una Ley Corcuera retocada 23 años después con una nueva vuelta de tuerca (que no hay que menospreciar), pero lo hace en un contexto socio-político bien diferente al que se encontraba en 1992. Pareciera que ellos tuvieran claro el diagnóstico: la disidencia crece, en cantidad y en calidad, con una capacidad organizativa y una conciencia crítica, especialmente desde el 15M, que pareciera remontarnos a la transición o a la Segunda República, y sin embargo su capacidad imaginativa (y legislativa), es tan limitada que ofrecen el mismo tratamiento que hace veinte años. Pero diferente diagnóstico no se cura con la misma medicina. Son incapaces de darse cuenta de que empezamos a ser inmunes a sus estrategias.

Años 80/90.- Destrucción del tejido económico-Ley Corcuera.- En la llamada pacífica transición la sociedad civil se echó a la calle; pero una vez que en 1978 se aprobó la Constitución y, especialmente una vez que el PSOE ganó las elecciones en 1982, la disidencia mayoritariamente abandonó la calle, porque las aspiraciones “de cambio” se colmarían vía institucional. La realidad fue otra: a toque de corneta de la antigua Comunidad Económica Europea se destruyó el tejido industrial, la fuerza agrícola, los astilleros, la minería, llegaron las primeras reformas laborales… en pocos años España se transformó en un mero país de servicios. En 1986 entramos en la OTAN. Comenzaron tibiamente las primeras huelgas generales y hacía falta legalizar la autonomía e impunidad con la que actuaban las llamadas Fuerzas del Orden. En 1992 se aprobó la Ley Corcuera (heredera de la Ley de Orden Público de 1959), y en 1995 el llamado Código Penal de la Democracia, y lo cierto es que en un periodo de política económica y social de tierra quemada y de paralela legislación represiva, el debate social crítico en la calle fue poco más que simbólico.

No olvidemos que la Ley Corcuera se ha aplicado hasta el 30 de junio del presente año, y especialmente desde el 15.06.11 hasta su transformación en Ley Mordaza miles de personas han sido víctimas de la misma: multadas por ejercer derechos fundamentales y de esto sabe mucho la Comisión Legal del 15M.

Siglo XXI.- Recortes sociales-Ley Mordaza.- En unos meses se ha aprobado la Ley de Seguridad Privada, la nueva Ley Mordaza, el nuevo Código Penal… y la crítica es constante, la desobediencia imparable. A lo largo de todo el Estado se han celebrado miles de actos que reflejan la rigurosa disconformidad con los nuevos recortes y las paralelas leyes represivas. Reuniones, debates, jornadas, asambleas, charlas, concentraciones, manifestaciones, acciones. En la calle y en las Instituciones. Todos los partidos del arco parlamentario, a excepción obviamente del gobernante, se han visto obligados a oponerse a las nuevas Leyes para no verse arrastrados por la nueva ola de pacífica disidencia crítica; grupos parlamentarios que, bien han aprobados leyes similares, bien han guardado silencio durante años ante las mismas, se mueven inquietos en sus sillas al sentir que, tras muchos años de silencio, los gritos de las calles traspasan los muros del Parlamento.

El cambio ha sido abismal, pero no el de ellos, sino el nuestro. Lo siento, me opongo al mensaje de “las cosas van a estar peor que nunca”, creo que es el discurso que le interesa al Poder, el del miedo paralizante, el de la desmovilización. Creo sinceramente que las cosas están mejor que nunca (cosas = disidencia política a un sistema socio-económico injusto y un cambio por otro mundo que sí es posible). Por primera vez estamos reformulando conceptos a los que les damos un significado bien diferente al que hasta ahora nos ha vendido el Estado. Para ellos el orden es la ausencia de debate, para la ciudadanía es la sana y pacífica crítica a los excesos en el ejercicio del poder y a la limitación en derechos sociales y fundamentales. Para ellos lo público es el espacio para el comercio, para la ciudadanía es el espacio para la asamblea, la creación y el crecimiento colectivo; para ellos, la seguridad es la presencia policial, el aumento de multas, de detenidos, de presos; para la ciudadanía la seguridad es el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el acceso a los derechos sociales, educación, sanidad, vivienda, trabajo. Para ellos, debemos ceder espacios de libertad para tener más seguridad; para la ciudadanía ceder libertades implica mayor inseguridad. Para ellos debemos tener miedo a los revoltosos, a los delincuentes pobres; pero la ciudadanía, si tiene miedo, es a perder derechos arrancados tras mucho sufrimiento y sabe que solo la organización y el apoyo mutuo atempera ese temor.

En mi miedo mando yo.- El jornalero sabía que las monedas del cacique no le iban a quitar su hambre, porque su hambre era de Justicia, y en su hambre mandaba él. La ciudadanía sabe que la seguridad que aportan las leyes represivas no le va a quitar el miedo, y la respuesta individual y colectiva es simple, coherente y rebosante de dignidad: lo siento señorito, no quiero sus Leyes de Seguridad: en mi miedo mando yo.

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