Por Endika Zulueta

Los colectivos policiales se manifestaron en Madrid el día 4 de marzo de 2023 (igual que lo hicieron el día 27 de noviembre de 2021), tras una pancarta con el siguiente texto: "Esta ley nos desprotege". Es el mundo al revés: los funcionarios que deben velar por los derechos y libertades de la ciudadanía, manifestándose porque una reforma va a adecuar mínimamente una Ley a esos derechos y libertades, al considerar ellos que esa reforma limita su impunidad para reprimir las manifestaciones. Se manifiestan protestando porque sus enemigos puedan manifestarse. Consideran que la ley no debe dar seguridad a la ciudadanía, sino que debe dar seguridad a la Policía. Es de tripi.

Los portavoces de las asociaciones policiales hicieron las siguientes declaraciones:

• "Los cambios de la Ley de Seguridad Ciudadana no cuentan con el aval de los técnicos, que somos nosotros". Los de la porra, autodesignándose especialistas en seguridad, identificando seguridad con represión.

• "Su intención es generar discordia en la calle y atarnos de pies y manos en nuestra labor de defensa de la soberanía del pueblo español". Olvidándose de que la defensa de la soberanía de este país está encomendada al Ejército (artículo 8.1 de la C.E.). Sabemos que nuestras fuerzas del orden están militarizadas, pero que se auto autoatribuyan funciones militares es todo un despropósito.

¿Cuál es la labor que la Constitución española encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? El artículo 104.1 de la C.E. 2 establece que "tendrán como misión 1) proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 2) garantizar la seguridad ciudadana".

Estos funcionarios han olvidado totalmente su primera misión y, respecto a la segunda, ya hemos visto que identifican seguridad con mayor protagonismo y libertad de acción policial en la represión de estos derechos y libertades, además de atribuirse funciones que corresponden al Ejército.

Tampoco tienen desperdicio otras declaraciones que han realizado en protesta por la modificación legal:

• "Lo tendremos muy difícil para combatir la delincuencia y garantizar la libertad y seguridad de nuestros compatriotas".

• "Han dado una hoja en blanco a los antisistema para que la redacten como les plazca". "Decimos NO a la victoria de los antisistema y los radicales".

Denuncian que con estas reformas tendrán "muy difícil combatir la delincuencia", cuando lo cierto es que los delitos están tipificados únicamente en el Código Penal. La Ley de Seguridad Ciudadana tipifica infracciones administrativas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nunca se ha manifestado ante modificaciones en el C.P. ¿Qué les mueve a manifestarse ahora? La respuesta viene dada por el papel que juegan ellos ante ambas legislaciones: el ámbito penal se rige por el derecho a la presunción de inocencia (la acusación debe acreditar los hechos imputados al investigado), al contrario que en el ámbito administrativo, que se rige por una especie de presunción de culpa puesto que las declaraciones de los agentes de la autoridad gozan de presunción de veracidad (es el acusado de la infracción quien debe acreditar no haberla cometido), se invierte la carga de la prueba, y los agentes se convierten en testigos y jueces de los hechos, y su versión de los mismos se presume cierta. No quieren perder un ápice de protagonismo.

Dicen que lo tendrán difícil para "combatir" la delincuencia, volviendo a emplear un lenguaje militar dirigido a un determinado sector de la ciudadanía, a la que consideran enemiga: los que ellos tildan literalmente de "antisistema" y de "radicales", en referencia al amplio sector de la ciudadanía que considera que las plazas y calles no son solo espacios para el comercio, sino espacio para ejercitar el sano ejercicio de la crítica política, que en un Estado que se entienda democrático no solo no debe ser reprimido sino que debe ser alentado.

Hablan de victoria de los radicales frente a derrota de la Policía. Para ellos es la guerra. Es lo que se ha venido a llamar Ley administrativa del enemigo: en realidad no se sancionan hechos constitutivos de infracciones administrativas, se persigue a determinadas personas por su ideología, no es ciudadanía infractora, es bando enemigo al que hay que combatir hasta vencer. El combate a la delincuencia del que hablan, se traduce en combate a las garantías de defensa y las manos libres en su actuar.

El ejército policial ha salido a la calle para advertir al Ejecutivo que no va a permitir que se limiten sus poderes y su impunidad. Pero deben saber que siempre (nos) tendrán enfrente a la ciudadanía que se manifiesta denunciando que estamos en un sistema socioeconómico injusto, a la ciudadanía que no identifica seguridad con mayor presencia policial, sino con la creación de los mecanismos adecuados que garanticen que todas las personas tengan acceso a un trabajo digno y bien remunerado, a una vivienda digna y adecuada y a una sanidad y una educación públicas, gratuitas y de calidad.

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Endika Zulueta es abogado penalista