Entrada al IVF Center, la clínica de medicina reproductiva del profesor Alexander Feskov. MARIA VOLKOVA

Afuera, la población de esta ciudad de un millón y medio de habitantes se empeña en seguir haciendo vida normal, mantener sus parques y avenidas cuidadas e iluminadas, pero los apenas 40 kilómetros que la distancian de la frontera con el sur de Rusia hacen que sigan siendo habituales los bombardeos. La noche previa a la entrevista con Stadnichenko, cayó un proyectil junto a un centro comercial y la onda expansiva destrozó las ventanas de varios edificios a la redonda.

En el hotel donde la empresa Feskov aloja a los clientes que contratan con ellos «el paquete VIP» o «Deluxe», la detonación fracturó algunos ventanales de la última planta. En las suites, diseñadas con visión directa a la piscina del delfinario que incluye el complejo vacacional, era posible ver las sombras de los mamíferos marinos dando vueltas mientras los trabajadores se arrebujaban en el descansillo de las escaleras de emergencia. Hace más de un año que ya no bajan al sótano, donde el gimnasio hace las veces de refugio. Las sirenas antiaéreas se han convertido en parte del paisaje sonoro de sus vidas.

La industria no se detiene

«Los partos de Ucrania los hacemos en Chernihiv, una ciudad pegada a Rumanía y totalmente segura. Aun así, hay mucha gente que no se atreve a venir. Por eso, a los europeos les recomendamos el pack de Grecia, porque allí registran a los bebés directamente a nombre de la familia y así sólo tienen que solicitar su nacionalidad en un juzgado de su país», explica Stadnichenko. Además de ucraniano y español, habla italiano, francés y alemán. Son los idiomas de la mayoría de sus clientes, aunque en los últimos años cada vez llegan más de China y de países árabes. Pese a que las pocas frases que regulan la gestación subrogada en Ucrania en el código de familia y en las dos órdenes dictadas por el Ministerio de Sanidad establecen que los partos de bebés gestados por vientres de alquiler solo pueden tener lugar en suelo nacional, la mayoría de las clínicas ya los ofertan en países como Grecia, Chipre o Georgia. Países en los que, cada vez más, las empresas ucranianas de gestación subrogada están abriendo delegaciones o estableciendo contactos con clínicas locales para ampliar su mercado.

La mayoría de sus clientes, explica, elige programas de entre 60.000 y 90.000 euros. En caso de que el parto se realice en otro país, tendrán que pagar los servicios de un abogado que gestione la autorización judicial así como los gastos derivados de los procedimientos que haya que hacer en el país de origen de la familia.

«Estudiamos cada embrión con sistema DGP NGS para implantar los que tengan correctos los cromosomas. Este mecanismo no es legal en otros países. Así nos aseguramos de que tenemos un bebé sano. Y además, damos la opción de elegir el sexo, algo que muchos clientes hacen», añade Stadnichenko, que no aparenta más de 30 años, tiene el pelo rubio, ademanes suaves y un tono de voz dulce; sonríe mucho y repite las ideas clave: garantía de que una vez pagado el pack, no hay gastos adicionales; garantía de que con sus técnicas, no hay posibilidad de bebé enfermo; garantía de que el coste mayor que el de otras clínicas es signo de que no habrá errores en el proceso.

Entrada al IVF Center, la clínica de medicina reproductiva del profesor Alexander Feskov. MARIA VOLKOVA

El ginecólogo Alexander Feskov, fundador de la clínica que lleva su nombre. MARIA VOLKOVA

El doctor Alexander Feskov tiene 66 años, el pelo blanco y frondoso, camisa blanca almidonada y ha de extender el brazo y el cuerpo para saludar desde el otro lado de su enorme escritorio de madera noble. «Llevamos 15 años haciendo gestación subrogada y claro que se podrían mejorar aspectos de la ley sobre la protección de las mujeres gestantes, de los seguros médicos… Pero no se va a hacer, tampoco porque lo diga la UE, porque queda mucho tiempo para que entremos en la Unión y la mentalidad de los ucranianos es muy distinta a la de los europeos. Cuando hablan de reformar la ley en realidad sólo están haciendo juego político», dice, rodeado de trofeos y diplomas. Feskov desprende seguridad en sí mismo, en que su negocio solo puede crecer y en el desarrollo científico de la reproducción humana. Da por sentado que en un futuro no muy lejano, la gestación se hará en máquinas, sin necesidad del cuerpo de las mujeres.

La clínica Feskov es una de las 11 clínicas incluidas en el informe del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España acusadas de estar incumpliendo la prohibición de hacer publicidad de la gestación subrogada, incluida en la reforma de la Ley del aborto de 2022. El organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha pedido a la Abogacía que, de acuerdo a la información recogida, abra una investigación. Pero como se explica en el dossier publicado por La Marea, varias de ellas no cuentan con sede en España, por lo que difícilmente se les podrá imponer multas.

Feskov es una de las empresas que no tienen oficina en España. Sin embargo, sí cuenta con una página web en español, un mercado en el que busca ampliar su clientela a sabiendas de que BioTexCom, la empresa ucraniana más conocida hasta ahora, sufre una crisis reputacional por las irregularidades investigadas en 2018 y 2019 por la Fiscalía ucraniana en un proceso que fue abortado por la intervención política. Toda la amabilidad mostrada por parte del equipo de Feskov y su predisposición a que pudiésemos entrevistar a algunos de sus clientes durante los meses que ha durado esta investigación se esfumaron cuando se les preguntó por esta denuncia del organismo español.

Respaldo político en Ucrania

«Soy partidaria de que, al menos mientras dure la guerra, la maternidad subrogada solo sea legal para las familias ucranianas. Tenemos un problema demográfico que, me temo, va a empeorar en los próximos años por la guerra. Por eso impulsé la ley que permite que nuestros defensores [en referencia a los soldados] puedan congelar su semen y sus óvulos. Así, cuando vuelvan del frente, si no pueden tener hijos, podrán recurrir a su material genético. Y si eso tampoco funciona, entonces podrán emplear la subrogación», expone Oksana Oleksandrivna Dmytriyeva, diputada de Servidor del Pueblo, el partido del presidente Volodímir Zelenski, y presidenta de la Comisión Nacional de Salud del Parlamento ucraniano.

En 2023, después de que el Parlamento europeo declarase la gestación subrogada contraria a «la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima» y mostrase su preocupación por cómo Ucrania se había convertido en uno de los mercados más importantes de esta industria, el presidente ucraniano presentó un paquete de leyes que incluía la prohibición de la gestación subrogada, aunque solo a las parejas extranjeras. La propuesta fue rechazada por la mayoría de la Cámara. «Era un conjunto de leyes muy grande. No se votó en contra por la prohibición de la maternidad subrogada, sino que tenía demasiados aspectos mezclados. Por eso ahora estamos intentando mejorar la propuesta con temas concretos. De todas formas, como siempre repito, en la UE no están viviendo una guerra. Nosotros tenemos que gestionar una situación excepcional y los problemas de reproducción de nuestra población. Además, Europa también está interesada en paliar la baja tasa de natalidad que sufre», explica Dmytriyeva, quien antes de ser diputada fue empresaria de la odontología y Miss Ucrania internacional.

«Hemos detectado que la guerra está ocasionando problemas de salud mentales y físicos que impiden a muchas mujeres quedarse embarazadas. Por eso es tan importante la ley para que nuestros defensores puedan congelar su material genético. Las clínicas, privadas y públicas, que están dentro del programa tienen el deber de guardarlo hasta tres años después de que muera su propietario o de que acabe la guerra. Tenemos casos de mujeres que se han quedado embarazadas después de que muriese su marido», añade visiblemente orgullosa.

Cuando se le pregunta si tenía conocimiento de las investigaciones que la Fiscalía de su país ha realizado a la clínica BioTexCom y si se están adoptando medidas políticas para acabar con la trata con fines de explotación sexual que llevan sufriendo las mujeres ucranianas desde los años noventa, responde que no tenía conocimiento de ninguno de estos asuntos y pregunta, entre risas compartidas con su responsable de prensa, que de dónde sacamos todas esas historias escabrosas.

La impunidad de BioTexCom

En 2018, un equipo de cinco fiscales retomó una investigación sobre la clínica BioTexCom, que había sido suspendida meses antes por altas instancias políticas. «Lo primero que nos llamó la atención fue que era un negocio multimillonario, que apenas estaba declarando ni pagando impuestos y que a las mujeres gestantes les pagaban en negro», explica uno de los miembros del equipo que nos ha citado en un apartado de un bar a las afueras de Kiev. «Encontramos que, desde 2012, BioTexCom trabajaba con un patrón sistemático y masivo por todo el territorio ucraniano: organizaban matrimonios ficticios a hombres solteros para que pudieran acogerse a la legalidad porque en Ucrania la gestación subrogada solo es legal para parejas heterosexuales casadas que demuestren que no pueden tener hijos. También les estaban dando bebés a parejas homosexuales y heterosexuales que no acreditaban tener problemas de salud para reproducirse –incumpliendo la ley ucraniana–. Y les hacían pagar en cuentas secretas en paraísos fiscales», explica Boryslav (nombre ficticio) una mañana lluviosa.

Cuando algún cliente entra en el local, baja el volumen de voz y su acompañante comprueba que no se dirigen a nuestro rincón. «Lo peor es que en muchos de los casos, los bebés no tenían vínculo genético con quienes se los llevaban. La documentación era un caos: hasta había casos en los que decían que habían cogido material del padre y que el vínculo era con la madre. Pero BioTexCom les daba a la pareja un documento acreditando la filiación genética», continúa diciendo quien tiene claro que otras empresas «seguían su escuela». «Pero es que no había comparación. Si BioTexCom hacía varios miles de gestaciones al año, las otras, en total, no superaban los pocos centenares», añade.

Durante las primeras semanas de la invasión rusa, la empresa BioTexCom trasladó a los bebés gestados por vientres de alquiler a un sótano de un edi?cio de Kiev convertido en búnker. PATRICIA SIMÓN

La mayoría de los clientes eran –y son– de países europeos, pero, según explica el entonces investigador de la Fiscalía, «en la zona de Odesa y Nicolai, los oficiales de la frontera identificaron cómo hombres chinos cruzaban, no declaraban nada de dinero y volvían semanas después con un bebé». «Averiguamos –prosigue– que les organizaban matrimonios con mujeres ucranianas para poder acogerse a la subrogación. Después, se divorciaban y la madre cedía todos los derechos al padre, que se marchaba con el bebé. Encontramos muchos de sus pasaportes, se los llevamos al cónsul chino que nos dijo que no lo contásemos porque ese delito se paga con pena de muerte en su país y los iban a matar. Luego supimos que los niños eran entregados a familias ricas y poderosas de China, por lo que a quienes estaba protegiendo el cónsul era a la aristocracia de su país».

El equipo de fiscales también se reunió con representantes de la embajada de Reino Unido, Italia y España. «Los ingleses e italianos nos dijeron que no iban a hacer nada porque era entrometerse en la vida privada de sus ciudadanos y que no lo convirtiéramos en un escándalo. Los de España, en cambio, propusieron crear un equipo internacional de especialistas para investigarlo. Habría sido fantástico, porque además muchos clientes eran de Madrid y Barcelona. Pero, desgraciadamente, no salió adelante porque los otros dos países se opusieron», explica quien a medida que avanza la conversación se apasiona e indigna con el que considera uno de los grandes casos de la Fiscalía.

Fue entonces cuando Dolores Delgado, ministra de Justicia en aquel momento, ordenó a la Embajada española en Ucrania que dejase de inscribir a los bebés nacidos mediante vientres de alquiler. Una medida que, desde entonces, se ha ampliado a los consulados y embajadas de otros países donde la gestación subrogada es legal, pero no cuenta con un proceso judicial para reconocer a los llamados padres y madres de «intención».

«Había contratos en inglés, sin traducción al ucraniano, en los que se decía que las mujeres gestantes cobrarían entre 8.000 y 12.000 euros, dependiendo de varios factores. Como ellas no entendían inglés, cuando finalmente sólo recibían 8.000 euros no podían quejarse. Otro de los grandes problemas es que no hay un registro de bebés, por lo que no podemos hacer seguimiento de dónde ni cómo están», lamenta el investigador.

De hecho, durante la entrevista en la empresa Feskov, Ksenia Stadnichenko expuso como un sello de calidad que, mientras a las mujeres gestantes les hacen estudios psicológicos y varias entrevistas para identificar su estabilidad mental, a sus clientes no les hacen ningún análisis ni pregunta al respecto.

Según una fuente cercana al caso, Albert Tochilovsk, el oligarca moldavo-alemán dueño de BioTexCom, advirtió durante un interrogatorio al fiscal jefe, Yuriy Kovalchu, que si no suspendía la investigación sería despedido. Cuando éste le preguntó por qué no pagaba los tratamientos que necesitaban las mujeres que habían sufrido problemas de salud por el embarazo, cuando, por ejemplo, 35.000 euros para él no eran nada, Tochilovsk le habría respondido supuestamente: «Si lo hago con una, tendría que hacerlo con todas y yo no regalo el dinero».

En los meses siguientes de 2019, setenta y siete diputados registraron la misma carta en el Parlamento: acusaban al fiscal jefe de hacer mal su trabajo y de estar acosando a Tochilovsk. Según esta misma fuente, cada uno de los políticos recibió presuntamente entre 3.000 y 5.000 euros por apoyar aquella iniciativa, que se tradujo en el despido fulminante de los cinco investigadores. La Marea ha enviado una serie de preguntas sobre estos aspectos a Tochilovsk, pero no ha recibido respuesta.

Cuando el Gobierno ordenó el cierre de la investigación sobre BioTexCom ya habían descubierto no sólo las presuntas ilegalidades cometidas por BioTexCom en el negocio de los vientres de alquiler, sino también el entramado empresarial de Tochilovsk dedicado a la evasión fiscal y el lavado de dinero: al menos 15 empresas registradas en las Seychelles, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y Moldavia a nombre de testaferros, registrados todos ellos en la misma dirección de la provincia ucraniana de Kirovohrad. Tenía, asimismo, varias empresas vinculadas con la reproducción asistida y la gestación subrogada: Sana-Med LTD (registrada en San Cristóbal y Nieves), así como Human Reproduction Group LTD, Alpha Group Investments LTD y Junispere LTD Company (inscritas en Reino Unido). También se supo que poseía cuentas bancarias en República Checa, Letonia, Chipre y Suiza, en las que numerosos clientes habrían pagado sus facturas por los bebés concebidos en Ucrania con el concepto de «servicios médicos», según el investigador.

El listado de delitos por los que el equipo de la Fiscalía le quería juzgar era: tráfico de niños y niñas, uso de mujeres de los territorios ocupados por Rusia de Lugansk y Donetsk en los programas de subrogación –lo que está prohibido–, evasión fiscal a través de compañías offshore en las Seychelles, entre otros paraísos fiscales, lavado de dinero del tráfico de menores a través de la compra de inmuebles en Ucrania, absorción de empresas mediante coacciones y acciones ilegales…

«Al principio, cuando hablábamos en la oficina de tráfico de niños se reían de nosotros. Pero cuando demostramos que había cientos de casos desde 2012, empezaron a tomarnos en serio», recuerda el entrevistado. «Ponen carteles enormes de anuncios ofreciendo 10.000 euros en aldeas donde la gente es muy pobre. ¿Cómo no lo van a hacer», se pregunta. «Uno de los casos que no olvido es el de una bebé que nació con problemas estomacales. La pareja francesa que lo había encargado no lo quiso y BioTexCom lo entregó a un orfanato. Murió a los tres meses y pasó mucho tiempo sin que nadie reclamase su cuerpo. Hasta que supieron que estábamos investigando su caso y entonces, desde BioTexCom, hicieron firmar a la madre gestante para poder incinerarlo rápidamente», denuncia antes de marcharse.

Gestantes desprotegidas

Llueve, hace viento y Viktoriya empuja con determinación el carrito y la puerta del McDonalds en el que nos ha citado, radicado en un barrio pobre de las afueras de Kiev. Su hija Maria tiene dos años, el pelo rubio recogido en dos coletas y nació con síndrome Down. Ambas viven en la casa que Viktoriya pudo comprar gracias al bebé que gestó en 2019, cuando no podía pagar ni el alquiler de la habitación en la que vivía con su primer hijo. El crío tenía en ese momento un año y un retraso en su desarrollo, según su madre, provocado por una sobredosis de anestesia durante una intervención médica. Fue entonces cuando se acercó a la oficina de BioTexCom para pedir trabajo como gestante.

«Hice tres intentos de embarazo. En el primero, el embrión no se implantó. En el segundo, tuve que abortarlo porque venía con problemas. Y en el tercero, tres embriones salieron adelante. Cuando me dijeron que me tenían que dejar solo uno, lloraba pidiéndoles que me dejasen gestar al menos dos porque me sentía sana y con fuerza para hacerlo. Me dijeron que la decisión era de sus padres. Me anestesiaron y me los quitaron», recuerda mientras hace carantoñas a su pequeña para distraerla.

«En los primeros meses de embarazo, me tenía que inyectar hormonas de estimulación cada hora», recuerda. «Cuando parí, pedí ver al bebé, pero no me lo enseñaron. Le pedí a una enfermera que le hiciera una foto, pero me dijo que no», continúa con tono aséptico. Admite que le costó entregar al bebé porque «el instinto natural de una madre es sostenerlo». «Claro que sentí conexión con él –confiesa–, pero desde un principio tuve el apoyo de mi abuela, que pensaba que estaba ayudando a otras personas. Gracias a ella me mentalicé a lo largo del embarazo de que tendría que entregarlo».

Viktoriya conoció al padre contratante de la criatura, quien dice que le prometió que «le daría una buena educación, que aprendería varios idiomas, que lo tendría todo». «Y me calmé. Claro que me gustaría saber cómo está, cómo vive, pero firmé un contrato en el que me comprometía a no contactar con la familia ni con el bebé», continúa. Viktoriya responde a las preguntas con concisión y claridad, sin carga emotiva ni una frialdad impostada.

«No creo que deban restringir la maternidad subrogada. Mucha gente no puede tener bebés y nosotras les damos la oportunidad. Son gente ilusionada que incluso nos trae fruta al hospital». BioTexCom le pagó 12.000 euros. «No sé si es suficiente, pero para mí era una fortuna», subraya. Y concluye: «Si fuese joven, volvería a hacerlo. Le das sentido a la vida de otras personas. De hecho, a las jóvenes que lo estén valorando, les diría que no lo duden y que lo hagan».

Viktoriya tiene que marcharse rápidamente después de la entrevista. Tiene una cita médica para Maria y, después, debe recoger a su hijo del centro de educación especial.

Fuera de la ley

Ucrania legalizó la subrogación con apenas un par de frases en el Código de Familia (en 2002) y algunas órdenes por parte del Ministerio de Sanidad (en 2013). En esos momentos, India, un país en el que también se permitía la gestación subrogada comercial, vivía un intenso debate en torno a las imágenes de las llamadas «granjas de embarazadas». El escándalo forzó al gigante asiático a cambiar ligeramente su legislación, primero prohibiendo el procedimiento «de pago» a los extranjeros (2015) y luego en todos los casos (2019). La jurisprudencia ucraniana no ha sido tan prolija. Allí, ha sido fundamentalmente parte del movimiento feminista el que ha denunciado públicamente este negocio.

Natalia Semchuk es una abogada de Kiev que se encontró con esta problemática investigando la violencia obstétrica con otros colegas de la abogacía. Fueron unas enfermeras las que le alertaron de que «estas mujeres sufren más tasas de depresión que el resto de embarazadas y de que nacen más niños con problemas de salud a causa de la cantidad de hormonas que se inyectan para que el embrión arraigue». A partir de ahí, esta letrada feminista empezó a indagar y se encontró con que los contratos que hacen los abogados para muchas de las clínicas no recogen la mayoría de las condiciones en el contrato, sino que los dejan en un apéndice extraoficial. «Ahí es donde ponen lo que pueden y no pueden hacer, dónde tienen que vivir, cómo no pueden mantener relaciones sexuales y las multas que recibirán si no lo cumplen. Es una forma de esclavitud», explica en una ruidosa cafetería en un centro comercial de Kiev.

«Hay conexiones entre las clínicas y el Parlamento. Además, la mayoría de los parlamentarios son hombres ricos a los que no les interesa este tema. No tienen problemas con vender a otras personas porque ellos jamás tendrán que recurrir a quedarse embarazados o entregar un bebé para sobrevivir», concluye, antes de tener que irse apresurada para cuidar de su hijo.

Maria Dmitrieva es directora del Centro de Desarrollo de la Democracia, una de las organizaciones feministas más veteranas del país. «Como la demanda sigue creciendo y muchas mujeres ucranianas se refugiaron en otros países, las empresas están trayendo a mujeres de Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán… También están llevando a mujeres a parir a Chipre, Grecia o Georgia, lo que es absolutamente ilegal. Pero nadie va a hacer nada porque si un diputado se pronuncia en contra de la gestación subrogada, va a tener problemas para proseguir su carrera política», explica en el hall de un hotel céntrico de Kiev. Dmitrieva tiene clara la solución para acabar con este negocio: «Si la UE y los países miembros prohíben a su ciudadanía recurrir a la maternidad subrogada, se acaba con esta explotación de las mujeres y de los menores. Sólo el 5% de las subrogaciones son para parejas ucranianas, el resto son para extranjeros»

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