Por Nitzan Nitzan Perelman Becke

Durante las guerras anteriores de Israel en Gaza (en 2008, 2012, 2014 y 2021), estos palestinos y palestinas con ciudadanía israelí se movilizaron en masa. Pero frente a la guerra actual, la más larga y devastadora –hasta el punto de que apenas tres meses y medio después de su estallido la Corte Internacional de Justicia ya alertaba sobre el riesgo de genocidio–, la gran mayoría permanece en silencio. Se abstiene de manifestarse e incluso en sus redes sociales privadas evita criticar las operaciones letales llevadas a cabo por las FDI en la Franja de Gaza. ¿Cómo explicar este silencio?

Ciudadanos y ciudadanas de segunda clase

Los palestinos y palestinas con ciudadanía israelí son los descendientes de los aproximadamente 150.000 palestinos que lograron permanecer en sus tierras o en sus hogares a pesar de la Nakba -el término árabe que significa “desastre”- que se refiere a la expulsión masiva de palestinos y palestinas de la Palestina histórica, acompañada de masacres y destrucción, que ocurrió entre 1947 y 1949.

Cuando se fundó oficialmente el Estado de Israel en 1948, estos palestinos obtuvieron pasaportes israelíes, pero inmediatamente fueron sometidos a un régimen militar, diferenciado del de los ciudadanos judíos. Este régimen, vigente hasta 1966, limita drásticamente su libertad de movimiento, de expresión y de asociación, así como su acceso al empleo. Su abolición, obtenida tras una movilización política, supone un reconocimiento formal de su igualdad ciudadana, al menos en el papel.

Aunque oficialmente se les presenta como ciudadanos iguales, los palestinos ven su identidad palestina negada por el uso institucionalizado de la expresión “árabes israelíes”. Esta denominación se impuso durante mucho tiempo incluso en sus documentos de identidad, donde, hasta los años 2000, aparecía la expresión “nacionalidad: árabe”, en contraste con la “nacionalidad judía”, reservada a los ciudadanos judíos.

En Israel, y particularmente a través del idioma hebreo, los términos “nación” o “nacionalidad” adquieren una dimensión étnica: la noción de una nación israelí, que abarcaría a toda la ciudadanía del Estado, simplemente no existe.

La referencia fue eliminada no para corregir una discriminación, sino porque en 2002 la Corte Suprema permitió que las personas que se convirtieron al judaísmo reformado fueran registradas como judías. Oponiéndose a este reconocimiento, el ministro del Interior ultraortodoxo, Eli Yishai, decidió entonces suprimir cualquier mención a la nacionalidad.

Incluso hoy en día, un conjunto de leyes y regulaciones institucionales otorgan derechos específicos a los judíos a expensas de los ciudadanos y ciudadanas no judíos, en particular los palestinos. Por ejemplo, una ley aprobada en 2003 prohíbe a las personas israelíes casadas ​​con palestinas de los territorios ocupados vivir en Israel, lo que conduce a la fragmentación de las familias. En la práctica, esta medida sólo afecta a los ciudadanos y ciudadanas palestinas de Israel: las parejas mixtas, entre personas judías y palestinas del Estado, siguen siendo muy raras (2,1% en 2008), y las uniones entre judías israelíes y palestinas de los territorios ocupados son casi inexistentes.

Además, las leyes inmobiliarias en Israel favorecen el acceso a la propiedad por parte de los judíos y refuerzan la segregación territorial. Aproximadamente el 13% de las tierras estatales están administradas por el Fondo Nacional Judío, que prohíbe su venta o arrendamiento a las no judías.

Al mismo tiempo, se están implementando políticas para “judaizar” ciertas regiones con alta proporción de población palestina, como el Néguev y Galilea. Varias leyes facilitan la creación de asentamientos puramente judíos: en particular, la Ley sobre Comisiones de Admisión de 2011, que permite a las comunidades judías de esas zonas decidir si admiten o no a recién llegados, y la Ley Básica sobre el Estado-nación, que establece el “asentamiento judío” como un “valor nacional”.

Aprobada en 2018, esta ley estipula que sólo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación en Israel, sin especificar las fronteras pertinentes, abriendo así la puerta a una interpretación que abarque todo el territorio entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. En otras palabras, se consagra en la ley la legitimidad de una supremacía étnica y se niega explícitamente el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Por último, algunas medidas legislativas reservan beneficios financieros para quienes hayan completado su servicio militar –una obligación de la que están exentos los palestinos y palestinas–, permitiendo establecer privilegios sin mencionar explícitamente la pertenencia étnica.

Estos elementos a menudo se pasan por alto cuando se presenta a Israel como una democracia ejemplar o la “única democracia del Medio Oriente”.

Una “amenaza interna”

El marco jurídico está acompañado de un racismo sistémico y los palestinos son percibidos ampliamente como una amenaza interna. Esta percepción se refuerza durante períodos de guerra o tensión, particularmente después de mayo de 2021, después de que estallaran enfrentamientos violentos entre judíos y palestinos en ciudades “mixtas”, donde la presencia palestina es más pronunciada.

Jerusalén está en el centro de todas estas tensiones: la evacuación programada de una familia palestina en Sheikh Jarrah, la violenta invasión de la policía israelí en la Explanada de las Mezquitas y la prohibición de rezar a las y los musulmanes –incluidos las y los ciudadanos palestinos del Estado– en pleno Ramadán, alimentan la ira de los palestinos ciudadanos de Israel.

En el debate público, cualquier desafío a las acciones de las autoridades por parte de las y los ciudadanos palestinos de Israel se interpreta inmediatamente como una prueba de su deslealtad hacia el Estado. A menudo se los presenta como un “frente interno” al que hay que combatir como si fuera un enemigo. Esta visión no data del período posterior al 7 de octubre de 2023.

Por ejemplo, el 10 de mayo de 2021, en la Knéset, Shlomo Karhi, entonces diputado del Likud y ahora ministro de Comunicaciones, comparó a las y los palestinos en Israel con “enemigos externos” y dijo: “Este terrorismo no surge de la nada. Como fieras que perciben la debilidad de su presa, los enemigos árabes perciben el miedo. Los enemigos externos nos atacan, y los internos […] los apoyan”.

Un discurso pronunciado también el 18 de mayo de 2021 por Amichai Chikli, entonces diputado por el partido ultraderechista Yamina y actual ministro de Asuntos de la Diáspora, decía: “Es nuestro deber repeler a los enemigos de Israel: repelerlos en Gaza, en las calles de Lod, en todas partes y también desde aquí, desde esta cámara, desde la Knesset de Israel”.

Los palestinos y palestinas ciudadanos de Israel tienen derechos políticos, incluido el derecho a votar y a formar parte del Knesset. Actualmente hay representados allí dos partidos árabes: Hadash-Ta’al, una alianza de izquierda radical impulsada por una agenda progresista centrada en la igualdad y el fin de la ocupación; y Raam, un partido islamista conservador comprometido con una estrategia pragmática destinada a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía palestina. En las elecciones legislativas de 2022, obtuvieron cinco escaños cada uno, de los 120 que hay en la Knesset.

En estas elecciones, más del 85% de las y los ciudadanos árabes del país votaron por estos partidos. Excluyendo a los drusos, que votan predominantemente por partidos judíos y no se identifican como palestinos, esta cifra sería aún mayor. Sin embargo, cabe señalar que la presencia de estos partidos en el Parlamento, a menudo presentada como prueba del carácter democrático del Estado, es cuestionada periódicamente por la derecha israelí, que los califica de “enemigos” o de “terroristas”.

Incluso antes del 7 de octubre, los acontecimientos de mayo de 2021 habían reforzado esta narrativa, que fue explotada por Benjamin Netanyahu y sus aliados a su regreso al poder a finales de 2022. Mientras estaban en la oposición, acusaron al gobierno anterior, debido a la presencia de un partido árabe en la coalición, de “apoyar el terrorismo”. Esta campaña de deslegitimación, que equipara a los palestinos y palestinas con una amenaza interna, jugó un papel crucial en la victoria electoral del bloque pro-Netanyahu en las elecciones legislativas de 2022.

Vivir en el visor

Desde la llegada del sexto gobierno de Netanyahu a finales de 2022, el racismo antiárabe ha alcanzado un nivel sin precedentes. Se manifiesta, entre otras cosas, en la indiferencia ante el marcado aumento de los crímenes dentro de la comunidad palestina en Israel. En 2023, 223 palestinos y palestinas fueron asesinados en Israel y la tasa de resolución de estos crímenes fue inferior al 10%. El gobierno, y en particular Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y ex miembro del movimiento supremacista Kach, permanece inactivo ante esta situación.

En las ciudades israelíes palestinas, las tensiones están aumentando, alimentadas por la retórica xenófoba y racista ampliamente difundida en los espacios públicos. Fue en este contexto explosivo en el que ocurrió el atentado del 7 de octubre de 2023, que sacudió profundamente a la sociedad israelí.

Diez días después de la masacre del 7 de octubre, en medio de la ofensiva israelí en Gaza, el jefe de policía Kobi Shabtai publicó un vídeo en la cuenta de Twitter en árabe de la policía. Ante la cámara, amenazó claramente a los árabes israelíes: “Quien quiera ser ciudadano israelí, ahlan wa sahlan (bienvenido, en árabe); a cualquiera que exprese solidaridad con el pueblo de Gaza, lo subiré a un autobús y lo llevaré allí [a Gaza] yo mismo”.

Esta amenaza marca el comienzo de una gran ola de persecución, que aún continúa, contra los ciudadanos palestinos de Israel. En sólo treinta días, la policía detuvo o abrió investigaciones contra 251 personas, la mitad de ellas por simples publicaciones en redes sociales. A veces basta con un “me gusta”, un “compartir” o un mensaje de solidaridad con Gaza para despertar sospechas.

Y la represión no viene sólo de las autoridades: estos palestinos y palestinas también son vigilados e interrogados por sus empleadores, sus universidades, sus colegas o sus vecinos. Cientos de personas han sido despedidas o suspendidas de sus trabajos o estudios por una publicación privada o una declaración hecha en un grupo pequeño.

Su ciudadanía israelí ya no puede protegerlos. Prueba de ello es el uso cada vez mayor contra ellos de métodos de detención e investigación antes reservados a los palestinos de Cisjordania, sometidos a ocupación militar y privados de derechos.

En este sentido, la cuestión de la percepción de los palestinos de Israel por otros palestinos –ya sea que vivan en los territorios ocupados, en campamentos ubicados durante décadas en países vecinos o en otras partes del mundo– merece un debate propio, para el cual no tenemos espacio aquí.

A pesar del miedo y las amenazas de la policía, muchos palestinos y palestinas siguen intentando mostrar su solidaridad con Gaza. Pero desde el 7 de octubre de 2023, este derecho fundamental, inherente a cualquier régimen que se precie de democrático, está reservado exclusivamente a las y los ciudadanos judíos. A las y los palestinos, por su parte, se les prohíbe, una y otra vez, manifestarse.

La difícil situación de las y los ciudadanos palestinos de Israel no sólo es ignorada sino que a veces también es malinterpretada en los medios extranjeros. En Francia, algunas personalidades manipulan las encuestas, como la de la Universidad de Tel Aviv de diciembre de 2023, según la cual, desde el 7 de octubre de 2023, el 33% de las y los ciudadanos palestinos de Israel sitúan su ciudadanía israelí en primer plano de su identidad, el 32% su identidad árabe y solo el 8% considera la identidad palestina como el componente principal.

Pero sólo hay que escuchar a las y los palestinos para comprender la magnitud de este error.

El abogado palestino Mohammed Abed El Qadir, ciudadano israelí, testifica: “Si recibo una llamada de un número israelí desconocido y me preguntan cómo me identifico, podría responder que soy sionista y que estoy listo para el servicio militar, ¡hasta ese punto tengo miedo! Nuestra persecución desde el 7 de octubre nos ha demostrado que el término ‘árabe israelí’ no existe ni existirá jamás. Somos palestinos y siempre lo seremos.

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Nitzan Perelman Becker es doctora en sociología política por la Universidad París Cité, ingeniera de investigación en el CNRS, coautora de la película “Israel, los ministros del caos” (Arte) y cofundadora del sitio web Yaani.fr.

Fuente original: Al’Encontre https://alencontre.org/moyenorient/palestine/ce-que-masque-lexpression-arabes-israeliens.html
Traducción: Viento Sur