Pero lo peor es que esa embestida, que con datos se demuestra más brutal de lo que dicen las meras percepciones, seguramente solo acabe de empezar. La CUP asume la provisionalidad pero remarca que había que contar ya con una herramienta divulgativa sobre el alcance de la violencia estatal. Los alcaldes de Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Argentona, Sant Martí Sarroca i Sariguera tomaron la batuta y el fruto es ‘El Minotaure del 78’, un inventario de las agresiones producidas hasta la fecha, ya sean policiales, extrapoliciales, judiciales…

Aunque su dimensión no es solo cuantitativa sino también cualitativa, sobresalen en el estudio tres números. Uno es bastante conocido ya: 1.066 personas fueron heridas de distinta gravedad en las cargas contra el referéndum del 1 de octubre, producidas según se detalla ahora en 33 municipios diferentes. Se le añade otro dato novedoso y elocuente; se han denunciado ya 67 ataques de ultraderecha en los últimos tiempos. Y quizás el más grave sea el tercero, por lo que puede conllevar en el futuro; en los tribunales se investiga por acusaciones políticas a 832 personas, casi en su totalidad electos (más de 700 alcaldes). También se detallan prohibiciones de actos, incluido el que protagonizaba en Gasteiz la diputada de la CUP Anna Gabriel en vísperas del referéndum.

En la presentación del trabajo esta mañana en Barcelona, Mireia Vehí, Benet Salellas, Maties Serracant y Elvi Vila lo han situado como una herramienta para la denuncia, pero también para el empoderamiento: «Hay que tomar conciencia de todo esto». En el primer aspecto, anuncian que lo llevarán a Ginebra para depositarlo antes instancias de la ONU por los derechos humanos y contra la tortura. En el segundo, subrayan que frente a otros estudios anteriores que se centran en Barcelona y las últimas semanas, este listado tiene más perspectiva temporal y abarca a los Països Catalans.

A partir de esta toma de conciencia, en Catalunya la CUP plantea crear un Comisionado que investigue todo lo ocurrido ya y «garantice que no se va a volver a repetir».

«Derecho plenipotencial»

Mireia Vehí, que ha sido diputada esta legislatura, se ha detenido en el aspecto cualitatitivo de esta violencia institucional: «Tiene unos fines conservadores, mantener el Régimen del 78, pero también es creadora de un Derecho que es plenipotencial, configurando un Estado de excepción». Así, en uno de los apartados se analiza el modo en que se ha recuperado la acusación de «rebelión», introducida en el Código Penal a finales del siglo XIX, para utilizarla contra las aspiraciones independentistas catalanas.

Con todo, Vehí hace hincapié en que «estas medidas no van a solucionar el conflicto político» existente y que además «no encajan con la lógica de pacificar la situación que nos vende el PP con la aplicación del 155».

En este sentido, la última de las nueve conclusiones del trabajo dice así: «Paradójicamente, a más represión estatal, más legitimación de la autodeterminación». Y en la justamente anterior se subraya que «difícilmente podrá materializarse una situación de garantía plena de derechos mientras no se resuelva el conflicto de fondo que ha generado esta excepcionalidad jurídica».

Salellas, interpelado

Precisamente uno de los autores del informe, Benet Salellas, está hoy en el ojo del huracán por filtraciones que predicen que será uno de los nuevos investigados por el Supremo. Así que casi todas las preguntas han versado sobre su situación personal y sobre la agenda interceptada al número dos del Departamento de Economía que se esgrime como prueba de cargo. «Las notas personales de un señor en su libreta competen a su intimidad y a su actuación política, no deberíamos estar hablando siquiera sobre esto. Refleja un sistema de matriz dictatorial».

Cuando una periodista ha insistido en pedir que aclarara qué responsabilidad han tenido sus compañeros de la CUP en la dirección del «procés», Salellas ha replicado que «respondería si estuviéramos en un Estado de Derecho, pero no es así». Y le ha devuelto el emplazamiento: «Con cosas así se pone en riesgo también la libertad de prensa».

El «Estado Mayor» del procés y los CDR, bajo la lupa del Supremo

El juez del Supremo Pablo Llarena ha encargado a la Guardia Civil una serie de informes que apuntan a una ampliación de la investigación, que podría alcanzar a figuras como Marta Rovira o diputados de la CUP. La causa general contra el independentismo avanza.

Mientras la campaña electoral sigue a medio gas, condicionada por el 155 y sus consecuencias, la actividad en el Tribunal Supremo sigue a toda velocidad, si es que una expresión así se puede utilizar al hablar de la actividad judicial. El juez Pablo Llarena asumió hace unas semanas la causa contra el Govern, la Mesa del Parlament y las entidades soberanistas, y en poco tiempo va camino de convertirla en una causa general contra el independentismo. Tras dejar en prisión a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ayer dictó una providencia en la que encarga a la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, toda una serie de informes con los que ampliará el espectro de personas investigadas.

La obsesión de Llarena es el llamado “Comité Estratégico” que se describe en EnfoCATs, un documento a medio camino entre hoja de ruta y argumentario del procés que fue incautado durante la operación policial del 20 de setiembre en el Departamento de Economía. Un vistazo rápido al documento sirve para constatar que apenas contiene ninguna revelación de importancia, pero Llarena lo parece haber adoptado como la piedra filosofal de la cual emana toda la logística del proceso.

En concreto, formarían parte de ese Comité Estratégico del Procés, entre otros, los miembros del Govern, los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas, los líderes de las entidades y partidos soberanistas y «representantes independientes de prestigio social». Desde ayer, la Guardia Civil tiene el encargo de hacer un informe pormenorizado de cada una de estas personas susceptibles de ser imputadas en el caso.

Ni en la providencia ni en EnfoCATs se detallan nombres concretos, pero la mayoría de medios no tardaron en aventurar algunos. En las páginas de “El Periódico”, por ejemplo, el periodista José Antonio Zarzalejos, habitualmente bien informado, daba por hecha la imputación de figuras como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o del editor Oriol Soler, al que “El País” ya puso en el punto de mira al publicar las fotos de su visita a Julian Assange. Otros medios hablaron también de las diputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya.

Llarena también pidió informes sobre la organización de los Comités de Defensa del Referéndum, así como acerca de las supuestas agresiones recibidas por la Guardia Civil los últimos meses en Catalunya.

Recurso de Junqueras

A Llarena se le acumula el trabajo. Además de los informes que le llegarán, encima de la mesa tiene un nuevo recurso de Oriol Junqueras en el que el cabeza de lista de ERC pide su excarcelación para poder hacer campaña. Para ello recuerda que, por la vía de los hechos, ya ha acatado el 155 y que su formación defiende en todo momento el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos políticos.

Sin embargo, la número dos del partido, Marta Rovira, asumió ayer que será «muy difícil» ver a Junqueras en la calle antes del 21D, una cita electoral viciada desde inicio y cuyo recuento ayer supimos que ha sido adjudicado a dedo a Indra.

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