Por Internacional Progresista

Una semana después, el sábado 1 de julio de 2023, estos partidos presentaron un recurso desesperado ante el más alto Tribunal Constitucional de Guatemala para detener la certificación de la primera vuelta, suspender la publicación de los resultados oficiales e iniciar un recuento debido a "anomalías" no especificadas en los resultados.

Las supuestas "anomalías" podrían haberse denunciado de forma oportuna y legal inmediatamente después del conteo de votos del 25 de junio. Pero no fue así.

No se presentaron pruebas de estas "anomalías" a la opinión pública guatemalteca ni a los observadores internacionales reunidos en la capital.

El domingo 2 de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera la publicación de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales.

Según la decisión del Tribunal, el TSE iniciará un nuevo periodo de 15 días para recontar, impugnar o anular los votos.

La medida no sólo descarrila el proceso electoral. También subvierte la voluntad democrática del pueblo guatemalteco, suspendiendo la certificación electoral de alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios de todo el país.

Durante las dos últimas décadas, en toda América Latina se han desplegado tácticas similares de guerra legal para excluir a candidatos, debilitar las elecciones o expulsar del poder a líderes y lideresas populares.

Sólo una poderosa combinación de movilización popular y apoyo internacional puede proteger la integridad del proceso democrático —para garantizar que las elecciones pasen a una segunda vuelta el 20 de agosto— y asegurarse de que estas elecciones no abran otro oscuro capítulo en la historia moderna de Guatemala.

Condenamos los continuos ataques contra la democracia guatemalteca. Apoyamos al pueblo guatemalteco en su lucha por la soberanía popular. Y llamamos a amigos y aliados de todo el mundo a que se unan a nosotros.

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