DIAGONAL: En 2008 realizaste una gira denunciando el asesinato de una transexual a manos de un grupo de policías.

JORGE LÓPEZ: Efectivamente, estuvimos denunciando por 15 ciudades de la UE que el Estado de Guatemala no estaba haciendo lo necesario para poder descubrir y castigar a las personas que ejecutaron extrajudicialmente a Paulina. Estas personas fueron agentes de la Policía Nacional Civil, iban con uniforme de la policía y en motocicletas de la misma policía. Pensamos que fueron 13 agentes de la Policía Nacional y un guardia privado de seguridad.

Zulma Robles, que me acompañó en esa gira de denuncia, después de haber estado trabajando sexualmente en las calles y de haber visto esa ejecución extrajudicial, ha tenido el valor de no tratar de salir de Guatemala ni de irse a otro país. Su único objetivo es poder declarar cómo fue testigo de esa ejecución, y poder decirle al juez al que le toque el caso que ella podría identificar a los asaltantes.

D.: ¿Ha habido algún avance?

J.L.: Hace unos tres meses, reactivamos el caso de Paulina, solicitando un informe de cómo se están implementando las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras nuestras denuncias. Unos 15 días después, empezamos a recibir llamadas de amenaza de personas que se identificaron como policías, y llamaban desde números de la policía. Y así ocurrió en otros cinco o seis casos –las denuncias están en la Comisión Presidencial– en donde los patrones de acoso se repiten en cuanto se reactivan las denuncias.

Nadie llega a investigar por qué un policía estaba llamando a una testigo clave de una investigación que lleva cuatro años abierta y que no sirve para encontrar a cuatro policías que estaban de alta el día que mataron a Paulina.

D.: Tú mismo, el año pasado, has estado a punto de ser encarcelado...

J.L.: Lo curioso del asunto es que al regresar de esa gira por Europa denunciando la impunidad en Guatemala nos encontramos con la no tan grata noticia de que había una orden de captura en mi contra. Y esta orden estaba motivada –encontramos la evidencia– por otras denuncias que habíamos presentado contra la misma fiscal que dispuso mi busca. Simplemente había trasladado las denuncias y las quejas que un grupo de trabajadoras sexuales había llevado al Ministerio Público a mi oficina para que fuesen registradas.

En lugar de empezar algún tipo de investigación, fui acusado de participar en el intento de asesinato de una trabajadora sexual que fue atacada en la calle. La consigna era llevarme a la cárcel. Yo denuncio faltas al proceso que cometió la fiscal Claudia Martina Muñoz Andrade, de la Agencia número 11 de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Creo que quería meterme en la cárcel como castigo por hacer mi trabajo.

D.: ¿Qué hiciste entonces?

J.L.: Cuando me enteré de la orden de captura que pesaba sobre mí, me refugié en mi oficina. No me escondí –todo el mundo sabe que es ahí donde suelo estar– sino que estuve armando, durante 58 días, la estrategia para defenderme. Mi defensa fue buscar recursos para contratar abogados y, en segundo lugar, activar la estructura local de defensa de DD HH. La primera estrategia funcionó bien, aunque nos llevamos un chasco en cuanto al sistema local de DD HH. La tercera y más importante estrategia fue atraer la atención internacional hacia el caso. Y esto lo conseguimos gracias a la labor de las Brigadas Internacionales de Paz (BIP). Logramos que, a la primera audiencia ante el juez, en enero de 2009, me acompañaran representantes de organizaciones de DD HH nacionales e internacionales y del cuerpo diplomático. El juez, después de oír mi testimonio, reconoció que no intenté matar a nadie pero me dejó “atado al proceso por encubrimiento”. Yo creo que el juez, que en ese momento aspiraba a un puesto en la Corte Suprema, no quiso quedar mal con el Ministerio Público ni quiso quedar mal conmigo. Finalmente en septiembre de 2009, tras criticar a la Fiscalía, el juez declaró sobreseído mi caso. Ése fue un logro. Pero no fue un logro de la Justicia en Guatemala. Fue un logro de la Comunidad Internacional a través del ojo que fue puesto sobre mi situación y por el apoyo para poder pagar a los abogados.

D.: ¿Tal es el nivel de impunidad?

J.L.: Se ha dicho mucho que Guatemala es el lugar perfecto para cometer delitos. Lo ha dicho hasta un relator de la ONU después de una visita. Y es verdad. Es el lugar perfecto para cometer delitos porque no hay ninguna clase de persecución penal. Las únicas personas que tienen derechos en Guatemala son los que pueden pagar por ellos. También es conocido que el sistema judicial, en general, tiene una ineficiencia del 98%, sólo en 2 de cada cien casos llega a dictarse sentencia. El sistema de justicia en Guatemala está totalmente colapsado, no existe. Quedan en la cárcel las personas que no pueden pagar.

En Guatemala, hay fuerzas oscuras, generalmente aparatos clandestinos, que funcionan paralelamente a las instituciones del Estado. Por ejemplo, pensamos que la fiscal que ha tratado de enviarme a la cárcel forma parte del crimen organizado. Algunas fuentes extraoficiales nos han dicho que, probablemente, ella está involucrada en el tráfico de drogas.

Nunca ha habido un Estado encargado de cumplir la constitución política de la República al respecto de las garantías constitucionales que está obligado a asegurar a sus ciudadanos y ciudadanas. Tenemos un Estado fallido que no es capaz de atender las más mínimas y elementales condiciones de vida para que los ciudadanos y ciudadanas vivamos adecuadamente.

“Si no vigilan al Gobierno nos van a matar”

“En la visita que realizamos en 2008, nos reunimos con diputados y eurodiputados de varios países y les pedimos que hicieran presión internacional. Porque no es lógico que sigan llegando fuentes de financiamiento a un gobierno si es violador de los DD HH o si es un gobierno en el que la policía puede asesinar a las personas que están trabajando sexualmente en las calles. La comunidad internacional debe hacer un proceso de auditoría internacional, donde se condicionen los recursos para el Estado de Guatemala: no mandarle un centavo más si continúan violándose los DD HH, si sigue habiendo corrupción. Es un crimen que los países que aparentemente nos están ayudando prosigan financiando al Gobierno que nos está matando. Es lo que quiero resaltar ahora: que el ojo internacional debe estar colocado sobre Guatemala. Yo no necesito que hagan mi trabajo por mí, voy a seguir defendiendo los Derechos Humanos en Guatemala. Lo que necesito es no estar sólo. Si estoy sólo me van a matar”.

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Fuente: Diagonal

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