Por Raúl Navas

La siniestralidad laboral y la seguridad en el trabajo son asuntos a los que se continúa sin conceder la suficiente importancia. Todos los días ocurren autenticas tragedias laborales en todo el mundo. En Rusia, el pasado mes de enero moría engullido un trabajador de 29 años que realizaba tareas de demolición del estadio SKK San Petesburgo. Ese mismo mes murieron 36 trabajadores en Camboya al derrumbarse el edificio en el que trabajaban, y siete meses antes 28 trabajadores habían muerto en otro derrumbe. Este verano se conoció la noticia de que un trabajador de Carrefour en Recife (Brasil) murió en el puesto de trabajo [1], y posteriormente se tapó el cadáver con sombrillas y cajas para que continuara inalterada la actividad laboral y comercial.

En el Estado español, a comienzos del año se publicaron los índices estadísticos de siniestralidad laboral correspondientes al año 2019. Una vez más, nos encontramos con datos dramáticos, que evidencian la magnitud de la tragedia y el drama ante el que nos encontramos. Hablamos de 695 trabajadores muertos en accidentes laborales en 2019. Además, el número de accidentes con baja aumentó. Trágicos datos encontramos en el sector de la construcción, en el que abunda la precariedad, subcontratación, insuficientes medidas de prevención y altos ritmos de trabajo. Un sector en el que la siniestralidad crece desde el año 2014. Solo en 2019 murieron 147 obreros de la construcción a causa de accidentes laborales, lo que supone mas de dos muertos semanales.

El año 2020 no empezaba con buenos augurios. La OIT en su informe “perspectivas sociales y del empleo en el mundo”, alertaba del aumento de la precariedad laboral. También a comienzos de año, la Confederación Europea de Sindicatos publicó un estudio sobre los salarios entre 2010 y 2019. Los resultados señalaban que hay seis países de la UE en donde los salarios han bajado durante ese periodo, y dentro de ellos se encuentra España. Y es que antes del inicio de la pandemia España era el tercer país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores pobres. También se han publicado datos sobre la temporalidad en el empleo, que evidencian una vez más que seguimos teniendo mayor tasa de temporalidad que la media de la UE. De 1980 a 2019 la tasa de temporal media ha sido del 29,1%, llegando al 33,5% en el año 2005. Los índices de 2019 nos vuelven a situar como el país con mayor tasa de temporalidad en la UE, con el 26,1%, frente a la media europea situada en el 14,2%.

La irrupción del coronavirus ha empeorado aun más las cosas. La OIT alertaba el pasado mes de mayo que unos 1600 millones de trabajadores en todo el mundo tendrían que elegir morir de hambre o de coronavirus. En España, se ha puesto en evidencia la precariedad laboral, la falta de cultura preventiva existente en el mundo del trabajo, y la escasa e insuficiente importancia que se presta a los asuntos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. En el inicio de la pandemia la falta de medidas de seguridad eran generalizadas empezando por el sector sanitario. Los rebrotes se extendían en los entornos laborales más precarios, donde trabajan los sectores más oprimidos y explotados de los trabajadores, en condiciones de hacinamiento, intensos ritmos de trabajo y sobreesfuerzos. La encuesta de Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19, señala que más de 70% de los trabajadores manifiesta haber ido a trabajar sin las medidas de protección adecuadas, un 68% afirmaba sentir miedo de contagiarse en el lugar de trabajo, y un alto porcentaje de trabajadores señalaba tener miedo por ser despedido, y sufrir mala salud mental. Un 44,3% aseguraba sentir alta tensión en el trabajo, lo que duplican los últimos datos conocidos de la encuesta de riesgos psicosociales del año 2016.

En los últimos meses aumenta el paro, empeoran las condiciones de trabajo, la inseguridad laboral y las cargas de trabajo, en un contexto de negras perspectivas laborales, lo que ocasiona miedo y ansiedad entre grandes sectores de la población trabajadora Por otro lado los índices de siniestralidad laboral referentes a 2020 son preocupantes. Solo entre enero y abril, 231 personas fallecieron en accidentes laborales, lo que supone un 20,9% más que en 2019. En lo referente al primer semestre de 2020 hablamos de 354 trabajadores muertos, lo que supone un aumento del 21,2%. Hablamos de 62 muertos más que entre enero y junio de 2020, pese al confinamiento y parón económico durante el periodo del estado de alarma. También resulta muy preocupante el incremento de los accidentes laborales mortales de un 109,5% en el campo durante este periodo.

Abusos patronales y explotación laboral en el campo

No exageramos si afirmamos que en el campo, hoy continúan reproduciéndose casos de explotación laboral brutales, propios de la película de Los Santos Inocentes (Mario Camus, 1984). Resultan habituales los incumplimientos por parte de patronos, pagos incompletos, intermediarios estafadores, amenazas e incluso episodios de violencia empresarial. No olvidemos las denuncias que salieron a la luz de trabajadoras de la recogida de fresa en Huelva, con engaños, estafas e incluso abusos sexuales. El año pasado, el sindicato SAT publicó un video grabado en Almería, en el que se veía a un trabajador reclamando el salario pactado en convenio. El empresario contestó: “yo la ley me la paso por los huevos” [2]. No hablamos de una simple y aislada anécdota. Como en años anteriores, durante 2020 se han sucedido numerosos casos escandalosos, y da miedo pensar cuantos hay sin conocer. En enero, en Lucainena de las Torres (Almería), un trabajador fue atropellado por un tractor en un invernadero. Posteriormente su jefe llamo a la familia a la que amenazó para que no dijeran donde trabajaba el familiar accidentado, y guardaran silencio sobre el accidente. Según la Guardia Civil, el empresario “aprovechaba la situación de extrema necesidad de los trabajadores o prometía regularizar su situación violando sus derechos laborales” [3]. En febrero, pese a su escasa relevancia mediática, salieron a la luz tres vergonzosos casos de explotación laboral en el campo. En primer lugar tuvo lugar un juicio en Palma de Mallorca a un empresario que explotaba a dos trabajadores con salarios de 280 euros y jornada de 8 horas, en una finca bajo condiciones “deplorables” según la propia fiscalía. Uno de los trabajadores afirmó en el juicio que el empresario les decía “si ya tenéis comida ¿para qué queréis dinero?”. Ese mismo mes la policía y guardia civil intervino en una huerta de naranjas en Palma del Río (Córdoba) donde trabajaban personas sin contrato. Episodios de este tipo se han sucedido en los últimos años en el mismo municipio. También se desarticuló una red empresarial que explotaba a decenas de trabajadores del campo en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida, que vivían hacinados en viviendas bajo condiciones insalubres [4], y trabajaban jornadas de 12 horas diarias de lunes a domingo por salarios vergonzosamente bajos. En mayo se produjeron detenciones de empresarios y encargados en Murcia por tener a trabajadores agrícolas sin contrato con sueldos de 150 euros [5]. Durante el mismo mes se descubrió otra red empresarial en Medina del Campo (Valladolid) [6] que explotaba a trabajadores en diferentes fincas en un entorno laboral caracterizado por la violencia y las amenazas, y en donde los temporeros vivían hacinados y dormían en el suelo en condiciones lamentables.

Este verano se han vuelto a reproducir más ejemplos de abusos empresariales de este tipo. En Lorca (Murcia) un jornalero sin contrato que sufrió un golpe de calor trabajando a altas temperaturas, fue abandonado por su jefe en un centro de salud, en el que murió poco después [7]. Casos de este tipo con el mismo procedimiento empresarial se han repetido en los últimos años. Por otro lado, pasaron desapercibidos los incendios en las afueras de Lepe en asentamientos laboralistas de cientos de temporeros inmigrantes, que malvivían hacinados, y que quedaron en la calle, desahuciados por el fuego, perdiendo los pocos enseres y dinero que tenían. En junio fueron detenidos 14 empresarios agrícolas en Granada, que explotaban a trabajadores sin contrato, con largas jornadas laborales, salarios ridículos, sin descanso, en condiciones de insalubridad, soportando altas temperaturas, sin acceso a agua potable y servicio, sin respetar unas mínimas condiciones de seguridad, etc. En agosto se descubrió que un empresario agrícola gallego explotaba a trabajadores migrantes en condiciones denigrantes [8]. Uno de los trabajadores fue agredido, amenazado pistola en mano, maniatado a la fuerza durante horas y abandonado en el monte de madrugada. Era una represalia por grabar un vídeo las condiciones laborales en la finca en la que trabajaba. Hablamos de una trama empresarial que ofrecía trabajo, “arreglo” de documentos y falsas promesas a cambio de dinero. Nueve trabajadores han denunciado al empresario por amenazas y detención ilegal entre otros motivos. Episodios de este tipo de suceden una y otra vez, pero apenas aparezcan en prensa y la televisión. Este verano el propio Defensor del Pueblo alertaba que los temporeros se encontraban en una situación de “degradación”. Y no hablamos de fenómenos exclusivos del campo y tareas agrícolas. El pasado mes de agosto se detuvo a un empresario que tenia a casi 50 trabajadores sin contrato en tres naves industriales en Crevillent (Alicante) con jornadas de 12 horas [9]. También continúan existiendo talleres clandestinos de confección textil en donde se explota a trabajadores largas jornadas laborales por cantidades míseras, en condiciones insalubres.

Viejos y nuevos problemas

La Asociación de Victimas Laborales, seguramente sea una de las asociaciones de víctimas menos conocidas y visibles de todas las que existen. No hay homenajes para las víctimas de accidentes de trabajo, ni programas gubernamentales, ni campañas de sensibilización. Continúa sin existir bases sólidas de carácter jurídico, legislativo, político y social, lo suficientemente amplias y firmes para proteger de forma eficaz y general la seguridad y salud en el trabajo. Mientras tanto, continúan proliferando impunemente numerosas condiciones de trabajo dañinas a nivel físico y mental en infinidad de puestos de trabajo.

Se continúa ignorando el grave problema del cáncer laboral y la exposición de sustancias cancerígenas en el trabajo, pese a que según datos de la UE de 2016 señalan que el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral de Europa. Por su parte, la Agencia de Seguridad y Salud Europea calcula que un 10% de los cánceres están relacionados con el trabajo.

La clase trabajadora se enfrenta a numerosos problemas, unos muy antiguos, y otros no tanto. Ya no sufrimos solo a la lacra de las ETTs, también proliferan nuevos tipos de empleos precarios, nuevas empresas, trabajos precarios asociados al auge del comercio on line, etc. Empresas como Uber, Cabify, y otras de reparto a domicilio promueven empleos precarios en los que se incentiva la denominada “autoexplotación”, predominando los falsos autónomos, escasas garantías de estabilidad, jornadas largas y/o variantes. Se usan técnicas cada vez mas perfeccionadas para aumentar la explotación al trabajador, y literalmente exprimirlo al máximo. Se aumenta la vigilancia al trabajador a quien se presiona para que aumente permanentemente el rendimiento a toda costa. En el trabajo de reparto a domicilio a la empresa la da igual que haga frio, calor, llueva, nieve o heladas, así como riesgos psicosociales desfavorables como el estrés, ansiedad y sensación de apremio en el tiempo, que suponen un aumento de la probabilidad de sufrir un accidente laboral. Al trabajador se le exige cada vez más en menos tiempo, para que la empresa gane mas a costa del esfuerzo asfixiante de la plantilla. Se suele imponer la formula de incentivar la competición entre los propios trabajadores para trabajar más horas y dar más entregas en menos tiempo, de forma que el trabajador que haga las tareas sin exceder los limites de jornada. Hacen faltan normativas claras y extraordinarias para frenar estos abusos empresariales, no solo respecto a evitar contratación fraudulenta, sino para garantizar empleos dignos en los que se tenga en cuenta la seguridad y salud de los trabajadores. Y en este sentido tampoco olvidemos a las cuidadoras de personas dependientes y de limpiadoras del hogar. Hablamos principalmente de trabajadoras que no trabajan en una nave o fábrica, sino en casas de particulares, sin pautas preventivas, bajo largas jornadas laborales, a veces incluso internas, que quedan excluidas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o del acceso al FOGASA. Esto supone incumplir el convenio número 189 de la OIT según el cual se deben equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, con el del resto de trabajadores. Y pese a que son dramas que no salen a la luz, se han dado casos de trabajadoras del sector que han muerto en accidentes laborales al caer al vacío cuando limpiaban ventanas [10]

No podemos continuar así. Con este tipo de empleos y condiciones de trabajo ¿Cómo terminaremos nuestra vida laboral? No olvidemos las continuas políticas gubernamentales para endurecer el acceso a la jubilación y alargar la vida laboral. Algo que provoca más paro y mayor dificultad de encontrar trabajo, sobre todo entre la población joven. Cuanto más tarde se jubile un trabajador, mas tarda la empresa en sustituirlo por otro. Además y sobre todo en determinados tipos de empleos precarios de grandes exigencias físicas y mentales, lo más probables es acabar con lesiones, que muchas veces no son reconocidas como enfermedades profesionales. Muchos trabajadores se encuentran al final de su vida laboral con la salud castigada a causa del trabajo, con tremendas dificultades para acceder a la jubilación o una incapacidad permanente, por lo que los últimos años de trabajo se convierten en un infierno, que a veces acaba con una pensión económicamente mermada. Resulta preocupante que según datos del INE y la EPA, los trabajadores mayores de 65 años han crecido un 40% en una década, de 158.300 en 2009 a 220.700 en 2019.

Y basta ya de abusos empresariales y de su impunidad. Mires donde mires encuentras atropellos de todo tipo. Burguer King ha despedido a trabajadores que estaban de baja bajo la excusa de bajo rendimiento o simular enfermedad, usando la vía del despido disciplinario, con cartas modelo, durante los últimos meses, antes y durante la pandemia [11], lo que supone irse a la calle sin indemnización salvo que se recurra en los tribunales y se gane el juicio. No podemos continuar así. Es urgente que las y los trabajadores nos organicemos sindicalmente y en defensa de nuestros derechos, batallando colectivamente por empleos dignos, de calidad y socialmente útiles.

---