Por Raúl Navas

Por otro lado, esta propuesta de PGE contienen dos cuestiones importantes de carácter laboral: la subida del salario mínimo y la ampliación del permiso de paternidad. Se supone que aunque no se lograran aprobar los presupuestos, estas medidas se aprobarían por decreto ley. Próximamente veremos si es cierto y que ocurrirá finalmente. Dicho esto, conviene señalar que estamos tan acostumbrados a sufrir únicamente recortes, que resulta sensato dar la bienvenida ante cualquier avance por moderado que sea. Pese a todas las trampas de estos presupuestos, podemos hablar de algunas medidas que son innegablemente positivas, pero conviene no exagerar, analizar en detalle la situación y también señalar sus carencias, contradicciones e insuficiencias.

El primer hecho que llama la atención lo encontramos en la posibilidad de que se consigan algunos avances y derogar algunos recortes sin una movilización social detrás en la calle. Por tanto, la primera consideración que podemos hacer es que con una movilización potente, con reivindicaciones sociales y laborales concretas, se podría haber conseguido más, y no solo pequeñas concesiones.

Subida del Salario Mínimo

El pasado mes de julio el gobierno prometió que el SMI llegaría a 1000 euros en 2020. La propuesta de presupuestos elevaría el salario mínimo de los 736 euros actuales a 900, lo que supone una subida del 22%, concretamente de 164 euros. En primer lugar, convendría recordar, a modo de comparativa, el acuerdo sobre salario mínimo firmado el pasado 26 de diciembre de 2017 por parte del Gobierno de Rajoy, CEOE, CEPYME, UGT y CC OO. Este pacto fue vendido como un éxito por parte de UGT y CCOO. También fue muy bien recibido por la derecha, patronal y medios de comunicación conservadores. La portada de ABC del 27 de diciembre de 2017 hablaba por si sola, en ella se veía y leía “Los líderes de UGT, Josep María Álvarez (izada.) y de CCOO, Unai Sordo, firman el acuerdo en presencia de Rajoy, Bañez y Rosell”. Debajo de la foto ponía en letras mayúsculas: “Las fotos que necesita España”.

Este pacto establecía que el SMI subiera a 736 euros en 2018, a 773 en 2019 y a 850 en el año 2020. Era una subida condicionada a que la economía española creciera al menos un 2,5%, y que la afiliación media a la Seguridad Social se incrementara en más de 450.000 personas en términos interanuales. Es decir, subidas condicionadas a objetivos difíciles de cumplir. De hecho diversos organismos internacionales señalaban previsiones de crecimiento inferiores. Por tanto, hablamos de incrementos salariales trampa, como las pactadas en marzo de 2018 en el sector público.

En menos de 10 meses aquel pacto social sobre salario mínimo, tan aplaudido por la patronal y prensa reaccionaria, ha caído en papel mojado. De esta forma los sindicatos firmantes han quedado en evidencia, dado que se ha anunciado un aumento del salario mínimo para 2019, no hasta 773 euros (con condiciones) como había pactado UGT y CCOO, sino a 900 euros y sin condicionantes. Pese a señalar este hecho que deja en evidencia la debilidad de la estrategia de los sindicatos mayoritarios, tampoco conviene promover la euforia ante esta subida. En primer lugar porque el alcance es limitado. Algunos economistas señalan que puede afectar en torno al 10% de la población asalariada, unos 1,5 millones de personas, otros estudios lo sitúan en un 7,6%, y según la Comunidad Autónoma el porcentaje de población asalariada puede variar significativamente, desde un 3,4% en Navarra a un 13,8% en Canarias [1]

Es cierto que si comparamos esta subida con las pactadas por UGT y CCOO, vemos que estos incrementos son significativamente mayores. Pero es necesario analizar más comparativas. Si observamos los salarios mínimos de otros países de Europa, veremos que aún estamos muy lejos de tener salarios decentes. Reino Unido tiene un salario mínimo de 1.463 euros, Francia y Alemania de 1.498 euros, Bélgica 1.562, Holanda 1.594, Irlanda 1.614, y Luxemburgo 1.998 euros. Además, es importante señalar que la Carta Social Europea, establece que el SMI debe representar el 60% del salario medio. España se suscribió a este tratado internacional en 1978. El salario medio en el año 2017 se situó en 2.020 euros, por lo que calculando el 60%, el SMI debería situarse en 1.212 euros.

Pese a que la subida del salario mínimo no es espectacular, las elites políticas económicas y financieras están siendo muy críticas y han comenzado a vaticinar catástrofes. La prensa y los medios de comunicación que hacen apología del neoliberalismo, multiplican las noticias que comienzan indicando “los expertos alertan…”. Pero estos expertos suelen ser economistas reaccionarios, instituciones financieras, representantes de la banca y el gran capital, etc. Aun así, tampoco se ponen de acuerdo en cifras exactas. El Banco de España ha asegurado que tendrá efectos negativos y costará 150.000 empleos. Por otra parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) predice que se destruirán 40.000 empleos. Rafael Domenech, economista jefe de BBVA Research, vaticina la destrucción de entre 40.000 y 64.000 empleos. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) alerta de que se destruirán más de 150.000 empleos. La Comisión Europea indica que la subida del SMI costara entre 70.000 y 80.000 empleos en dos años. No es difícil encontrarse artículos en la prensa económica con el titular “Por qué subir el salario mínimo provoca paro”.

Recordamos que recientemente el dirigente de Ciudadanos Albert Rivera en un ridículo discurso de claras influencias joseantonianas aseguraba “no veo trabajadores o empresarios, veo españoles”. Pues bien, Ciudadanos, el partido de la regeneración democrática y por el que apuesta buena parte de la burguesía española, se ha mostrado contrario a la subida del salario mínimo, y por lo visto quiere ver españoles que ni siquiera se acerquen a ser mileuristas. Por otro lado, el otro líder de la derecha española, Pablo Casado (PP), también opuesto a la subida del SMI a 900 euros, también ha alarmado de una forma muy peculiar, alertando de que habrá colas en los despachos de recursos humanos de las empresas reclamando subidas de sueldo. Es curioso que un líder de la derecha haga público con tan poco disimulo que están en contra de que suban los sueldos e incluso se haga gala del miedo patronal a que se produzcan reclamaciones salariales entre las y los trabajadores. Para que luego digan que la lucha de clases ya no existe.

Por el contrario, nada dicen de las retribuciones desorbitadas de los consejeros ejecutivos del IBEX-35, que ganaron en el año 2017 una media de 3,11 millones de euros. Además, según la Agencia Tributaria en el año 2017 los beneficios empresariales crecieron el doble de los salarios [2]. Por otro lado, vemos como los que se alarman ante la subida del SMI, nunca ponen el grito en el cielo ante otros fenómenos como la subida espectacular de los precios de la vivienda. Pero no todos los economistas y expertos defienden este tipo de posiciones ideológicas. No hace falta poner ejemplos de marxistas revolucionarios. Joseph Stiglitz, premio nobel de ciencias económicas en el año 2001 ha asegurado recientemente que “Los datos son abrumadores. Subir el salario mínimo no daña el empleo” [3]

El neoliberalismo asegura que cuanto más altos sean los salarios y cuanto más crezcan, el desempleo es mayor. Esta idea de ser cierta, arrojaría datos sobre desempleo catastróficos en países europeos con un SMI mucho más elevado que el nuestro. Pero la realidad, indica lo contrario:

Los datos hablan por sí solos. Pero podemos añadir que en el año 2012 el gobierno de Rajoy congeló el SMI por primera vez en la historia, situándose en 641 euros. Ese año la tasa de paro llego al 25,77% y el número de parados aumentó en 691.700 personas.

Permisos paternidad y maternidad

El acuerdo entre el gobierno y Podemos también establece un aumento significativo del permiso de paternidad. Es preciso recordar que hasta el año 2007, por increíble que parezca los padres solo tenían derecho a dos días de ausencia al trabajo cuando tenían una hija o hijo. Entonces se estableció un permiso de 13 días sufragado por la seguridad social, que se unía a los dos días que otorgaba el Estatuto de los Trabajadores. Después el permiso aumentó a 28 días, aunque su aplicación quedo en suspenso durante años con la excusa de la crisis. Este verano se aprobó un aumento hasta llegar a los 35 días. El gobierno ha anunciado aumentar los permisos de paternidad a 16 semanas, equiparándose con los de maternidad.

En primer lugar hay que señalar que el aumento no es inmediato. Subiría a 8 semanas en 2019, a 12 en 2020, y por ultimo a 16 en 2021. Es positivo, pero los permisos de maternidad no se amplían, y continúan en 16 semanas, pese a que la OMS recomienda que sean de al menos 4 meses. Es posible que finalmente nos situemos entre los países europeos con mayores permisos de paternidad. Aun así en Austria el permiso es de 365 días y en Suecia de 480. Por el contrario seguimos estando alejados de la media de permisos de maternidad en Europa. Hay 22 países europeos que disfrutan de mayores permisos por Maternidad: Grecia, Dinamarca, Lituania, Rumania, Estonia, Serbia, Portugal, Hungría, Polonia, Irlanda, Republica Checa, Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Macedonia, Noruega, reino Unido, Bosnia, Albania, Montenegro, Croacia y Suecia. Por el contrario solo hay seis países europeos con permisos por maternidad menores que en España.

¿Se deroga la reforma laboral?

El pacto entre PSOE y Podemos sobre presupuestos recupera el subsidio de mayores de 52 años con la base de cotización anterior. Por tanto se elimina el recorte del gobierno de Rajoy que elevó la edad requerido a 55 años, estableció una cuantía menor en la base de cotización computable para la jubilación (el 100% de la base mínima en lugar del 125%) y restringió el acceso al subsidio al condicionarlo a las rentas de la unidad de convivencia en lugar de las correspondientes a la persona beneficiaria. El acuerdo contiene una promesa sobre derogar aspectos más lesivos de la reforma laboral. Por supuesto, nada se dice sobre derogar la reforma de 2010 que aprobó el gobierno de Zapatero y que supuso un retroceso significativo en numerosos derechos laborales.

Insistimos en que se promete derogar aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012, especificando que “particularmente en materia de negociación colectiva”. Pero no se concreta derogar aspectos como el abaratamiento del despido o la procedencia del despido por estar o haber estado de baja. Por tanto, conviene continuar exigiendo y presionando para derogar la reforma laboral en su conjunto, tal y como prometió el PSOE y el propio Pedro Sánchez en la oposición.

El documento sobre el pacto PSOE-Podemos incluye una promesa de comenzar a elaborar en 2019 un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI. No se proponen medidas concretas; y si solo se negocia una nueva regulación laboral en los despachos no se podrán arrancar conquistas significativas. Por tanto, se debería aprovechar esta oportunidad para promover reivindicaciones históricas en la calle y en los centros de trabajo para que sean incluidas en una nueva legislación laboral: jornada laboral 35 horas sin reducción salarial, eliminación de las ETT, fin del despido libre pagado, limitar la subcontratación, aumento de permisos retribuidos, frenar el acoso laboral, poner coto a las mutuas, etc. Es necesaria una amplia movilización social para no quedarnos en ambigüedades y en pequeñas concesiones, sino en recuperar y conquistar derechos y reivindicaciones en históricas del movimiento obrero, y conseguir dar un vuelco decisivo en la actual correlación de fuerzas entre el mundo del trabajo y el capital.

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Raúl Navas, sindicalista.