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Accidentes de trabajo: una lacra silenciada

Viernes 31 de mayo de 2019. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: Viento Sur

Por Raúl Navas

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 317 millones de personas sufren accidentes de trabajo cada año, y 2,3 millones mueren a causa de accidentes laborales o enfermedades profesionales. La seguridad y salud en el trabajo, pese a ser un problema grave y creciente que afecta a millones de personas, es un asunto ignorado por los medios de comunicación y continúa ausente en el debate público. En las recientes campañas electorales apenas hemos escuchado propuestas o abordar problemáticas relacionada con los riesgos laborales. Pablo Iglesias defendió reconocer las enfermedades profesionales a las camareras de piso, denominadas Kellys, y que estas puedan jubilarse anticipadamente sin penalización, lo cual es una reivindicación más que justa. Pero poco más hemos escuchado sobre cuestiones relacionadas con salud laboral durante las campañas electorales, pese a que el día de las elecciones generales fue el 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora bien, que no se aborde públicamente el problema no significa que este no exista.

La vida es un derecho. La tragedia e injusticia de accidentarse y morir trabajando

En los últimos meses se han producido accidentes laborales dramáticos. El pasado 6 de mayo moría en Cáceres un trabajador de 59 años a causa de un accidente laboral cuando realizaba tareas de asfaltado. Dos días después un trabajador de 61 años en Denia sufrió la amputación de un brazo a causa de un accidente laboral. El 9 de mayo un trabajador de 29 años murió al ser engullido por una maquina en Alicante. Dos días después moría un trabajador agrícola de 42 años en Jaén. El 20 de mayo murieron dos trabajadores por accidentes laborales en Zestoa y Zarautz (Guipuzkoa), y un trabajador de 51 moría en Paracuellos del Jarama (Madrid) al caerle encima un muro mientras trabajaba. El 22 de mayo murió un trabajador de 46 años de una subcontrata en Loiu (Bizkaia) por atrapamiento. El 25 de mayo moría un trabajador en Teruel al caerse de un tejado, en donde se encontraba instalando placas solares.

Apenas se publican noticias sobre accidentes laborales mortales, y en todo caso la información suele ser telegráfica. Pero existen algunos casos de accidentes laborales extremadamente escandalosos, en los que la negligencia empresarial es indescriptible.

En 2008, en Alicante, un trabajador de una carnicería, sin contrato de trabajo, sufrió amputaciones debido a un accidente laboral. El empresario reaccionó abandonando al trabajador a las puertas del hospital, conducta por la que fue condenado seis años después. En 2009, otro trabajador sin contrato sufrió un accidente laboral en una empresa situada en el Polígono Real de Gandía, en Valencia. A causa del accidente sufrió la amputación de un brazo y los jefes reaccionaron tirando el brazo amputado a la basura y abandonando al trabajador a una distancia considerable de las puertas del hospital. La conducta de los empresarios fue deplorable y solo se preocuparon de no dejar rastro del siniestro, provocando entre otras cosas que el reimplante del brazo fuera imposible.

En 2011, otro empresario fue detenido por haber abandonado a un trabajador herido y sin contrato en el hospital de Mataró con una mano amputada a causa de un accidente laboral, indicándole que no dijera que se accidentó en el trabajo. Existe otro caso más dramático y bochornoso ocurrido el año pasado por el que el pasado mes de marzo cuatro empresarios fueron detenidos por la Guardia Civil, quedando en libertad con cargos posteriormente.

El 17 de julio de 2018 un trabajador de Chiclana sufrió un accidente laboral mortal; no tenía contrato de trabajo, no estaba dado de alta en la seguridad social y carecía de formación para la realización de tareas de manejo de las máquinas que utilizaba. El trabajador no disponía de equipos de protección individual, pero sí de uniforme de trabajo, mientras realizaba tareas con una carretilla elevadora. Cuando sufrió el accidente, y según las noticias aparecidas en la prensa, sus jefes optaron por quitarle el uniforme mientras estaba moribundo camino al hospital. De esta forma los jefes querían ocultar un accidente laboral, e incluso llegaron a mentir descaradamente a los médicos del hospital sobre los hechos ocurridos para evitar responsabilidades. En un principio, oficialmente la muerte de este trabajador de 42 años no fue un accidente laboral, por lo que la mujer y sus dos hijos no pudieron contar con la pensión correspondiente por accidente de trabajo. La empresa se dedicaba al montaje de escenarios en ferias y fiestas, un sector que se caracteriza por el trabajo rápido y a destajo y por su elevada precariedad, en un entorno laboral de descoordinación entre empresas, subcontratas y empresas de trabajo temporal (ETT), en las que el único factor laboral predominante es que se trabaja a toda prisa y sin unas condiciones de seguridad mínimamente aceptables, sin equipos de protección y en numerosas ocasiones sin contrato.

En estos lugares de trabajo no suelen haber vías de evacuación adecuadas, ni para actuar en caso de evacuación de emergencia, ni para poder acceder de forma rápida para socorrer a algún herido. En junio de 2006, el trabajador David Marín Puras, de 22 años murió a causa de un accidente laboral, realizando tareas de desmontaje del concierto por el 40 aniversario de los 40 principales, celebrado en el estadio Vicente Calderón. No tenía contrato, ni casco de protección y algunos jefes solo repartieron cascos al resto de trabajadores inmediatamente después del accidente. Uno de tantos casos, en los que no se previene y solo se actúa después del accidente. Ejemplo dramático de que los accidentes laborales se pueden evitar, pero para lo cual hace falta interés y voluntad empresarial.

En 2007, también en el Vicente Calderón, durante un desmontaje del escenario en el que actuaron los Rolling Stones, se produjeron varios accidentes laborales, dos de ellos mortales. En 2017 murió un trabajador en el montaje de los conciertos Viveros de Valencia. Ante esta grave y dramática problemática nos preguntamos ¿Qué calidad democrática tiene un sistema que naturaliza y/o silencia y no se toma en serio esta lacra socio-laboral?.

Los accidentes laborales aumentan. Siniestralidad y precariedad:

En 2018 la siniestralidad laboral en España aumentó. Se registraron 152 accidentes de trabajo cada hora en todo el Estado español y 652 trabajadores murieron a causa de accidentes laborales. Son los peores datos desde 2011, año en el que murieron 716 trabajadores. Durante los tres primeros meses de 2019 han muerto 140 trabajadores en accidentes laborales. Se han registrado 320.973 accidentes, lo que significa un 2,6% más que durante el mismo periodo de 2018. Los accidentes laborales con baja también han aumentado un 5,9%. En este trimestre también han aumentado los accidentes graves, registrándose un total de 991, lo que supone un aumento del 8,9%. Una vez más, asistimos a estadísticas dramáticas y escalofriantes, pero los poderes públicos continúan sin reaccionar ante esta emergencia que tanto daño y dolor causa entre victimas y familiares.

La siniestralidad laboral crece desde los últimos seis años, y tiene mayor incidencia en los trabajadores más precarios. El vínculo entre precariedad, malas condiciones de trabajo y accidente laboral es evidente. A peores condiciones laborales, mas accidentes. De hecho, la siniestralidad laboral en las empresas suele ser mayor entre trabajadores temporales que indefinidos, aun habiendo menos precarios que indefinidos. No olvidemos que un trabajador temporal suele asumir más riesgos por miedo a perder el empleo. Por tanto, si la precariedad laboral es un factor de riesgo negativo para la salud, razón de mas para combatirla. Para ello urgen políticas que aumenten derechos laborales y mejoren las condiciones de trabajo. El tipo de trabajo y sus características guardan una estrecha relación con la siniestralidad laboral. No es casualidad que la profesión de directivo o gerente registre tasas considerablemente bajas de siniestralidad, y que los accidentes en estos trabajos hayan incluso haya disminuido en los últimos años.

Recientemente se ha publicado un estudio de perspectivas laborales en la OCDE, según el cual los salarios de los trabajadores jóvenes en España son los más bajos de todos los países de la OCDE, siendo inferiores al 66% del sueldo medio. Pero la precariedad laboral sufrida en España no solo se caracteriza por salarios bajos, sino por escasos derechos laborales, temporalidad abusiva y unas condiciones de trabajo inadecuadas. La accidentabilidad laboral entre gente de16 y 24 años es exponencialmente superior a la media, y estamos a la cabeza en Europa en cuanto a población joven asalariada en temporalidad laboral.

Datos de la EPA referentes al año 2018 han indicado que un tercio del total de la población asalariada, 4.290.100 personas, trabajaron al menos un domingo en 2018, la cifra más alta desde que se tienen datos, lo que supone un aumento del 30% respecto a 2006. Estos datos demuestran que se multiplican los horarios y jornadas toxicas que impiden la conciliación de la vida laboral y personal. No menos importante es que en buena parte de trabajos y profesiones se esta atacando el derecho al descanso. Hablamos de unos factores que aumentan el riesgo de sufrir accidentes. En primer lugar porque un trabajador o trabajadora cansada a causa de horarios tóxicos y falta de descanso, tiene mas probabilidades de sufrir un accidente laboral. Una sentencia de 1996 del Tribunal de Justicia de la UE establecía que la ordenación del tiempo de trabajo es una cuestión de seguridad y salud en el trabajo.

El poder y fraude de las mutuas

Las cifras oficiales son dramáticas, pese a que las reales son aun peores, dado que las mutuas consiguen denegar y ocultar numerosos accidentes, enfermedades y bajas laborales. Según las mutuas, entre el año 2000 y 2004, en España no hubo ningún muerto debido a una enfermedad laboral, siendo el único país de la OCDE en presentar estos datos tan poco creíbles, contradichos por otros estudios. Estos datos oficiales demuestran que numerosas muertes a causa de enfermedades profesionales son ocultadas fraudulentamente. De esta forma las mutuas se ahorran el pago de diversos tratamientos e indemnizaciones. A su vez, la negativa a no reconocer enfermedades profesionales, supone que es la sanidad pública quien se hace cargo de su tratamiento.

Esta práctica habitual supone un doble perjuicio para el trabajador o trabajadora y sus familias, dado que aparte del daño sufrido, no pueden acceder a una serie prestaciones y derechos. Pese a que las mutuas disponen de su ejército de abogados, de gran poder y que disponen de unas leyes y un entramado jurídico y político favorable, hay numerosas sentencias condenatorias contra determinadas prácticas y conductas de las mutuas. En 2004, Fremap fue condenada por negligencia al declarar apto a un trabajador que murió cuatro días después. Cantidad de bajas, enfermedades y accidentes solo han podido ser reconocidos como tales cuando la persona afectad y/o sus familias han pleiteado contra la mutua. Pero sabemos que muchos casos no son reclamados.

Los estudios y análisis serios, críticos y rigurosos sobre el poder y las prácticas de las mutuas son escasos. El catedrático Vicenç Navarro ha alertado del excesivo poder de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales [1]. Hablamos de que las empresas a través de las mutuas pueden decidir a priori si una baja, accidente o enfermedad son o no son de carácter laboral. Lo cual es una anomalía respecto al resto de Europa. Incluso desde la última reforma promovida por el gobierno de Rajoy, las mutuas tienen potestad para proponer el alta médica a un trabajador, aun en casos de enfermedad común. Pese a las quejas de trabajadores y numerosas sentencias contra determinadas practicas de las mutuas, estas siguen recibiendo fondos públicos y actuando al dictado de las empresas; y gestionando miles de millones de euros cada año. El poder y entramado de funcionamiento de las mutuas (gestionadas por directivos de grandes empresas) son hechos ampliamente desconocidos entre la población y se trabaja para que siga siendo así.

En 2017 aparecieron discretamente algunas noticias que pasaron desapercibidas. Hablamos de que la Seguridad Social reclamó a las mutuas 142,4 millones de euros [2] recibidos de fondos públicos, gastados irregularmente en dietas, retribuciones excesivas, coches de lujo, viajes y gastos de todo tipo sin justificar (marisco incluido). En 2012 el Ministerio de Empleo requirió a la mutua Fremap la devolución de 10,7 millones de gastos irregulares. Esta reclamación fue pleiteada sin éxito por la mutua hasta el Tribunal Supremo. En 2017, se conoció que todos los gerentes de las mutuas ganaban más que el entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy. Los datos arrojaban retribuciones de entre 200 y 300 mil euros; el gerente con menor retribución cobraba 96.426 euros [3]. Lo que, cuanto menos, resulta curioso, dado que se supone que no deben tener sueldo, ni animo de lucro. El Tribunal de Cuentas ha reprochado la falta de control a las mutuas [4] y presentó un informe en el Senado alertando de gastos irregulares y retribuciones abusivas y millonarios en las mutuas. Resultan escandalosos los numerosos casos de gastos indebidos por parte de los gerentes de las mutuas en restaurantes, pago de favores, facturas duplicadas, colocación de familiares, indemnizaciones infladas, sobresueldos, etc. Recientemente la fiscalía ha abierto diligencias contra Activa Mutua [5] por gastos irregulares de todo tipo. Es preocupante, que se continúa sin cuestionar seriamente el papel de las mutuas y que sigan recibiendo dinero público pese al uso fraudulento que se hace del mismo.

Por una política eficaz hacia la seguridad y salud en el trabajo

La salud laboral se enfrenta a una multitud de crecientes problemas, tanto viejos como nuevos. Se multiplican nuevas formas de explotación, con terribles consecuencias. Por solo poner un ejemplo, el auge del comercio on line, esta disparando los accidentes de tráfico entre trabajadores del precario sector de reparto a domicilio que realizan sus tareas bajo ritmos de trabajo drásticamente intensos y exigentes. Por otro lado, los efectos del cambio climático constituyen una amenaza medioambiental dramáticamente incalculable para el presente y futuro de la humanidad, con sus consiguientes efectos tremendamente negativos en el mundo del trabajo, debido entre otros factores a mayor exposición a la contaminación y agentes tóxicos y cancerígenos, y mayor exposición al sol y radiaciones ultravioletas en trabajos al aire libre. A mas calor y mayor temperatura, más muertes en el trabajo. Desde hace años se leen breves noticias indicando muertes de trabajadores por golpes de calor en verano. Y no olvidemos que la OMS relaciona la exposición al sol con cánceres malignos como los melanomas.

Estamos ante una situación de emergencia. Urge la necesidad de adoptar cambios profundos en la legislación y en la política relacionada con la prevención de riesgos laborales. Hay que erradicar la tragedia de morir trabajando, y se debe garantizar el derecho a trabajar sin riesgos laborales. Resulta urgente disponer de un nuevo marco legal que combata la siniestralidad laboral y reforzar los medios y competencias de la Inspección de Trabajo y del Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo. Hacen falta masivas campañas de concienciación, información y sensibilización sobre 0 accidentes de trabajo.

Pero no olvidemos uno de los factores más importantes. Las peores condiciones en seguridad ocurren en empresas sin representación sindical, sin delegados de prevención y comité de seguridad y salud. Por tanto, es imperiosamente necesario potenciar secciones sindicales fuertes, que asuman como prioridades la lucha por la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, y que consigan frenar cualquier tipo de abuso empresarial y ganar conflictos a la patronal.

P.-S.

Raúl Navas, es delegado sindical de CGT y de prevención de riesgos laborales.

Notas

[1Navarro, Vicenç. “El escándalo de las mutuas patronales”. Público, 05/05/2011.

[2Gómez, Manuel V. y Sevillano, Elena “Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos irregulares de 2006 a 2011”. El País. 22/05/2017

[3Ibíd.

[5Gómez, Manuel V. y Sevillano, Elena. “Despidos de oro y cenas con dinero público: así gastó 1,3 millones la mutua activa”. El País. 090/04/2019.

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