Por Raúl Navas

En la política española, se han evocado en numerosas ocasiones aquellos pactos, incluso pidiendo de alguna manera su reedición. Por el contrario, apenas se ha tenido en cuenta su contenido, repercusión, efectos, cumplimiento y/o incumplimientos, y también los argumentos de quienes se opusieron a los pactos. Por tanto, consideramos que conviene dedicar esfuerzos a estudiarlos críticamente, con rigor y profundidad. En primer lugar analizando objetivamente el contexto socioeconómico y laboral de la época y la evolución de las posiciones defendidas por sus protagonistas. Especialmente, merece prestar atención a los sindicatos, quienes, no olvidemos, no participaron en la negociación de los pactos, al igual que la patronal. En este sentido, es necesario matizar el grado de consenso que obtuvieron, las resistencias que se produjeron y, no menos importante, estudiar sus efectos y el nivel de cumplimiento de los mismos, e indagar en la veracidad de un relato construido en nuestra historia reciente.

Crisis económica

No se puede realizar un estudio riguroso de los Pactos de la Moncloa, sin tener en cuenta el contexto socioeconómico, sindical, político y laboral de la época. En este sentido, señalamos que en 1977 la economía española se enfrentaba a fuertes desequilibrios macroeconómicos, en una situación alarmante en el marco de la denominada crisis del petróleo, que castigaba a los países occidentales. En un contexto de cierres de empresas y vuelta de emigrantes, el paro crecía vertiginosamente. La inflación se disparaba (llegando al 28,4% en agosto de 1977 [2]). La desinversión era alarmante, y se producían masivas fugas de capitales. El sector exterior era deficitario, existían notables desequilibrios en la balanza de pagos y en endeudamiento no cesaba de crecer. Los tipos de interés llegaron a alcanzar un insoportable 22%. La inversión disminuía, así como los ingresos públicos, disponiendo de un sistema hacendístico obsoleto. Además, España era un país importador de energía y el precio de petróleo creció exponencialmente, pasando el litro de gasolina de 12,98 pesetas en 1973 a 33,94 en 1977 [3]

Por otro lado, en un contexto de creciente conflictividad sociolaboral durante los años 1976 y 1977, existía un potente y fuerte movimiento obrero, que era capaz de conseguir importantes mejoras salariales. Por su parte, el empresariado se quejaba del alto índice de huelgas, unas de contenido económico y otras claramente políticas, reclamando derechos, libertades y amnistía. La patronal quería frenar por todos los medios esa dinámica de aumentos salariales incontrolables, que consideraban insostenibles y culpables del aumento del IPC. Según ella, solo se podía salir de la crisis conteniendo los salarios. Insistían en la necesidad de recuperar y aumentar los beneficios empresariales para salir de la crisis mediante la aplicación de políticas de contención salarial, austeridad, restricción monetaria y férreo control de la inflación, déficit y gasto público. El empresariado alegaba que no podían contener los salarios debido a la fuerza del movimiento obrero y que, por tanto, procedía a la desinversión, a reducir plantillas y a subir precios.

Para corregir esta situación el gobierno y la patronal exponían que los últimos gobiernos franquistas no impulsaron políticas contra la crisis, con el efecto de agravar la misma, y que solo existía la urgente tarea de combatir la crisis mediante la reducción del crecimiento salarial, sacrificios sociales y políticos de ajuste. Pero el auge huelguístico y un movimiento obrero potente impedían la consecución de tales propósitos. Sabían que un programa gubernamental con medidas económicas drásticas provocaría fuertes protestas, con riesgo de explosiones sociales y un contexto político muy delicado. Asumían que era imposible aplicar políticas de ajuste por decreto, y que era inviable continuar con el sistema de relacionales laborales del franquismo basado en la negación de derechos y libertades sindicales. Por tanto, planteaban que un programa de ajuste y sacrificios, solo podían ser aplicado mediante un mínimo consenso, con un pacto social que legitimara las políticas de ajuste con el respaldo y colaboración de la izquierda y los sindicatos. Por tanto, estos debían usar su autoridad para que las y los trabajadores aceptaran salarios más bajos y rebajaran el potencial reivindicativo, si bien sabían que tranquilizar a las bases sindicales no era tarea fácil, dado que estas debían asumir condiciones duras, lo que era difícil de argumentar.

El contexto laboral y sindical

En 1976 y 1977 existían unos sindicatos aun ilegales o recién legalizados se disputaban la hegemonía sindical en un contexto incierto y con numerosas interrogantes para el presente y futuro de la representatividad sindical. Aun no existía un sistema representativo de elecciones y sindicatos libres. Era complicado estimar el nivel de representatividad de cada sindicato. Proliferaban publicaciones sobre sindicalismo y se multiplicaban los debates en torno a la unidad, reivindicaciones comunes y organismos unitarios. Todos insistían en el rechazo a un pacto social. También se producían enfrentamientos entre las organizaciones sindicales. Además, ante la ausencia de una representación legal e institucional, existían conflictos sobre quiénes debían ser los interlocutores en las conversaciones para negociación de convenios y ante el desarrollo de huelgas. Esta situación evidenciaba que el sistema de relaciones laborales del franquismo se encontraba en crisis. La huelga era ilegal, así como los sindicatos, pero la fuerza de los hechos suponía que se multiplicaban las huelgas, y que los empresarios debían sentarse a negociar e incluso a aceptar reivindicaciones de sindicatos ilegales, dado su poder de movilización y capacidad de ganar conflictos.

En julio de 1976 se anunció la creación de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, formada por UGT, CCOO y USO, presentada públicamente en septiembre, como un organismo unitario con una plataforma reivindicativa común. En este sentido reclamaban aumento de 6000 pesetas en los salarios para todas las categorías, amnistía laboral, libertades sindicales y democráticas, seguro de desempleo con el 100% del salario, jornada laboral de 40 horas semanales, un mes de vacaciones, jubilación a los 60 años, igualdad laboral de género, etc. Se incluían algunas reivindicaciones notablemente avanzadas como el control obrero sobre la organización del trabajo, y otras no estrictamente laborales, como la lucha contra la contaminación, vivienda digna, enseñanza gratuita, etc. Pero este órgano unitario tuvo una vida corta, siendo disuelto en tan solo unos meses, tras discrepancias internas constantes.

En 1976 y 1977 se multiplican las huelgas y movilizaciones contra la política económica del gobierno, el paro, la carestía de la vida, y en defensa de las libertades políticas y sindicales. Se reivindicaban aumentos del salario mínimo, rebajar la jornada laboral, jubilación a los 60 años, etc. En enero de 1976 tuvo lugar un movimiento huelguístico espectacular, que el gobierno respondió con represión y militarizaciones. En marzo, la movilización obrera fue notablemente amplia en Vitoria, con cinco trabajadores muertos por disparos de la policía. En abril tiene lugar una huelga en Madrid en la construcción, otra en mayo en el sector del metal, y un duro conflicto al mes siguiente en la fábrica de Ford de Almusafes. En otoño continuaron los conflictos, como en la EMT de Madrid. El 12 de noviembre de 1976, tuvo lugar una huelga general de 24 horas convocada por la COS. En marzo de 1977 se produjeron huelgas en Induyco, y en abril se extendieron en el sector de la construcción por toda España, llegando a producirse una huelga general en País Vasco y Navarra. Con las centrales sindicales recién legalizadas, las manifestaciones del 1 de mayo de 1977 fueron prohibidas, desatándose cargas policiales con numerosos heridos y detenciones. Los paros laborales continuaron. En junio en el sector de la construcción en Vizcaya. En septiembre hubo movilizaciones de amas de casa contra la carestía de la vida, manifestaciones contra el paro, huelgas en el sector de la hostelería en Valladolid y Vizcaya, de recogedores de aceituna en Sevilla, etc. Mientras se aprobaban los pactos tuvo lugar una huelga de gasolineras en Barcelona, con gran protagonismo de CNT.

La reorganización de CNT

En los años 70, la CNT se intentaba recomponer, en un proceso caracterizado por dificultades, clandestinidad y disputas internas. En su reorganización participaron históricos, sectores jóvenes recién incorporados y militantes del exilio. Diversos militantes históricos fueron volviendo del exilio, como Jose Peirats en agosto de 1976. Juan Gómez Casas, fue secretario general del sindicato entre agosto de 1976 y abril de 1978.

La CNT insistía en potenciar un movimiento sindical autónomo e independiente de los partidos políticos, promoviendo reivindicaciones de carácter libertario y anticapitalista como el control obrero y la autogestión. El sindicato se implicó en numerosos frentes de lucha: la amnistía, huelgas, ecologismo, contra la carestía de la vida, las agresiones fascistas, etc., en un contexto en el que los episodios represivos se sucedían con frecuencia. El 4 de octubre de 1976, un militante de CNT fue herido de bala por disparos de la policía en Carabanchel. [4]

El 30 de octubre de 1976 se celebró el primer mitin de CNT desde la guerra civil, en el Pabellón de los Deportes de Mataró, siendo presidido por la hija de Joan Peiró. Más de un año después de la muerte de Franco seguía habiendo presos de CNT en la cárcel. En enero de 1977 el histórico cenetista Fernando Carballo salió de la cárcel de Alicante. Había pasado encerrado 26 años durante toda la dictadura, los últimos 12 de forma interrumpida. El 30 de enero fueron detenidos 43 militantes de CNT [5]. Semanas después se produjeron detenciones en Murcia. En febrero de 1977 aseguraban tener 20.000 militantes [6]. En marzo se autorizó un mitin celebrado en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, que fue multitudinario. El 14 de mayo, la CNT fue legalizada. En julio organizan un acto público multitudinario en Montjuich, al que asistió Federica Montseny. Semanas después organizaron unas jornadas internacionales libertarias en Barcelona, la denominada Semana Libertaria.

La CNT denunciaba que desde el poder se intentaba dividir a los sindicatos y trabajadores, y que UGT y CCOO recibían un trato gubernamental más favorable. Además, rechazaban la subordinación de estos sindicatos a partidos políticos. Aunque a veces los puntos de vista de CNT coincidían con los de UGT, como por ejemplo la defensa de poner fin inmediatamente a toda la estructura del sindicato vertical, fomentando el boicot, e insistiendo en que dimitieran los enlaces y cargos sindicales del CNS, que era rechazado por CCOO. CNT y UGT también defendían la devolución de patrimonio sindical expoliado en la guerra civil y el franquismo. Se llego a formar una Alianza Sindical de Cataluña, formada por SOC, UGT y CNT, excluyendo a CCOO. Pero CNT se negó a formar parte de las COS (USO, CCOO, UGT), a la que consideraban la versión sindical de Coordinación Democrática, e insistan en que perseguían el “pacto social al margen de los trabajadores” [7]. Rechazaban el sistema que se estaba perfilando de elecciones sindicales, defendiendo como alternativa la acción directa y las asambleas.

UGT resurge con fuerza:

Durante los últimos años del franquismo, el PCE fue el partido protagonista de la oposición. Por otra parte, CCOO fue el sindicato que impulsado y organizado en buena parte por el propio PCE, y otras corrientes a su izquierda, se convirtió en un auténtico referente sindical de lucha. Era un sindicato protagonista en las movilizaciones obreras y con capacidad de movilización y de ganar conflictos. Sus posiciones en la transición las desarrollaremos más adelante, recordando que son más conocidas que las de UGT, sindicato que a finales de febrero de 1976 celebró en Madrid su congreso provincial, y también una conferencia sobre la mujer trabajadora. Del 15 al 18 de abril de 1976 se celebró el XXX Congreso de UGT, bajo el lema “a la unidad sindical por la libertad”.

Fue permitido por el gobierno y era el primero que se hacía en España desde 1932. Entonces, aseguraban contar con 8.000 afiliados, y ante la pregunta de si era posible un pacto social en esos momentos, su secretario general Nicolás Redondo, respondía: “Ya he dicho antes que no nos negamos al diálogo con la patronal. Pero creo que la clase trabajadora ha sido suficientemente sufrida para que ahora se nos venga a pedir que carguemos con las cuentas de una desfavorable situación económica” [8]

Pese a una mayor tolerancia hacia UGT por parte del gobierno respecto a otras organizaciones de oposición, los episodios represivos continuaban. En junio de 1976, tres militantes de UGT fueron multados por repartir octavillas del sindicato [9] , y otro fue detenido por hacer pintadas en la calle con lemas sindicales [10]. En julio, era prohibido un acto público de UGT en Madrid [11], y otro en Valencia [12]. Además un militante de UGT y trabajador de Ensidesa, fue herido gravemente en Asturias por la policía [13]. En octubre, un militante de UGT de Renfe fue agredido por un grupo de ultraderechistas en Barcelona [14]. Hubo más episodios de amenazas de muerte contra militantes de UGT [15]. Además, dos militantes de UGT fueron detenidos por repartir propaganda de la huelga general convocada para el 12 de noviembre [16], y en la misma jornada de paro se produjeron multas y detenciones contra militantes del sindicato.

Las disputas con CCOO fueron constantes. UGT acusaba al PCE de querer apoderarse en beneficio de CCOO del aparato sindical franquista [17] y de querer imponer un sindicato único bajo su control. En noviembre de 1976, aseguraban contar con 30.000 afiliados [18].

La propuesta de pacto social

En mayo de 1976 el Centro Europeo para el Desarrollo de la empresa organizó unas jornadas en Madrid, con la presencia de ejecutivos de empresas como Seat, IBM, Corte Inglés, Firestone, Ford, Nestle, etc., y dirigentes sindicales de UGT, USO y CCOO. La necesidad de un pacto social como herramienta para superar la crisis económica, fue uno de los temas abordados. Uno de los ponentes, el inspector de trabajo Ciriaco de Vicente, afirmaba que “la gran preocupación empresarial por el pacto social no tiene otra finalidad que la de intentar encontrar un instrumento adecuado para la superación de la actual crisis de crecimiento del capitalismo español” [19]. Por entonces, el ministro de trabajo José Solís, en una entrevista se mostro partidario de un pacto social [20]. El presidente de Standard Eléctrica se manifestó en el mismo sentido [21]. El ministro Alfonso Osorio se manifestó partidario de un pacto en la clausula del IX Reunión Bancaria Internacional. El ministro de relaciones sindicales, Martin Villa, hacia lo propio en un acto del Club Siglo XXI [22]. En julio, el Gobernador del Banco de España, Coronel de Palma, manifestaba que un pacto social era un paso en la dirección adecuada para contener la inflación [23]. En enero de 1977 el Banco de Vizcaya señalaba en un informe que era urgente un pacto social [24]. Y es que durante 1976 y en los primeros meses de 1977 se hablaba repetidamente de la necesidad de un pacto social. Aunque parecía muy difícil e incluso imposible, si se prestaba atención a las posiciones sindicales. El sindicato USO se manifestó en reiteradas ocasiones contra un pacto [25]. En mayo de 1976 el dirigente de CCOO, Nicolás Sartorius escribía en el País un artículo titulado “No al pacto social” [26] , señalando que CCOO se oponía “tajantemente” a pacto social y a la paz social, por ser indeseable, no aceptable para los trabajadores y porque sería “renunciar a la ruptura democrática”.

Es conocido que CNT se negaba rotundamente a un pacto social. Es menos conocido que UGT estuvo oponiéndose hasta la firma de los Pactos de la Moncloa. En agosto de 1976, Nicolás Redondo aseguraba que “Tendremos un otoño caliente, afirmó, porque ¿Cómo vamos a ir a un pacto social en un país donde el 22 por 100 de la población se lleva el 80 por 100 de la renta nacional? El pacto social será romper las estructuras del poder” [27]. Y es que en octubre de 1976, un la situación muy distinta a la existente un año después cuando se firmaron los pactos. Los sindicatos se oponían a las medidas económicas del gobierno, tanto a los decretos sobre normativas laborales, como a los tibios planes de reforma sindical. En aquel octubre del 76, el gobierno aprobó la derogación del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales. Esta medida suponía que el trabajador ya no podía elegir entre readmisión o indemnización en caso de despido improcedente, dado que esa elección ya pasaba a ser derecho del empresario. UGT se opuso, indicando que “la supresión del artículo 35 supone, con el despido libre, la posibilidad de que en la reestructuración de las plantillas, los empresarios, se puedan cargar a los líderes sindicales. Las medidas son un arma política que nos deja en manos de los empresarios” [28]. Por su parte, USO aseguraba que “un instrumento en manos de la patronal para reprimir, especialmente, a la vanguardia sindical, hoy día carente de garantías” [29]. Mientras tanto CCOO planteaba que estas medidas “evidencian la tantas veces denunciada intención (del Gobierno) de descargar la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores”. La
supresión del artículo 35 era calificada como un “desafío a la clase obrera”, y CCOO anunciaban movilizaciones de repulsa, aunque a su vez dejaban la puerta abierta a un pacto, apostando por “un acuerdo entre las fuerzas políticas, sociales y económicas, del país, sobre el contenido de un programa político-económico mínimo, acorde con la gravedad del momento” [30].

En noviembre de 1976 UGT insistía en que “No puede haber pacto social, sin previo restablecimiento de las libertades democráticas” [31]. En enero de 1977, CCOO aseguraba que “No estamos dispuestos a establecer un pacto social en ninguna circunstancia política: sí estamos dispuestos a la negociación de los temas económicos, para evitar que sea, como siempre el trabajador quien pague exclusivamente las consecuencias de la grave situación económica que atravesamos” [32] En marzo, Lopez Ulla de CCOO en un encuentro entre empresarios y sindicatos en las VI jornadas Costa Brava, afirmaba que “de esta situación no se saldrá a través de un pacto social”, y en la misma línea se manifestó USO [33]. En julio de 1977 en unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección, participaron dirigentes de UGT, CCOO y USO, entre los que se encontraban Marcelino Camacho y Joaquín Almunia. El País informaba de la noticia señalando que “El punto coincidente de todas las intervenciones fue el rechazo del llamado pacto social, que se interpreta como una maniobra de la burguesía para imponer a la clase trabajadora el pago de la mayor parte de la factura de la actual crisis” [34]. CCOO de Galicia emitió un comunicado indicando que rechazaban “cualquier atisbo de pacto social” [35]. Por entonces, Nicolás Redondo aseguraba que “El pacto social es inviable en España por diversos motivos, y la Unión General de Trabajadores (UGT) no lo aceptaría nunca”, matizando que no aceptaría un pacto “por el que la clase trabajadora se compromete a guardar la paz social durante el tiempo en que estén en vigor los acuerdos entre empresarios y trabajadores, y renunciar, asimismo, a solicitar otras reivindicaciones” [36]. Por su parte, CCOO manifestaba que “El pacto social que se pretende imponer o el intento de ignorar a las centrales sindicales, no conducirán más que a agravar la situación” [37]. Una editorial de El País en aquel momento, evidenciaba lo difícil que parecía conseguir un pacto: “Aunque los líderes sindicales socialistas y comunistas, de acuerdo con sus partidos, lleguen a satisfactorios acuerdos con el Gobierno y con las organizaciones patronales, ¿cómo lograr que los trabajadores les sigan a nivel de fábrica si el índice de obreros afiliados y la presencia de las centrales en cada empresa continúa siendo tan débil como hasta ahora? En una situación en que cualquier acuerdo va a representar para los trabajadores un aumento salarial inferior a los que lograban antes de la crisis” [38] Por su parte, Nicolás Redondo, a menos de tres meses de la firma de los Pactos insistía que los pactos eran una “cortina de humo lanzada por la oligarquía para camuflar su renuncia a los privilegios abusivos que adquirió en épocas pasadas” [39].

Comienzan las negociaciones

En julio de 1977 el gobierno devaluó la peseta un 20% frente al dólar, y sostenían que esta medida solo tendría efectos positivos si iba acompañada a políticas de ajuste plasmadas en un pacto social. El Ministro de Trabajo, Manuel Jiménez de Parga se reunión con representantes de UGT y CCOO. Poco después, el presidente Suárez recibía a representantes de las centrales sindicales. El 23 de agosto de 1977 se produjo una reunión entre el gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y USO. Según uno de los asistentes, Joaquín Almunia (por UGT), la reunión transcurrió en una “atmósfera de vaguedad” [40]. El 1 de septiembre tuvo lugar un segundo encuentro. UGT insistía en que para un pacto social primero era necesario el establecimiento de libertades sindicales, regular el derecho a huelga, amnistía laboral, etc. El gobierno reiteraba en que si no se contenían los salarios, aumentaría aun más el paro. A lo que el mismo Almunia, respondía con planteamientos claramente izquierdistas: “da la sensación de que se recurre a este dilema como a una amenaza velada. Pero si bien es cierto que las leyes económicas del capitalismo son duras e inflexibles -lo cual no hace sino justificar, dicho sea de paso, la aspiración socialista a una transformación profunda del sistema” [41], y que era necesario un programa de gobierno “más severo con una serie de intereses oligárquicos”. UGT también ponía el foco en medidas contra la evasión fiscal, la intervención de los precios, imponer impuestos al patrimonio, etc.

Las reuniones oficiales previas al pacto tuvieron lugar entre el 8 y 21 de octubre en el palacio de la Moncloa, entre partidos políticos de la oposición y el gobierno, estando ausentes la patronal y también los sindicatos, quienes no participaron en la negociación. En el inicio de las negociaciones UGT desmintió al ministro de presidencia Otero Novas, quien había afirmado que lo que se iba a tratar con los partidos se había negociado son los sindicatos. UGT aseguró que no había voluntad negociadora por parte del gobierno, que no se había negociado sobre cuestiones económicas y que ni si quiera habían “recibido información directa y completa de este programa económico” [42]. Una vez comenzaron las negociaciones con los partidos, el PSOE y UGT mantuvieron más reticencias al pacto que el PCE. Felipe González en un mitin de UGT atacó a CCOO y el PCE, lamentando que se quedaron solos contra las limitaciones salariales y reiterando que se debían exigir contrapartidas para los trabajadores [43]. A una escasa semana de la firma, Nicolás Redondo aseguraba en una rueda de prensa que UGT no podía “comprometerse con acuerdos o decisiones en los que no ha participado, por lo que no acepta las bases de negociación de la Moncloa” y que “los trabajadores debemos aceptar una determinada moderación del crecimiento de los salarios que, en ningún caso podrá ser inferior al crecimiento medio de los precios en el mismo período”, calificando de chantaje la “autorización para reducir en un 5 % las plantillas de las empresas en las que se supere el tope salarial” [44].

La firma de los pactos y su contenido

Los Pactos de la Moncloa se componían de dos acuerdos, uno de carácter económico y social (Plan de Saneamiento y Reforma Económica), y otro de carácter político, de ampliación de libertades. Este último pacto no contó con el apoyo de AP. El acuerdo económico se firmó el 25 de octubre y fue retransmitido en directo por TVE. La firma del documento por parte de Adolfo Suarez, fue seguida por Felipe González (PSOE), Joan Reventós (PSC), Josep María Triginer (Federación Catalana del PSOE), Manuel Fraga (AP), Enrique Tierno Galván (PSP), Juan Ajuriaguerra (PNV), Miguel Roca y Junyent (minoría catalana del Congreso), Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), y Santiago Carrillo (PCE).

El pacto establecía que las subidas salariales fueran inferiores al IPC, y se ligarían a la inflación prevista, no al aumento real de precios. De esta forma se establecían topes salariales, y se facilitaban los despidos a las empresas si se sobrepasaban dichos límites. Con una inflación del 26% se estableció un tope salarial del 22% para 1978. En cumplimiento con las reivindicaciones empresariales, se facilitaba la contratación temporal y la reducción de plantillas mediante despidos. Además, se reducían los productos sometidos a control de precios gubernamentales, se ponían topes al gasto público y limites al déficit. En contrapartida a los ajustes y recortes que debían sufrir los trabajadores, se prometían políticas sociales de urbanismo, vivienda, reforma de la seguridad social, aumento de servicios sociales, reforma fiscal, etc. El presidente Suárez tras la firma manifestó su confianza en que “el pueblo aceptará los sacrificios que a todos nos impone un programa de este tipo” [45], y procedió a multiplicar sus apariciones públicas en TVE realizando manifestaciones favorables a los pactos [46], y en una de ellas manifestó que “la austeridad va a ser la protagonista de nuestras vidas en los próximos meses” [47].

Los pactos se aprobaron en el parlamento el 27 de octubre. Contaron con mayor o menor entusiasmo con el voto favorable de los secretarios generales de UGT y CCOO, que eran diputados por el PSOE y PCE respectivamente. UGT manifestó reticencias a los topes salariales y consideró “inadmisible” la flexibilización de plantillas, pero aseguraron que no combatirían los Pactos [48]. Aun manteniendo algunos repartos, UGT procedió a emitir un comunicado conjunto con el PSOE valorándolos positivamente [49].

Pese a que CCOO había participado en manifestaciones durante el mes de septiembre, rechazando un pacto social, Marcelino Camacho, calificó los pactos de “históricos” antes de que se firmaran. Manteniendo algunas reticencias (menores que UGT), aseguró que no se trataba de un pacto social [50]. CCOO tuvo un tono de mayor compromiso en defensa de los Pactos, que llegaba al entusiasmo, manifestando que no se podía conseguir algo mejor. Llegaron a defender que los pactos suponían un cambio a mejor en la política económica [51] Incluso llegaron a afirmar que el sindicato promovería la moderación salarial aun sin existir los mismos [52]. Era la línea oficial del PCE, el mismo Carrillo aseguraba que los Pactos eran "la plasmación de la política de reconciliación nacional” [53], llegando a calificarlos de progresistas. Para el PCE no fueron un mal menor, sino un éxito. Y no olvidemos que existía un estrecho vínculo (que algunos llamaban subordinación) entre CCOO y el PCE.

El PCE y los Pactos de la Moncloa

Marcelino Camacho recocería más tarde que Carrillo “negoció con el gobierno que si permitía al PCE participar en las elecciones, él ayudaría a elaborar un contrato social con el fin de acabar con la crisis económica. Claro, aprovechaba el presumible supuesto vinculo entre el PCE y CCOO, que Santiago supo explotar” [54]. No olvidamos que durante un largo periodo de tiempo, el PCE defendió una política de compromiso histórico, abogando por un gobierno de concentración nacional, apostando por la moderación como única vía posible para evitar una involución militar. Querían esforzarse en presentarse como un partido moderado y responsable. Esta apuesta política tuvo su reflejo e impacto en CCOO, siendo, por tanto, incluso más proclive al pacto social que UGT y PSOE, que mostraron mucho menos entusiasmo e interés. De hecho, Carrillo considera que el PSOE mostraba “una vena demagógica que demostraba sus dificultades para escapar a un izquierdismo juvenil”, y que el PCE contribuyó a que el PSOE aceptara los pactos, presentando tal hecho como un éxito: “Estoy convencido de que nuestra aceptaciones de las proposiciones de Suárez determino en cierto modo la participación del PSOE en los pactos. El PSOE tampoco podía aceptar ante la opinión publica el riesgo de pasar por un partido menos responsable que el PCE” [55]. En definitiva insistían en que para conquistar y consolidar una democracia, había que salir de la crisis, para lo cual se debían hacer sacrificios. Y también insistían en que la débil correlación de fuerzas para la izquierda no permitía demasiados avances y concesiones. Por tanto, y sorprendentemente, el PCE no defendía una política marcadamente distinta a la del gobierno sobre cómo combatir y salir de la crisis, compartiendo el precepto de que era necesario aplicar un reparto equitativo de las cargas, como un mal necesario pero inevitable. Carrillo relata en sus memorias que “en varias conversaciones Suárez y yo llegamos fácilmente a un acuerdo sobre las cuestiones que el pacto debía abarcar” y que en plenas negociación del pacto económico “la discusión fue mucho menos difícil de lo que podía esperarse de una reunión con participantes tan diversos”. [56]

Para el PCE el problema eran los obstáculos que la derecha, la patronal y la extrema izquierda pusieran al cumplimiento de los pactos. Asumía, que los pactos no eran populares entre la sociedad, y así lo reflejaron algunas encuestas [57]. Por tanto, la izquierda tenía que esforzarse en convencer a los trabajadores de tener que aceptarlos, mientras que UCD y AP debían convencer a los empresarios [58]. No olvidemos que la patronal fue crítica con los pactos, la propia CEOE. Incluso lo fue la Confederación General de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME) [59]

CNT contra los Pactos de la Moncloa

El histórico sindicato anarcosindicalista mostró su rechazo rotundo a los pactos, promoviendo movilizaciones, actos públicos, repartiendo octavillas y realizando pegadas de carteles contra los pactos. El sindicato insistía en la necesidad de impulsar luchas para romper con los topes salariales y denunciaba que por su oposición al pacto social, recibía todo tipo de ataques y complots gubernamentales, fascistas, desde asaltos locales a sufrir la infiltración policial. En noviembre de 1977, se acusó al sindicato de haber planeado el secuestro del ministro de justicia. La CNT lo negó, asegurando que “La CNT es una organización incómoda, que se opone por razones claras al pacto de la Moncloa y al pacto social, pero que rechaza como auténticas provocaciones los propósitos terroristas que se le imputan” [60]. En 15 de enero de 1978 tuvo lugar una manifestación convocada por CNT contra los Pactos de la Moncloa. Ese mismo día tuvo lugar el incendio en la sala de fiestas Scala de Barcelona, que se saldó con cuatro muertos. En un principio se intentó culpar a la CNT, aunque más tarde se supo que en el denominado caso Scala participó un confidente policial. CNT rechazó las acusaciones, condenó el atentado y siempre aseguró que fue un montaje policial y gubernamental para debilitar socialmente a CNT, por oponerse al pacto social. En los meses posteriores continuaron mostrando su oposición al pacto y a las elecciones sindicales, alertando de que “Se llegará, por este lado, a algo parecido a los sindicatos alemanes, conglomerados neutros y burocráticos, integrados en el capitalismo” [61]. El sindicato anarcosindicalista denunciaba que tras los PM, la patronal potenciaba debilitar a CNT frente a otros sindicatos” [62]. En abril de 1978 Federica Montseny manifestaba que “UGT, Comisiones Obreras y USO rectificarán su postura actual o perderán la confianza de la clase trabajadora. La aceptación de los Pactos de la Moncloa obedece a un interés nacional, pero no a los intereses de la clase trabajadora” [63]. “Superación del pacto de la Moncloa”, fue uno de los lemas de la CNT en las manifestaciones del 1 de mayo de aquel año.

Resistencias internas en CCOO y UGT

Es innegable que los Pactos de la Moncloa no fueron acogidos positivamente por los trabajadores y en el seno del movimiento obrero. Carrillo admitió que los pactos tuvieron “un punto de debilidad en la escasa comprensión en el seno del propio Partido Comunista, sobre lo que esta política significaba y el por qué de asumirla”, y que era muy difícil que se aceptara “una política de austeridad, de sacrificio” [64]. Desde el propio gobierno se reconoció positivamente que los sindicatos apoyaran los Pactos, por los sacrificios que aceptaron frente a sus bases. Abril Martorell manifestó en septiembre de 1978 que “Los sindicatos se jugaron la cara en aquellas negociaciones y hay que reconocerles el mérito” [65].

Nicolás Redondo afirmó en 1995 que “Cuando se negociaron los pactos de La Moncloa (1977), el PCE y Comisiones Obreras eran mucho más favorables a firmarlos. El PSOE era menos, y nosotros lo éramos todavía menos. UGT no aceptó jamás los acuerdos de La Moncloa” [66]. En 2018 dijo que “A los Pactos de la Moncloa no nos invitaron, ni a nosotros ni a CC.OO. Decidimos que no lo combatiríamos en la calle, pero tampoco lo apoyaríamos” [67]. Y es cierto, que UGT continuó expresando críticas y reticencias, pero terminar por aceptarlos y negarse a combatirlos contravenía lo que se había reiterado con anterioridad, lo cual generó descontento y tensiones internas. La federación de trasporte mostró públicamente su oposición [68], así como las juventudes socialistas y la UGT de

Álava, cuyo secretario general relató años después que con los Pactos de la Moncloa “Ya no se trataba de luchar contra topes salariales impuestos por la dictadura sino que los partidos obreros, en quienes tantas ilusiones había depositado, eran los que utilizaban su autoridad para convencernos de que debíamos aceptarlos voluntariamente. Según ellos, nuestras reivindicaciones debían supeditarse a una política económica que exigía sacrificios para que el sistema capitalista funcionase bien y pudiera crear empleo y riqueza que se repartiría mejor en el futuro” [69]. El 4 de noviembre de 1977 tuvo lugar en Vitoria una manifestación contra los Pacgos convocada por LSB-USO, UGT. CSUT, ELA-STV y SUA. Semanas después decenas de miles de trabajadores se manifestaron en Málaga, convocados por UGT, CSUT, CNT y USO, que llegó a contar incluso con el apoyo de CCOO y la presencia de un diputado del PSOE [70]. Desde UGT Madrid también hubo oposición a los Pactos, y su secretario general, Agapito Recio, aseguró que combatirían los pactos [71].

En CCOO también hubo rechazo a la postura oficial de la dirección del sindicato. No olvidemos que dicha posición no fue debatida y votada democráticamente, y tampoco fue unánime. El propio Marcelino Camacho reconoció que tuvo que “vencer algunas resistencias para sumar a Comisiones” [72]. CCOO de Navarra mostró públicamente su oposición [73], así como el sector químico de La Coruña, construcción de Badalona, Mondragón, Michelin, Asco (Vigo), etc. Asambleas de trabajadores, en fábricas como Ford, Seat y numerosas secciones sindicales elaboraron manifiestos y resoluciones públicas de repulsa contra los pactos.

La oposición a los pactos

Aparte de las resistencias internas en los sindicatos mayoritarios, y el rechazo de CNT, hubo una serie de organizaciones sindicales y políticas que se opusieron a los pactos. Los sindicatos ELA-STV y SAT se opusieron. USO manifestó su rechazo, así como el Sindicato Unitario (impulsado por la ORT) y la CSUT (ligado al PTE). Partidos a la izquierda del PCE se opusieron a los pactos. La LCR los definía como el “programa de Suarez aprobado por los partidos obreros mayoritarios” [74], e insistió en impulsar movilizaciones y organizó una conferencia sindical en diciembre de 1977 propugnando una alternativa obrera a los pactos. En sus órganos de expresión se esforzaban por difundir las resistencias internas en UGT y CCOO contra el pacto [75]. La ORT defendió por un frente común contra los Pactos y el PTE los calificó de “error histórico”.

Consideraban que su era una traición y que los trabajadores darían la espalda a los sindicatos mayoritarios. Se impulsaron movilizaciones y actos públicos de repulsa. Pero CNT, y todas las corrientes opuestas desde la izquierda (ORT, LCR, PTE, MC, etc.) a los pactos fueron minoritarias y débiles. No consiguieron conectar con los sectores opuestos a los mismos, ni capitalizar el descontento de forma masiva y sostenida, ni coordinarse para impulsar movilizaciones socialmente amplias y unitarias. De hecho, pese a la protestas, al final predominó el desencanto, y la frustración, y quienes quedaron marginados fueron las corrientes más a la izquierda. El desencanto se extendió en el movimiento obrero, y también aumentaron las tensiones internas en los partidos de izquierda y los sindicatos [76], especialmente entre los que más apoyaron los Pactos, como fue el caso del PCE. Numerosos trabajadores sentían que no habían estado batallando para acabar sufriendo topes salariales pactados y facilidad de despido, sino por conseguir transformaciones sociales más justas.

En noviembre los sectores de izquierda contrarios a los Pactos convocaron manifestaciones en todo el Estado. El gobierno aprobó un decreto para facilitar los pactos de forma retroactiva, lo que supuso el rechazo de la izquierda y los sindicatos [77]. Numerosas empresas denunciaron convenios colectivos como caducos cuando incluían subidas salariales superiores a las fijadas como topes en los pactos, lo cual generó descontento. Y es que en realidad, pese al compromiso de pacto social, la conflictividad laboral no desapareció. Los índices de huelgas en 1978 y 1979 fueron elevados, pero el potencial reivindicativo fue menor, así como el carácter de las luchas, que adquirieron un carácter más defensivo En diciembre tuvo lugar una Huelga General en Vizcaya, convocada por la coordinadora de empresas en crisis, apoyada por CNT, LAB, USO, LEVA-STV, SCUR, SU, pero sin estar convocada por CCOO y UGT [78]. En esta huelga, UCD decía que los partidos que firmaron los pactos de la Moncloa debían colaborar disuadiendo “a los sectores de su influencia de la participación en el paro anunciado” [79]. Entonces también tuvo lugar una huelga en Madrid en el sector de la construcción diciembre de 1977 convocada por UGT y CNT, después de otra promovida anteriormente por CCOO. A finales de diciembre tuvo lugar una huelga en los grandes almacenes madrileños convocada por CNT inicialmente, y luego sumándose USO y UGT, reclamando también libertad para los piquetes detenidos. Aunque ámbitos superiores orgánicos de UGT desautorizaron el apoyo y retiraron el apoyo a la huelga. En marzo de 1978 tuvo lugar una multitudinaria marcha de parados a Madrid [80]. UGT y CCOO convocaron una huelga general el 5 de abril de una hora de duración, sumándose a un paro en numerosos países europeos en protesta contra el paro.

Los argumentos de los opositores a los Pactos de la Moncloa ¿Qué ocurrió con las contrapartidas sociales?

Entre los círculos más escorados a la izquierda, se argumentaba que los Pactos no fueron favorables a los trabajadores, dado que eran ellos, y no los empresarios, quienes asumían la mayor parte de los esfuerzos y sacrificios. Insistían en que los pactos se decidieron a espaldas de los trabajadores, en despachos, burocráticamente y sin debate y consulta a las bases. Insistían en que no eran una salida de izquierdas o progresista a la crisis, sino todo lo contrario. Señalaban que los Pactos iban en contra de lo defendido en las plataformas reivindicativas sindicales. La posibilidad de despedir al 5% de la plantilla libremente, si se superaban los topes salariales, era una medida de presión injusta para que los trabajadores no se movilizaran y rebajaran el potencial reivindicativo. Alertaban que los PM debilitaban al movimiento obrero, y eran el inicio de una tendencia regresiva contra los derechos laborales, un aumento de la precarización y la desigualdad entre el capital y el trabajo, con un marco jurídico cada vez más favorable al mundo empresarial; por tanto, los Pactos serian el prefacio a futuros ataques y exigencias patronales. Alertaban de que las nefastas consecuencias de poner freno a una dinámica reivindicativa que solo servía para debilitar al movimiento obrero en beneficio de la patronal.

Es innegable, que tras los Pactos se comenzó a impulsar un mínimo estado de bienestar, inexistente en España hasta el momento, aunque también es cierto que de una forma tímida y contradictoria. Es preciso detenerse en este asunto, dado que los defensores de los Pactos de la Moncloa en el ámbito de la izquierda presentaban que, pese a los sacrificios, se habían conseguido contrapartidas sociales. A su vez, los críticos a los Pactos defendieron que las contrapartidas fueron escasas, confusas y sin disponer de suficientes partidas presupuestarias. Además, denunciaron que muchas de ellas no se cumplieron.

En este sentido, pronto arreciaron las críticas al gobierno por el incumplimiento de los pactos. En enero de 1978, Miguel Boyer (PSOE) criticó al gobierno por incumplir la promesa de impulsar un Plan Energético Nacional, una reforma fiscal, etc., mientras que UGT advertía de movilizaciones si persistían lo incumplimientos gubernamentales [81]. En febrero, el PCE mostraba públicamente su preocupación sobre la evolución del cumplimiento de los pactos en algunos aspectos [82]. El 23 de febrero de 1978 dimitía Fuentes Quintana, el ministro de economía, considerado uno de los artífices de los Pactos de la Moncloa. Esta dimisión fue percibida como un giro a la derecha en el gobierno, causando incertidumbre en cuanto a la aplicación de algunos apartados de los mismos [83]. En abril, grupos parlamentarios minoritarios señalaban en el parlamento algunos incumplimientos [84]. De hecho, el gobierno anunció que finalmente el SMI subiría menos de lo prometido [85]. En diciembre de 1978 tuvo lugar un debate en TVE entre Abril Martorell, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo. Estos últimos reconocieron que se había aceptado en 1978 una pérdida de poder adquisitivo de un 6% (al subir el coste de la vida un 26,4% y las rentas salariales sólo un 22%). El líder de UGT criticó que el gobierno se comprometió en los Pactos a que en 1978 solo habría 100.000 desempleados más y que al final había 200.000 más [86]

En octubre de 1978, el PCE presentó una proposición no de ley en el parlamento sobre incumplimientos en la aplicación de los Pactos [87] en materias como educación, urbanismo, seguridad social, etc. Es decir, en cuestiones consideradas como las famosas “contrapartidas sociales” [88].

Quienes se opusieron a los pactos señalaban que no había mecanismos de control eficaces para el cumplimiento de las contrapartidas sociales. Criticaban los incumplimientos de las promesas en el ámbito educativo, y que en los Pactos ni siquiera apareciera el término guardería. Hubo promesas de democratizar el sistema educativo, y de invertir 40.000 millones de pesetas en la creación de 200.000 plazas para preescolar, 400.000 para EGB, y 100.000 para BUP [89]. Pero en los años posteriores la insuficiencia de centros educativos y plazas escolares fue notable, produciéndose movilizaciones sociales y vecinales protestando por incumplir promesas en materia escolar incluidas en los Pactos [90]. En 1980 el Ministerio de educación reconocía un déficit en las plazas escolares, anunciando que no había inversión ese año para nuevos centros y plazas en Madrid [91]. Estos incumplimientos estuvieron en boca de todos los protagonistas. Nicolas Redondo exponía en noviembre de 1978 que “doce meses después, el pueblo español se pregunta si los sacrificios realizados no habrán caído en saco roto en beneficio de los de siempre. Esa pregunta, y la desesperanza que la misma encierra se justifica a mi juicio por varias razones, entre ellas porque el gobierno ha incumplido de forma notoria gran parte de los compromisos adquiridos en relación con las famosas contrapartidas previstas en los acuerdos” [92]. En octubre, Marcelino Camacho, aun haciendo un balance positivo exponía que había que lamentar que “el gobierno no los haya cumplido íntegramente” [93]. UGT manifestaba que “la mayor parte de las contrapartidas favorables, contenidas en los acuerdos de la Moncloa, y relativas a la política de empleo; participación de las centrales sindicales en los órganos gestores de la seguridad social, y otras que aventuraba el protagonismo sindical, no han sido cumplidas por el gobierno” [94]. En 1986, Julián Ariza, dirigente de CCOO, aun siendo favorable a los Pactos, incluso defendiendo que fueron progresistas, señalaba que “Se incumplieron algunas de sus cláusulas, lo que, unido a las reticencias con que fueron acogidos por los sindicatos, generó una sensación de frustración, que fue sentida fundamentalmente por una parte del sector formado por activistas y militantes” [95].

Julio Anguita manifestó en 2007 que “Esos pactos fueron el segundo fallo que tuvimos, porque en el momento en que no se cumplieron, que fue enseguida, tuvimos que haber salido a la calle a movilizarnos, y no lo hicimos” [96]. Incluso Marcelino Camacho ante el 30 aniversario de los pactos, reconoció que fueron “insuficientes porque no sirvieron para transformar la sociedad” [97].

Por último, señalamos que precisamente, las contrapartidas sociales eran las cuestiones que causaban mas reticencias de la patronal hacia los PM, que veían como se impulsaban reformas fiscales, cuando estaban acostumbrados a un sistema impositivo heredado del franquismo, en el cual pagaban muy pocos impuestos. Pero era difícilmente defendible que los aspectos de los Pactos que no se cumplían eran los que menos gustaban a la patronal, y más favorecían a los trabajadores.

Oposición interna en el PCE

Dada la marcha de los acontecimientos, se hacía incomodo apoyar los Pactos. En el PCE se comenzaba a poner en cuestión alguna de las líneas oficiales de la dirección. Carrillo relata en sus memorias que “desde posiciones de ultraizquierda, incluso desde dentro de mi partido, se empezó también a criticar los Pactos de la Moncloa” [98]. No era de extrañar, dado que aquella defensa de los Pactos no tuvo efectos positivos en el PCE, que cargó con el malestar causado entre sus bases debido a la crisis y políticas de ajuste. No solo fueron los Pactos, dado que continuaron en su política de frenar al movimiento obrero bajo la óptica de no alentar tentativas involucionistas. Aplicando estos postulados, Carrillo frenó las intenciones de CCOO de convocar una huelga general en torno a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1979-1980. Estas posiciones provocaron tensiones, y no fue casualidad que Marcelino Camacho abandonará su escaño por el PCE en 1981. Para muchos comunistas se había renunciado y cedido demasiado durante demasiado tiempo, empeñado en una política que solo era útil al gobierno. Ante la pregunta a Carrillo de cómo fue posible que el PSOE defendiese una postura más a la izquierda que los comunistas, afirmó que al PSOE no le quedaba otra porque no tenían autoridad para controlar a sus bases, pero que PCE era “muy disciplinado y daba por bueno lo que la dirección considerase positivo” [99].

En agosto de 1978, CCOO de Catalunya mostró su oposición a una reedición de los Pactos [100]. En 1980 el PSUC se manifestó contra algunas de las líneas oficiales del PCE, como la aceptación de los Pactos de la Moncloa [101]. El V Congreso del PSUC celebrado en 1981, se reconocieron errores, como la política seguida por el partido con los Pactos. Por entonces, un ex militante del PSUC y ex dirigente de CCOO escribía en El País que “Resultaba muy fácil argumentar las excelencias del pacto de la Moncloa desde un despacho del local del comité central, pero era bochornoso hacerlo frente a una asamblea de delegados obreros” [102]Francisco Frutos, secretario general del PSUC en 1981 manifestó que “Es que hay que analizar bien las cosas y señalar ahora dónde estuvieron los errores. Los acuerdos de la Moncloa no se han cumplido, fueron muy perjudiciales para la clase trabajadora y han sido un factor de frustración muy serio para todos” [103]. Es imperante señalar, que hablamos de alguien que llegó a ser secretario general del PCE entre 1998 y 2009. Su antecesor Julio Anguita tampoco dudó en rechazar la postura del partido frente a los Pactos. En 1995 manifestó que aquella época fue una “pagina de la historia del PCE que ha sido muy alabada, pero ha sido alabada por los otros”. Ante la pregunta “En el plano político, el PCE se integró en la reforma; en el socioeconómico, asumió los Pactos de La Moncloa. ¿Considera un acierto del partido la firma de estos acuerdos?", Anguita respondió que “Hubo un fallo garrafal. Ahí sí que soy inmisericorde porque, si bien no tengo nada en contra de los pactos, si tengo mucho en contra de quienes, cuando se demostró que no se cumplían, no lanzaron a la gente a la calle. La dirección del partido tuvo que haber llamado a la movilización. No hacer fue un tremendo fallo. Ahí, sin apelación, soy tremendamente critico” [104].

Los resultados y efectos de los Pactos de la Moncloa

Por último, conviene a detenerse en analizar la evolución de los indicadores sociales y económicos tras los Pactos. El gobierno, y los firmantes de los pactos, reiteraron tras la firma una gran confianza en que los resultados y consecuencias serian muy positivas. Pero analizando los datos, nos encontramos con indicadores adversos [105]. Y es que, en primer lugar no olvidemos que a finales de los años 70 la crisis económica en el mundo capitalista se agravó. A menos de año después de la firma de los pactos, los problemas económicos persistían, el paro continuaba, y se insistía en la necesidad de nuevos pactos que sustituyeran a los de la Moncloa. Para empezar algunos lo dieron por muerto en con la dimisión de Fuentes Quintana. CCOO manifestaba que se debía cumplir primero las contrapartidas de los Pactos. Uno de los medios de comunicación que se mostraron favorables a los pactos, reconocía en una de sus editoriales de septiembre de 1978 que los Pactos no habían “vencido la atonía de la inversión ni detenido el crecimiento del paro” [106]. Si bien en 1978 la balanza de pagos mejoró con un superávit de 1.500 millones de dólares, esta volvió a empeorar entre 1980 (situándose ese año en indicadores peores a los de 1977 [107]) y 1982, acumulando un déficit de 14.270 millones [108].

El problema del paro no se solucionó, y de hecho el desempleo aumento de una forma espectacular, multiplicándose los cierres de empresas y los expedientes de crisis. Si en 1977 la tasa de desempleo se situó en un 5,7%, ascendió al 7,6% al año siguiente, al 9,5% en 1979 y al 12,4% en 1980 [109], continuó creciendo ininterrumpidamente hasta 1986 (21,5%). Por lo tanto, podemos afirmar que los pactos de la Moncloa no tuvieron un efecto positivo en el empleo. De hecho, en la filosofía de los pactos, no había objetivos para combatir contra el paro, cuyo incremento se percibía como un mal necesario. Además, este incremento constante del desempleo, tuvo como siempre en estos escenarios el efecto de disminuir el poder de negociación de los sindicatos.

El IPC sí que conoce un notable descenso, pasando del 26,39% de 1977, al 16,54% en 1978. La inflación siguió descendiendo en los años posteriores, pero de una forma más lenta, y menos acusada [110]. Pero como hemos expuesto, esa reducción de la inflación no fue acompañada de un descenso en la tasa de paro, sino todo lo contrario. Tampoco observamos efectos positivos en la evolución del PIB. La economía española creció un2,8% en 1977, pero el crecimiento fue menor en 1978 (+1,5%), produciéndose un completo estancamiento en 1979 (0,0%), e incluso en 1981 la economía se contrajo un -0,1% [111]. Las predicciones de Carrillo, asegurando que con los PM se saldría de la crisis en un año y medio, no se cumplieron. [112] La deuda y el déficit público crecieron en los años siguientes.

Por otro lado, hubo pérdida de poder adquisitivo [113]. Ligar los salarios a la infección prevista por el gobierno, y no a la real, tuvo efectos negativos en los salarios de los trabajadores. Ante el primer aniversario de los pactos, ABC publicó una serie de entrevistas a dirigentes sindicales y empresariales, muchos de los cuales señalaron numerosas críticas, como el representante de UGT manifestando que “los pactos de la Moncloa han disminuido considerablemente el poder adquisitivo de los salarios” [114]. El gobierno dictó un tope salarial para 1979 entre el 11-14%, en previsión de una inflación del 10%, pero al final llegó al 15,6%. Pactos sociales posteriores como el ANE y el AMI, profundizaban en la política de contención salarial. De hecho, tras los pactos se observa una caída de la participación de los salarios en la renta nacional (habiendo aumentado de 1966 a 1977), cambia la tendencia en 1978 alargándose esta evolución negativa hasta mediados de los años 80. El poder adquisitivo de los salarios disminuyo 8,2 puntos entre 1979 y 1986 [115]. Por el contrario, los beneficios empresariales aumentaron un 83,7% entre 1977 y 1981/ [116]. En estas circunstancias, no fue de extrañar que en 1979 la conflictividad laboral fuese la más alta de toda la década. Pero ya hablamos de huelgas con carácter marcadamente defensivo, con menos victorias y más derrotas [117]. Además, el hecho de que aumentara el número de huelgas, significaba que existía un creciente malestar y que los trabajadores se enfrentaban a los dramáticos efectos negativos de la crisis. Por tanto, para numerosos trabajadores, no se percibían efectos positivos de los Pactos de la Moncloa. El siguiente texto de El País en el 40 aniversario de los pactos, clarifica lo que ocurrió: “Aquel acuerdo allanaba el camino para el pacto político, pero no resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación, lo que llevó a Camacho a decir aquello de “las matemáticas de la burguesía”. Pero los sindicatos aceptaron y tuvieron que soportar que en alguna fábrica más de un militante les arrojara el carnet a la cara” [118].

Conclusiones

En 1977 Otto KIersten, secretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) manifestó: “Si yo fuera español diría no al Pacto de la Moncloa, tal y como ha sido presentado (…) No es norma europea que el Gobierno y los partidos políticos firmen un pacto de este tipo sin consultar con los sindicatos (…) No comprendo cómo líderes obreros dijeron si al pacto sin haberlo discutido con sus afiliados” [119]. Son unas declaraciones especialmente relevantes y esclarecedoras, que ponen de manifiesto la extrañeza que supuso la aceptación de un programa de ajuste por parte de la izquierda y los sindicatos.

El gobierno quería un pacto social con los sindicatos, pero no pudo [120]. Aun así consiguió sus objetivos, legitimando unas políticas que no pudieron llevar a cabo desde el inicio de la crisis en 1973. Quisieron llevarlas a cabo con el mayor apoyo y consenso posible. Pero conviene matizar que se ha exagerado e incluso mentido en multitud de cuestiones relacionadas con los Pactos de la Moncloa. Los mismos fueron aprobados in extremis, sin invitar a la negociación a sindicatos y patronal, lo que hoy en día sería impensable.

Sorprendentemente el gobierno consiguió la colaboración de la izquierda y los sindicatos para limitar los salarios, y facilitar los despidos, evitando una explosión social o fuertes resistencias que dificultasen su aplicación. Colaboraron en esta tarea, esforzándose en contener la movilización, en un contexto de despidos, paro, carestía de la vida, dificultades económicas entre trabajadores. Este compromiso con los pactos no tuvo efectos positivos en el PCE, que fue la organización que mas los defendió. Y es que en general, el gobierno llevo constantemente la iniciativa, consiguieron lo que pretendían, mientras que las centrales sindicales retrocedieron en sus planteamientos y reivindicaciones, sin conseguir (o intentar) si quiera el cumplimiento integro de las contrapartidas sociales prometidas en ellos.

Por último, es necesario insistir en que el consenso en los Pactos de la Moncloa no fue tan amplio como se pretendido hacer creer. El consenso fue débil y frágil. De hecho, la patronal fue crítica con los pactos, y criticaron algunas políticas económicas de UCD, que fueron tildadas de “socialistas” [121]. En 1979, organizaron una concentración en el Palacio de los Deportes contra los pactos, usando argumentos un tanto exagerados, alegando contra la sovietización de la economía española. En 1981, el líder de la CEOE Carlos Ferrer Salat manifestaba que “nuestro objetivo fundamental de defensa de la libre empresa privada exigía eliminar las graves consecuencias negativas de los pactos de la Moncloa” [122]. La CEOE fue ganando fuerza y capacidad de influencia en el gobierno. En este sentido, este partido en el gobierno terminó por no contentar a nadie. La izquierda y los sindicatos criticaban el incumplimiento de contrapartidas sociales y acusaban al gobierno de una política escorada a la derecha. Mientras tanto, la patronal acusaba al gobierno de socialdemócrata, de seguir una política pasiva ante la conflictividad laboral, y de no impulsar decididamente reformas de calado y de reconversión industrial. No olvidemos, que esas políticas que reclamaba la CEOE finalmente fueron llevadas a cabo por el PSOE en el gobierno (impulsar contratación temporal, reconversión industrial, etc.), que era un partido con la fortaleza y autoridad para poder llevarlas a cabo sin explosiones sociales.

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Otras fuentes

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• Periódico Combate, órgano de expresión de la Liga Comunista Revolucionaria.
• Revista Nuestra Bandera, editada por el PCE.