Por Raúl Navas

El PP llega al poder. La reforma laboral de 1997

El nuevo gobierno presidido por Aznar se propuso desde el principio acelerar la puesta en marcha de las reivindicaciones de la banca y el capital. Una vez concluida la reconversión industrial, el nuevo gobierno se propuso acelerar el desmantelamiento del sector público mediante privatizaciones de empresas como Repsol, Telefónica, Argentaria, Gas Natural, Endesa, Inespal, Iberia, Argentaria, Tabacalera, etc. En estas empresas una vez privatizadas se comenzaba sin demora a instalar la precariedad y la subcontratación como el pan de cada día. Por tanto, el sector publico no se reconvirtió para hacerlo más “eficiente y rentable”, sino para regalar las empresas publicas más rentables a los capitalistas. El gobierno de Aznar malvendía estas empresas a personas de su confianza, creando un círculo de amigos entre las altas esferas empresariales. Además, en estas y otras grandes empresas se procedió a recortar plantillas, en muchos casos mediante prejubilaciones, que tenían el efecto de destruir puestos de trabajo dignos y retirar a trabajadores veteranos, bien formados y con una gran experiencia sindical.

Desde el mismo año 1996 comenzaron los planes para precarizar los derechos laborales y atacar el poder adquisitivo. Se procedió a aprobar rebajas fiscales a los empresarios, mientras se congelaba el sueldo a los funcionarios, decisión que fue contestada con una huelga general de la función pública en diciembre de 1996. En Marzo de 1996 la CEOE pedía una nueva reforma laboral que abaratara el despido. Luis Ángel Rojo, entonces presidente del Banco de España, exigió al nuevo gobierno del PP moderación salarial y se comenzó a difundir la idea de que era necesaria una nueva reforma laboral para “crear empleo”. Ese año, la CEOE financió un documento titulado “Libro Blanco sobre el papel del Estado en la económica española”, donde se defendía la necesidad de reducir el subsidio de desempleo, sustituir a la Seguridad Social por planes de pensiones privados, privatizar todas las empresas publicas y abaratar el despido. Por otra parte, en octubre de 1996, el representante de la patronal alemana, Helmut Triber, manifestó en Barcelona que el gobierno de Aznar debía abaratar y facilitar el despido. Políticas de este tipo eran aplicadas por todo el mundo. A finales de ese año, el parlamento de Corea del Sur aprobó por sorpresa una ley que permitía el despido libre, que provoco amplias protestas.

El Partido Popular impulsó una campaña en 1997 titulada “El año del empleo”. Se inició una fuerte campaña gubernamental para convencer a la opinión pública de que era necesario reformar el mercado de trabajo en claves precarias para luchar contra el paro. En un primer momento el gobierno aseguro que su reforma laboral no iba a abaratar el despido. Por raro que parezca es lo que dicen todos los gobiernos antes de aprobar una reforma que implica un abaratamiento del despido. Así fue en 1997, y una vez mas el gobierno alegaba la alta tasa de paro y de temporalidad para precarizar el mercado laboral. Pero lo sorprendente fue que asistimos a una agresión contra los derechos laborales pactada mediante el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo y otras normativas pactadas como la Ley 63/1997 y Ley 64/1997. Y pese a lo que decía la propaganda conservadora, era un hecho que estas normativas precarizaban a la clase trabajadora.

Esta reforma era un regalo para la patronal. Creaba el contrato de fomento de la contratación indefinida dirigido a jóvenes de entre 18 a 29 años o mayores de 45 para los siguientes cuatro años. Este contrato implicaba una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades de tope. Además se aumentaban las causas de despido como la de “amortizar puestos de trabajo”. Se modificaba el artículo 52 del ET facilitando los despidos objetivos.

Traición y claudicación

En mayo de 1995, Aznar anunció desde la oposición que cuando llegase al gobierno aprobaría una reforma laboral que provocaría “incomprensiones”. La realidad fue que sorprendentemente conto con el apoyo de las cúpulas sindicales de UGT y CC.OO, que con su actitud contradecían a su propia tabla reivindicativa e incluso a la misma Organización Internacional de Trabajo. La OIT había elaborado un informe en 1995 sobre el empleo en el mundo, donde se señalaba que la desregulación de los mercados de trabajo, mediante medidas de recortes salariales o flexibilidad laboral no resolvían los problemas de desempleo o pobreza. Otro documento de la OIT de 1997, titulado Informe sobre empleo, volvía a rechazar que la regulación del mercado laboral fuese la causa del paro, y de que mas precarización supusiese mayor creación de empleo. El informe establecía que “El bajón en el crecimiento en las economías desde 1974 ha sido la causa fundamental del aumento del desempleo”.

El pacto a parte de contradecir a la OIT, significo una claudicación bochornosa, que aceptaba como norma la precarización. De esta manera UGT y CCOO daban el visto bueno a la reforma de 1994 que ellos mismos criticaron y no firmaron. Los mismos sindicatos que desde 1977 criticaban el despido libre, ahora pactaban despido libre y mas barato en un contexto en el que la estabilidad en el empleo había desaparecido. Las cúpulas sindicales abrazaron completamente un discurso en el que se negaba que existiera una contradicción central en el capitalismo entre el mundo del trabajo y el capital, con intereses irreconciliables entre ambos. Además se aceptaba el discurso sobre la necesidad de aumentar la competitividad a base de precarizar derechos, de forma que las ejecutivas sindicales procedían a colaborar en el aumento de la explotación de la clase trabajadora.

Las cúpulas de UGT y CCOO, junto con casi todos los partidos políticos asumieron el discurso de la derecha, en un claro ejemplo del triunfo del denominado “pensamiento único” y el neoliberalismo. Mientras tanto, la patronal continuaba sin querer oír hablar de cuestiones como la jornada laboral de 35 horas, o jubilación a los 60 años. El sindicalismo mayoritario ya no tenía reparos en aceptar la lógica del capital y en abandonar reivindicaciones históricas. La sorpresa de la actitud de UGT y CC.OO la resume muy bien en estas líneas del periódico Cinco Días:

“Los sindicatos entraron por el aro y empiezan a hablar el mismo lenguaje que la patronal. Tras 20 años negándose a ello, ayer admitieron la necesidad de abaratar el coste del despido improcedente para incrementar la contratación estable” 1

Los sindicatos pasaron de ser calificados de inmovilistas, a “agentes sociales muy responsables”. Otra prueba la encontramos en un artículo de José María Cuevas de 1997:

“Si hace ahora tres años, en medio de una crisis generalizada en lo político y de una profunda convulsión social producida por el afloramiento de reiterados escándalos, alguien hubiera profetizado que sería posible el futuro entendimiento entre empresarios y sindicatos en materia tan sensible como es la legislación laboral, sin duda le habrían tachado de loco o visionario. Y había razones para ello. Después de todo, en 1994 las centrales sindicales fueron a la huelga general por una reforma de la ley mucho menos profunda que la que en 1997 han suscrito voluntariamente.” (….) Sin duda, ha sido duro para las centrales admitir el concepto filosófico de que reducir las indemnizaciones por despido en el contrato indefinido es algo que contribuye a que haya más contratos de ese tipo, cuando su posición tradicional era la contraria”. 2

Años después, representantes del capital continuaron elogiando que UGT y CCOO aceptaran abaratar el despido. En 2005 el director de relaciones laborales de la CEOE, Fernando Moreno, decía lo siguiente:

“España es el único país del mundo que mediante acuerdo de la CEOE y los sindicatos consiguió abaratar el predio el despido. Eso dice mucho a favor de los sindicatos” 3

Los pactos de 1997 supusieron un antes y un después en la estrategia de los sindicatos mayoritarios, ya de por sí moderada si analizas la acción sindical de años previos al pacto. Los órganos de dirección votaron mayoritariamente a favor de la reforma laboral. En UGT, hubo 139 votos a favor y 1 en contra. En CC.OO hubo más repulsa interna encabezada por el sector crítico, con 114 votos a favor (78.6%) y 31 en contra (21.41%).

En el terreno político también podemos decir que fue decepcionante. El gobierno y el capital pretendían que las nuevas relaciones laborales impuestas tuvieran una amplia legitimación. La reforma laboral tuvo el apoyo del Consejo Económico y Social, y fue aprobada por el 94% de los diputados, mediante la convalidación del decreto ley, con 302 votos a favor (PP, PSOE, CiU, PNV, IC y CC), y 18 en contra (2 de BNG y 16 de IU). Es destacable que Iniciativa Per Catalunya y Nueva Izquierda votaran a favor, rompiendo el grupo parlamentario de IU, alegando que la reforma nos traería estabilidad en el empleo. La coalición que entonces lideraba Julio Anguita luchaba contra corriente, y por esta razón hubo una campaña en su contra, en un ambiente donde se repetía hasta la saciedad que para crear empleo y que este fuese estable había que abaratar el despido y precarizar derechos. Es lo mismo que nos repiten hoy, y que llevan repitiendo 35 años sin ofrecer un solo dato empírico o científico a su favor.

Pero detrás de esta supuesta unanimidad, hubo sectores importantes que se opusieron a la reforma. Esta fue firmada en la sede del CES, y a las puertas CGT convocó una concentración el día del pacto. Hay que tener en cuenta que se firmó días antes de las manifestaciones del primero de mayo, donde hubo incidentes y tensión debido a los reproches de trabajadores por la firma de la reforma laboral. Pero no solo CGT y el sector crítico de CC.OO se opusieron. Es destacable que ELA, LAB, ESK-CUIS y STEE-EILAS, entregaron al Parlamento vasco firmas de 3.400 comités de empresa contra la reforma laboral.

El impacto de la reforma laboral de 1997

Pronto se pudo comprobar que todo lo que prometió el gobierno a cambio de abaratar el despido se incumplió. Por tanto, se hizo constatable que el pacto social fue un desastre para los derechos de los trabajadores. La promesa de reducir la temporalidad al 15% nunca se ha conseguido. Pese a que Joan Rosell, entonces líder de la patronal catalana auguraba una “avalancha de contratos indefinidos” que nunca llego.

El paro paso de un 22.3% en el primer trimestre de 1996, al 15.4% en el tercer trimestre de 1999. Pero el empleo indefinido apenas creció, y solo paso del 65.1% en 1995 al 66.7% a finales de 1999. Según la EPA, en el primer trimestre de 1998 había un total de 2.941.700 trabajadores con empleo temporal, 94.300 más que en el mismo periodo anterior. En los dos primeros años de vida de la reforma laboral, la temporalidad solo había bajado del 33.6% al 32.5%. La evolución fue del 39.2% al 36.2% en el sector privado, pero en el publico incluso fue negativa al pasar del 15.6% al 18.7%.

Con estos datos, CC.OO continuó defendiendo el pacto social, y aseguraba que de no ser por la reforma laboral, la tasa de temporalidad hubiese llegado al 40%. A ese ritmo de reducción hubieran hecho falta décadas para rebajar en 20 puntos la tasa de temporalidad. Aunque los datos incumplen este ritmo y posibilidad, dado que en el año 2006 la temporalidad se volvió a situar en el 34% y es la muestra más clara de la falta de voluntad en la lucha contra la precariedad. El gobierno se defendía diciendo que lo importante era crear empleo y que esta tendencia jamás se invertiría. Se imponía la visión de “más trabajo”, aunque este fuese cada vez más precario. Resultaba bochornoso que las cúpulas sindicales seguían dando por buena, una reforma que no había sido eficaz en sus supuestos objetivos de empleo estable.

Si hubo un impacto positivo, fue para los empresarios, que vieron reducido el coste del despido. Según datos del ministerio de trabajo, en los tres primeros meses de aplicación de la reforma laboral la cuantía en las indemnizaciones por despido se redujo en un 19.3%, respecto al mismo periodo del año anterior. Además, durante el primer año de la reforma laboral, el número de empleo públicos indefinidos se redujo.

Todos los aspectos y promesas supuestamente positivas fracasaron. El problema estructural del paro continuó y la temporalidad no se redujo. La subcontratación y los contratos basura se extendieron, mientras que los accidentes laborales aumentaron alcanzando unos índices de siniestralidad laboral sin parangón en la Unión Europea.

Por otra parte, la CEOE comenzó a pedir más, y se quejaba de que los jueces no aplicaban la reforma laboral, y los acusaban de declarar demasiados despidos improcedentes. El mercado laboral se continuó precarizando mediante normativas como la Ley 29/1999 que extendía el ámbito de actuación de las ETTs. UGT y CC.OO se habían propuesto el objetivo en 1996 de conseguir una ley de 35 horas semanales en el año 2000. Pero había llegado ese año y solo la patronal había conseguido sus objetivos. A decir verdad se produjeron movilizaciones para conseguir la jornada laboral de 35 horas, muchos militantes de CGT e IU trabajaron duramente hasta conseguir 700.000 firmas reivindicando esta petición mediante la presentación al Parlamento de una ILP que fue rechazada en el congreso.

No hay que olvidar que nos encontramos en unos años en los que la vivienda conoció una subida de precios espectacular inigualable entre los países miembros de la OCDE. El PP en el gobierno nos animaba a invertir en vivienda como si fuera una mercancía más e incluso aseguraba que la subida del precio de la vivienda beneficiaba a todos los propietarios. Había un interés especial por parte del gobierno en que todo el mundo se sintiera nominalmente rico. Se intentaba inculcar una cultura individualista y egoísta entre la sociedad, mientras que la política económica echaba gasolina a la burbuja especulativa y bursátil del ladrillo. El cocktail de bajos salarios y de precios de la vivienda desorbitados significó beneficios descomunales para la banca y las constructoras. Ante esta situación, el endeudamiento y la hipoteca era la única vía para acceder a un derecho fundamental, como es la vivienda.

Esta burbuja inmobiliaria provocaba que la construcción fuera el sector más rentable, frente a cualquier otro. También el turismo se encontraba en auge, debido a sus bajos salarios y precariedad, junto con su propia vinculación con la construcción en zonas costeras. Este modelo económico también se caracterizaba por la economía sumergida, depredación del territorio, grandes desigualdades sociales y corrupción urbanística. Estos fenómenos eran acompañados de un retroceso del sector industrial y agrícola, junto con procesos de deslocalización, privatización de servicios municipales, aumento de los ritmos de trabajo, externalizaciones, altas tasas de paro, y creciente subcontratación.

Esta precarización y boom de la construcción fue acompañada de un aumento de la siniestralidad laboral. Según un estudio de CC.OO, en los ocho primeros meses de 1997, solo en el sector de la construcción se registraron 182 accidentes mortales, un 10% más que en el mismo periodo que en el año anterior. Estas terribles cifras no era un fenómeno exclusivo del estado español. En abril de 1999 la OIT publicó un informe donde se señalaba que cada año en el mundo morían más de un millón de trabajadores a causa de un accidente laboral o debido a alguna enfermedad contraída en el trabajo. Estas cifras superaban a los muertos anuales debido a accidentes de tráfico, guerras, violencia o el sida.

El PP con mayoría absoluta. ANC de 2001 y Decretazo de 2002

El gobierno de Aznar con mayoría absoluta continuó intensificando y gestionando el mismo tipo de boom económico basado en grandes beneficios empresariales, la construcción y la sobrexplotación a los trabajadores. En este marco la patronal y el gobierno ni siquiera procedieron a repartir las migajas del crecimiento económico a la clase trabajadora. El empleo precario siguió multiplicándose en los hogares y familias. Datos de la época señalan que en el segundo trimestre del año 2000 la tasa de temporalidad se situaba en el 32.1%, y por tanto solo había bajado un 1.5% desde la reforma laboral de 1997.

En el año 2001, debería desaparecer el contrato precario de “fomento de contratación indefinida”, tal y como se estableció en la reforma laboral de 1997. Esta fue una de los argumentos con los que se justificó este contrato. Pero el gobierno actuó en la dirección contraria, mediante un decreto ley que convertía en carácter permanente este contrato, e incluso se extendía para jóvenes de entre 16 y 30 años, mujeres en algunos sectores y personas que llevaran más de seis meses en paro. Por otro lado, la Ley 12/2001 creaba el contrato precario de inserción e incentivaba los contratos formativos y a tiempo parcial. En 2001 UGT marco distancias con el gobierno, e incluso organizó una consulta popular en las calles sobre la necesidad de una huelga general. Mientras, CC.OO con Fidalgo a la cabeza seguía defendiendo la paz social. Aquel año hubo movilizaciones en otros países de Europa como Grecia e Italia contra reformas laborales. Berlusconi aprobó una modificación del artículo 18 de la Ley Estatuto de los Trabajadores Italianos que eliminaba el concepto de causa justa como norma de despido. Se suspendía la readmisión de trabajadores por despido improcedente. Medida que ya se había aplicado en el Estado español hacia muchos años.

Además, no hay que olvidar que el PP también atacó las pensiones públicas. En 1997 el primer Acuerdo del Pacto de Toledo, modificaba el cómputo de jubilación que pasaba de 8 a 15 años. Se establecía que los años cotizados necesarios para cobrar el 100% eran 35 (en 1985 eran 15). Mientras que en 2001 se aprobaba incentivar el retraso de la jubilación, y se modificaban los coeficientes reductores para reducir las prestaciones.

En el año 2001 se firmó el Acuerdo de Negociación Colectiva entre UGT, CCOO, CEOE y CEPYME. El acuerdo suponía moderación salarial, alegando que así se contribuiría a crear empleo. Por tanto, no solo se admitía que “abaratando el despido se crea empleo”. También se aceptaba el dogma de que el crecimiento salarial es la causa del paro y que “se deben rebajar los sueldos para preservar los puestos de trabajo”. Este pacto se firmó el mismo año cuando se introducía el euro, junto con aumentos generalizados de los precios, acompañados de una disminución del poder adquisitivo de las familias trabajadoras. Los dirigentes de CC.OO y UGT se comprometían a controlar los salarios a la baja y a la paz social, mientras los empresarios no se comprometían a nada. El texto del acuerdo señalaba que la mala situación económica de EE.UU y Japón obligaba a recortar o moderar los salarios para “mantener el empleo”, además se establecía que “Las organizaciones firmantes declaramos nuestra intención de llevar a cabo en el 2002 una política de moderado crecimiento de los salarios”. Esta política de contención salarial se llevaba a cabo basándose únicamente en las previsiones de inflación oficiales, las mismas que habían fallado todas las veces entre 1996 y 2001. Y recordamos que los precios de la vivienda no computan en el cálculo de IPC. Desgraciadamente este acuerdo fue firmado como tantos otros, sin la consulta de los afiliados ni se discutió entre el conjunto de los trabajadores. El acuerdo continuo su aplicación en años posteriores.

En el año 2002, el gobierno de Aznar presento un paquete medidas que agredían los derechos de los trabajadores. Se pretendía eliminar el PER, suprimir los salarios de tramitación en los despidos improcedentes y endurecer el acceso al subsidio de desempleo. Estas medidas se concretaron en una reforma laboral y en un decretazo aprobado en abril de 2002. Suponía una forma de abaratamiento del despido, debido a que se permitía al empresario evitar pagar los salarios de tramitación, si reconocía la improcedencia del despido y depositaba en el juzgado de lo social la indemnización correspondiente. Por tanto, se establecía el despido expres, al permitir que el empresario evitara el pago de los salarios de tramitación si reconocía que el despido se había producido de forma improcedente (sin causa justa). El pago de estos salarios solo se abonarían en el caso de que el empresario eligiera readmisión, por tanto para el empresario resultaba más barato despedir que readmitir. Además el endurecimiento del sistema de desempleo suponía dejar sin subsidio a decenas de miles de fijos discontinuos. Además el gobierno limitaba el subsidio para mayores de 52 años y consideraba un empleo a 30 kilómetros del domicilio como “adecuado”. Estos recortes se aprobaban con un superávit en el INEM de 3.600 millones de euros, y con un 40% de los parados sin recibir ninguna prestación.

Resulta curioso recordar como Zapatero hizo campaña pidiendo la retirada del decretazo, asegurando que el mismo en el gobierno no aprobaría una reforma sin pacto. El 13 de junio de 2002 el Congreso aprobó el decretazo con los únicos votos a favor (169) del PP, mientras que PSOE, IU, PNV y grupo mixto (129) votaron en contra. CiU y Coalición Canaria se abstuvieron (16).

La reforma laboral fue respondida con una huelga general el 20 de junio de 2002. La huelga tuvo un seguimiento muy importante, pero no fue tan masiva como el 14-D de 1988. En Euskadi la huelga no fue unitario, dado que hubo dos convocarías, una de UGT y CCOO el día 20 de junio y otra de ELA y LAB el 19 de junio, lo que contribuyo a reducir el impacto de la protesta. Además ese mes hubo grandes movilizaciones en Sevilla, coincidiendo con la Cumbre europea que se celebraba allí. También se multiplicaron movilizaciones de jornaleros y del SOC. En octubre de 2002 tuvo lugar una multitudinaria marcha a Madrid.

Fidalgo y Mendez no se mostraron dispuestos de seguir la lucha hasta el final. Ambos factores condujeron a que el gobierno solo retirase el 80% de la reforma laboral que habían aprobado por decreto. Aun así el gobierno “todopoderoso” del PP, tuvo que ceder en su intención de eliminar el PER y dificultar el acceso al subsidio de desempleo. La marcha atrás del gobierno nos sorprendió a todos, sobre todo a los que éramos sus enemigos, incluso a los más optimistas, mientras la CEOE calificó el hecho de “grave precedente”.

Se intensificaba el declive del Partido Popular que tuvo su cenit en las movilizaciones previas a las elecciones de marzo de 2004, que dieron la victoria al PSOE. El partido que se había beneficiado del intenso ciclo de movilizaciones, y que causo un efecto desmovilizador tras su llegada al gobierno.

Notas:

1 - Cinco Días, 12/03/1997.
2 - José María Cuevas, “Un acuerdo histórico”. El País, 16/04/1997.
3 - La Voz de Galicia, 10/04/2005.

---

Raúl Navas es miembro del Comité de Empresa de Correos y secretario de acción sindical de la sección sindical de CGT de Correos en Madrid.