Por Raúl Navas

Desde hace décadas los objetivos de los gobiernos dejaron de centrarse en cuestiones como el pleno empleo o el Estado de Bienestar, para centrarse en privatizaciones, rebajas de impuestos a los empresarios, reducción del gasto público y escandalosas contrarreformas laborales. Estas últimas han conseguido imponer unas nuevas relaciones entre el capital y trabajo, para entre otras cosas, debilitar la capacidad de respuesta de la clase obrera, produciendo una autentica contrarrevolución en las condiciones de trabajo. Todas ellas han sido aprobadas tras una ofensiva ideológica del capital para hacernos creer que todas y cada una de ellas eran ineludibles, insustituibles e inevitables. A cambio nos han prometido que con tal o cual reforma laboral llegaría el pleno empleo y desaparecería el fantasma de la crisis.
Por tanto estaremos de acuerdo en que llueve sobre mojado y en que hemos llegado a un punto de degradación e indefensión laboral inédita. Esto explica en parte el ambiente previo a la huelga general del 29 de septiembre, que de momento no es lo explosivo que debiera de ser por las miles de razones que existen para que así sucediese.

Las escasas luchas sindicales y cultura sindical, la firma de pactos sindicatos-patronal, la desmovilización incentivada por las direcciones de UGT y CCOO, y las escasas victorias conocidas, ha sido el panorama social predominante hasta ahora. Esta situación que se ha arrastrado durante muchos años crea la sensación entre los trabajadores de que “luchar no sirve” y de que hagamos los que hagamos los gobiernos y la patronal harán lo que quieran. Los anticapitalistas no asumimos los argumentos derrotistas y pensamos que ahora más que nunca la lucha es muy necesaria, aunque nos cueste tiempo y esfuerzo revertir este panorama social y sindical.

El gobierno es consciente de este panorama, esta es la razón principal por la cual no ha dudado por un momento emprender la vía antisocial para salir de la crisis. Este y todos los gobiernos europeos solo optan por emprender contrarreformas antisociales porque saben que existe un contexto desmovilizador en el que las respuestas serán muy tibias.

Desde Izquierda Anticapitalista queremos contribuir a la imperiosa necesidad de rearmar las conciencias de argumentación anticapitalista, de la forma más didáctica y pedagógica posible. Para ello es necesario conocer las causas históricas que puedan explicar cómo hemos llegado a esta situación tan desfavorable en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, para poder emprender activamente la tarea de dar un vuelco al panorama sindical actual.

Los gobiernos de Felipe González

En España las políticas neoliberales contra el mundo del trabajo se llevan aplicando en las últimas tres décadas. Los débiles e inestables gobiernos de UCD no consiguieron aplicar los planes estratégicos de la burguesía. Su política acabo por no agradar a nadie, ni a los capitalistas que exigían medidas más duras y urgentes contra los trabajadores para recuperar su tasa de ganancia, ni a la clase obrera, que veía como el peso de la crisis caía sobre sus espaldas. Así la UCD pasó de obtener siete millones de votos en 1979, a un millón y medio en las elecciones de 1982.

En aquellos comicios, el PSOE liderado por Felipe González, obtuvo un triunfo histórico, consiguiendo más de diez millones de votos (48.1%). Esta contundente victoria generó enormes ilusiones entre los trabajadores y la juventud, que veían en el nuevo gobierno una eficaz herramienta para que hubiese un autentico cambio.

El PSOE había prometido reformas que de llevarse a cabo beneficiarían a la clase obrera: creación de 800.000 puestos de trabajo, mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, jubilación a los 64 años, etc.
Pero desde el principio su estrategia fue la de aceptar y gestionar el sistema capitalista y capitular ante los dictados de la banca y los empresarios. Esta política genero frustración y desengaño entre las masas, que pronto empezaron a preguntarse ¿Dónde está el cambio? Por el contrario, ni la Iglesia, ni el ejército, ni la banca y los empresarios tenían nada que temer. Todo lo contrario, sabían que cuestiones como la reconversión industrial, privatizaciones, contrarreformas laborales, contención salarial, control del gasto público, etc., comprendían medidas de ajuste tan duro e impopular, que solo podían ser aplicadas por un partido como el PSOE.

El nuevo gobierno se enfrentaba a múltiples problemas políticos, sociales y económicos. El paro crecía sin cesar y en otoño de 1984, tras dos años de gobierno, en vez de haber creado 800.000 puestos de trabajo, había casi 500.000 nuevos parados, alanzando la cifra de 2.710.500 desempleados.
Quedaba olvidada e incumplida aquella promesa electoral de creación de empleo, al igual que el compromiso de rebajar la edad de jubilación. Casi la única concesión que el gobierno hizo a los trabajadores fue la promulgación de la ley de 40 horas semanales, e incluso esta fue aplicada mas tarde de lo prometido. Mientras tanto, en 1983, las empresas privadas aumentaron sus beneficios un 148% con respecto a 1982, de 47.000 millones obtenidos en 1982 pasaron a 117.00 millones en 1983.

La burguesía en todo momento apoyo la llamada Reconversión Solchaga. Los empresarios respiraban contentos, y no era para menos. Lo que ellos y sus gobiernos no se habían atrevido a realizar lo hacía ahora un gobierno del PSOE, con autoridad e influencia entre las masas. Se comenzaban a aplicar los planes de reconversión industrial aprobados por UCD en 1981 y que nadie se atrevió a impulsar antes. Los despidos y cierres en las empresas industriales golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica era desmantelada salvajemente. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba en esa línea.

El Acuerdo Interconfederal (AI) de 1983 y el Acuerdo Económico y Social (AES) de 1984 (que solo firmo UGT), profundizaba en la línea de topes salariales y desregulación de la contratación laboral, y además pronto mostró su ineficacia en la creación de empleo. En octubre de ese año, el gobierno llevo a cabo la reforma del Estatuto de los Trabajadores, por la cual se extendían los contratos temporales.

El gobierno intento hacer semiconcesiones incumplidas, como La Ley de Protección del desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del desempleo hasta alcanzar al 48% del total de los parados registrados en el INEM en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42%. En 1985 se aprobó la Ley de Pensiones, que fue la actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe González. La ley endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones y reducían la cuantía económica de las mismas. Se establecía la obligatoriedad de haber cotizado a la Seguridad Social al menos durante 15 años, frente a los 10 exigidos hasta el momento. Además se modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista. Esta contrarreforma laboral fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985, convocada por CCOO y CNT, pero sin el respaldo de UGT.

A estas alturas los representantes del capital aplaudían la política económica de Felipe González. Un ejemplo lo tenemos en Rodolfo Martín Villa, ex ministro de UCD y jerarca de la dictadura de Franco, quien el 2 de enero de 1985 dijo para Cinco Días: “suscribo la política económica del gobierno, porque no me parece, ni muchos menos de izquierdas”.

En 1988 fue presentada la Ley de Empleo Juvenil. Un plan que fue la gota que colmo el vaso para la convocatoria de una Huelga General por parte de UGT y CCOO el 14 de diciembre de 1988. La huelga fue un rotundo éxito y el gobierno se vio obligado a retirar la reforma laboral e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de los trabajadores. Pero en el sistema capitalista ninguna victoria es eterna hasta el derrocamiento revolucionario del mismo. Por tanto siempre que un gobierno hace concesiones con una mano, intenta quitártelos con la otra en ese momento o más adelante. Eso fue lo que paso entonces. El gobierno aplazo sus planes, pero volvió a la carga con ellos cuando vio oportunidad.

En 1991 según la EPA había 2.463.700 parados. En esta situación, en abril de 1992 el gobierno aprobó un Real Decreto que recortaba las prestaciones del rato, tanto en su cuantía como en su duración, y que endurecía las condiciones para acceder a cobrar el paro. Este “decretazo” fue contestado con una Huelga General de doce horas el 28 de mayo de 1992.

A finales de 1993 el gobierno presento una nueva reforma laboral que incluía la puesta en vigor de una nueva modalidad de contratación más precaria para los jóvenes en paro y la legalización de las ETTs. Era la generalización de “los contratos basura”. El 27 de enero de 1994 los sindicatos convocaron una Huelga General, ante una Reforma Laboral que ampliaba las posibilidades de despidos colectivos e introducía causas tecnológicas, productivas y organizativas, como razones de despido. La huelga no consiguió sus objetivos de retirar la reforma laboral y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO no sacaron la conclusión de que era necesario endurecer la movilización, sino todo lo contrario. Desde entonces las cúpulas sindicales emprendieron y profundizaron en una política sindical basada en los pactos, la desmovilización y en el “mal menor”. Mientras tanto el mercado laboral se precarizaba a pasos de gigante en un ambiente de retroceso en la conciencia social y de clase.

La etapa Aznar

El Partido Popular nada más ganar las elecciones de marzo de 1996 se apresuro en profundizar en las contrarreformas neoliberales impulsadas anteriormente por Boyer, Solchaga y Solbes. Se procedió a desmantelar el sector publico en una salvaje política de privatizaciones totales o parciales para empresas publicas como Repsol, Telefónica, Argentaria, Gas Natural, Endesa, Inespal, Iberia, Argentaria, Tabacalera, etc. En estas empresas una vez privatizadas se comenzaba sin demora a instalar la precariedad y los despidos como el pan de cada día. Por tanto, el sector publico no se reconvirtió para hacerlo más eficiente y rentable, sino para regalar las empresas publicas con beneficios a los capitalistas.

Por entonces mientras Hacienda dejaba de ingresar 600.000 millones de pesetas debido a las rebajas de impuestos a los grandes empresarios, el gobierno congelaba el salario de los empleados del sector público.
Este gobierno también procedió a aprobar una reforma laboral. Esta vez con el apoyo y el visto bueno de UGT y CCOO, que se plasmo en la firma del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 1997.

Esta reforma creaba un nuevo tipo de contrato en el que se rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33 días, con un tope máximos de 24 mensualidades, con la creación del llamado contrato del fomento del empleo que era más precario. También se ampliaban las causas de despido procedente, como la de “amortizar puestos de trabajo”. Era un regalo mas para la patronal. Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios dijeron entonces que aceptaban un pedido mas barato porque el gobierno les había prometido rebajar la precariedad y la temporalidad en el empleo en 20 puntos. Pero el resultado fue que cinco años después solo había bajado dos puntos, a ese ritmo harían falta muchas décadas para terminar con la temporalidad. Desde el gran capital se alabo la firma de esta reforma laboral y se presentaba el pacto como un modelo a continuar que “beneficiaba a todos”.

En el periódico Cinco Días, el 12 de marzo de 1997 se podía leer: “Los sindicatos entraron por el aro y empiezan a hablar el mismo lenguaje que la patronal. Tras veinte años negándose a ello, ayer admitieron la necesidad de abaratar el coste del despido improcedente para incrementar la contratación estable”. Ya hemos visto después como la contratación estable, no ha aumentado, sino ha desaparecido.

Ninguna de las contrapartidas prometidas por el gobierno se cumplieron y el problema estructural del paro continuo. A su vez la temporalidad y los accidentes laborales era algo común y extendido en los tajos. Entre 1996 y 2000 hubo un incremento del 40% en los accidentes laborales, y los morales aumentaron un 14% entre 1996 y 1998.

Frente a esta situación el gobierno no se cansaba en decir que lo importante era que se estaba creando empleo y que esta tendencia no se invertiría jamás. El paro paso de un 22.3% en el primer trimestre de 1996, al 15.4% en el tercer trimestre de 1999. Pero el empleo indefinido apenas creció, paso del 65.1% en 1995 al 66.7% a finales de 1999.

En diciembre de 2001 se firmó el Acuerdo de Negociación Colectiva entre los representantes de la CEOE y CEPYME y UGT y CCOO. El gobierno prometía que la moderación salarial podría contribuir al mantenimiento e incremento del empleo y que por tanto había que aceptar como un dogma la idea de que el crecimiento salarial es la causa del paro y de que se deben rebajar los salarios para preservar los puestos de trabajo. Este acuerdo se firmaba el mismo año en el que se introducía el euro, lo que provoco un aumento generalizado de los precios y la disminución del poder adquisitivo de las familias trabajadoras. Bajo una vaga promesa de mantenimiento del empleo, los dirigentes de CCOO y UGT se comprometían a mantener la paz social y a facilitar la moderación salarial, mientras que los empresarios no se comprometían a nada. Desgraciadamente este acuerdo fue firmado como tantos otros, sin la consulta de los afiliados ni se discutió entre el conjunto de los trabajadores. El acuerdo continuo su aplicación año tras año hasta la ruptura con el gobierno de Zapatero el año pasado.
Durante los gobiernos de Aznar la vivienda conoció una subida de precios espectacular inigualable entre los países miembros de la OCDE. El PP en el gobierno nos animaba a invertir en vivienda como si fuera una mercancía más e incluso aseguraba que la subida del precio de la vivienda nos beneficiaba a todos los propietarios; incluso había un interés especial en que todos nos sintiéramos nominalmente ricos. Se intentaba inculcar una cultura individualista y egoísta entre la sociedad, mientras que el gobierno con su política económica echaba gasolina a la burbuja especulativa y bursátil del ladrillo.

En el año 2002 Aznar se mostró dispuesto a aprobar una reforma laboral con o sin consenso. Los ataques a los jornaleros del campo, a las prestaciones por desempleo y la reforma en los salarios de tramitación fueron tan duros que los sindicatos tuvieron que convocar una huelga general para el 20 de junio de 2002. La huelga tuvo un seguimiento muy importante, pero no fue tan masiva como el 14-D de 1988. Los sindicatos no se mostraron dispuestos de seguir la lucha hasta el final. Ambos factores condujeron a que el gobierno solo retirase el 80% de la reforma laboral que habían aprobado por decreto. Se intensificaba el declive del Partido Popular que tuvo su cenit en las movilizaciones previas a las elecciones de marzo de 2004, que dieron la victoria al PSOE.

Gobierno de Zapatero

En los primeros años de gobierno de Zapatero, el PSOE siempre presumió de ejercer una “política social y de izquierdas” y de defender a los que “menos tienen”. Este mensaje fue repetido hasta la saciedad sin que le corrigieran por la izquierda. Aunque la realidad es que este gobierno socialiberal ni si quiera aplico una política socialdemocracia clásica y moderada. No se retiraron contrarreformas aprobadas por los gobiernos de la derecha (como la LOU) y tampoco se aprobaron medidas para favorecer a la clase obrera y las familias trabajadoras. Zapatero se limito a aplicar medidas interclasistas, como las ayuda de 400 euros durante el año 2008 que afectaban tanto a ricos como a pobres.

Este gobierno disfrutó del fin de un periodo de expansión económica que comenzó en los años 90. Este boom fue acompañado de altas tasas de paro y temporalidad; precios de vivienda desorbitados, aumentos de los ritmos de trabajo, moderación salarial y pérdida de poder adquisitivo, deslocalizaciones, etc. Los trabajadores no se beneficiaron del crecimiento económico y este solo fue posible debido a la sobre explotación a la clase trabajadora. Desgraciadamente los sindicatos se limitaron a gestionar el proceso y a profundizar en la práctica de aceptar “el mal menor”, negándose a emprender la lucha por recuperar derechos y el poder adquisitivo.

Tenemos que recordar que fue en las últimas etapas de este contexto cuando el gobierno del PSOE aprobó su primera reforma laboral. Esta fue aprobada en mayo de 2006 con el apoyo de UGT-CCOO e incluso con el visto bueno del PP. Los contenidos eran las mismas recetas de siempre y no se diferenciaba de las reformas aprobadas por Aznar y Felipe González. La reforma generalizó aun más el despido a los indefinidos a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades. Se aumentaban las bonificaciones empresariales, aun siendo el país de la UE que mas dinero gastaba en estas. A demás aumentaban los casos en las que las indemnizaciones eran asumidas por el FOGASA, y no por el empresario.

A cambio se nos aseguro una vez más que con esta reforma se reduciría el paro, que el empleo estable se instalaría en la totalidad de las plantillas y que los contratos basura serian algo del pasado. El resultado es que desde la aplicación de esta reforma hay tres millones de parados más. Pero la voracidad del capital no tiene límites, no contentos con esta reforma, dos años después el PP y la patronal comenzaron a exigir al gobierno una nueva reforma laboral.

La recesión y la salida antisocial de la crisis

En el año 2008 se pone fin a un periodo de expansión económica y una grave crisis económica comenzó a azotar al planeta. El mundo temblaba cuando en EE.UU quebraron los bancos Bear Stearns, Merrill Lynch y Citigropu. Pero el 15 de septiembre de ese año, el cuarto mayor banco de negocios del mundo, Lehman Brothers, también quebraba. Las bancarrotas se instalaban sobre las principales entidades norteamericanas de crédito inmobiliario. El pánico cundió aun más cuando la mayor compañía de seguros del mundo, American Internacional Group también presentaba serios problemas. El gran capital huía en desbandada del mercado inmobiliario para invertir en el sector del petróleo y los hidrocarburos, provocando terribles alzas de precios.

Entonces se nos aseguraba de la necesidad de regular la bolsa y el sistema financiero, para corregir sus exceso. Esto era lo mismo que nos dijeron en el año 2000 tras la crisis bursátil de las puntocom. Pero lo que se hizo fue todo lo contrario y se potencio la denominada “ingeniería financiera”; por tanto después de una burbuja tecnológica, la especulación se dirigió a potenciar una burbuja financiera e inmobiliaria. Los gobiernos desregularon aun mas el sistema financiero y legalizaron operaciones financieras de alto riesgo. Se potencio, por tanto un tipo de economía que no aportaba nada a la sociedad: la economía financiera y bursátil. El sector secundario de la bolsa (derivados, opciones, etc) aumento vertiginosamente y aun más que el sector primario bursátil (acciones, monedas, deuda pública y privada, etc.).

Proliferaban los activos tóxicos, las subprimes, derivados de crédito y los CDO. Las hipotecas de millones de familias trabajadoras se vendían tomo títulos bursátiles en los mercados internacionales, creando un mercado irreal tremendamente especulativo y peligroso en el que predominaba el secreto bancario, la opacidad financiera y los paraísos fiscales.

La peligrosidad de este modelo económico era visible ante los ejemplos de escándalos como el de Enron o Parmalat. Pero ningún gobierno hizo nada y se continúo echando gasolina a la burbuja inmobiliaria, que convertía al sector de la construcción en el más rentable de todos.

En España este modelo de economía especulativo se concentro en el sector del ladrillo y se potencio hasta niveles desconocidos. Los precios de la vivienda alcanzaron precios completamente desorbitados. Una situación incentivada con ventajas fiscales a las constructoras y con la liberalización del suelo.

En este modelo se primaban los bajos salarios y en la precariedad, por tanto los empresarios preferían utilizar mano de obra en vez de invertir en maquinaria y tecnología. Se profundizaba en una economía mafiosa que funcionaba en torno al préstamo, el endeudamiento y la mentira. Lo pudimos comprobar con el estallido de la burbuja que ocasiono millones de impagos.

El PSOE nos aseguro que la crisis no la pagarían los trabajadores, y que no era necesaria ninguna reforma laboral debido a que la crisis no tenía un origen laboral. Entonces se aseguraba que la recesión tenía su origen en la desregulación financiera y los bancos. Después se achacaba la crisis a los especuladores y a la escasa confianza de los mercados. Entonces se intensifico una campaña que exigía duros planes de ajuste contra los trabajadores y la inmediata aprobación de reformas de pensiones y del mercado de trabajo.

Pese a la crisis los grandes ejecutivos seguían recibiendo grandes bonificaciones e incluso organizaban grandes fiestas ante los multimillonarios planes de rescate.

La poca expectación que había sobre si el gobierno respondería con un ataque al movimiento obrero se disipo de forma rápida y el gobierno comenzó a aplicar al dictado los planes del FMI, el BCE y la banca.
El gobierno se sumo a las actuaciones de otros gobiernos y aprobó un plan de ayuda para los banqueros con el apoyo del PP. De un a situación de superávit pasamos a tener un déficit galopante, en buena parte por los 250.000 millones que el gobierno invirtió en ayudas y avales a la banca. La deuda privada de la banca se convertía en una voluminosa deuda pública. Este era el resultado de las subvenciones al capital y el rescate del sistema financiero. Resultaba sorprendente la facilidad con la que los gobiernos encontraban dinero para los bancos. Un dinero que no se utilizaba porque los Estados estuviesen preocupados por los empleados bancarios o los hipotecados. El gobierno español también aprobó ayudas para las constructoras y ordenaron que el ICO crease un fondo de 3000 millones de euros en ayudas para refinanciar la deuda de las inmobiliarias. Empresas como Hábitat y Ferrovial respiraban tranquilas.

Todos los gobiernos del mundo nos aseguraban que el Estado debía proceder inmediatamente a rescatar a los bancos para salir de la crisis. Los mismos que se negaban a realizar inversiones públicas en protección social, ahora suplicaban proteger a la banca y presentaban estas medidas como ineludibles e inevitables para crisis parecidas en el futuro.

Pero la realidad es que según el propio FMI hemos sufrido 127 crisis en los últimos 30 años. Por tanto tenemos ejemplos de cómo se ha actuado en otras ocasiones, y en muchas ocasiones no ha sido de forma diferente. Un ejemplo lo encontramos en Japón, en 1998. Aquel año el gobierno japonés respondió a la crisis económica aprobando un plan de rescate bancario que suponía 400.000 millones de euros. El Estado tuvo que salir al rescate de siete grandes bancos. Diez años después Japón no había salido de la crisis y se enfrentaba a los efectos de la nueva recesión mundial.

Los fundamentalistas del capital recomendaban emprender una oleada de privatizaciones para reducir el déficit, pero ya poco había que privatizar. El 11 de febrero de 2009 el ministro de industria, Miguel Sebastian dijo que “Ya lo hemos vendido todo”.

El déficit se disparaba hasta niveles inéditos y este no era la causa de realizar grandes inversiones en infraestructuras, investigación tecnológica o equipamientos sociales, que se tradujeron en la creación de puestos de trabajo. El déficit se agravaba a causa de la bajísima presión fiscal que se ejercía hacia las grandes fortunas, por las multimillonarias ayudas a la banca y la escasez de ingresos. En cambio desde la derecha y la patronal se bombardeo en los medios de comunicación diciéndonos que el déficit era por culpa de un desmesurado gasto público y que existía una imperiosa necesidad de recortar el mismo.

El mito del gasto social

Desde el inicio de la crisis económica los representantes del capital comenzaron a repetir que era necesario e ineludible recortar el gasto social y se insistía en que los presupuestos generales del Estado debían ser restrictivos en inversión social, asegurándonos que el gasto publico era desorbitado. Pero todo era y es mentira, asegurándonos que el gasto publico era desorbitado. el gasto social y se insistía en que los presupuestos en España se ha sufrido históricamente un retraso con respecto a las cuotas del Estado de Bienestar europeo. La causa principal se encuentra en que el gasto público español siempre ha sido muy bajo. La prueba la tenemos en la escasez de guarderías y residencias públicas; y en las graves deficiencias del sistema educativo y sanitario. Este es el problema mas grave que tiene la sociedad española, y no el déficit. El gasto social y el Estado del Bienestar esta muy poco desarrollado. Por esta razón hay una desconvergencia social con Europa en cualquier índice de bienestar social. El profesor Vicenç Navarro nos suministra datos muy reveladores al respecto, y un indicativo muy importante lo tenemos en que la población adulta que trabaja para el bienestar social es el triple en Suecia, que en España. Para colmo el gobierno ha procedido a aplicar una drástica reducción de empleo público.

A demás un gran empresario español solo paga un 38% de los impuestos que paga un gran empresario sueco. Ahora aun más debido a que la nueva reforma laboral aumenta las bonificaciones y subvenciones en las cotizaciones empresariales, en algunos casos hasta llegar al 100% de las cuotas empresariales por contingencias comunes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, etc. Aquí tenemos un ejemplo de la doble moral de la patronal, que exige moderación en el gasto público por un lado y más subvenciones y ayudas públicas para ellos por otro. Además quieren que la Administración Publica este en consonancia con sus intereses y que se permita que la iniciativa privada entre de lleno en los servicios públicos que no sean deficitarios.

Los trabajadores somos los que sufrimos esta poca sensibilización de los gobiernos hacia las clases populares, por eso nosotros (y en especial la mujer) somos los que tenemos que cubrir las insuficiencias del Estado de bienestar, al estar desprovistos de cualquier ayuda de servicios de familia (guarderías publicas, residencias, atención domiciliaría a mayores) por el empeño de los gobiernos para no invertir en servicios públicos.
España es unos de los países de la UE donde menos ancianos reciben atención domiciliaría y donde menos niños asisten a escuelas públicas de infancia. En cambio somos el tercer país que mas centro educativos privados tiene.

Ningún gobierno ha tenido en su agenda política la solución a este problema, mas bien sus esfuerzos se han centrado en aplicar planes de austeridad impulsados por el gran capital. Incluso cuando hemos tenido superávit este no se ha utilizado para elevar nuestras cuotas de bienestar social, mas bien este fue fruto del ínfimo gasto social.

Y es que ningún gobierno ha medido el desarrollo económico según el impacto que esta tenia en la calidad de vida de las familias trabajadoras. Incluso, los ministros de economía no han ocultado su satisfacción por reducir el gasto social. Y además no hay que olvidar que este no siempre se utiliza para responder a nuestras necesidades humanas.

El ex presidente Aznar ahora se dedica a predicar por el mundo recetas y explicaciones sobre la crisis, y nos asegura que una de las causas de la crisis ha sido el excesivo gasto público. Su empeño en reducción del gasto lo demostró aplicando drásticos recortes e inversiones en sanidad y educación publica durante su mandato. El ex presidente contribuyo enormemente en su mandato para que España se situase a la cola de Europa en cuanto a gasto publico.

España es hoy el país de la UE de los 15, con el gasto social mas bajo por habitante. Mientras en España este gasto es de 5.526.4€ por habitante, en la UE-15 asciende a 7.464.3€. Por lo tanto según la teoría de Aznar, al tener un gasto público tan bajo, el crecimiento económico seria mayor que en los países donde realizan inversiones más importantes de gasto social. Pero en cambio sucede lo contrario.

Los países con menor gasto social y menor carga fiscal a los ricos (España, Irlanda, Portugal, Grecia) son los países donde las tasas de paro son tan altas y donde la crisis ha actuado con más dureza. En cambio los países con mayor carga fiscal (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) tienen una tasa de paro muy por debajo de la española.

Queda claro que la crisis no la género el gasto público, ni la “inflexibilidad” del mercado laboral o la deuda publica. Porque cuando estallo la crisis, España tenía un mercado laboral muy flexible, había superávit y teníamos el gasto publico y la deuda publica mas baja de Europa. Por tanto la causa habrá que buscarla en otro lugar; por ejemplo en la explosión de una burbuja inmobiliaria y bursátil que se fraguo durante años y décadas con el respaldo de todos los gobiernos de turno. Lo evidencia que buena parte de los parados que engrosan las listas del INEM provienen del sector de la construcción.

Además, como se ha señalado anteriormente, una gran parte del déficit ha sido a causa de los multimillonarios avales a la banca. Para salir al rescate de los poderosos, el gobierno no lo dudo ni un momento. Estas medidas han disparado el déficit y los riesgos de los bancos, han dejado de ser privados, para ser colectivos. Un ejemplo de la política neoliberal basaba en privatizar beneficios y nacionalizar perdidas. Por tanto queda evidencia que intereses defiende el Estado. Pero no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que cuestionar esos intereses y estas políticas. Por ejemplo cuando el gobierno asegura que la salida de la crisis pasa ineludiblemente por un plan de ajuste que reduzca el déficit en un 3%, no debemos resignarnos y debemos preguntarnos quien ha tomado esa decisión y porque no han decidido reducirlo a un 2 o un 4.

Ante la evidencia de los intereses a los que defiende el Estado tenemos que mostrar nuestro más rotundo rechazo. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que aplicar los planes del FMI y el BM nos van a traer algo bueno. Donde se han aplicado los dictados del FMI, la pobreza y las desigualdades sociales han aumentado. Basta mirar a África y Latinoamérica. Incluso los expertos y economistas burguesas aseguran que las políticas de ajuste están retrasando el crecimiento económico.

El sueño de la patronal: despido libre, rápido y gratuito

La poca sensibilidad que muestran los gobiernos hacia los trabajadores y el bienestar de sus ciudadanos, la vemos una vez mas en la reforma laboral que aprobó el gobierno por decreto ley el pasado 16 de junio, que mas tarde fue ratificada con cambios en el parlamento el 9 de septiembre. Lejos quedaban las declaraciones de Zapatero en las que aseguraba que la crisis no recaería sobre las espaldas de los trabajadores y que no estaba en su agenda una reforma laboral porque la crisis no era de origen laboral.

El borrador de reforma laboral llego al parlamento y solo IU y BNG pidieron su retirada. Todos los demás grupos parlamentarios se apresuraron en presentar enmiendas que endurecían el texto, mientras demagógicamente criticaban la reforma. Pero a los trabajadores no nos debe extrañar que los defensores de la libre empresa, también defiendan el despido libre.

El gobierno claudicó ante el gran capital y procedió a aprobar una contrarreforma laboral que no tiene ninguna ventaja para la clase trabajadora, sino todo lo contrario. Es una autentica batería de ataques sin ni siquiera contrapartidas. Sin embargo desde el gobierno y las instituciones financieras se nos dice que para salir de la crisis y acabar con el paro hace falta reformar el mercado laboral abaratando el despido.

A estos argumentos que no tienen ninguna validez científica, tenemos que contestar que ninguna reforma laboral ha sido una herramienta para salir de una crisis y mucho menos para crear empleo. Cuando nos dicen que esta reforma creara empleo, debemos preguntarnos que tiene esta reforma que no hayan tenido las demás. La única forma de creerse este dogma neoliberal es realizando un ciego acto de fe, sin poder encontrar ninguna evidencia empírica.

La causa de las tasas altas de paro no hay que buscarla en el “excesivo coste del despido”, incluso más bien al contrario; tener un mercado laboral donde resulta tan fácil despedir ha posibilitado que el paro crezca tan rápidamente. Pero incluso este apunte no explica la causa principal del paro, y esta resiste en que cuando la actividad económica es negativa, no solo no se crea empleo, sino que se destruye al margen de la legislación laboral vigente. En una coyuntura recesiva ningún empresario va a contratar a nadie sino hay actividad económica, aunque el despido sea totalmente libre, rápido y gratuito. Un hostelero no va a contratar a camareros, si nadie entra a su local a consumir, sea el despido caro o barato. En cambio se nos insiste en que es necesario abaratar el despido porque así los empresarios contrataran a parados masiva y rápidamente.

Para contestar a estos argumentos hay que aclarar una cuestión importante, en España el despido es libre desde hace muchos años, el empresario puede despedir cuando quiera, e incluso aun perdiendo el juicio por improcedencia, es el patrón quien elige si readmite o indemniza al trabajador; antes era al revés, el trabajador si había ganado el juicio elegía si prefería ser readmitido o indemnizado. Por tanto en un panorama como este exigir un despido mas fácil y barato equivale a que un medico dijera a una persona que padeciera anorexia, que adelgazase aun mas cuanto antes.

No contentos con esta situación los empresarios llevan años exigiendo que la cuota (indemnización) por despedir sea cada vez más insignificante. Algo que han conseguido con creces con esta y otras contrarreformas laborales.
La lógica capitalista que nos quieren inculcar es que solo el beneficio empresarial genera empleo, y para mantener esos beneficios hay que sacrificar los derechos laborales que hagan falta. Pero este argumento esta muy cojo, hemos visto como antes de la crisis, numerosas multinacionales con grandes beneficios trasladaban su producción a Europa del este o anunciaban recortes de plantilla salvajes con ganancias récords. Durante el periodo 1999-2008 nos encontramos con que los beneficios empresariales en la UE de los 15, aumentaron un 38%, y en España un 73%.

Reforma laboral: un durísimo ataque contra la estabilidad laboral

Hasta ahora los despidos se debían tomar demostrando que era una medida necesaria, pero la reforma laboral deja claro que ya no hace falta y que por tanto la razonabilidad de la causa de despido solo se debe mostrar “mínimamente”. Además se aumentan las causas que un empresario puede alegar para despedir: previsión de pérdidas, amortización de puestos de trabajo, incertidumbre económica o financiera, disminución de beneficios, etc. Por tanto ahora tenemos una situación en la que casi todos los despidos podrán ser procedentes, y mientas antes serian improcedentes con 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades y el cobro de los salarios de tramitación, ahora nos encontramos con que nos podrán despedir por la vía procedente y seremos indemnizados con 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades y sin salario de tramitación. Para colmo el FOGASA subvencionara los despidos pagando 8 días por año trabajado en cada uno. Por tanto el empresario se le facilitaría un doble abaratamiento y solo pagaría 12 días por año trabajado. El resultado es que costara lo mismo despedir a un trabajador indefinido que a uno con contrato temporal.

En este aspecto hay que señalar que la demagogia del gobierno y los neoliberales no tiene límite. Nos insisten en la imperiosa necesidad de controlar el déficit pero no dicen nada del déficit que supondrá para el FOGASA financiar los despidos.

Otro regalo para la patronal lo tenemos en el cambio respecto al preaviso de despido. Antes el preaviso se debía notificar con 30 días de antelación y si el empresario realizaba alguna irregularidad en su tramitación, el juez tenia que declarar el despido nulo y el trabajador podría ser readmitido. En cambio ahora el preaviso pasa de 30 a 15 días y si el empresario se salta las reglas, el despido ya no seria nulo, sino improcedente.

Además se aprueba un nuevo tipo de contrato que tiene como fin universalizar la precariedad. En este nuevo tipo de contrato, del que solo se salvarían de su aplicación las personas de entre 30 y 45 años en activo, desaparece el despido improcedente de 45 días por año trabajado con 42 mensualidades de tope, y se convertiría en 33 días con un tope de 24 mensualidades. Los empresarios van a intentar deshacerse cuanto antes de los trabajadores con antigüedad y trienios, formados, veteranos y con experiencia sindical para ser sustituidos por jóvenes y parados en una situación económica desesperada, que tendrán que firmar este nuevo tipo de contrato más precario. Los empresarios siempre tenderán a aplicar el tipo de contrato que conlleve menos derechos. A esto se le llamaba renovar plantilla en condiciones laborales precarias; desgraciadamente una práctica empresarial muy extendida.

Por último señalar que se aumentan las causas objetivas para despidos colectivos y se facilitan aun más los EREs. Estos tienen menos trabas administrativas y aumentan las causas legales para poder aplicarlos. Incluso se abre la vía para poder aplicar EREs en la administración publica.
Por tanto el objetivo es claro y esta cumplido: se debe convertir el despido en un acto natural, legal y normal; para que el empresario pueda aplicarlo cuando quiera.

Otros ataques contemplados en la Reforma Laboral

Aumenta el poder empresarial para poder modificar sustancialmente las condiciones de trabajo pactadas: horarios, jornadas, retribuciones salariales, movilidad funcional y geográfica, etc. Se facilita que la empresa se descuelgue de acuerdos salariales pactados y se desnaturaliza la eficacia y validez de los convenios colectivos. Por tanto hay una clara voluntad política de dar mas poder empresarial en lo referente a la organización del trabajo y la gestión interna, en detrimento del trabajador. Incluso se extiende la vergonzosa cláusula de inaplicación salarial, para que el empresario pueda desentenderse de aplicar el régimen salarial pactado en un convenio colectivo cuando las empresas vean afectadas sus perspectivas, estabilidad o el mantenimiento de puestos de trabajo. Por tanto la totalidad del personal laboral esta expuesto a que se le apliquen recortes salariales como les ocurrió a los funcionarios el pasado mes de junio.

Además se potencia aun más el salario variable “vinculado a la productividad”. Ya hay un rosario de empresas en las que han aprobado bajadas salariales a los empleados: las empresas del transporte de viajeros por carretera de Zaragoza, los fabricantes de cales y yesos, las industrias agropecuarias de Extremadura, el sector vitivinícola de Córdoba, las ambulancias privadas andaluzas, la metalurgia de Salamanca, las clínicas privadas de Aragón y Cantabria, los hospitales de salud mental catalanes, etc.

La empresa alegando razones económicas, técnicas u organizativas no solo podrá modificar nuestro salario a la baja, también nuestro horario, turno, movilidad funcional, etc. Bastara con alegar que la empresa necesita optimizar recursos o favorecer la competitividad. Sino hubiese acuerdo entre trabajadores y patronal para imponer los cambios, se recurriría a un arbitraje y su dictamen tendría la misma validez que un convenio y por tanto serian de obligado cumplimiento. En empresas donde no exista representación sindical los cambios serian impuestos. El PP presento enmiendas en el parlamento para que en caso de no haber acuerdo la empresa tuviera la última palabra. En el caso de que el trabajador no acepte las modificaciones impuestas será despedido con 20 días por año trabajador con un tope de 9 mensualidades.

En medio de toda esta “flexibilidad laboral” no se tienen en cuenta en ningún momento la salud de los trabajadores, se desprecia nuestro ocio, vida personal, familiar, etc. En el fondo se busca que estemos las 24 horas del día a disposición de las empresas.

Tramite parlamentario

La reforma sufrió un trámite parlamentario que endureció el alcance de la reforma. El PP presento más de 70 enmiendas. Algunas de ellas pretendían prohibir las huelgas generales y las huelgas sectoriales cuando los convenios estuviesen vigentes. Que duda cabe que la derecha y el gran capital saben que la huelga es una herramienta valiosísima para la clase trabajadora, y no quieren que sus reformas puedan ser paralizadas por la movilización de los trabajadores. Por esta razón el PP presento estas enmiendas y el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguro que las huelgas generales debían “erradicarse” por ser “decimonónicas”. Afortunadamente estas enmiendas no se aprobaron, pero otras si. Se introdujo la posibilidad de que la empresa pueda despedir vía procedente bajo el pretexto del “absentismo” aun con causa justificada, si se falta al trabajo durante dos meses en un 20% de las jornadas hábiles. Por tanto caer en una enfermedad puede ser acreditado legalmente como despido procedente.

Durante el trámite parlamentario se filtró a la prensa que el PSOE propuso a CIU a puerta cerrada que se animaran a presentar enmiendas que endurecieran el texto para que el coste social no recayera únicamente en los hombros del PSOE. El representate de este partido en la Comisión de Trabajo del Congreso (donde se debatía la reforma) era Jesús Membrado, ex secretario general de UGT en Aragón. El mismo dijo que buena parte de las enmiendas del PP y CiU eran “perfectamente asumibles”. El propio vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, dijo que “en el terreno laboral el ejecutivo ha dado un paso tímido. Ahora la reforma esta en manos de los parlamentarios, que deben rematar”. Además el secretario de Estado para Hacienda, Luis Ocaña, aseguro que le parecía “buena idea”, que la reforma “se mejorase en el parlamento”. Pero lo que estos señores llamaban rematar o mejorar, era en realidad pisotear.

En el parlamento se presentaron 344 enmiendas y en todas ellas se asumían las reivindicaciones de la CEOE. Pese a que el PP criticó demagógicamente la reforma, en sus 71 enmiendas, había algunas encaminadas a aplicarla cuanto antes. El borrador original señalaba que seis meses después de la aprobación de la reforma se legalizarían agencias de colocación privadas con ánimo de lucro que tuviesen competencias que hasta hoy solo tenía el INEM. En cambio el PP presentó una reforma para que estas agencias pudiesen constituirse tan solo 15 días después de aprobase la reforma. Por tanto vemos cierta prisa en la derecha en cuestiones como la privatización de la intermediación laboral, y así ver realidad cuanto antes una reivindicación histórica de la CEOE. Con esta medida se abre el negocio para algo que debería ser un derecho. La selección de personal se hará bajo criterios privados y se empezara a desarrollar modelo de discriminación, para convertir nuestra vida en un casting permanente, viendo como las agencias de colocación consiguen eliminar subsidios o denegar ofertas de empleo con la excusa de que “no das el perfil”.

Empleo temporal y contratos basura

No solo se legalizan las agencias de colocación, también se legalizan Empresas de Trabajo Temporal en sectores hasta ahora prohibidos: administración, sector publico, sanidad, minería a cielo abierto y de interior, industrias extractivas, trabajados en plataformas marítimas; fabricación, manipulación y utilización de explosivos y trabajos con riesgos eléctricos, etc.

La universalización de las ETTs va a producir una universalización aun mayor de la precariedad y se eliminaría el sistema de bolsas de empleo haya donde existiesen. Se multiplicaran los contratos en los que te obligan a firmar una renuncia a tus vacaciones, pagas extras y derechos.

El gobierno insiste en que es necesario “flexibilizar” el mercado laboral y abaratar el despido para fomentar el empleo indefinido y reducir el temporal. Esto es el mismo que nos cuentan en cada reforma laboral. Siempre nos dicen que el objetivo es acabar con la “dualidad” en el mercado de trabajo y reducir la temporalidad a costa de reducir el coste del despido, ya que así los contratos temporales se convertirá en empleos fijos. Pero la realidad es que esta reforma no promueve el empleo estable, en parte porque en España ni siquiera el empleo indefinido es estable.

Las medidas de la reforma laboral concernientes al empleo temporal se basan en fomentarlo. Mientras hasta ahora eran 12 meses el tiempo máximo en el cual podías encadenar contratos temporales. Ahora las empresas podrán tener contratado al trabajador con contratos precarios hasta 36 meses, incluso 12 meses más si el convenio del sector lo permite. La única consecuencia que puede tener esta medida es que el empresario podrá mantener el tiempo máximo posible a un trabajador alternando contratos temporales, y cuando por ley no pueda hacerlo mas, optara por no renovarle el contrato. Se seguirá optando por la misma vía que antes, pero ahora unos años mas tarde, por tanto se alarga la precariedad y tendremos a varias personas rotando en el mismo puesto de tres en tres años.

Hay que clarificar que si la temporalidad se reduce es a consecuencia de que los eventuales son los primeros en perder el empleo y van a las listas del INEM, y no por que pasen a firmar un contrato indefinido. Los contratos formativos, que son pagados con un sueldo inferior al SMI se facilitan aun más. Aumentan las vías para poder hacer contratos en practicas (uno por cada Grado, Máster o título que tengas).

Los anticapitalistas debemos defender que la mejor manera de eliminar el trabajo temporal es eliminando las ETTs y los contratos basura; y no liquidando la estabilidad y derechos del empleo indefinido. No podemos tolerar ataques contra la estabilidad en el empleo. Pero cualquier gobierno está interesado en que existan altas tasas de paro y temporalidad para tener a los trabajadores disciplinados a través del miedo. Esta inseguridad se manifiesta en una débil posición negociadora ante la patronal. Los trabajadores atemorizados, divididos y desorganizados son presa fácil de la precarización.

Ataque a las pensiones públicas

Los que tienen la vida solucionada quieren deteriorar la nuestra todavía más. Nos dicen que todos debemos “remar en la misma dirección” y aceptando el fundamentalismo de la económica de mercado, jubilarnos a los 70 años.

El Gobernador del Banco de España, en su faceta de buen fundamentalista del gran capital llevaba años exigiendo una reforma del mercado laboral y de las pensiones. Su currículum tiene un sello claramente neoliberal, fue Secretario de Estado de Economía y Planificación con Felipe González, dirigió privatizaciones y trabajo como director ejecutivo en el FMI, además en los 90 impulso la liberalización de los horarios comerciales. Resulta irónico que un defensor de los recortes salariales, gane 1.026 euros por cada asistencia a reuniones con representantes de organismos financieros, y que además tenga un salario de 165.026 euros, un sueldo un 111% mayor que el del propio Zapatero.

Este es un ejemplo de cómo los mismos responsables de la crisis siguen en sus puestos. Pero no es el único ejemplo, José Ignacio Goirigolzarri (consejero delegado del BBVA) se ha jubilado anticipadamente con 68.7 millones de euros de pensión. Francisco González, actual Presidente del BBVA, se va a jubilar con una pensión de 79.8 millones de euros, el Presidente del Banco Santander, lo hará con 24.6 millones de euros. Estos son los señores que están en contra de la huelga, pero a favor de gastar menos en pensiones públicas y que nos jubilemos a los 70 años.

Frente a los que dicen que el sistema público de pensiones es insostenible hay que señalar que España es uno de los países de la UE con pensiones mas bajas y que menos gasta en pensiones.

También nos alentaron a principios de los 90 que el sistema no era viable y que el sistema quebraría en el año 2000. Pero después nos encontramos con que ese año la SS tuvo superávit. A día de hoy la Seguridad Social goza de superávit y posee un multimillonario fondo de reserva. Aun así nos alertan de que es ineludible una reforma del sistema de pensiones.

Existen muchas formas de pagar las pensiones, no hay porque aceptar como un dogma que las pensiones se deben pagar exclusivamente con cotizaciones a la seguridad social. A los funcionarios se los paga con partidas de los presupuestos generales y lo mismo podría pasar con los pensionistas. Pero el gobierno va en la dirección opuesta, afirma que las pensiones se pueden financiar de otra forma y nos recomiendan que hagamos planes de pensiones privados.

Hace pocos días, Zapatero ante funcionarios del FMI aseguró que la reforma de pensiones que alargara la vida laboral debía estar aprobada antes de fin de año. Resulta irónico que Zapatero hiciese ese anuncio ante unos funcionarios que se jubilan a los 51 años con 100.000 euros de pensión, mientras el Partido Socialista en Francia votaba en el Parlamento contra la reforma de pensiones del gobierno Sarkozy para aumentar la jubilación de los 60 a 62 años.

El gobierno asegura que el sistema es inviable y la Comisión Europa ha recomendado alargar la vida laboral obligatoria hasta los 70 años. Parece que nuestro gobierno presentara en las próximas semanas o meses un proyecto de reforma que se endurecerá en el parlamento.

De momento se plantea que la edad de jubilación pase de los 65 años actuales hasta los 67. A demás el calculo para las pensiones cambiaría, de realizar una media de los últimos 15 años, se propone pasar a 25 años. También se esta valorando que ya no hagan falta un mínimo de 15 años para acceder a una pensión, sino 25.

Como argumento para realizar estos ataques nos dicen que la esperanza de vida ha aumentado. Es cierto, pero ese aumento de la esperanza de vida se debe en buena parte, a que en los últimos 50 años la disminución de la mortalidad en niños y jóvenes ha sido enorme. En periodos históricos anteriores la mortalidad infantil provocaba una escasa esperanza del nivel de vida. Lo podemos explicar con un ejemplo practico, si en un pueblo en el que viven dos personas, una muere al nacer y otra a los 80 años, tenemos una esperanza de vida de 40.

A demás el argumento de que la esperanza de vida ha aumentado es un arma de doble filo, ya que también ha aumentado sustancialmente el PIB, por tanto se dispondrán de mas recursos para gastar en pensiones.
Otro factor a tener en cuenta es que alargar la vida laboral provoca mas paro y que en un sistema laboral tan precarizado y estresante para la mayoría de los colectivas, es difícil que una persona disfrute con su trabajo y quiera seguir trabajando mas años. Uno ejemplo tenemos como las enfermedades laborales derivadas del estrés han aumentado en toda la Unión Europea, especialmente en España. A demás quien nos garantiza un puesto de trabajo, ya no hasta los 67 años, sino hasta los 40.

El proyecto de reforma de las pensiones constituye una razón de peso añadida a las razones para la necesidad de paralizar el país el próximo 29 de septiembre. Debemos exigir la retirada del plan.

Conclusiones

Los trabajadores debemos hacer balance de todas las contrarreformas laborales que hemos sufrido y preguntarnos si nos han beneficiado en algo y que frutos han dado. En esta última en concreto tenemos que pensar muy bien si necesitamos su aprobación o más bien necesitamos su derogación. Ninguna reforma laboral regresiva va a crear empleo, ninguna ha terminado con el paro o ha evitado una crisis económica. De hecho las reformas laborales de los años 80 y 90 son las que han permitido que se destruya empleo en la actualidad con tanta rapidez y facilidad. Por tanto los gobiernos no aplican las policías de ajuste pensando en crear empleo o en nuestros derechos, sino en incrementar y recuperar la tasa de beneficios del capital. Recordemos que caminamos a un marco laboral precario del país en el que se inicio la crisis: EE.UU. Por tanto un marco laboral precario no evita ni soluciona las crisis capitalistas.
Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad en la crisis capitalista. En época de beneficios nadie los repartió con nosotros, pero ahora quieren que la crisis y sus consecuencias caigan sobre nuestras espaldas y que no mermen sus beneficios.

Nos machacan diciendo que para conseguir una economía competitiva y productiva hay que recortar salarios y flexibilizar el mercado laboral. Esta es una apreciación falsa, si la clave fuesen los salarios, las empresas de Sudan serian mas competitivas que las alemanes. También es clave el nivel de formación de los trabajadores, la calidad de las infraestructuras y tecnología, la inversión productiva, etc. El problema es que con la actual política económica no se busca homologarnos con Suecia o Alemania, sino con Marruecos.

No podemos permitir que mientras los bancos continúan especulando y acumulando beneficios; se exija sacrificios a las familias trabajadoras. El gobierno esta aprovechando la crisis para atacar nuestros salarios y derechos, aplicando el programa del BBVA; es una evidencia de que los gobiernos no controlan a la banca, sino al revés. Porque detrás de todas las políticas de ajuste están los banqueros y el gran capital, y es necesario que se encuentren con un rechazo frontal por parte de los trabajadores y todos los explotados y oprimidos de esta sociedad. Todas las medidas destinadas a desmantelar sectores productivos, privatización, precarización del mercado laboral y la vida social (educación, vivienda, sanidad, ocio) se enmarcan en una decisión política que el capital necesita para mantener sus beneficios.

Frente a los que dicen que la lucha no sirve de nada, hay que defender que lo que no sirve de nada es no hacer nada ante los ataques. Un gobierno en cuya agenda se da prioridad a incrementar y recuperar la tasa de beneficio del capital, poniendo más difícil el mantenimiento de los puestos de trabajo y empeorando nuestras condiciones laborales y de vida se merece una Huelga General.

Es una sensación extendida que la gente opte por resistirse a ir a la huelga por los 30 o 60 euros que te quitan ese día. A estos compañeros hay que decirles, lo que es un descuento en la nomina de 40 euros comparado con todos los derechos que nos quieren quitar. Tenemos que estar más molestos por todos los derechos que vamos a perder. Y la primera medida imprescindible a tomar es que contribuyamos todos a paralizar el país el próximo 29 de septiembre. Porque si estos ataques pasan inadvertidos estamos allanando el camino a que inmediatamente vengan más. Ya se habla del copago sanitario y se volverá a hablar de la jornada laboral de 65 horas semanales.

Tenemos que identificar claramente a los culpables de esta crisis y a los defensores de los ataques. El gobierno, la derecha y los banqueros quieren diluir responsabilidades y crear una cortina de humo y señalar como culpables: los especuladores, los inmigrantes, la legislación laboral, el gasto publico, las “desbocadas políticas socialistas” (según Aznar), etc. Los culpables de esta situación han sido los banqueros y los grandes capitalistas, cuya voracidad ha llevado al planeta a la recesión, con el beneplácito de todos los gobiernos de turno.

El miedo a perder el empleo siempre ha sido un arma eficaz de los empresarios. Pero nunca hemos tenido un marco laboral en el que sea tan fácil, legal y barato quedarte sin empleo. Por tanto lo que nos tiene que dar miedo no es movilizarnos, sino esta reforma laboral que pisotea nuestros derechos. A demás este no es el único ataque: reforma de las pensiones, recortes en prestaciones sociales, ley de cajas de ahorro, recortes salariales, privatizaciones, copago sanitario, agresión a pensionistas y funcionarios, etc. Por tanto la Huelga General debe ser una movilización contra todos y cada uno de los planes de ajuste en los que no hay ni un solo átomo progresista. En esta lucha no debemos tolerar que se desprestigie la opción de la huelga, la agrupación sindical y la respuesta colectiva. Debemos abandonar las soluciones individuales ante lacras sociales que nos afecta a todos.

La Huelga General del 14 de diciembre de 1988 debido a su amplísimo seguimiento consiguió retirar una reforma laboral e incluso que el gobierno asumiese reivindicativas ofensivas del movimiento obrero. La Huelga General del 20 de junio de 2002 no tuvo un seguimiento tan amplio, por eso solo se pudo retirar el 80% de la reforma laboral. Recordar que entonces aquella reforma ya estaba aprobada, por lo tanto no nos sirve la excusa de que ya no se puede hacer nada porque la ley ya esta aprobada. Cualquier ataque se puede echar atrás, esta aprobada o no, si los trabajadores responden con una movilización seria y masiva. Lo hemos visto recientemente con la aplicación de los recortes salariales a empleados públicos. La huelga general en la administración del pasado 8 de junio fue un fracaso y el descuento salarial fue aplicado. En cambio cuando intentaron aplicarlo en Metro no pudieron porque si hubo respuesta. Por tanto ahora mas que nunca hay que insistir en que la lucha sirve.

Es necesario un profundo giro sindical a la izquierda y conseguir que la huelga general del 29 de septiembre sea un éxito y el inicio de un proceso de profunda movilización social que logre echar atrás las reaccionarias y antisociales contrarreformas del gobierno. De lo contario este ataque pasaría inadvertido, y estas contrarreformas solo serian el prologo de una batería de ataques sostenidos en el tiempo. Todos aquellos que tengamos conciencia social debemos esforzarnos porque esta huelga, además de ser legítima y necesaria, lo sea también masiva.

Por Raúl Navas (Militante de Izquierda Anticapitalista y de CGT)

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