Por Raúl Navas

La reforma laboral aprobada en 2012 convirtió en fuente de ley multitud de reivindicaciones históricas de la patronal. La normativa aprobada en febrero de 2012 contenía una batería de medidas agresivas orientadas a precarizar las condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora. Sus elementos centrales fueron los siguientes:

• universalizar y facilitar las causas de despido procedente,
• eliminar la autorización administrativa de los ERE
• implantar el contrato de emprendedores con despido gratuito y sin causa durante un año,
• aumentar el poder de las ETTs con potestad para ser agencias de colocación colaboradoras con el SEPE,
• facilitar el descuelgue de convenio por parte empresarial,
• aumentar las causas para despidos colectivos en la Administración y el sector público,
• facilitar a la patronal la reducción salarial y la modificación sustancial de las condiciones laborales,
• bonificaciones empresariales por contratos basura,
• legalizar el despido alegando baja por enfermedad común, etc.

Esta reforma laboral ha disparado el número de trabajadores afectados por descuelgue de convenio. Por otra parte, con el fin de la ultractividad contemplada en la misma, la patronal ha conseguido una de sus reivindicaciones históricas (la duración indefinida de los convenios ha terminado).

Los descuelgues de convenio para recortar salarios y derechos se cuentan por miles. Además la situación se complica al otorgar prioridad a los convenios de empresa frente a los sectoriales u otros de ámbito superior, produciéndose una situación de indefensión y recortes en derechos laborales en pequeñas y medianas empresas. La propia OIT ha señalado que la reforma laboral vulnera derechos sindicales y que incumple varios convenios ratificados por el Estado español.

Bajo el capitalismo, todos los gobiernos tienden a facilitar un proceso de acumulación de capital y de recuperación de la tasa de ganancia en momentos de crisis. En este sentido, entre los objetivos de la reforma laboral, se encuentra la intención de facilitar una rebaja salarial en el sector público y privado para reducir el gasto público y que los capitalistas recuperen su tasa de beneficios. Las estadísticas del INE muestran como, trimestre tras trimestre, el coste laboral medio por trabajador ha disminuido significativamente. Se mire por donde se mire, mientras los beneficios empresariales aumentan las reducciones salariales son un hecho. Basta señalar que el Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid señalaba que durante el último trimestre de 2013 en la Unión Europea solo Grecia y Chipre habían visto caer los salarios más que en España.

Minijobs y contratos a tiempo parcial

La precarización no es un fenómeno sociológico novedoso en las sociedades contemporáneas. Ha sido y es el estado natural de la clase trabajadora en todo el mundo, con distintos matices geográficos y temporales, y rarísimas excepciones.

La patronal de los países occidentales está exigiendo la extensión de los contratos precarios que se adapten a sus necesidades productivas y organizativas y que sean eficaces para recuperar y aumentar sus beneficios empresariales. En España, desde la reforma laboral de 1984, las empresas se han acostumbrado a utilizar constantemente, de forma abusiva e incluso fraudulenta, los contratos temporales con parámetros siempre superiores a la media europea.

Actualmente la precarización es aún más dramática. El número de trabajadores con contratos por horas y a tiempo parcial (sean temporales o indefinidos) aumenta vertiginosamente. Este fenómeno no es exclusivamente español. En Estados Unidos y Gran Bretaña está disminuyendo el número de ocupados a tiempo completo.

En abril de 2013, Eurostat publicó un informe con datos sobre gente empleada a tiempo parcial que querría trabajar más horas y no puede. Mientras la media de la UE se situaba en el 21%, en España se llegaba al 55%, y en Grecia al 66%, destacando que en Holanda solo llegaba al 3%.

Según datos de la EPA, en el primer trimestre del año 2014 la población ocupada caía a niveles de 2002, la contratación indefinida había caído respecto al año anterior, y el empleo a tiempo completo bajaba en 176.800 personas, en tanto que el número de personas ocupadas a tiempo parcial crecía un 16.2%.

Datos del INE y el Ministerio de Empleo señalan que el porcentaje de contratos a tiempo parcial sobre el total pasó del 22.8% en 2006 al 35% en 2013, mientras que la duración media de los contratos temporales paso de 79.1 días en 2006 a 54.7 días en 2013. Estas estadísticas tienen una expresión dramática en la vida real, y prueba de ello la encontramos en cómo se está extendiendo el fenómeno de vivir en la pobreza aun teniendo trabajo debido al aumento de gente que gana un salario igual o inferior al salario mínimo. Eurostat ha señalado que solo Rumania y Grecia superan a España en tasas de riesgo de pobreza entre personas con trabajo.

Junto a ello, asistimos al fenómeno de gente con contratos a tiempo parcial que trabaja horas extras no retribuidas. Según el INE, las horas extras no retribuidas en este sector ha crecido un 104% en los últimos dos años.

Por otra parte, hay que señalar que este tipo de empleo de bajos salarios se ceba en las mujeres, y que estos contratos han tenido efectos dramáticos a la hora de calcular una hipotética futura pensión. No olvidemos que el Tribunal Europeo de Justicia obligó al gobierno español a cambiar la normativa al dictaminar que en España se discrimina a las mujeres en las pensiones al penalizar los empleos de tiempo parcial (cuyo cálculo de pensión se hacía por horas, no por días), que fundamentalmente corresponden a mujeres.

Paro y precarización:

La patronal no para de repetir que para crear empleo únicamente hace falta “flexibilizar el mercado laboral”; es decir, abaratar el despido, bajar los salarios y empeorar las condiciones de trabajo.

Sin embargo, a pesar de que los nuevos contratos indefinidos se sitúan siempre por debajo del 10%, mientras que los temporales rondan el 90%, el empleo no aumenta.

La precarización y el paro se han extendido por todos los sectores productivos y en todas las franjas de edad. Las familias con todos sus miembros en paro desde la crisis han crecido vertiginosamente, encontrándose muchas de ellas en una situación dramática y sin horizontes esperanzadores a la vista. Además el gobierno ha recortado las prestaciones y subsidios de desempleo, e incluso ha endurecido el acceso del subsidio para desempleados mayores de 55 años.

Según datos de la EPA (primer trimestre de 2014), de 5.925.359 personas en paro solo 1.927.703 cobraban prestación por desempleo. A su vez, datos del Ministerio de Empleo publicados a principios de junio señalaba que el 42% de la gente en paro no recibía prestaciones por desempleo.

El capital quiere más

La patronal nunca se sacia en su empeño de destruir derechos laborales. Esta pretensión es aún mayor en momentos como los actuales, cuando su tasa de ganancia fue reducida por la crisis económica. En noviembre de 2012, solo unos meses después de aprobar la reforma laboral, la OCDE ya estaba pidiendo al gobierno incrementar de nuevo el IVA, abaratar aún más el despido, reformar las pensiones, endurecer el acceso al subsidio de desempleo, reducir deducciones de IRPF, facilitar el descuelgue de convenios, más liberalización de horarios comerciales, eliminar jubilación parcial, limitar las posibilidades del despido nulo, etc.

En agosto de 2013 la CEOE pidió al gobierno cambios legislativos para facilitar la imposición de contratos a tiempo parcial a quienes estén a tiempo completo. Asimismo, propuso generalizar el contrato de emprendedores y que todos los nuevos contratados incluyan un periodo de prueba de un año sin indemnización en caso de despido. También exigen un salario mínimo, vinculado únicamente a los jóvenes, inferior al SMI, y descausalizar por completo los contratación temporal, al tiempo que abogan por potenciar el salario variable en los convenios colectivos para “crear empleo”.

Por otro lado, la Comisión Europea ha pedido en varias ocasiones rebajar una vez más la indemnización para el despido improcedente. El Banco de España, por su parte, se ha mostrado favorable a modificar la ley para que las empresas puedan pagar salarios inferiores al SMI. FEDEA pide la aprobación de un contrato único donde la indemnización por despido procedente sea de 8 días, y 12 en caso de improcedencia. De forma parecida se ha mostrado la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) pidiendo el despido libre con 10 días de indemnización y recortar el tiempo máximo por el cual se perciben prestaciones por desempleo. La FAES ha propuesto que las empresas puedan pagar un salario inferior al SMI, y que el Estado pague la diferencia.

También resultan curiosos los análisis y propuestas del BBVA expuestas en un estudio titulado “¿Puede la moderación salarial reducir los desequilibrios económicos?”, donde defienden una reducción de sueldos del 7%, asegurándonos que de esta forma, automáticamente se podría aumentar el empleo en un 10.4% y conseguir un aumento del PIB del 8.3%. De esta forma, se incide una vez más en que todos los males económicos son culpa de los salarios, señalando la bajada de estos como la única manera de crear empleo y fomentar el crecimiento económico. Resulta escandaloso que el BBVA defienda políticas de bajos salarios cuando su presidente gana mas de cinco millones de euros anuales.

En ocasiones las exigencias de políticas de ajuste por parte del capital se complementan con insultos o burdas insinuaciones. En febrero de 2013 Rosell dijo en la SER que a muchos funcionarios había que mandarlos con un subsidio a casa para que no gastaran en papel y teléfono. Recientemente también ha dicho que un millón de amas de casa se apunta al paro “por si cobran algún subsidio”. Hace dos veranos vimos como una diputada del PP aplaudía el recorte de las prestaciones a las y los parados con el comentario de “que se jodan”. Otra diputada del PP del parlamento valenciano aseguro que los parados se gastaban los subsidios en comprar televisiones de plasma. Este discurso se contradice con el de “nos duelen tomar este tipo de medidas”, ya que en la práctica vemos que disfrutan.

Las más altas esferas del capitalismo español se encuentran muy contentos con el gobierno actual. Rajoy ha preparado cumbres empresariales y reuniones con la CEOE donde no se oculta que ambos están en sintonía. Incluso ha recibido en el Palacio de la Moncloa al Consejo Empresarial para la Competitividad. Esta agrupación capitalista se encuentra formada por 17 grandes empresas y está presidido por el presidente de Telefónica, Cesar Alierta.

En este tipo de reuniones los elogios mutuos no se disimulan en exceso y el pasado mes de mayo, Botín dijo en un almuerzo en la Moncloa que iba a “felicitar a Rajoy por lo bien que lo está haciendo”. Estos elogios no son casuales, y prueba de ello es que las grandes fortunas del Ibex 35 son un 67% más ricas desde que gobierna Rajoy/1. Durante el año 2013, mientras se destruían cientos de miles de puestos de trabajo y la economía decrecía, las empresas del IBEX 35 aumentaron sus beneficios en un 58% y ganaron 18 500 millones de euros, mientras que los cinco mayores bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular) del país obtuvieron unos beneficios netos de 7 674 millones de euros, cuatro veces mas que las ganancias obtenidas en 2012. Además, en los tres primeros meses de este año, las empresas del Ibex 35 han ganado más de 7 200 millones de euros. Un informe del banco suizo Credit Suisse indicaba que el número de millonarios creció en España un 13% en plena crisis entre mediados de 2012 y primera mitad de 2013.

Es necesaria una estrategia de lucha

Muchos estamos hartos de escuchar a diario los tópicos neoliberales por parte de ministros, periodistas del régimen y empresarios. Nos repiten como si fueran dogmas universales, que para ayudar a los parados hay que precarizar los derechos a la gente trabajadora en activo, que para mantener la calidad de la sanidad hay que recortar su presupuesto, que para crear empleo hay que facilitar el despido, que para aumentar la calidad de la enseñanza hay que despedir a profesores, etc.

Bajo el paraguas de este discurso hemos sufrido un retroceso permanente e histórico en las condiciones de vida y trabajo en una especie de bienio negro sostenido en el tiempo. La ofensiva neoliberal contra nuestros derechos va unida a una ofensiva ideológica contra el sindicalismo de clase y combativo. Siempre debemos tener presente que nuestras perspectivas son aún peores, salvo que hagamos algo para remediarlo. No podemos negar que revertir esta situación es complicada, sobre todo si los trabajadores y trabajadoras nos encontramos divididos y mal organizados. Pero es imperiosamente necesario que nos unamos para enfrentarnos y enterrar todas las recetas de austeridad y agresiones a nuestros derechos laborales. No olvidemos que la patronal española y europea está organizada y a la ofensiva. Ante esta difícil situación las resistencias deben multiplicarse, creando redes de solidaridad en toda Europa y creando agrupaciones sindicales internacionales.

Las ejecutivas sindicales de UGT y CC.OO no han impulsado ninguna agenda de movilización sostenida, cuando resulta imperiosamente necesario debatir y extender una tabla reivindicativa en defensa de los intereses de la clase trabajadora. Toxo y Mendez están hablando continuamente de pacto mientras continuamos de retroceso en retroceso. No olvidemos que el año pasado ambos secretarios generales se reunieron con Merkel sin consultar, ni informar no solo a los trabajadores, sino ni siquiera a sus afiliados o delegados. Esta nefasta estrategia sindical esta en las antípoda del verdadero sindicalismo combativo y anticapitalista, tan necesario en estos momentos de ofensiva del capital.

Es necesario que el movimiento obrero adquiera mayor fuerza y protagonismo en la lucha contra las políticas de ajuste. Pero cambiar la correlación de fuerzas no basta con decir que estamos hartos de pacto social. Tampoco podemos estar continuamente hablando sobre las reivindicaciones de la patronal, tenemos que hablar de las nuestras y luchar por ellas con unos criterios ideológicos claros y anticapitalistas. Debemos identificar unos objetivos en torno a los que unirnos y popularizar una tabla reivindicativa de mínimos que incluya cuestiones como la jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial, jubilación a los 60 años, aumento drástico del salario mínimo, eliminación de las ETTs, prohibición del despido libre, etc. De esta manera empezaríamos a arrebatar la iniciativa reivindicativa a la patronal y erosionar su poder. Y en esta tarea solamente un sindicalismo de clase realmente combativo y anticapitalista, puede ser eficaz a la hora de ganar conflictos con la patronal y evitar que la patronal continúe teniendo éxito en sus planes de recorte.

12/08/2014

Notas

1/ http://www.publico.es/dinero/518915/los-duenos-del-ibex-son-un-67-mas-ricos-desde-que-gobierna-rajoy)

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Raúl Navas es delegado sindical de CGT y miembro del Comité de Empresa de Correos en Madrid.