Entrevista con la médica Mati Iturralde

Usted conoce bien el sistema médico de las prisiones españolas, ¿cómo funciona?

En principio, las personas que están en prisión tienen un servicio sanitario compuesto por médicos, enfermeros y enfermeras. Cuando un preso tiene algún síntoma que le preocupa, tiene que hacer una instancia y apuntarse para acudir a la consulta médica. En esas consultas, que ahora empiezan a tener algo más de dotación, se valora el caso y se toman decisiones sobre el tratamiento o sobre las pruebas que haya que realizar.

La mayoría de las pruebas terapéuticas, o pruebas diagnósticas, se realizan en los hospitales de referencia de la cárcel, porque en las prisiones no hay aparato de rayos, ni analíticas... Además, la mayoría de los presos y presas vascas mantienen una distancia bastante prudente con los servicios médicos de la cárcel porque desconfían de su capacidad y, sobretodo, desconfían de la eficacia de sus tratamientos. Por eso, mediante la familia, intentan contactar con nosotros para valorar los síntomas o ver qué se puede hacer.

¿Existen diferencias entre el trato a un preso político y a un preso social?

Todas las personas que permanecen en prisión durante un tiempo prolongado sufren enfermedades que la propia cárcel produce. Sin embargo, en el caso de los presos políticos vascos se suma un castigo añadido, porque se les niega cualquier derecho aunque este tenga un objetivo humanitario. Me refiero a la puesta en libertad condicional, la posibilidad de realizar tratamientos a través de médicos de confianza... A los presos políticos se les impide el uso de todas esas posibilidades que contempla la ley.

¿Cómo se encuentran los presos políticos enfermos en la actualidad?

En este momento hay diez presos políticos en una situación preocupante. Los dos últimos que han padecido graves problemas de salud han sido José Mari Pérez, Txuri, e Iñaki Erro. Todos ellos padecen enfermedades graves incurables.

Enfermedades graves incurables... ¿Qué tipo de patologías imperan en la prisión?

Las enfermedades incurables, en un principio, estaban relacionadas con el cáncer, pero ahora se comienzan a ver un incremento en el número de enfermedades crónicas degenerativas. Esto ocurre porque muchos presos enfermos llevan más de veinte años en prisión.

En cuanto a las patologías, en este momento hay cuatro personas con cardiopatía isquémica, con riesgo severo de sufrir un infarto; también está Txus Martín con un problema siquiátrico grave; y hay otras dos personas con esquizofrenia, una patología con un pronóstico muy malo en prisión. Asimismo, Gotzone López de Luzuriaga padece un cáncer de mama y José Ángel Viguri tiene cáncer de vejiga.

Cuando se les notifica una enfermedad, ¿cómo se ponen en contacto con el preso?

Ninguno de los médicos que participamos en el seguimiento de presos enfermos tenemos permiso para acudir como médicos de confianza. Instituciones Penitenciarias nos denegó las autorizaciones y ahora ninguno podemos acudir. El control de la enfermedad lo hacemos mediante la familia, que nos cuentan qué síntomas ha tenido, qué diagnósticos le han hecho y cuál ha sido el tratamiento, tanto en prisión como en el hospital. A partir de hay tratamos de ponernos en contacto con los médicos que les atienden en los hospitales de las cárceles donde estén y con los directores médicos de las propias prisiones. En algunas ocasiones hay una mínima colaboración y en otras, ninguna.

De todas maneras sí que intentamos estar un poco encima para que se hagan las cosas como se deben hacer. En los casos más graves intentamos por todos los medios acercar a los presos a Euskal Herria para poder realizar el tratamiento en la red de hospitales de Osakidetza o de Osasunbidea.

¿Qué relación tienen con el personal médico de las prisiones?

En este momento estamos en un momento de transición. Con los médicos de Langraiz, Martutene y Basauri mantenemos una relación normalizada. Con el resto la relación es muy complicada porque no acceden a ponerse en contacto con nosotros, ya que consideran que ellos son los médicos responsables de las personas presas.

¿Existen discrepancias entre los médicos de Jaiki Hadi y los sanitarios de las cárceles a la hora de tratar a un preso?

Sí. Lo cierto es que hemos tenido bastantes discrepancias a la hora de hacer diagnósticos y seguimientos. En la cárcel un diagnóstico se dilata en el tiempo. Desde que un preso nota un síntoma y lo tramita al servicio médico de la cárcel, hasta que se comienza a hacerle pruebas y tiene un diagnóstico puede pasar meses e incluso años. Los tratamientos se dilatan en el tiempo por traslados continuos, porque se pierden expedientes médicos...

¿Cómo vivió esas discrepancias en los casos de Ibon Iparragirre y Txus Martín?

La enfermedad de Ibon Iparragirre prácticamente llegó al límite durante su estancia en la cárcel, y por eso decidieron aplicarle la prisión atenuada, porque existía un riesgo inminente de muerte. Por otro lado, en el caso de Txus Martín estamos pidiendo desde hace ya muchos meses que se le haga una serie de pruebas nuevas, pero Instituciones Penitenciarias no permite realizarlas.

El miércoles Herrira denunció la incidencia de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la salud de los presos. ¿Cómo repercute?

La sola aplicación de la doctrina ya supone una fractura sicológica muy importante, porque supone romper con la expectativa que toda persona en prisión tiene, que es la del día de la libertad. Pero además, la forma con la que se aplica es absolutamente cruel, porque se espera hasta el último momento para comunicar a la persona que no va a salir, sino que se prolonga su condena durante años.

Además, para las personas enfermas la doctrina del TS supone posponer un tratamiento digno y una convivencia digna con la enfermedad. Me acuerdo por ejemplo el caso de Jon Agirre Agiriano, «Elurtxuri», al que se le prolongó la condena aún sabiendo que tenía una enfermedad grave e incurable.

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