Ibon Iparragirre, enfermo de VIH desde los 17 años, fue detenido por la Ertzaintza en 2010 acusado de colocar un coche bomba junto a una comisaría dos años antes. Tras una semana en régimen de incomunicación, durante la cual denunció haber sufrido torturas, fue ingresado en la cárcel de Soto del Real y después trasladado a Sevilla 2 hasta agosto de 2011. Durante esta estancia en prisión, su carga viral ascendió en un sólo año de 48.900 a 232.000. Después de dos años y medio en los que cumplió condena en su domicilio tras aplicarle el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que autoriza una prisión atenuada en base a su grave enfermedad, en marzo fue ingresado de nuevo en prisión. Actualmente, está preso en la cárcel de Navalcarnero (Madrid), donde según sus familiares no existen protocolos ni medios para atender a enfermos de VIH. La familia, el Parlamento Vasco y varias organizaciones pro Derechos Humanos exigen su puesta en libertad.

Su madre, Miren Gotzone "Angelita" (nombre que le pusieron al estar los nombres vascos prohibidos cuando nació) recuerda que "entonces él no se medicaba con retrovirales clásicos, sino con vitaminas y dieta especial que no le dañaba tanto los órganos. En la cárcel no se la daban, ni tampoco la alimentación era la adecuada para una persona en estas condiciones". El médico de Instituciones Penitenciarias de la cárcel de Sevilla pidió entonces su traslado a la prisión de Basauri. Las autoridades competentes de Madrid se negaron hasta que, con el tiempo, su estado empeoró aún más. "En la penúltima visita que tuve estaba transparente, no podía casi ni sostener el teléfono", explica Miren.

Ya en Basauri, la familia solicitaba que se le hicieran más pruebas en el hospital de Basurto, pero la penitenciaria era reacia y alegaba que tampoco tenía competencias para conceder el régimen de prisión tenuada, ya que Ibon todavía tenía una causa pendiente en la Audiencia Nacional. "Si hay un desenlace imprevisto usted tendrá alguna responsabilidad", le dijo Gotzone al director. Ni las reiteradas peticiones de su familia y de la plataforma Iparra Galdu Baik (Sin perder el norte) para que le fuera aplicado cuanto antes el régimen de prisión atenuada en domicilio tuvieron efecto hasta que, al día siguiente de la visita de su madre al director, les comunicaron que habían trasladado a Ibon al hospital porque se había desplomado en el comedor. Ella explica el diagnóstico que les dieron: "Tenía neumonía, dos manchas en el cerebro y 51 de defensas (500 es el límite mínimo antes de que se considere preocupante). Empezó entonces a tomar los retrovirales".

En octubre de 2011, con Ibon al límite de sus fuerzas y en el contexto de una intensa campaña de movilizaciones, los abogados de Ibon llevaron el caso a la Audiencia Nacional y consiguieron que le aplicaran el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que autoriza una prisión atenuada en base a las circunstancias del preso, en este caso, su grave enfermedad. Durante dos años y medio, Iparragirre ha estado cumpliendo con los requisitos exigidos: permanecer 20 horas al día en casa y 4 horas en la calle, siempre con pulsera telemática, ir a firmar a la cárcel, someterse a los controles médicos y no asistir a manifestaciones.

El pasado 7 de marzo se presentaron 8 dotaciones de la Ertzantza en su casa para detenerle tras la confirmación de la condena por parte del Tribunal Supremo de 299 años por la explosión del coche bomba en 2008. El proceso habitual hubiera sido, —según Ane Ituiño, su abogada—, notificarlo a la prisión y sumarle los años a la condena que ya tenía, como así ha sucedido con el otro implicado, Asier Badiola. Pero a Iparragirre le pusieron en busca y captura, a pesar de estar ya preso. Gotzone relata que "el día anterior estaba en la piscina con su hija y se le rompió la pulsera telemática, se asustó y se fue a casa corriendo para llamar a la cárcel y decir que iba enseguida a presentarse. ¿Qué busca y captura si estaba súper controlado?". "Yo entiendo que la Audiencia Nacional se salta una decisión administrativa, en la que se había decidido que Ibon, por sus circunstancias, iba a cumplir la condena en su casa. Por la vía de los hechos, le quitan esa flexibilidad penitenciaria", prosigue Ituiño.

Una vez detenido fue trasladado a la cárcel de Basauri. La familia pensaba que era un error de tramitación, pues le habían ingresado de nuevo en prisión manteniéndole dicha pulsera. A las 6 semanas aún seguía allí y le hicieron pruebas: la carga viral pasó de estar neutralizada en prisión atenuada en casa a dispararse, y las defensas le habían bajado de 450 a 134. "De repente nos llamó la asistenta social diciendo que le habían trasladado a Navalcarnero, en Madrid. Allí nos reconocieron que esta cárcel no tiene los medios para tener a estos presos enfermos". El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, encargado del caso, aseguró a la abogada que no se le iba a trasladar ni a dar de nuevo la prisión atenuada hasta que no se le hicieran todas las pruebas en el Hospital Gregorio Marañón y se recibieran los informes sobre su tratamiento en la cárcel, su situación penitenciaria y sobre régimen de vida. Iparragirre lleva más de tres meses en prisión y según afirma él mismo, a día de hoy aún no ha recibido dichos resultados médicos, aunque debido al trastorno neurólogico que padece, no se puede confirmar tal extremo. Para poder sacar del hospital dichos análisis tienen que ser firmados por el propio enfermo. El juez debe recibir todos los informes para enviarlos al forense de la Audiencia Nacional, que a su vez tendrá que hacer otro y en función de este último y de todos los demás se abrirá un plazo para intentar que vuelva a prisión atenuada en domicilio.

El pasado 15 de junio, la madre, la hermana, su pareja y la hija pequeña tenían programado un vis a vis en Navalcarnero. Cuando llegaron les dijeron que se cancelaba porque Iparragirre estaba castigado por tener varias faltas. "Sabían que veníamos desde lejos y con la niña, hablamos con él el día anterior y con la abogada y no nos dijeron nada". Al final les concedieron 20 minutos esa misma mañana a través del cristal. "Cuando entramos, él estaba en shock, no estaba alterado, no entendía qué había pasado".

A la familia le comunicaron que por cada falta podía estar castigado hasta un máximo de 45 días. Hasta el domingo 29 de junio no se le levantó el castigo de aislamiento, ni ha tenido acceso al economato. Las recomendaciones médicas de trabajar el sistema cognitivo al estar solo las 24 horas, sin ver ni leer, en una celda "en la que llega a las paredes con los brazos estirados" —explica su hermana— no se estaban cumpliendo a pesar de que el artículo 254.2 del Reglamento Disciplinario prohíbe que un recluso sea sometido a un castigo de aislamiento hasta que no sea dado de alta.

Doble castigo o camino hacia la paz: una decisión política

El pasado 25 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco sacaba adelante una proposición no de ley con los votos de EH Bildu y PNV, la abstención del PSOE y la negativa del PP, para pedir a Instituciones Penitenciarias la inmediata puesta en libertad de Ibon Iparragirre, así como del resto de presos con enfermedades graves e incurables. Dicha petición, además de responder a cuestiones de derechos humanos reconocidos en la legislación española e internacional, forma parte de los requerimientos para el avance del proceso de paz en Euskadi. El pasado mes de diciembre de 2013, el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK) asumía por primera vez, de manera colectiva, las medidas de reinserción individuales, asumiendo así la legislación vigente, y reconocían el daño causado a las víctimas. Este gesto de voluntad política se ha acompañado de la petición expresa de cumplir con la legislación internacional para acabar con la dispersión en cárceles alejadas de las familias y la excarcelación de aquellos presos gravemente enfermos o mayores de 70 años. De las 500 solicitudes realizadas hasta el momento, sólo se han respondido a una veintena, siendo todas ellas rechazadas por parte de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario, dependientes del Ministerio de Interior, con el argumento de que ETA sigue existiendo y los presos y presas continúan vinculadas a la organización.

Por su parte, algunos miembros del sistema judicial, impartieron a principios de julio unas jornadas en la Universidad Complutense patrocinadas por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua en las que se trataron, entre otros temas inherentes al proceso de paz, las perspectivas jurídicas y las políticas penintenciarias, destacando la normativa excepcional creada al efecto para el conflicto vasco. Joaquín Giménez, miembro del Tribunal Supremo, José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional y el propio de Castro, señalaron que la dispersión, las detenciones incomunicadas y mantener a presos vascos enfermos en las cárceles, abren espacios a vulneraciones de derechos humanos y admitieron que pueden ser eliminados para adecuar la respuesta judicial al contexto político.

Gotzone, la madre de Ibon, cree que mantenerlos dentro "es una venganza, pero no es sólo contra Ibon. Ahora mismo hay 11 enfermos graves vascos más en la cárcel. Es una cuestión política y es tortura blanca". Familiares de Iparragirre se han trasladado a Madrid para visibilizar su caso y están realizando gestiones discretas en el ámbito de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Son conscientes de que si dichas gestiones no dan el resultado esperado, habrá que agudizar la campaña de movilizaciones con el fin de que se le conceda la prisión atenuada en casa. Por el momento han convocado una concentración el domingo 6 de julio a las 12:30h en la plaza de Tirso de Molina de Madrid”.

Libertad para todos los presos enfermos. Comunicado de la Plataforma de Madrid de Solidaridad con Ibon Iparragirre y los/as presos enfermos/as

Desde la Plataforma de Madrid de Solidaridad con Ibon Iparragirre y los/as presos enfermos/as, queremos desarrollar un trabajo de reivindicación social con vistas a un claro objetivo: hacer que se respeten los DDHH de aquéllos presos políticos vascos que padecen graves enfermedades.

Consideramos que casos como los de los presos Ventura Tomé o Ibon Iparragirre, entre otros muchos, no se pueden consentir en un Estado que se auto-define como democrático y de Derecho. Especial mención tiene el caso de Ibon Iparragirre dado que, además de estar gravemente enfermo, ha sufrido una brutal agresión por parte de un funcionario de prisiones en los últimos días a sabiendas del estado físico y psicológico en el que se encuentra.

Desde Madrid, consideramos que es tarea prioritaria el exigir que se respeten los DDHH de todos y cada uno de los presos políticos vascos máxime, cuando estamos en un contexto donde el pueblo vasco trabaja para llegar a una situación de normalidad política. Mantener en prisión a presos que padecen graves enfermedades es una decisión que, no sólo atenta contra los DDHH, sino que, además, tiene una clara intencionalidad política y no es otra que agravar una situación de sufrimiento para el preso, sus familiares y sus allegados.

Por todo ello:

• Exigimos la libertad inmediata para aquéllos presos que padecen graves enfermedades y, de la misma manera, exigimos también la puesta en libertad de aquéllos que han cumplido tres cuartas partes de su condena.
• Exigimos que se acabe con la actual y cruel política penitenciaria que atenta contra los DDHH y pone de manifiesto un sufrimiento añadido a los familiares y allegados de los presos políticos vascos.
• Exigimos que se actúe con responsabilidad política acorde con los nuevos tiempos y el contexto político actual.
• Exigimos la libertad de aquéllas personas que están detenidas y encarceladas por luchar.

---