Por Noemí López Trujillo

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Desde 2004, el Estado nos cuenta. O nos descuenta. En términos numéricos, cada año desde que se implementó la Ley integral contra la violencia de género, el Gobierno elabora un informe con el número de mujeres asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Como un calendario donde los días no suman, sino que restan. “Aquí están las que faltan”.

En 2004 esto supuso una novedad. Hasta entonces ni siquiera se contabilizaban las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas cada año en España. A lo sumo, el Ministerio del Interior emitía un informe donde había homicidios de toda índole. A mediados de los 90, se comienzan a segregar datos por sexo y a finales de esa década se hacen referencias más explícitas a “violencia doméstica”. Con la llegada de la ley 1/2004, los asesinatos machistas tuvieron su propio espacio. Ya no bastaba con una mención entre cientos de páginas, sino que tratándose de un problema que se repetía cada año y con un patrón claro como el de género, tenía sentido arrojar datos más concretos.

La realidad es que el dato, como se suele decir en inglés, no habla por sí mismo –“data doesn’t speak for itself”–. Más allá del valor simbólico y necesario de dejar constancia de cuántas mujeres no están pero deberían estar, ¿qué utilidad tiene soltar determinados datos? En estos informes puedes encontrar el número de asesinadas por provincias, si habían denunciado previamente o no, el origen de la víctima y del agresor, y también cuántos huérfanos deja.

¿Cuál es el sentido, más allá de la acumulación? Sumamos el total de mujeres asesinadas, publicamos titulares sobre el porcentaje de aumento respecto de un año a otro y los diarios regionales se hacen eco en caso de que su provincia sea la que más asesinatos registra ese año. El dato sin una interpretación –es decir, un seguimiento– es información estéril. Cuando la Administración publica estos datos pretende depurar responsabilidades.

Pongamos un ejemplo. Sabemos que las dos primeras mujeres asesinadas en 2014 fueron Carme (Vilanova i la Geltrú, Barcelona) y María (Cervo, Lugo), cuyos nombres hemos anonimizado para preservar su intimidad. Esos datos en sí no indican nada. Pero si ampliamos el foco y buceamos en la hemeroteca, veremos que en Vilanova se produjo uno de los últimos asesinatos de 2013, apenas dos semanas antes.

Sabemos que el asesino de Carme tenía antecedentes por violencia de género, así como una orden de alejamiento sobre Carme. ¿Hicieron algo las distintas administraciones entre el asesinato de diciembre de 2013 y el de Carme para mejorar el protocolo de las denunciantes? Lo desconocemos.

Del caso de María sabemos también que junto a ella fue asesinada su madre. Los medios dieron más detalles de este caso porque en términos periodísticos tenía los ingredientes para una narración más propia de una ficción: deudas con el banco, un embargo, un doble asesinato y el testimonio del agresor, que declarándose culpable aseguró haberlo hecho para ahorrarle sufrimiento a su familia (mujer y suegra). De hecho, varias publicaciones se aventuraron a titular y a enfocar la historia bajo la idea de que el móvil del crimen había sido la desastrosa situación económica familiar. Pero ni rastro de contexto: no hay entrevistas a la administración pública sobre qué otros asesinatos machistas han ocurrido antes y qué protocolos se han activado (o se deberían haber activado) para evitar los posteriores. Se entiende, porque así se narra, que el caso tiene una circunstancias específicas. Todo ello permitía a los periodistas convertir una historia de violencia de género en un relato puntual.

Esto se explica bien a través de la metáfora de la jaula de pájaros formulada por Marilyn Frye y que explica la politóloga experta en género Sílvia Claveria en su libro El feminismo lo cambia todo: “Si miras muy de cerca la jaula de un ave, tan solo puedes ver uno de los barrotes. Podrías mirar ese barrote, de arriba a abajo en toda su longitud, y ser incapaz de entender por qué el pájaro simplemente no vuela evitando el barrote cada vez que quiere ir a algún sitio. Más aún, si inspeccionaras un barrote cada día, todavía no entenderías por qué un pájaro tendría dificultad en sobrepasarlo y volar. Solo cuando das un paso atrás y dejas de mirar exclusivamente uno de los barrotes puedes adoptar una visión general de toda la jaula y comprender por qué el pájaro no va a ninguna parte”. Cada vez que se cuenta una historia de violencia de género, se está observando los barrotes uno a uno, y no todos. Solo hablando de la jaula al completo, se entendería cada crimen machista en toda su magnitud y complejidad.

Informar sobre las condenas

De este caso concreto, por las características mencionadas, sí tenemos algo más de seguimiento a posteriori. En septiembre de 2015, algunos medios regionales se hacían eco de la sentencia que condenaba al autor de este doble feminicidio a 34 años de cárcel. La sentencia permitía recuperar un caso truculento (por las armas que usó, cómo las usó y por resultar asesinadas dos mujeres). Estos detalles publicados han facilitado rastrear la sentencia a través de la web del Consejo General del Poder Judicial, pero ha sido imposible, por ejemplo, con la de Carmen. De este caso se desconoce el castigo judicial que se le aplicó al agresor.

Es decir, actualmente, de las mujeres asesinadas a manos de un hombre apenas tenemos información relevante. Los medios, en función de la importancia que otorguen al caso por su capacidad para construir un relato atractivo, ofrecen ciertos detalles: edad, gustos y aficiones, en qué trabajaba, si había denunciado o no, si había vuelto con el agresor, si había tenido otras parejas, si tenía buena relación con su familia o no. Pero no hay ni rastro del después. Estas historias, casi en el mismo día de su publicación, se categorizan como autoconclusivas: una mujer es asesinada, se confirma que ha sido la pareja o expareja, el agresor es detenido. Fin del relato. En realidad, debería ser el comienzo para un seguimiento mucho más exhaustivo que ponga el foco en posibles responsabilidades institucionales, así como en métodos de prevención o reparación del daño.

Sin embargo, el Estado español no parece asumir en su totalidad la responsabilidad que tiene en cada asesinato machista, tal y como indica Bárbara Tardón, doctora en estudios interdisciplinares de género y experta en violencia de género y derechos humanos: “El Estado no se ve responsable porque sigue sin considerar la violencia machista como una cuestión de derechos humanos que necesita de acciones urgentes e inmediatas. Combatir la violencia machista y garantizar los derechos de las mujeres sigue siendo un asunto residual y no prioritario para el Estado. Por ejemplo, los presupuestos que se designan para hacer políticas públicas en igualdad y violencia de género son ridículos e insignificantes en relación con otras partidas presupuestarias. El hecho de que las mujeres sigan desconfiando de las instituciones que tienen que protegerlas es el ejemplo más evidente de la negligente eficiencia del Estado en este asunto”.

Decía al principio que desde 2004 el Estado nos cuenta, a las mujeres. Numéricamente. Es decir, nos contabiliza. Porque contar, en el sentido de narrar, no nos cuenta. Y es hora de hacerlo. Por todas.

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