Es escandaloso que una adolescente como María José, confiada a la tutela del Principado de Asturias, en un Centro de Menores, fuera violada y embarazada sin consecuencia alguna para los responsables de su cuidado y protección. Es escandaloso que, como cuenta ella: “No me quitaron a mi hijo por tener mala vida. Me lo arrebataron”. María José replicaba así a los que la consideran una mujer de vida desordenada: “No soy alcohólica ni drogadicta ni tan siquiera fumo. No me maltratan ni me han maltratado. No me quitaron a mi hijo por llevar mala vida, sino porque yo era una niña custodiada que vivía en un centro de acogida”. Desde el momento que se conoció el embarazo, el centro de custodia decidió que tenía que dar el niño en adopción. Como afirma la sentencia de la Audiencia de Oviedo “la Administración desde el mismo día del parto, decidió separar a la madre del recién nacido, sin que conste que se barajaran otras opciones”.

El drama en que están insertos la madre biológica, los padres adoptivos y sobre todo el niño, es consecuencia de la infame política de cuidados, adopciones y retirada de tutelas que están realizando las Administraciones de las distintas Comunidades Autónomas, a lo largo y lo ancho de España, sin que ni los gobiernos, ni los juzgados, ni los profesionales de la psicología y el trabajo social, ni los medios de comunicación se opongan.

En este perverso sistema de otorgar a las Consejerías de Bienestar Social y Familia –que más deberían llamarse de Malestar Social y desestructuración de Familias- la competencia exclusiva para determinar qué madres –y siempre madres- son aptas para ocuparse de sus hijos, se ha creado un universo cerrado de mujeres damnificadas por las resoluciones arbitrarias -¿quizá corruptas?- que adoptan los servicios sociales. Con la inestimable ayuda de los llamados gabinetes psicosociales, que no son otra cosa que empresas privadas, surgidas no se sabe donde, en las que trabajan personajes sin cualificación profesional ni siquiera sentido humanitario. Y que, increíblemente, son quienes deciden qué niños se quedan con su madre, cuáles se declaran en situación de abandono, cuáles han de ir a parar a los orfelinatos de la Comunidad, y cuáles se van a entregar a nuevas familias en acogida o en adopción. Como si en nuestra sociedad no existiera un Código Civil y un sistema judicial que debe decidir y amparar la vida de todas las personas implicadas.

Lo más grave es que esos espúreos gabinetes psicosociales son los que “asesoran” a los jueces, y parece mentira que el colectivo de magistrados y el Poder Judicial acepten que esas personas sean quienes en definitiva deciden de la vida y la suerte de miles de madres y de niños.
En el último año y medio, La Audiencia de Madrid ha dictado 4.000 sentencias de custodia de niños, con la intervención de los Gabinetes Psicosociales.

Diversos colectivos de madres, abuelos, abuelas y de adolescentes internados en Centros de Menores, vienen denunciando retrasos en los trámites de gestión de las separaciones, retraso que introduce mayor inseguridad a situaciones, ya de por sí traumáticas, en la infancia y adolescencia. Hay familias afectadas que tienen casos de conflictos no resueltos, desde hace más de 10 años, en diversos juzgados de toda España. Muchas de esas familias, en su recorrido por tribunales y despachos, han perdido sus modos de vida y en algunos casos su propia salud, mientras sus hijos viven en centros de acogida o son dados en adopción, muchas veces en contra del criterio de los progenitores y de las niñas y niños.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay 4.000 familias cuya salud y felicidad depende de los informes de supuestos psicólogos y trabajadores sociales. Para atender las visitas de los menores a sus madres o padres biológicos, únicamente hay tres PEF, es decir: “Puntos de Encuentro Familiar”.

Hace siete años, en 2009, el periodista Jaime Barriento avisó de las consecuencias que tenían para los jóvenes ciertas malas prácticas de determinadas empresas que operaban en el campo de los centros de menores (ver en www.interviu.es).

De la cumplida información que da el periodista extraigo lo que sigue:

“La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos se han metido en un negocio boyante”. (…)

“Cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de la gestión de un centro de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido alguna clase de delito cumplen medidas privativas de libertad. Así lo estipuló la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permitió a las comunidades autónomas –competentes en esta materia– privatizar la gestión de los centros de menores y delegar así en entidades particulares la ejecución de medidas sancionadoras. En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. (…) De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este dinero procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones”.(…)

“La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la aprobación de la prestación social sustitutoria del servicio militar– se lanzasen a la caza de adjudicaciones de centros de protección de menores. Todas ellas, como establece la ley, se definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”.

Este terrible informe debería haber provocado una interpelación parlamentaria, una actuación inmediata de la Inspección de Menores y de los jueces implicados. Pero en este corrupto país, ninguna de las instituciones ni cargos públicos más importantes se dieron por concernidos. Ni la Administración, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, estimaron que había que investigar la denuncia que suponía aquella información. Pero mientras tanto, miles de madres están sufriendo la separación de sus hijos, los niños son tratados como maletas que se trasportan de una familia a otra, otros desaparecen en el misterioso archivo de los expedientes de las custodias y las adopciones. En los juzgados las causas se prolongan durante años. A dicha demora, hay que añadir que los informes redactados por los gabinetes psicosociales, son casi siempre parciales y sin un protocolo oficial que se ciña a las circunstancias concretas de cada familia.

Como es evidente, aquellas madres que no tienen recursos no pueden disponer de defensas jurídicas preparadas, no saben cuales son los derechos que deben esgrimir. Las madres menores, solteras, pobres, abandonadas por el padre, en paro, son las víctimas propiciatorias de la insaciable codicia de esas empresas que se ha permitido que dispongan del destino de miles de niños, como si se tratara de mercancías. Y no se sabe, pero se intuye, qué clase de negocio existe detrás de cada adopción de un hijo arrebatado a una madre adolescente, ignorante, sola y pobre, además negra, como era María José Abeng.

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