Colectivo No a O´Belen

Junto a la histérica campaña política y mediática para rebajar la edad penal, que se reanudó tras la tragedia de Seseña, asistimos a un goteo continuo de noticias que muestran claramente que algo está fallando en todo lo relativo a “menores”.

Cada vez más voces se están alzando contra la excesiva institucionalización de los niños desamparados, planteando además otras alternativas, como la generalización de las familias de acogida profesionalizadas. No entraremos aquí a valorar los pros y los contras de esta medida, simplemente apuntamos esta posibilidad, y que una familia siempre es mejor que la institucionalización. No vamos a insistir más en este punto, ya que por todos es conocido el síndrome de hospitalización o síndrome de carencia afectiva (Spitz, 1952): la vida durante más de un año de un menor en una institución del tipo centro residencial; aunque no sea un centro cerrado y no existan malos tratos espectaculares, es decir, por el sólo hecho de la forma de vida institucionalizada; le puede producir con mucha probabilidad daños de larga duración y en ocasiones irreversibles: baja auto-estima, ansiedad y depresión crónicas, estrés, mayor riesgo que la media de conductas hiperactivas, problemas graves para la socialización…

Y es que realmente el sistema de protección de menores hace aguas por todas partes. Desde la oficina del Defensor del Pueblo apuntan que el actual sistema de protección de menores está "enfermo" porque, no está "ni coordinado ni planificado" (Revista de Prensa, julio 2009). Incluso los jueces afirman que "la protección de menores en España no funciona" y que las deficiencias en el sistema de protección a menores con problemas "obligan a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito familiar y social" (El País, 18/06/09).

Y a todo esto hay que añadir las injusticias y atropellos de todo tipo que en nombre del bien superior de los menores está cometiendo el monopolio tutelar de las comunidades autónomas, en su prepotente afán inquisidor en busca de “situaciones de riesgo”. Ni que decir tiene que estos dignos y “democráticos” sucesores de Torquemada suelen encontrar esos “indicios de riesgo” en las familias con cuentas corrientes poco saneadas (o sin ellas).

Ante tanto despropósito, desde el mundo judicial se están produciendo algunas reacciones. El juzgado de instrucción número 3 de Lugo está investigando supuestas irregularidades en expedientes de protección de menores de la Xunta de Galicia, relativos a retiradas de tutela. Y Carmen Balfagón, directora de la Agencia para la Reeducación y la Reinserción del Menor Infractor, se llevó un buen susto al tener que declarar ante un juzgado por encerrar a un crío de 13 años en un centro de reforma, algo manifiestamente ilegal pero que según declaró fue para “favorecer al menor, que tomaba muchas pastillas”. El cinismo de esta señora sólo es comparable al nivel de "independencia" que muestra el poder judicial, especialmente en la Comunidad de Madrid y en el País Valencià. Por eso no tenemos demasiadas expectativas, pero sin duda estos casos indican que algo se está moviendo también en las esferas judiciales ante hechos tan dolosos (reflejando la presión social cada vez más fuerte ante la impunidad de las instituciones).

El negocio de la privación de libertad

Continúan los escándalos por malos tratos en los centros de reforma (cárceles para niños “infractores”, mayores de 14 años que han cometido algún delito) y en los centros terapéuticos (cárceles para niños sin límite de edad ni de tiempo de internamiento ya que no están condenados judicialmente sino psiquiatrizados).

Tras la privatización de los servicios sociales y en especial de la atención a la infancia, este tipo de centros de privación de libertad para chavales han proliferado como setas, al calor de las subvenciones públicas por niño-plaza/día. Y como el mercado necesita expandirse, se endurecen las leyes del menor. Y como aún así no hay suficientes “delincuentes juveniles” para que todos los entes benefactores chupen del bote, aparecen los hiperactivos, y los oposicionistas desafiantes, y los disociales, y los psicólogos y psiquiatras dispuestos a llamar así a nuestros niños pobres de toda la vida a cambio de un contrato a fin de obra.

Uno de los casos que últimamente salieron a la luz fue el de los centros de Salud Mental Consulting, SL. Un grupo de chavales denunciaron en comisaría los malos tratos y vejaciones que sufrieron en el centro Hogar Galapagar. Allí, como en otros muchos terapéuticos, les desnudan, les atan, les pegan, etc. El caso actualmente está en los juzgados, estando entre los imputados el dueño de esta empresa y la directora del centro. Y el abogado de los chicos, Endika Zulueta, asegura que no descarta solicitar la imputación de algún responsable de la Comunidad de Madrid, puesto que el centro depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

A pesar de todo, la complicidad política de los responsables de las distintas comunidades autónomas con los empresarios de la solidaridad se mantiene. La Comunidad de Madrid sigue negándolo todo (con la colaboración del Defensor del Menor), incluso manteniendo en su puesto a personas imputadas por lo penal. Otro ejemplo lo tenemos en Extremadura, donde los responsables de Bienestar Social han asegurado que harán todo lo posible para que imágenes como las del Narcelo Nessi no vuelvan a salir a la luz pública (ojo, no que no vuelvan a ocurrir, sino que no nos enteremos). Y el juez finalmente entiende que no existe maltrato, ya que “ante la situación de nerviosismo en que se encontraba el perjudicado, es acorde a la legalidad imperante entender el bofetón como la vía para que volviera en sí”. Recordamos que en las imágenes difundidas, se ve a los guardias liarse a porrazos con un chico que está tirado en el suelo y engrilletado, y posteriormente cómo un vigilante le golpea brutalmente en la cara mientras él está con las manos engrilletadas a la espalda.

Fundación Internacional O´Belen

Esta empresa se ha hecho tristemente famosa por la muerte de varios niños en sus centros, por las constantes denuncias públicas sobre su mala praxis y por las movilizaciones sociales contra los malos tratos que sufren los menores que tienen la desgracia de caer bajo su “protección”. Protección generosamente subvencionada, eso sí.

Gracias a la lucha, varios de sus centros de tortura han sido clausurados (La Jarosa, Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz), han perdido muchos conciertos con distintas administraciones y ya no pueden organizar sus campañas de marketing ni sus congresos, también subvencionados. En resumen, han perdido parte de su negocio, que es lo que al fin y al cabo les interesa. Incluso Emilio Pinto Rodríguez, fundador y presidente, perdió su trono al ser dimitido para intentar salvar las naves, ya que no van a renunciar fácilmente al suculento negocio de los niños. Han renovado su patronato, nombrando como nuevo presidente al psiquiatra Javier San Sebastián. Lo primero que hizo tras su nombramiento fue crear el departamento de I+D; ¿qué van a investigar exactamente? ¿Y cuales van a ser los sujetos en esos estudios? Miedo da pensarlo. De hecho, parece claro. Pretender reabrir su centro de Azuqueca de Henares, pero esta vez como centro privado de internamiento psiquiátrico para menores. Lo mismo nos da, ya conocemos su forma de actuar. No queremos guantánamos para niños, ni subvencionados por la administración ni sufragados por padres desesperados y engañados (y ya se inventarán la manera de recibir dinero público, con la derivación de pacientes desde el sistema sanitario, por ejemplo). Además, ¿supondrá esto un menor control –ya casi inexistente- sobre el departamento de I+D al ser un centro privado?

No lo sabemos, pero en cualquier caso vamos a luchar contra su reapertura. Pero esta vez contaremos con más apoyos: en Castilla La Mancha, CGT del Henares, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE´s Intersindical) y el Sindicato de Estudiantes han iniciado una campaña pública contra la reapertura de Casa Joven, por la rescisión de todos los convenios con O´Belen y por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

También queremos denunciar que O´Belen ha firmado un acuerdo de colaboración para abrir un centro de menores “piloto” con el gobierno golpista de Honduras, gracias a la mediación de Esperanza Aguirre. Entre fascistas anda el juego. En un país donde ha vuelto el drama de los detenidos-desaparecidos y la tortura como principal herramienta política del gobierno, nos aterra pensar en el futuro de los chavales que sean entregados a O´Belen.

Para nosotros que el señor San Sebastián sea psiquiatra no nos garantiza nada. Sabemos que los autodenominados científicos se prostituyen sin pudor alguno ante los intereses económicos. De hecho, este señor ha defendido la rebaja de la edad penal a los 12 años y la utilización de celdas de aislamiento en centros de protección de menores amparándose en la supuesta autoridad que le confiere llevar bata blanca. Incluso se atreve a aseverar que el 20% de los menores del estado español tienen un trastorno de conducta. Y como sospechamos que los trastornos no remiten espontáneamente al cumplir años, inferimos que este señor trata de convencernos de que más de 8 millones de españoles necesitan el tratamiento “terapéutico” que su empresa ofrece. ¡Ni Franco hubiera fantaseado con semejante aparato de control social! ¡Y que encima reparta dividendos! Inaudito. Como inauditas son las declaraciones del delfín del señor San Sebastián, el también psiquiatra José Luís Carrasco, quien afirma, al hablar sobre la problemática de los menores internados en sus centros, que “dentro de los trastornos disociales hay trastornos disociales puros que son de personas malas, con malos sentimientos, que tienen un egoísmo desmesurado, resentidas, suspicaces y con poca consideración hacia los demás”. Sin comentarios.

Sin embargo, hay más de una ciencia, y científicos que no se venden al capital. Por ejemplo, un estudio sobre patrones de apego en menores institucionalizados con problemas conductuales (Méndez Tapia y González Bravo, Universidad de Chile, 2002) concluye que “en el diseño de planes de tratamiento para los trastornos conductuales en los niños, se reposiciona como estrategia fundamental para la reparación el establecimiento de relaciones afectivas sólidas y de confianza”. ¿Qué tiene esto que ver con la “pedagogía” de los grilletes, el aislamiento y los pastillazos que se aplica en los centros de menores?

No vamos a renunciar. Mientras el estado insista en la contención y el control social y las empresas sigan sacando tajada y aumentando sus cuotas de mercado a costa de los chavales, seguiremos denunciando las aberraciones que cometen y luchando contra el negocio de los centros de menores, contra la institucionalización y por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. Y desde nuestros puestos de trabajo y en nuestra vida cotidiana seguiremos apostando decididamente por la Educación, tal como la entiende Guiroux: “la educación se refiere a la creación de una esfera compartida que reúne a personas de diversos sitios para dilatar sus capacidades para la alegría, el amor, la solidaridad y la lucha”.

Fuente: No a O’Belem

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