El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace tiempo su intención de reformar en otoño la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta normativa, aprobada en 2010, ha sido la única revisión producida desde la primera regulación del aborto voluntario en 1985.
A falta de conocer los detalles de la propuesta, el titular de Justicia ha adelantado que uno de los supuestos en los que el aborto está despenalizado, el de malformación del feto, será eliminado en la nueva ley, lo que, efectivamente, conducirá a una situación -y citamos al señor Ruiz-Gallardón- "más restrictiva que la del 85".
Las reacciones por parte de plataformas y organizaciones en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos no se han hecho esperar.

Plataforma de Mujeres ante el Congreso

COMUNICADO ANTE LAS DECLARACIONES DE GALLARDÓN CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La Plataforma de Mujeres ante el Congreso mostramos nuestro rechazo a las declaraciones del ministro de Justicia sobre la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010. Reivindicamos el aborto libre, fuera del código penal y en la sanidad pública.

• Rechazamos el anuncio del titular de Justicia de reforma de la conocida como Ley del aborto y la eliminación de supuestos en los que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está despenalizada. Exigimos que el Estado garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo sin restricciones ni tutelajes.

• Como ponen de manifiesto las encuestas, los motivos que pueden llevar a una mujer a decidir interrumpir su embarazo son muy variados y todos deben ser igualmente respetados. La actual legislación de combinación de plazos y supuestos divide y juzga a las mujeres y, lo que es más grave, mantiene la IVE dentro del código penal, lo que deja a las mujeres en una situación de criminalización e indefensión.

• Rechazamos también la anunciada supresión del derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su maternidad, lo que incrementará los abortos clandestinos y tardíos. Solicitamos que se reconozca su pleno derecho a controlar la información relativa a su embarazo, limitado por la ley vigente.

• Resulta inadmisible que, bajo la escusa de los recortes económicos, se esté produciendo un grave retroceso en los derechos tan duramente conquistados en las últimas décadas. Denunciamos cualquier reforma de la actual legislación sobre el aborto que suponga un paso atrás en los derechos de las mujeres y exigimos, por el contrario, la despenalización del aborto voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud.

• Por último, reiteramos la petición que el pasado 21 de junio hicimos llegar al ministro de Justicia durante una concentración frente a la sede ministerial mediante una carta (cuyo texto completo puede leerse en nuestra web) en la que solicitamos una reunión con Ruiz-Gallardón para dar a conocer nuestras reivindicaciones sobre la reforma de la Ley del aborto.

Plataforma Decidir nos hace libres

Ante el anuncio por parte del Gobierno del Partido Popular de reformar la actual Ley orgánica 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las organizaciones de mujeres abajo firmantes MANIFESTAMOS:

• Nuestra total indignación ante el retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que supondría la posible reforma de la ley.
• Nuestra absoluta negativa a aceptar un recorte en la libertad y autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad y a decidir sobre su maternidad. Si no podemos decidir no somos libres.
• Nuestro desacuerdo con el fondo argumental -retrógrado, manipulador e ideológico- por el que se quiere llevar a término la reforma.
• Nuestra repulsa porque la vulneración de los derechos de las mujeres se convierta en el sello ideológico del PP.

Por todo ello

• DENUNCIAMOS que la pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres. AFIRMAMOS, por el contrario, que el gobierno está obligado, de acuerdo a la normativa europea e internacional, a refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos.
• DENUNCIAMOS Que “violencia de género estructural” es la coacción y la limitación en el uso de las libertades individuales. AFIRMAMOS, por el contrario, la inquebrantable voluntad de las mujeres a vivir una vida libre de Violencia y de coacciones.
• DENUNCIAMOS que el recorte en las libertades de las mujeres sea debido a la presión de la jerarquía eclesiástica y grupos ultraconservadores. AFIRMAMOS, por el contrario, la necesidad de una sociedad laica y democrática libre de imposiciones religiosas.
• DENUNCIAMOS la lamentable argumentación decimonónica que enfatiza como único derecho de la mujer el de la maternidad sin libre elección. AFIRMAMOS, por el contrario, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y no de acuerdo a un prototipo de feminidad que discrimina a las mujeres.
• DENUNCIAMOS la arbitrariedad en el manejo y uso del concepto “derechos” y que la aceptación de los derechos humanos de las mujeres es incompatible con su regulación en el código penal. AFIRMAMOS, por el contrario, que donde hay “derechos” no hay “supuestos” y que el ejercicio de un derecho no es punible.
• DENUNCIAMOS que la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia. AFIRMAMOS, por el contrario, que Sí hay derechos específicos de la mujeres en salud sexual y reproductiva y debe haber, por tanto, derecho a prestaciones específicas en la cartera nacional básica de servicios sanitarios.

Federación de Planificación Familiar Estatal

Ante las últimas declaraciones del Ministro de Justicia sobre la posibilidadde eliminación de la malformación del feto como supuesto despenalizador del aborto, la Federación de Planificación Familiar Estatal recuerda que tan sólo el 3% de las interrupciones voluntarias que se llevaron a cabo en 2010 fueron por esta causa y que, por tanto, sería centrar el debate en una cuestión menor y no en lo que realmente conlleva volver a una Ley de supuestos.

“Limitar el acceso al aborto voluntario supone un aumento de la inequidad entre las que siempre van a poder costearse una interrupción y las que no tienen los suficientes medios; además no implica una reducción del número de abortos; algo que sí lograría si se acabaran de implementar elementos de la actual legislación como la educación sexual”, declara Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE.

En 2010 se produjeron unos 600.000 embarazos de los cuales se estima que un 2% tuvieron alguna malformación y tan sólo uno de cada cuatro de estos embarazos concluyó con una interrupción voluntaria. “La Ley actual no obliga a nadie a abortar; estamos ante situaciones muy complejas en las que alguien tiene que tomar una decisión y se le está negando de nuevo a la mujer su condición de adulta y su capacidad para decidir”, continúa Sánchez.

La actual legislación permite llevar a cabo una interrupción en caso de malformación fetal grave hasta la semana 22, a partir de entonces se limita a síndromes incompatibles con la vida. “No estamos hablando de ceguera o que le falte una mano; estamos incluso negando a la familia a decidir cuándo se enfrentan a enfermedades que hacen imposible que el bebé pueda vivir más de unas horas o prácticamente inviable que la persona salga de un hospital; si esto sale adelante va a producir mucho sufrimiento”, concluye Luis Enrique Sánchez, médico especialista en salud pública.

El 79% de los españoles y españolas está a favor de que exista la posibilidad de abortar por malformación fetal1.

Tan sólo Irlanda y Malta tendrían, dentro de la Unión Europea, legislaciones más restrictivas en materia de interrupción del embarazo y, volviendo a una ley de supuestos y suprimiendo el de malformación fetal, superaríamos a Polonia en cuanto a limitación del derecho a decidir sobre la maternidad.

Federación de Asociaciones para a Defensa da Sanidad Pública

Ante las declaraciones del Ministro de Justicia Ruiz Gallardon de que el Gobierno Central pretende modificar la Ley del Aborto para obligar a las mujeres a dar a luz a fetos con graves malformaciones y deficiencias, la Federación de Asociaciones para a Defensa da Sanidad Pública quiere comunicar
 
1.- Que esta medida supondría un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres a las que se obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos a pesar de que las pruebas y revisiones médicas demostraran graves taras y malformaciones en los fetos.
 
2.- Este cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus embarazos no deseados por graves lesiones fetales o hacerlo de manara clandestina en el país sin las debidas condiciones sanitarias. Este último supuesto afectaría a las mujeres con menos recursos socioeconómicos cuyo número se ha incrementado brutalmente como consecuencia de la crisis
 
3.- Entendemos que detrás de esta decisión está la ideología conservadora de un gobierno que pretende satisfacer las demandas de los grupos religiosos más ultras y radicales.
 
El PP pretende reintroducir un modelo de relaciones políticas, sociales, laborales y sanitarias retrogradas y lesivas para la ciudadanía. En este como en otros temas parece que pretende que el país retroceda 50 años.