Fuente: Convocatoria de Mujeres ante el Congreso
Recopilación de comunicados y convocatorias.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace tiempo su intención de reformar en otoño la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta normativa, aprobada en 2010, ha sido la única revisión producida desde la primera regulación del aborto voluntario en 1985.
A falta de conocer los detalles de la propuesta, el titular de Justicia ha adelantado que uno de los supuestos en los que el aborto está despenalizado, el de malformación del feto, será eliminado en la nueva ley, lo que, efectivamente, conducirá a una situación -y citamos al señor Ruiz-Gallardón- "más restrictiva que la del 85".
Las reacciones por parte de plataformas y organizaciones en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos no se han hecho esperar.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace tiempo su intención de reformar en otoño la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta normativa, aprobada en 2010, ha sido la única revisión producida desde la primera regulación del aborto voluntario en 1985.
A falta de conocer los detalles de la propuesta, el titular de Justicia ha adelantado que uno de los supuestos en los que el aborto está despenalizado, el de malformación del feto, será eliminado en la nueva ley, lo que, efectivamente, conducirá a una situación -y citamos al señor Ruiz-Gallardón- "más restrictiva que la del 85".
Las reacciones por parte de plataformas y organizaciones en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos no se han hecho esperar.
COMUNICADO ANTE LAS DECLARACIONES DE GALLARDÓN CONTRA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La Plataforma de Mujeres ante el Congreso mostramos nuestro rechazo a las declaraciones del ministro de Justicia sobre la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010. Reivindicamos el aborto libre, fuera del código penal y en la sanidad pública.
Ante el anuncio por parte del Gobierno del Partido Popular de reformar la actual Ley orgánica 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las organizaciones de mujeres abajo firmantes MANIFESTAMOS:
Por todo ello
Ante las últimas declaraciones del Ministro de Justicia sobre la posibilidadde eliminación de la malformación del feto como supuesto despenalizador del aborto, la Federación de Planificación Familiar Estatal recuerda que tan sólo el 3% de las interrupciones voluntarias que se llevaron a cabo en 2010 fueron por esta causa y que, por tanto, sería centrar el debate en una cuestión menor y no en lo que realmente conlleva volver a una Ley de supuestos.
“Limitar el acceso al aborto voluntario supone un aumento de la inequidad entre las que siempre van a poder costearse una interrupción y las que no tienen los suficientes medios; además no implica una reducción del número de abortos; algo que sí lograría si se acabaran de implementar elementos de la actual legislación como la educación sexual”, declara Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE.
En 2010 se produjeron unos 600.000 embarazos de los cuales se estima que un 2% tuvieron alguna malformación y tan sólo uno de cada cuatro de estos embarazos concluyó con una interrupción voluntaria. “La Ley actual no obliga a nadie a abortar; estamos ante situaciones muy complejas en las que alguien tiene que tomar una decisión y se le está negando de nuevo a la mujer su condición de adulta y su capacidad para decidir”, continúa Sánchez.
La actual legislación permite llevar a cabo una interrupción en caso de malformación fetal grave hasta la semana 22, a partir de entonces se limita a síndromes incompatibles con la vida. “No estamos hablando de ceguera o que le falte una mano; estamos incluso negando a la familia a decidir cuándo se enfrentan a enfermedades que hacen imposible que el bebé pueda vivir más de unas horas o prácticamente inviable que la persona salga de un hospital; si esto sale adelante va a producir mucho sufrimiento”, concluye Luis Enrique Sánchez, médico especialista en salud pública.
El 79% de los españoles y españolas está a favor de que exista la posibilidad de abortar por malformación fetal1.
Tan sólo Irlanda y Malta tendrían, dentro de la Unión Europea, legislaciones más restrictivas en materia de interrupción del embarazo y, volviendo a una ley de supuestos y suprimiendo el de malformación fetal, superaríamos a Polonia en cuanto a limitación del derecho a decidir sobre la maternidad.
Ante las declaraciones del Ministro de Justicia Ruiz Gallardon de que el Gobierno Central pretende modificar la Ley del Aborto para obligar a las mujeres a dar a luz a fetos con graves malformaciones y deficiencias, la Federación de Asociaciones para a Defensa da Sanidad Pública quiere comunicar
1.- Que esta medida supondría un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres a las que se obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos a pesar de que las pruebas y revisiones médicas demostraran graves taras y malformaciones en los fetos.
2.- Este cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus embarazos no deseados por graves lesiones fetales o hacerlo de manara clandestina en el país sin las debidas condiciones sanitarias. Este último supuesto afectaría a las mujeres con menos recursos socioeconómicos cuyo número se ha incrementado brutalmente como consecuencia de la crisis
3.- Entendemos que detrás de esta decisión está la ideología conservadora de un gobierno que pretende satisfacer las demandas de los grupos religiosos más ultras y radicales.
El PP pretende reintroducir un modelo de relaciones políticas, sociales, laborales y sanitarias retrogradas y lesivas para la ciudadanía. En este como en otros temas parece que pretende que el país retroceda 50 años.