Joana García Grenzner / Diagonal

¿Quién sostiene a los grupos antielección?

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En menos de una década, los grupos mal llamados provida (acuñados como antielección por las organizaciones feministas y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos) se han convertido en auténticos lobbies de presión en la política española: apoyados por la Iglesia y el PP, denuncian y hostigan a clínicas de abortos y asociaciones de planificación familiar, e impulsan iniciativas legislativas exitosas en varias comunidades.

Han cambiado los mensajes fúnebres de la Transición (“Mujer, tu vientre es cuna y no patíbulo”) por un discurso aparentemente humanista, “en defensa de la vida, la mujer y la maternidad”, como reza el lema de la marcha antielección del 17 de octubre en Madrid. 40 organizaciones apoyan el evento, para el que han fletado buses donde podía reservarse plaza con la agencia de viajes de El Corte Inglés. Una vez más, la derecha se echa a la calle, algo ya habitual en las dos últimas legislaturas. Según Paloma Alfonso, de Católicas por el Derecho a Decidir, “están siendo capaces de captar a gente joven con medios, puestas en escena espectaculares y visitas al Papa, todo con un componente muy emocional”. Son la cara ciudadana de la reacción de la jerarquía eclesiástica después de que la ONU asumiera la defensa de la igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos en los ‘90 (ver DIAGONAL nº 70). “Llamaron al laicado ultraconservador a intervenir en política”, primero en Estados Unidos y luego a escala internacional.

Un exponente del nuevo activismo antielección es el portal Hazte Oir.org, que publicita la marcha del día 17 y ha liderado campañas contra instituciones como Unicef o la Federación Estatal de Planificación Familiar (FPFE), a las que tilda de “abortistas”. En 2004 la Comunidad de Madrid (CAM) le otorgó el premio de periodismo de la II Edición de Galardones de Juventud. Ante la polémica suscitada, el consejero de Educación, Luis Peral, afirmó que no podía controlar los contenidos de todas las asociaciones premiadas o subvencionadas por la CAM. Precisamente su Consejería viene financiando la Red de Madres, un programa de asesoramiento a jóvenes embarazadas con dudas, que integran en un 72% asociaciones religiosas y antielección: grupos como la Comisión Madrileña para la Defensa de la Vida, Provida Alcalá, Adevida, Asociación Víctimas del Aborto, Acción Familiar y Fundación Universitaria San Pablo CEU (los dos últimos vinculados al Opus Dei) recibieron en torno a 600.000 euros en 2006 y 2007. En 2008, Familia y Asuntos Sociales dio 700.000 euros a un programa similar en el que hay hasta 13 grupos antielección.

Según Eulalia Vaquero, ponente por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Educación “favorece a los colegios concertados católicos, algunos de los cuales promueven la segregación de sexos en las aulas, como el Monte Tabor en Pozuelo” y otorga fondos para talleres de educación afectivo sexual a grupos que promueven la abstinencia sexual, como la Fundación Solidaridad Humana, cercana a la San Pablo-CEU. En 2007 la Consejería de Sanidad de la CAM apoyó la denuncia de la plataforma antielección La Vida Importa por abortos ilegales contra la clínica de abortos Isadora, e insistió para que el juzgado 47 de instrucción la admitiera a trámite después de que un primer juez la desestimara. La denuncia se archivó por falta de pruebas.

El favoritismo se repite en otras comunidades gobernadas por el PP. El Foro Español de la Familia, a través de la Red Madre, ha logrado la aprobación de tres iniciativas legislativas populares en defensa de la maternidad en Castilla y León, Galicia y la Comunitat Valenciana. En esta última, la Ley incluye “la protección de la vida humana desde su concepción”.

Según Gloria Marcos, ex portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, la ley “prevé fomentar la adopción de los bebés no deseados frente al aborto y acuña términos como ‘madres gestantes’, lo que convierte a las mujeres en madres de alquiler”.

Además, “generará una red clientelar alternativa de asociaciones antielección dentro de los hospitales públicos que no informará a las mujeres de todas las opciones que existen, sino de la que les interesa” . Para Marcos, se trata de una rebelión ante la nueva Ley de aborto: “Además de cultivar la presencia en las manifestaciones legislan por su cuenta y contravienen la legalidad europea que exige respetar la voluntad de las mujeres”.

Pionera de este nuevo activismo es la plataforma E-Cristians, creada en 1999 por Josep Miró i Ardèvol, ex conseller de Agricultura i Pesca de la Generalitat de Catalunya con Jordi Pujol y profesor en la Universitat Abat Oliba –privada y católica–. En 2003, E-Cristians impulsó la Convención de Cristianos por Europa, que buscaba que la futura Constitución de la UE reconociera las raíces cristianas de Europa y se alineara con el Vaticano en materia de derechos homosexuales, aborto, divorcio y demás. En noviembre de 2007 una denuncia del grupo llevó al cierre de las clínicas Ginemedex, EMC y CBMedical en Barcelona y la detención de cinco personas, entre ellas el director, Carlos Morín, acusadas de practicar abortos ilegales, intrusismo profesional y falsificación de documentos. Aún no se ha celebrado el juicio. Miró i Ardèvol también acusó de practicar abortos ilegales al presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ante la Fiscalía Superior de Catalunya, que desestimó su denuncia.

En abril de 2008, el Papa Benedicto XVI eligió a Miró i Ardèvol como uno de los 25 miembros del Pontificio Consejo de los Laicos, una especie de ministerio vaticano que le asiste en lo relativo al papel del catolicismo laico en la Iglesia y la sociedad. El Consejo organiza las Jornadas Mundiales de la Juventud, los consejos de laicos y los consejos eclesiales sobre familia, condición de la mujer, etc.

El movimiento internacional antielección parece albergar grandes esperanzas en los grupos españoles. El pasado marzo celebró el II Encuentro de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Su próxima cita es el IV Congreso Provida Internacional en Zaragoza, que empieza el 6 de noviembre y para el que Renfe hace un 30 % de descuento a los participantes.

Los fascistas se suman

Partidos fascistas como Alternativa Española (AES) y España 2000 y neonazis como el Partido Social Europeo (PSE) se sumaron a la ofensiva contra las clínicas de aborto. AES se presentó como acusación particular contra la clínica de abortos Isadora.

Contra la coeducación

En 2005, grupos antielección organizaron una campaña contra la Guía para Chicas, editada por la Junta de Castilla La Mancha y cuya autora era la experta en coeducación María José Urrusola, por fomentar “la masturbación y el lesbianismo”.

Mayor Oreja, ‘Kikos’ y Opus

El cabeza de lista del PP ha tildado de “aberración” el aborto y anunciado su asistencia el 17-O. Allí estarán también el Opus Dei y el Movimiento Neocatecumenal de Kiko Argüello, que movilizó a 300.000 personas “por la familia cristiana” en 2007.

LA LUCHA POR EL DERECHO AL ABORTO

FUENTE: Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas

CATALUNYA, PIONERA

La legislación sobre aborto de Catalunya durante la II República se consideró la más progresista de Europa en este tema. La intención declarada de la Generalitat fue “terminar con el oprobio de los abortos clandestinos, fuente de mortalidad materna”.

1939-1978 PROHIBICIÓN

El Gobierno golpista modificó el Código Penal para aumentar las penas a quienes abortaran. Hasta 1978 siguieron vigentes los artículos 416 y 417, que prohibían la anticoncepción y la realización de abortos, respectivamente.

NOVIEMBRE 1976

La Plataforma de Organizaciones Feministas pide en Madrid la amnistía para los delitos femeninos, entre ellos el aborto. El lema: “Divorcio sí, adulterio no. Mujer, lucha por tu liberación”.

MARZO 1977

Campaña de la Plataforma de Organizaciones Feministas por la sexualidad libre, la educación sexual, la creación de centros de orientación, los anticonceptivos libres y gratuitos y el aborto legal.

LAS 11 DE BILBAO

En 1979 procesan a 11 mujeres de Bilbao por abortar. Hay encierros de apoyo en Barcelona, Valencia, Sevilla, Canarias, Valladolid, Oviedo, Madrid, Zaragoza y Bilbao. En el ‘82 fueron indultadas con el estado de necesidad como atenuante.

“ESTAMOS HACIENDO ABORTOS”

En 1981 se celebran las I Jornadas Estatales por el Derecho al Aborto. Se extiende la práctica de planificación y realización de abortos. En 1985, en las Jornadas de diez años de movimiento feminista, se practican dos abortos. Nace la campaña “Las mujeres decidimos. Aborto libre y gratuito. Estamos haciendo abortos”.

DESPENALIZACIÓN

El 3 de agosto de 1985 se aprueba la ley de Despenalización del Aborto. La mitad de los jueces del Supremo eran contrarios. El movimiento feminista denuncia que no se hacen abortos en la red pública.

PP, AYER Y HOY

Alianza Popular recurrió la despenalización en el Constitucional y paralizó la Ley desde finales de 1984 hasta mediados de 1985. La sentencia resultante recoge la defensa del nasciturus (no nacido).

OFENSIVA ACTUAL

En febrero de 2007 la plataforma La Vida Importa denuncia a la clínica Isadora por abortos ilegales con el apoyo de la Consejería de Sanidad. En noviembre, una denuncia de E-Cristians motiva el cierre de tres clínicas en Barcelona.

OTRA VEZ CITAN A MUJERES

En enero de 2008 el juez Sierra del juzgado 47 de instrucción de Madrid cita a 28 mujeres que abortaron en Isadora a declarar como testigos en el caso. Durante el proceso se viola su derecho a la confidencialidad. La jueza del caso de las clínicas catalanas imputa a 21 mujeres, pero decide archivar las causas.

RESPUESTA FEMINISTA

En enero de 2008 la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas recoge más de 5.000 autoinculpaciones de mujeres y hombres por haber abortado o apoyado a abortar. Miles de mujeres piden la despenalización.

REFORMA... ¿Y?

El 26 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva. Diversos sectores la tildan de insuficiente.

Fuente: Diagonal

Entrevista a Empar Pineda, feminista y portavoz de la clínica Isadora: “La nueva Ley del Aborto va a dejar fuera a 9.000 mujeres”.

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DIAGONAL: Ya en los ‘80 denunciasteis que la Ley de Despenalización parcial era incompleta y ambigua. 24 años después, se reforma para crear otra que tiene graves carencias. ¿Qué balance haces?

EMPAR PINEDA: Sacar el aborto del Código Penal aunque sólo fuera en aquellos tres supuestos supuso un cierto alivio para muchas mujeres que no tuvieron que marcharse a Holanda o Francia para abortar. Pero, ya entonces le dije al Ministro de Sanidad, Ernest Lluch, que esta ley no era buena; que no se harían abortos en la sanidad pública; que habría unas diferencias tremendas entre los territorios con clínicas más baratas y los otros; que mujeres y profesionales estarían en situación de inseguridad jurídica. Porque cualquiera, un ex novio, un ex marido despechado, podría poner una denuncia que podría caer en manos de un juez que quiera llevarla adelante para ver si se cumplen los requisitos en los que quedan despenalizado el aborto. Él decía que en Gran Bretaña había dado buenos resultados, pero la sociedad británica no es comparable con la nuestra, recién salida del Franquismo. Después, algún Gobierno socialista hizo anuncios de que iba a ampliar la Ley, pero siempre había excusas para no llevar a término la propuesta, hasta que llegamos a la situación actual. En cuanto a este proyecto de Ley, en lo que respecta a la sanidad pública, no hay ninguna novedad, sólo una exhortación general a que los médicos admitan los abortos. El programa electoral del PSOE de 2004 hablaba de regular la objeción de conciencia, pero una vez ganaron las elecciones no se mencionó para nada. Es un avance que hasta las 14 semanas la mujer pueda decidir por sí misma sin necesitar el visto bueno de un médico, como hasta ahora. Pero, ¿por qué hasta las 14? ¡Qué arbitrariedad! Va a dejar fuera mínimo a 9.000 mujeres. Si se hubiera atrevido hasta las 16, o lo que plantean las leyes más avanzadas de Europa, en concreto la holandesa, que dice que hasta que el feto pueda vivir fuera del útero materno se puede interrumpir el embarazo... La nueva Ley de aborto se queda entre las leyes europeas intermedias y las más limitadas.

D: Quizá lo preocupante es que la reforma ha venido dada por una ofensiva contra las clínicas de abortos, como tú bien sabes por los ataques que recibió la clínica Isadora.

E.P.: Por una parte, por la agresión contra estos centros. Por otra, porque en Madrid la Guardia Civil llegó a ir a casa de las mujeres que habían abortado en Isadora y organizó verdaderos atropellos al derecho de confidencialidad. La vicepresidenta De la Vega prometió hablar con el Fiscal General del Estado para establecer un sistema en que la confidencialidad se respete, pero seguimos estando en las mismas circunstancias, no hay ninguna fórmula concreta que nos lo asegure. Y por último, en el Congreso Confederal del PSOE en julio de 2008, la gente joven y sectores feministas plantean que la Ley no vale. Es entonces cuando el Gobierno decide que va a plantear la reforma de la Ley. Había reticencias, porque no venía en el programa electoral de 2008 y no creían que fuera oportuno. Así que se decide abrir un debate social.

D: En 1985, Matilde Fernández, de la ejecutiva del PSOE, afirmó que las socialistas renunciaban a una ley más progresista “por respeto a otros sectores de la sociedad”. ¿La influencia de los partidos minó la unidad del movimiento feminista?

E.P.: Yo diferencio entre los partidos sin poder, los extraparlamentarios, los pequeños partidos, dedicados al trabajo social, a los movimientos y los que sí lo tienen... El PSOE no se ha molestado nunca en mantener la unidad, ha creado sus propias organizaciones y, cuando había un movimiento feminista unitario, que ahora no lo hay, entre otras cosas por eso, el PSOE jamás se molestó en respetar el espíritu unitario y dedicarle esfuerzos. Es más, ahora se da cuenta de que está muy solo y necesita a las mujeres y manda mensajes pidiendo que nos movilicemos.

D: El feminismo hizo una labor crucial con los centros de planificación, aunque la Comisión rechazaba convertirse en un movimiento asistencial. Algunas organizaciones y mujeres feministas os habéis profesionalizado en este campo. ¿Ha ocurrido lo que temíais?

E.P.: En parte sí y en parte no. Algunas organizaciones tienen un componente asistencial mucho mayor de lo que entonces practicábamos y defendíamos. En la Comisión defendimos el conocimiento de la realidad a través de las permanencias, informar a las mujeres sobre anticonceptivos, sexualidad... porque más allá de ayudarlas, nos hacía ganar en autoridad frente a los grupos antielección, las autoridades. Por otro lado, buena parte de las integrantes teníamos una formación marxista, defendíamos que el Estado tiene que cubrir los servicios colectivos. Poco a poco vimos que no era cuestión de meter el Estado hasta en la cama y que había otras vías como el cooperativismo, el trabajar conjuntamente. Pero la discusión entre lo asistencial y lo movilizador, igual que sobre qué actitud tener ante el Estado y la autonomía del movimiento, fueron determinantes.

Fuente: Diagonal

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