Electricidad desgarradora

3 de diciembre de 2022.

El caso de la hidroeléctrica colombiana Hidroituango, a punto de entrar en funcionamiento, muestra cómo un determinado modelo de desarrollo provoca impactos invisibles pero muy violentos, como la pérdida de condiciones de vida, carencias en el acceso a la salud o miedos constantes. “Nos han quitado las ganas de vivir”, dicen las mujeres afectadas.

Por Mª Ángeles Fernández

La pared de la presa, incrustada entre las montañas y el río, se ve. La mole de hormigón rompe con la armonía de un territorio de subes y bajas y de tonos verdes infinitos aún no recogidos en el Pantone. La presa también se oye. Porque el desagüe exterior expulsa una cantidad de agua que parece inasumible. Y suena. Y hace un ruido bestial. Y empuja. Porque el agua cayendo arrasa. Como lo ha hecho con la montaña de enfrente, peladita está. La pared de la presa ha acumulado una cantidad de agua que ha afectado al clima, sí. Una boina de vapor de agua arropa esta zona. La niebla recuerda que, en medio del río, hay una mole de hormigón.

Luego hay impactos que no se ven, que son invisibles a ojos de quien visita la zona, pero rompen muchas vidas, las magullan, las hieren, las desgarran. La hidroeléctrica Hidroituango, a punto de entrar en operación en Colombia, ha provocado la pérdida de los modos de vida de quienes vivían a orillas del río Cauca pescando o buscando pepitas de oro. Pero también ha quitado las ganas de vivir.

Con la crudeza de quien sabe que las fisuras impalpables no hay tirita que las repare, Estela Posada insiste en que a muchas mujeres les han quitado las ganas de vivir. Hasta sus muertos les han quitado. Lo dice en una casa de refugio, la Casa Grande del Movimiento Ríos Vivos, construida en un pueblo afectado por la hidroeléctrica y a la que se llega tras bajar durante al menos 15 minutos, según la pericia, por un camino embarrado, colmado por las incesantes lluvias y resbaladizo. Una casa –un porche, un par de salas grandes, una cocina con lumbre en suelo, unos baños secos al final de un camino y unas vistas que dejan sin adjetivos- para vidas desplazadas, un espacio que es un abrazo en medio de la lluvia y de la niebla.

Estela Posada, en la cocina. / Foto: J. Marcos

Las orillas del río Cauca, a las que ya no puede bajar la población de la zona, eran un espacio de vida, de sobrevivencia digna y también de eterno descanso frente a la violencia que descose a Colombia. “Hay una consecuencia que es más soterrada, más invisible, más difícil de demostrar, que es cómo van desapareciendo las condiciones materiales de vida”, comparte Raquel Celis, del equipo de incidencia de Zehar-Errefuxiatuekin, la organización que ha organizado el viaje periodístico por tierras colombianas.

Las orillas del río Cauca eran un cementerio también. “Nos quitaron hasta los muertos. Nos quitaron la esperanza de encontrar a los desaparecidos”, clama Estela Posada. La Comisión de la Verdadha estimado que entre 1985 y 2016 desaparecieron 121.768 personas en Colombia: “Nuestros ríos son fosas comunes”, dice también el organismo de investigación creado a raíz de los Acuerdos de Paz de 2016. Una propuesta de ley de la Fundación Nydia Érika Bautista trata de proteger a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Porque la búsqueda también es un peligro. Y porque son las mujeres, en muchos casos, quienes sostienen la búsqueda; y también los retazos de vida y las que tratan de curar esos impactos invisibles.

Estela está sentada junto a sus compañeras Blanca Giraldo, Ana Anaya, María del Carmen Moreno y Lucirian del Carmen Hernández y clama ayuda psicosocial. El reclamo es evidente viendo a sus compañeras, todas integrantes de Amarú, una asociación mujeres defensoras del agua y la vida articulada en el Movimiento Ríos Vivos. Quien no mira al suelo, busca el techo, o tiembla, o no para de apretujarse las manos, y una lágrima cae y un suspiro se escapa. No hace falta que hablen, aunque lo hacen y cuentan dolor, intenso, desgarrador; describen violencia, desamparo y tristeza. No hace falta que hablen para saber que las afecciones de proyectos como Hidroituango, además de la pared sobre el río y la niebla perenne, socavan la salud mental, y que las indemnizaciones o reparaciones, si las hubiera, deberían incluir apoyo psicológico.

También hay miedo. Y no solo porque todas hayan sido amenazadas por estar articuladas y se opongan a la represa, sino porque el inminente encendido de dos de las turbinas de las ocho con las que contará el gigante eléctrico trae mucha incertidumbre. La robustez del macizo rocoso genera dudas y cuando los motores arranquen mucha gente teme que las montañas no puedan aguantar. Duda hasta el presidente del país, Gustavo Petro, que ha pedido la evacuación de la población aguas abajo de la pared. Los antecedentes tampoco son halagüeños, pues la hidroeléctrica ya colapsó en la primavera 2018 y el río Cauca arrasó con lo que encontró en su camino.

Sin derecho a la salud

Puerto Valdivia no se entendería sin el río. Vive sobre él, pero ahora también lo teme. Más que al río, a la mano humana que lo ha amordazado. El colapso de hace cuatro años destrozó barrios y casas, generó desplazamientos y borró del mapa un puente, parte del colegio y el centro de salud. La sala de máquinas de la presa, el corazón del megaproyecto, también quedó destrozada por el paso voraz del agua, pero en cuatro años de trabajo ya está lista para empezar operar. En esos mismos cuatro años de trabajo aún no se ha construido el centro de salud. Hidroituango dará una gran cantidad de luz, de megavatios no va esta crónica, pero ha dejado sin ambulatorio a miles de personas.

Dorian Pulgarín, en Puerto Valdivia, en la zona en la que estaba el centro de salud. / Foto: J. Marcos

Desde Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía responsable de la infraestructura energética, hablan de inconvenientes y de problemas de licencia. “Estamos haciendo todo lo posible y ofrezco disculpas públicas”, dice Robinson Miranda, director del área Ambiental, Social y Sostenibilidad de Hidroituango. También tira de excusas: que el anterior centro de salud tenía algo más de 300 metros cuadrados y el nuevo tendrá unos 1.000, que si el afectado era de tipo A y ahora la gente quiere de tipo B, es decir, de mayores prestaciones, que si hay en marcha un monitoreo geotérmico. “Ya avanzamos en el proceso de contratación. En el próximo trimestre iniciamos”, se compromete Miranda en una gran sala del piso noveno de la monumental sede de EPM en Medellín. El futuro centro de salud, cuando sea una realidad, será de tipo A, nada de atender al reclamo ciudadano, categoría que según la empresa no permite atender partos.

Dorian Pulgarín fue durante años secretaria de salud en Valdivia, municipio al que pertenece el corregimiento de Puerto Valdivia, y subraya que “lo primero de la reparación integral que va a tener que ofrecer en algún momento el proyecto es la construcción del centro de salud con un portafolio de servicios mejor que el que tenía anteriormente, más fortalecido”. Y recuerda que, hasta 2018, las mujeres sí daban a luz en Puerto Valdivia, había uno o dos partos diarios: “Se vulneró el derecho a la maternidad segura”. Robinson Miranda insiste en que “no estaban permitidos los servicios que daban” y, acto seguido, subraya que tiene su corazón “puesto en la comunidad”.

«Se está vulnerado el derecho fundamental a la salud»

Gerente hospitalaria, Dorian Pulgarín lucha para que se reconstruya el ambulatorio Divino Niño: “Se está vulnerado el derecho fundamental a la salud. El acceso en este momento de los servicios está totalmente deteriorado”, clama, mientras pide una reparación integral que contemple la salud mental, como también hace Estela. Y recuerda que antes se atendían urgencias vitales y que había seguimiento perinatal, mientras ahora muere gente por no tener un acceso rápido. Porque sí, hay un puestito de salud provisional, que, explica Pulgarín, solo da cobertura al 30 por ciento de las necesidades reales sanitarias de las 9.500 personas que viven en Puerto Valdivia, entre la cabecera y las veredas. Porque no es solo que no haya centro de salud, sino que las carreteras están cada vez peores, por lo que existen problemas de accesibilidad y movilidad. Y este es un impacto de los que se ven. Basta conducir por una carretera para entender parte de las dificultades de la gente que vive en estas zonas de influencia de Hidroituango. “Hablamos de viva o de muerte”, insiste la gerente hospitalaria. Hay reclamos que parecen obvios. La empresa lo sabe y pide disculpas.

Pero el centro de salud sigue en espera.

Pero los relatos de impactos continúan.

El desplazamiento masivo de población a albergues provisionales por el colapso de 2018 trajo enfermedades, cuenta Dorian Pulgarín, y también violencia, violencia sexual, violencia de género, matiza. “Llegaron diferentes grupos de socorro, llegaron militares y, en fin, dentro de toda esa confusión se veían muchas cosas con respecto a la población que estaba ahí hacinada”, trata de concretar.

Otra vecina recuerda aquellos días, que fueron meses, en los que no había toallas higiénicas y en los que muchas mujeres convivieron en la misma carpa con su maltratador. “Hubo muchos embarazos; llegaron muchos actores externos, hombres con ‘necesidades’”, cuenta como sin querer contar, pero dejándolo claro. En la conversación también participa una abogada de Valdivia que insiste en las afecciones psicológicas, como ya hicieron Estela y Dorian. “Está siendo todo demasiado cruel”, dice la letrada.

En una vereda de Puerto Valdivia, una barequera, es decir, una minera artesanal que prefiere no decir su nombre porque el miedo asola, cuenta que el cambio de vida ha sido extremadamente duro, que el trato es inhumano. “Las casas están abandonadas por el miedo, estamos a merced de lo que Dios quiera porque [la empresa] EPM no ha hecho nada por nosotros. Ya no te puedes ni enfermar. Solo pedimos que nos devuelvan lo que ya teníamos, que nos devuelvan nuestra calidad de vida, nos han dañado nuestro estilo de vida, nos han desplazado, nos han asesinado, ha llegado grupos armados, las mujeres se prostituyen…”, cuenta.

Sin plantas curativas

Una hidroeléctrica no es solo electricidad, una hidroeléctrica son muchas alternaciones. Algunas se ven, como el paisaje cambiado o el río abotonado, pero para conocer otras hay que escuchar a la gente, mirar a los ojos. Y así tal vez se pueda entender la importancia de la desaparición de una planta, de un árbol, de una semilla.

“Parece poco relevante el tema de las plantas, pero hay una poesía detrás de ellas, la poesía del recuerdo, de los saberes, de las historias, de los dolores, de la memoria esa que guardan secretamente las plantas, y que pocos hemos querido entender, el arraigo de su historia, que ha sido también la memoria arrebatada por el conflicto y los megaproyectos, es la forma de recordar, es la forma de resistir”. Así cuenta Amarú, en la web del Movimiento Ríos Vivos, el fanzine que han hecho sobre plantas medicinales y mágico religiosas del cañón del río Cauca.

Una hoja de un diccionario en una casa abandonada por el desastre de 2018. / Foto: J. Marcos

“Había 260 plantas que se daban en la orilla del río y que usábamos para la salud y ya no están. Ahora tenemos que hacer fila en los hospitales y antes no íbamos porque teníamos nuestra propia medicina”, cuenta Estela Posada. Y recuerda que el megaproyecto se ha llevado a los muertos, y también la salud.

El ceibón sirve para curar llagas y heridas en las piernas, el bencenuco es antibiótico, el ojo de venado ayuda con las diarreas, el mataratón enfrenta el chincunguña, el botón de oro baja la fiebre y la suelda hace un buen emplasto para las hemorragias.

“No es solo una planta la que está allí, sino una saber perdido”, se lee en el fanzine.

La vida es otra, coinciden las mujeres. La descomposición social ha provocado que muchos jóvenes de la zona entren en grupos paramilitares, hay quien ha decidido plantar coca y mucha gente tiene problemas de adicciones, como la hija de María del Carmen, apenas una niña.

María del Carmen no quería y sí quería hablar. Le costó sacar las palabras, temblaba y miraba al suelo, pero agradecía la escucha y agradecía poder contar, porque ayuda a sanar un poquito. Desplazada de la orilla del río, donde vivía con sus propios medios, ahora trabaja haciendo el servicio en una casa. Echa de menos la vida en la playa fluvial y su hijo de seis años insiste en ir a pescar, cuenta con una sonrisa. Sonríe, sí, pero su historia alberga desplazamientos, desapariciones, violencia, adicciones. Como la vida de Lucirian, que oírla deja sin aliento.

Construir una presa no es solo hablar de megavatios, turbinas y hormigón. Hay impactos que son invisibles, que desgarran mientras que hay quien solo habla de electricidad. “Hay son formas muy sutiles, soterradas, que hacen durísimas las condiciones de vida y en las que tenemos una responsabilidad por el modelo de desarrollo. Y eso no lo nombramos y es violencia. Es violento que la gente no tenga acceso a la sanidad, o al agua potable o a vender sus alimentos. Si hay una violación masiva de hechos humanos que hacen que tu vida sea invivible en un territorio es una forma de violencia y provoca desplazamiento forzado. La violencia directa nos impresiona, la de los grupos armados, pero hay una violencia que hace las vidas cotidianas imposibles”, cierra Raquel Celis.


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