El Gobierno español aspira a obtener hasta 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU, el paquete de préstamos y subvenciones europeo dirigido a revertir la recesión económica a la vez que a impulsar las transiciones ecológica y digital. España Puede es el plan a través del cual, una vez aprobado en Bruselas, llegará al Estado esta inyección con la que se prevé financiar cuantiosos proyectos en poco tiempo. Si bien aún no se conoce qué iniciativas van a ser las elegidas para estimular la economía, Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), cuestiona que la propuesta de inversiones del ejecutivo de Pedro Sánchez, presentada a la Comisión Europea, vaya a tomar forma de respuestas a las crisis social y ecológica. Partiendo de la información a la que hasta el momento han tenido acceso, González, especializada en el estudio del poder corporativo de las empresas transnacionales, afirma que sin duda los fondos europeos generarán beneficios, pero que no serán ni para las mayorías sociales ni para los ecosistemas.

El primer apellido del plan España puede es “recuperación”. ¿Las inversiones y reformas que plantea son una propuesta para recuperar el qué, exactamente?

Uno de los objetivos que pretende el plan es apuntalar las bases del sistema socioeconómico, y muy vinculado a este objetivo está la recuperación de los beneficios empresariales. El capitalismo español, representado por las grandes empresas de la Marca España, ya estaba en crisis antes de la pandemia y ya se hablaba de recuperación; de recuperación de los beneficios empresariales, que se habían conseguido mantener por diversas vías, como el rescate bancario, además de otras como la devaluación salarial, exprimir la internacionalización apuntalada en la década dorada de finales del siglo XX –sobre todo en América Latina, donde han conseguido controlar casi de manera oligopólica algunos servicios– y la ingeniería fiscal y contable.

El Banco de España cifra el rescate bancario en 65.000 millones de euros de las arcas públicas. El economista Carlos Sánchez Mato habla de 80.000 millones de euros, si incorporamos otros costes asociados al rescate bancario. Y la cifra puede seguir subiendo si tenemos en cuenta los activos tóxicos de la SAREB, que desde la Unión Europea se ha obligado al Estado a incorporar como deuda pública. Son en torno a 30.000 millones. Es una enorme transferencia de presupuesto público para salvar negocios privados, fundamentalmente de grandes empresas tras el crash de 2008. Con la recesión económica que llega con la pandemia, el Gobierno puso un colchón, un plan de choque económico, con avales y otro tipo de instrumentos financieros de apoyo, y ahora los fondos europeos Next Generation EU, que, otra vez, van a invertir en este modelo y en conseguir que las grandes empresas del capitalismo español, como Telefónica, las constructoras y las hoteleras, sostengan sus beneficios.

Si “recuperación” significa esto, ¿qué hay del segundo apellido del plan: “transformación”?

No hay ningún tipo de transformación del modelo económico. Este plan tiene mucha construcción de relato; el discurso está muy bien elaborado para presentarlo como una renovación verde, digital y violeta. Pero no se concretan las reformas. Por ejemplo, se apunta a la reforma fiscal, pero no se conocen las guías de esta reforma. Lo mismo pasa con las inversiones. Plantea a grandes rasgos qué ámbitos van a concentrarlas, pero no los proyectos concretos, ni las empresas que van a protagonizar las inversiones. Hay elementos que se han ido conociendo y que plantean hacia quién se va a dirigir fundamentalmente los fondos, cosa que no quiere decir que no vayan también a pymes y a autónomos, pero la parte más importante de los fondos se va a dirigir a grandes empresas. Por ejemplo, hemos conocido los documentos presentados por la CEOE en colaboración con grandes bufetes de abogados, que han ido presentando propuestas que se han incorporado al Real Decreto que regula la gestión de estos fondos. O también sabemos que grandes consultoras que trabajan para formular los proyectos de grandes empresas son también contratadas por la Administración pública para asesorar sobre la gestión de los fondos.

Afirman que existe un elevado riesgo de que los fondos europeos sean acaparados para financiar megaproyectos con nombres propios bien conocidos detrás: Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol, El Corte Inglés, Suez, Naturgy, Petronor… ¿Cuáles van a ser los principales ámbitos en los que se van a inyectar recursos públicos?

La mayor inversión se concentra en movilidad: vehículo eléctrico, transporte ferroviario, en algunos casos se plantea el AVE… Es decir, no crea nueva industria de bienes y servicios socialmente necesarios. Plantea cómo dar vida, continuidad, a lo poquito que existe de industria en este Estado, que está ligada al ensamblaje de vehículos. Con los compromisos climáticos y con el escenario futuro de colapso climático tienen que darle otra viabilidad, y se plantea cambiar al vehículo eléctrico como una oportunidad. Pero su construcción tiene muchos impactos ambientales. Por otro lado, todo lo que está relacionado con la conectividad digital es el siguiente gran ámbito de inversión.

El discurso oficial dice que digitalizar lo que ya existe mejora la competitividad y generará mayor crecimiento económico. Pero una mayor concentración y centralización del control de la economía en grandes corporaciones tecnológicas va en contra del crecimiento económico y, en el plano laboral, vemos la uberización del empleo que se ha producido con este tipo de cambios hacia la digitalización.

El tercer gran ámbito de inversión previsto es la rehabilitación de la vivienda y la regeneración urbana. O sea, construcción, la especialización histórica del capitalismo español, que se ha basado en gran medida en el turismo y en lo inmobiliario-financiero-constructor. Cuando en 2008 pinchó la construcción, se fomentó el turismo, y ahora que con la pandemia pinchó el turismo, pues queda la pata de la construcción. Sin negar que la rehabilitación para reducir gasto energético es importante, vemos que esto no se hace dentro de un plan en el que se aborde, desde diferentes ámbitos, la necesidad de reducir el consumo energético y de incrementar la autoproducción energética a partir de energías renovables. El modo en el que se plantea es como una oportunidad para reactivar el sector de la construcción, sobre todo con la regeneración urbana, en territorios de la ciudad más empobrecidos, por lo que existe el riesgo de que esa inversión se traduzca en un aumento del precio del suelo y, de nuevo, en una reactivación de la burbuja inmobiliaria.

Pero el plan España Puede contiene ideas como reforzar los tres pilares del Estado de bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) e impulsar el desarrollo de la economía de los cuidados. ¿En qué posición queda la inversión dedicada a servicios esenciales para la población?

Es cierto que puede haber una inversión en el ámbito público, en sanidad, en atención domiciliaria u otras cuestiones relacionadas con los cuidados, pero van a ser mínimas en relación con el presupuesto que existe. Y una parte de ella se relaciona con la digitalización de servicios, no con su fortalecimiento; no con incrementar el personal para la atención, no con desmercantilizarlos, no con remunicipalizar la atención domiciliaria, el agua, la sanidad; no con reducir el concierto de empresas privadas. En muchos casos, lo que se plantea son alianzas público-privadas. Y no plantear la desmercantilización de ámbitos básicos para la vida de las personas es un aspecto que cuestiona el discurso de economía de los cuidados que consta en el plan del Gobierno. Difícilmente puede fortalecerse el sistema de cuidados, de servicios sociales, sanitarios o educativos con la digitalización.

Otro propósito mencionado es proteger los ecosistemas, pero denuncian que el plan está marcado por el greenwashing, no por una transición verde efectiva. ¿Qué marca la diferencia entre el lavado verde que decís que han hecho empresas como Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol para optar a los fondos europeos, y el tipo de proyectos que entienden ustedes que supondrían una respuesta real ante la crisis ecológica?

No se trata de mantener los ritmos de consumo de energía y de materiales actuales en lugar de con combustibles fósiles con otro tipo de energía, ya sean las renovables o el hidrógeno –que se plantea como un recurso que va a ser capaz de sustituir los combustibles fósiles donde no lleguen las renovables con la electrificación–. El tipo de megaproyectos que se plantean, gigafactorías de baterías, hidrógeno, campos y campos para la creación de energías eólica o fotovoltaica, la renovación de determinadas infraestructuras… son proyectos que demandan una cantidad ingente deerika materia y de energía y, en el escenario de agotamiento de estos recursos, lo que va a desencadenar es la ampliación de la frontera extractiva que ya existe, es decir, buscar en nuevos territorios para extraer más materia y energía, para poder poner en marcha este tipo de proyectos. El extractivismo está destruyendo ecosistemas, destruyendo biodiversidad y también generando importantes emisiones de CO2 y violaciones de derechos humanos de las comunidades que están en estos territorios, que son expulsadas, a veces con mucha violencia. Ampliar la frontera extractiva lo que significa es profundizar este modelo.

¿Mientras que los proyectos orientados a una transición verde implicarían…?

Una reducción drástica de las emisiones de CO2 y del consumo energético, transformar el sistema de energía para no basarse en grandes superficies de producción energética, sino favorecer otro tipo de modelo energético más localizado, más adecuado a los consumos territoriales. Y cambiar radicalmente el modelo de producción y consumo y transformar radicalmente el sistema comercial globalizado, en el que en la fábrica mundo cada pieza es producida en un sitio diferente y vendida en otro.

Alertan de la resaca social que van a provocar los fondos europeos: una gran deuda pública.

Los fondos Next Generation se financian con deuda, es decir, la Unión Europea ha emitido bonos de deuda europeos para financiar este programa. Es un presupuesto que la Unión Europea tiene que devolver a los mercados financieros en un periodo de entre 5 y 30 años. E incluso con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento congelado por la pandemia, para que los Estados pudieran transferir recursos para que no se hundiera la economía, ya se están apuntando reformas que van en el sentido de recortar inversión pública. Es una condición que pone la Unión Europea para poder acceder a los fondos Next Generation. Los Estados no solo tienen que elaborar un plan de inversiones sino un plan de reformas, y tienen que cumplir con los compromisos de las recomendaciones del Semestre Europeo. Que no son recomendaciones. Son obligaciones. La reforma de las pensiones, para que no supongan un elevado gasto público, está sobre la mesa ya. Igual lo están la reforma laboral y la reforma fiscal, que no van en un sentido de incrementar derechos laborales ni de un sistema fiscal que incremente la fiscalidad en las grandes fortunas y grandes empresas. Igual que la reforma de las pensiones no va en la dirección de garantizar un sistema de pensiones universal y digno a todas las personas, sino a reducir la inversión pública.

¿La receta frente a la deuda puede resultar novedosa o solo es imaginable la fórmula que ya conocemos?

No hay ningún indicador de que el pago de la deuda se vaya a hacer por otros mecanismos que no sean los que se han puesto en marcha en anteriores crisis, como el crash de 2008, con la enorme deuda pública que se generó por la transferencia de presupuesto público al ámbito privado para rescatar esa economía. O como los históricos planes de ajuste estructural que ya se aplicaron en América Latina y en otras regiones del mundo cuando han tenido crisis de deuda, y que se aplicó también en la Unión Europea, sobre todo a los países del Sur. Es el recorte de inversión, que afecta a la inversión en sanidad, en educación, en servicios sociales, la inversión en el sistema de pensiones, en cuestiones relacionadas con lo laboral…. Veremos en qué queda lo que están negociando el Ministerio de Trabajo con sindicatos y empresarios. Pero mucho nos tememos que esa promesa de eliminar la reforma laboral del PP no va a ser; que se van a mantener cuestiones que apuntalan la devaluación salarial y la precarización laboral, como vías básicas para poder sostener los beneficios empresariales.

Menciona recortes en sanidad. ¿El coste en vidas que tiene infradotar el sistema sanitario, evidenciado más que nunca con la pandemia, no supondrá esta vez un cortafuegos? ¿No se ha convertido en una línea roja socialmente mucho más fuerte que diez años atrás?

Puede tener un coste político elevado volver a generar recortes en sanidad, pero vemos también que el volumen de deuda es tan grande que se van a poner en marcha diferentes mecanismos para poder garantizar ese pago y se justificará tener que hacer este recorte. Hemos vivido ya determinados procesos en los cuales parecía increíble que se visibilizara de una manera tan palmaria la dictadura de los mercados y que ocurriera igualmente.

Se veía que el pago de la deuda suponía crímenes de lesa humanidad en Grecia, por una pauperización brutal del sistema sanitario o de otros servicios que tiene el Estado de contención social, que fueron eliminados para pagar la deuda. Incluso habiendo ganado un referéndum en el que se cuestionaba el pago de la deuda, los mercados financieros y la troika generaron un sistema de coacción económica, de estrangulamiento, que derivó en el cumplimiento del plan de ajuste estructural. Y esos recortes tuvieron graves consecuencias para la población y pasaron por encima de decisiones soberanas como es un referéndum. Así que aunque parezca increíble puede ocurrir.

¿Qué margen de maniobra tiene la población frente a este déjà vu que advierte?

El margen de maniobra que tenemos lo da la articulación y la resistencia social que consigamos construir, a pesar de la relación de fuerzas totalmente desfavorable, con un enorme poder de las clases político-empresariales y de los mercados financieros. Se trata de lograr hacer otras propuestas con una mayor fortaleza social, como plantear una reforma fiscal drástica, en la que aporten quienes más se están beneficiando de las sucesivas crisis, de las transferencias de fondos públicos, grandes fortunas y empresas transnacionales; como cuestionar el pago de la deuda que no responde a los intereses de las mayorías sociales, del mismo modo que se plantea la abolición de determinadas deudas por intereses económicos. Con más razón se tiene que plantear la abolición de deudas que menoscaban derechos fundamentales de la población.

Plantearlo con una mayor fortaleza social pone más presión sobre los gobiernos que tienen que tomar las decisiones. Son vías de acción política y social que necesitamos poner en marcha. También la desmercantilización de bienes y servicios que tienen que garantizar derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales. El proceso de remunicipalización del agua sería un ejemplo en marcha cada vez en más municipios. Pues de la misma manera hay que seguir peleando por la remunicipalización de otros servicios básicos para la vida y por la nacionalización de sectores estratégicos: banca y electricidad y gas, que son básicos para luchar contra la pobreza energética y para gestionar la transformación del modelo energético con parámetros que enfrenten la crisis ecológica. Toca trabajar para ampliar el músculo social que apoye estas propuestas.

Al inicio le preguntaba en qué se concretaba el concepto de “recuperación” y en qué el de “transformación”. Nos queda el tercer apellido del plan España Puede: “resiliencia”. ¿Qué se entiende por una economía resiliente?

El concepto resiliencia lo han coptado y se refieren a resiliencia más allá de la crisis ecológica, de la crisis social o de las crisis económicas que se están reproduciendo. La resiliencia desde el punto de vista de organizaciones sociales se plantea como tener un modelo socioeconómico que se mantenga dentro de los límites biofísicos del planeta, y para eso hay que tener en cuenta los impactos globales que tiene nuestro modelo de consumo. Y generar otro modelo socioeconómico que haga frente a la crisis social, que reparta el trabajo productivo y reproductivo, y que colectivice los cuidados.

Para transformar el mundo del trabajo, el salario no puede ser el único vehículo de ingresos y de derechos sociales de las personas. Un paso indispensable para pensar en la redistribución de trabajos y de la riqueza y para tener más soberanía sobre lo que afecta a nuestras vidas, es desplazar a las empresas transnacionales del modelo socioeconómico. Son las que en gran medida deciden incluso las leyes, a través de la clase político-empresarial. Hay que disputarles el espacio y desplazarlas para plantear transformaciones del modelo. Es necesario que la economía solidaria siga fortaleciéndose, creciendo, y pensar cómo puede producir saltos de escala para disputar espacios a las empresas transnacionales.

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