El diario alemán Junge Welt denuncia la intromisión del Gobierno en su derecho a informar

10 de mayo de 2021. Fuente: El Salto

El Ejecutivo incluye a la publicación ’junge Welt’ en su Informe anual sobre extremismo. Argumenta que el diario se reconoce como “marxista” y que, por tanto, sus objetivos serían inconstitucionales. Asimismo, asegura que habla de “clases sociales” y ello estaría “en contra de la dignidad humana”.

Por Carmela Negrete

El diario alemán junge Welt ha publicado un llamado a la solidaridad internacional por lo que consideran “un ataque a la libertad de prensa y de opinión en el país”. Se trata del único diario en la República Federal que está bajo constante vigilancia por parte del servicio secreto interno. Desde 2004 aparece de forma regular en el Informe Federal de Protección Constitucional en la sección “Extremismo de izquierda” y se le clasifica allí como un “grupúsculo” que supuestamente persigue “objetivos anticonstitucionales”.

La aparición en dicho informe, así como el espionaje legalizado que se deriva de su clasificación como organización extremista, entorpecen el trabajo del diario. Según denuncian los responsables del mismo, hay anunciantes no quieren aparecer en la publicación y en varias ocasiones les fue negado colocar publicidad en lugares públicos haciendo referencia a dicho informe. En muchas bibliotecas no es posible leerlo a través de los ordenadores o pedir una suscripción, así como en algunas cárceles. Potenciales lectores no se acercan a la publicación por dicho estigma. Los redactores están asimismo sometidos a la vigilancia del servicio secreto.

En una respuesta parlamentaria al Partido de la Izquierda (Die Linke), el Gobierno federal ha explicado los motivos por los cuales la publicación es considerada como tal. El gobierno argumenta que la publicación se reconoce como “marxista” y que, por tanto, sus objetivos serían inconstitucionales. Asimismo, asegura que el diario habla de “clases sociales” y ello estaría “en contra de la dignidad humana”.

Las autoridades reconocen saber que el diario tiene dificultades económicas derivadas de su etiquetado como organización extremista y aseguran que éstas son deliberadas, ya que acabar con su “caldo de cultivo” sería un medio de proteger la constitución. Las autoridades van más lejos y consideran a todo el que lo compra y lo apoya de cualquier manera como perteneciente al “grupúsculo”.

El colectivo editor expresa en un comunicado: “Vemos un escándalo político en el hecho de que una autoridad estatal pueda poner en la picota a un periódico independiente de esta manera porque no le gustan determinados contenidos”. En base a la argumentación proporcionada por el Gobierno se podrían restringir de forma “muy amplia las libertades civiles”, añaden, por lo que la cuestión debe preocupar a “todas las fuerzas progresistas del país”.

El diario asegura que se trata de un doble rasero: “Si bien se queja verbalmente de las presuntas o reales restricciones a las libertades civiles en Estados como Rusia, China o Cuba, en este país se están estableciendo estándares predemocráticos no disfrazados”.


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