Por Ter García

No cobraban ni el salario mínimo y llevaban años trabajando como trabajadores temporales. Medio centenar de trabajadores del Grupo Godoy, una de las grandes empresas exportadores de frutas y verduras del campo de Níjar, en Almería, han estado en huelga durante un mes hasta que, en los últimos días, han conseguido que la empresa pagara el mínimo legal. “No es el mejor de los acuerdos”, apunta, sin embargo, José García Cuevas, portavoz del Sindicato de Obreros del Campo-Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT), en Almería.

Los trabajadores del Grupo Godoy se declararon en huelga indefinida el pasado 29 de agosto, después de que la empresa se negara a aplicar el Convenio del campo y la conversión de contratos temporales con antigüedad en fijos-discontinuos. Ya en enero, los trabajadores reclamaron la subida salarial para ser acorde con el nuevo salario mínimo interprofesional, a lo que la empresa se comprometió con el SAT pero que, según denuncian desde el sindicato, nunca se cumplió.

Ahora, según señala García Cuevas, la empresa sí pagará el salario mínimo. De hecho, ya ha pagado la diferencia que faltaba correspondiente al mes de agosto. “El éxito ha sido que se va a pagar el salario mínimo y los retrasos”, apunta el sindicalista.

Otra de las reclamaciones de los trabajadores, sin embargo, no se ha conseguido: que los trabajadores despedidos fueran readmitidos, aunque para ellos alguna mejora también ha tenido el acuerdo alcanzado. “A los trabajadores despedidos, les van a dar el 100% de la indemnización, e incluso un poco más”, añade. Y esto es también una novedad, ya que, hasta ahora, según denuncia el sindicato, “todo el que salía de la empresa no ha recibido un duro”.

El conflicto en el Grupo Godoy ha sido duro, con enfrentamientos, esquiroles y denuncias de por medio. El primer día de huelga transcurrió sin ningún incidente, según relatan desde el SAT. “Toda la plantilla de trabajadores, salvo los encargados, han secundado la huelga, que se ha situado en la entrada de la finca”, informaban desde el sindicato. Al lugar se acercó una dotación de la Guardia Civil, que vió como en el lugar los trabajadores habían instalado una carpa a la que varios familiares acudieron para acompañarles y comer juntos.

El segundo día de huelga, la empresa invitó al SAT a negociar, pero las conversaciones, en las que participaron una docena de trabajadores, fueron tachadas de “fraude” por el sindicato. “Los representantes de Invernatur no admitieron ninguna de sus reivindicaciones, ni las que contemplan cumplir la legalidad laboral”. Los trabajadores decidieron entonces sacar la protesta a la calle, convocando una manifestación para el día 6 de septiembre.

El día 5, un día antes de la manifestación, se produjeron los primeros choques violentos. A las 7h, dos trabajadores huelguistas fueron embestidos por el vehículo de un encargado de la empresa que transportaba a trabajadores ilegales que no estaban dados de alta en la Seguridad Social para suplir las tareas de los trabajadores en huelga, según informaban desde el SAT.

Pero el uso de esquiroles por parte de la empresa continuó. Desde el SAT cifran en alrededor de diez los trabajadores ilegales que el Grupo Godoy introdujo en la empresa el sábado 7 de septiembre. “A la salida, los huelguistas intentan obtener una prueba gráfica que avale la denuncia, pero la empresa pide ayuda a la Guardia Civil por ‘las coacciones que están recibiendo’. Finalmente los encargados salen cargando en sus coches al personal indebido”, señalan desde el sindicato.

El día siguiente a primera hora, ante la reclamación del SAT, Inspección de Trabajo se presentó en el invernadero, acompañado de periodistas de la BBC y la televisión francesa Tf1, a los que los vigilantes de seguridad impiden el paso. El día siguiente, Inspección de Trabajo vuelve a la empresa, esta vez acompañados de una dotación de la Policía Nacional y un furgón, que detuvo a varios de los trabajadores ilegales introducidos por la empresa.

El conflicto siguió escalando. El 12 de septiembre, tras la visita de Inspección de Trabajo, detienen a Óscar Reina, que había acudido para mostrar su solidaridad con los trabajadores. La detención fue en relación a las diligencias judiciales por el caso de injurias al rey, en el que se declaró insumiso judicial. Reina fue puesto en libertad el día siguiente, después de ser llevado al Juzgado de Almería. Ese mismo día había sido citado a declarar el portavoz del SAT en Almería, José García, en el cuartel de la Guardia Civil en Níjar. El empresario del Grupo Godoy le había denunciado por amenazas después de que Inspección de Trabajo acudiera a la finca para comprobar el uso de esquiroles por parte de la empresa.

A pesar de las visitas de Inspección de Trabajo y las detenciones de trabajadores ilegales, desde el SAT denuncian que las entradas de esquiroles a la empresa continuaron, y de forma aún más descabellada. El 19 de septiembre, el sindicato afirma que la empresa intentó pasar esquiroles en el maletero de un vehículo.

En la tercera semana de huelga, la empresa seguía sin dar su brazo a torcer. “A pesar de que solo se reivindica que se cumpla la legalidad: salario mínimo interprofesional y ningún despido”, destacan desde el SAT. El día 24, la empresa volvió a introducir esquiroles, esta vez con la cooperación de la Guardia Civil, según denuncian desde el SAT. “A las 6h, el piquete que se encontraba a la entrada de la finca volvió a sorprender a los vehículos que pretendían pasar portando trabajadores ilegales. El piquete cerró la entrada con la intención de comprobar si las personas que pretendían entrar eran trabajadores ajenos a la empresa e informarles de la situación de huelga que existe. Poco después se presentó una patrulla de la Guardia Civil, que, no haciendo caso de lo que se les informaba, procedieron a identificar y apartar a los concentrados de la entrada, permitiendo el paso de los vehículos con los esquiroles”, relatan desde el SAT.

Grupo Godoy está formado por varias empresas dedicadas a la exportación de frutas y verduras, entre las que están Godoy Hortalizas —con nueve empleados, casi 26,5 millones de euros en ventas y y 647.688 euros de beneficio en 2018, según sus cuentas anuales—, Invernatur —27 empleados, 1,1 millones de euros en ventas y 94.288 euros de beneficio en 2018— y AJVF —forma forma jurídica de comunidad de bienes, sin cuentas en el Registro Mercantil—. Estas dos últimas entidades comparten centro de trabajo, cambiando a los mismos trabajadores de una a otra entidad para mantenerles como temporales.

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