Embarazos en diferido

13 de marzo de 2017. Fuente: Pikara Magazine

No hay cifras oficiales, pero se calcula que alrededor de 1700 bebés de familias del Estado español nacen cada año a través de la gestación subrogada. Mientras partidos políticos, y movimientos sociales se enrocan en un debate ético, las personas interesadas pelean por cumplir su sueño: crear una familia

Por Andrea Momoitio. Ilustración Nuria Frago

Si a Vanesa y a Miguel les hicieran un análisis de oxitocina, el personal sanitario de su centro se quedaría boquiabierto. Los ojos se les llenan de lágrimas cuando hablan de sus bebés. Aún no les han puesto nombre ni han podido verlos a través del ecógrafo. Están con Lina, la mujer ucraniana que los gesta en Kiev, a más de 3200 kilómetros del municipio vasco en el que crecerán. Mientras esperan su llegada, se han involucrado en la lucha por una regulación en el Estado español para que nadie más tenga que vivir el embarazo de sus hijos a través del Skype.

“No hemos alquilado a nadie. Ni por partes, ni entera”. El tono de sus voces cambia, casi imperceptiblemente, cuando hablan de las resistencias que están encontrando. Lamentan que el discurso feminista pueda estar tan cerca en este tema de la postura de los sectores más conservadores. Muy críticos con las empresas que ofertan la opción como si fuera la panacea, dedican gran parte de su jornada activista a conocer a otras personas que están trazando el mismo camino para que nadie crea que es un sendero cómodo. Una buena regulación en el Estado español podría acabar con las malas prácticas, que no niegan.

En la iniciativa legislativa popular de la Asociación por la Gestación Subrogada de España se propone un marco jurídico que proteja a todas las partes implicadas. Para poder recurrir a esta opción, los progenitores subrogantes tendrían que haber agotado o ser incompatibles con otras técnicas de reproducción humana asistida. Las mujeres que decidan gestar los bebés de otras familias tendrían que ser mayores de edad, haber gestado al menos un hijo sano con anterioridad, haber residido en España durante al menos los dos años anteriores al contrato, estar en buen estado de “salud psicofísica y plena capacidad de obrar” y disponer de una situación socioeconómica estable. La gestante no podría tener vinculación genética con la familia de intención y las compensaciones que recibiera estarían fijadas por las instituciones públicas competentes.

Aurora González, secretaria de la Asociación, asegura que buscan dar con una regulación “perfecta” para evitar situaciones de riesgo. Ella tampoco entiende las críticas del movimiento feminista y equipara la gestación subrogada a la externalización del cuidado de un niño o niña en cualquier otro momento de su vida. “Mi hijo se tiene que quedar en la guardería cuando trabajo porque no me puedo hacer cargo de él. No es vender un niño: las gestantes cuidan del bebé de otras personas durante nueve meses, mientras sus progenitores no pueden”, sostiene.

A Vanesa y a Miguel se les ilumina la cara de agradecimiento cuando hablan de la mujer que está cuidando de sus mellizos. Forma parte de su familia, de su historia de vida y quieren que siga siendo así cuando los bebés ya estén en casa. Han creado un vínculo con ella difícil de explicar. Por eso, insisten en lo importante que es que las familias de intención conozcan a la mujer gestante, que acuerden con ella cómo será el proceso para evitar así posibles problemas. En Ucrania, la familia de intención puede elegir a la gestante, pero la última palabra es de ella. “Si creyéramos que la mujer que está gestando a nuestros bebés está obligada a hacerlo, ¿alguien cree que aceptaríamos?”, preguntan.

Críticas al libre consentimiento

A Sara LF, socióloga y activista feminista, le preocupa que el debate se centre en las experiencias personales tanto de las gestantes como de las familias: “Me parece muy importante conocer la motivación que lleva a una mujer a gestar por otra, pero me parece igual de interesante saber qué estructura sostiene esa decisión”. ¿Tener hijos es un derecho? La socióloga distingue entre el derecho a intentar un proyecto de familia y el derecho a la reproducción genética. “Las tecnologías han podido facilitar ciertas vías para tener descendencia biológica, pero eso no quiere decir que tener hijos biológicos sea un derecho”, señala.

Mar Esquembre, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, considera que hay que poner límites a la libertad individual y reflexionar sobre su dimensión colectiva. Esquembre es una de las firmantes del comunicado ‘No somos vasijas’, que denuncia, entre otros aspectos, la “lógica neoliberal” y la ”mercantilización” del cuerpo de las mujeres que atribuyen a la gestación subrogada, “un eufemismo que idealiza el negocio de compra-venta de bebés”. Recoge también que el “altruismo y generosidad de unas pocas, no evita la mercantilización, el tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta”. “No puede reconocerse como una técnica de reproducción asistida porque se trata de utilizar un cuerpo —señala Esquembre—. Las mujeres somos las máquinas que todavía no han podido inventar. Si la clonación humana está prohibida por una cuestión ética, ¿cómo es posible que nos planteemos los vientres de alquiler? ¿No podemos clonar seres humanos, pero ponemos a mujeres a producir seres humanos para otros?”.

Esquembre no niega que una mujer decida generosamente gestar por otra, pero asegura que legitimar la gestación subrogada bajo ese argumento “puede servir de paraguas para una cantidad de abusos tremendos”. A Sara LF le inquieta que la donación de óvulos y la gestación subrogada se promocionen apelando al altruismo de las mujeres: “Las tareas feminizadas se valoran más cuando no se realizan desde lo económico”, cuenta.

La reproducción, como otros procesos biológicos que afectan a las mujeres, se ha infravalorado, por lo que hay menor conciencia sobre la invasión corporal que suponen esas técnicas. “Si el embarazo lo hiciesen los hombres, se consideraría un hito heroico”, ironiza. Insiste en la lógica capitalista que sustenta la industria de la gestación subrogada, que genera un “lucro y una acumulación de capital innegable en una faceta de la vida que antes no estaba mercantilizada”.

A vueltas con la terminología

Nadie mueve ficha. El debate, polarizado, parece estar en stand by y las partes, enrocadas. A un lado, quienes creen que hablar de vientres de alquiler es necesario para entender la lógica de compra-venta que ven detrás de la práctica. Al otro lado, las familias que han recurrido a este procedimiento: “Cuando una mujer gesta para otra persona se implica, no solo con el vientre, sino con todo el cuerpo y el alma”, dice Aurora González, de la Asociación por la Gestación Subrogada de España. Miguel y Vanesa también creen que hablar de alquilar el vientre implica cosificar y reducir a las mujeres a esa pequeña parte de su cuerpo. “No nos gusta nada que en la prensa se ilustre el tema con imágenes ni fotos de mujeres en las que solo se ve la tripa y menos aún con códigos de barra”, dicen.

Entre el altruismo y el negocio, entre la cosificación del cuerpo de las mujeres y el libre consentimiento de estas, la discusión sobre la gestación subrogada exige una conciencia común sobre el mundo que queremos construir. El camino es largo y tortuoso, igual que el que miles de personas están trazando para poder tener hijos en una sociedad en la que la familia se premia y se valora por encima de todo.


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