De los miles de casos análogos al de Altsasu que cabría evocar, aquí van tres como mera muestra. El primero es una agresión que acaba de sentenciarse, producida en hora (6.00 de la madrugada) y contexto similar (una fiesta en Errenteria). Un hombre empujó a otro tirándole por una ladera y produciéndole graves heridas que requirieron nueve días de hospitalización y 192 de curación. Por ello ha sido castigado a un año de cárcel, no ha pisado ni pisará la prisión. El segundo incluye como víctima a la Guardia Civil: cuatro personas de una familia fueron juzgadas el año pasado en Lanzarote por golpear, morder e intentar quitar la pistola a dos uniformados. Se les condenó a cuatro meses. El tercero (por completar el cuadro) tiene a las FSE como acusadas, acaba de juzgarse en Iruñea y está pendiente de sentencia. Un detenido en la Jefatura de Policía sufrió traumatismo craneoencefálico y fracturas en brazo y mano por lo que define como brutal paliza, así que pide cuatro años de cárcel para dos agentes. La Fiscalía, por contra, lo sitúa como una trifulca... y pide absolver a todos.

La bronca de Altsasu es homologable a estas situaciones, pero el tratamiento judicial español la sitúa en otro planeta. En el mismo, por ejemplo, que los Cuatro de Iruñea, acusados falsamente de participar en un atentado de ETA a partir de una autoinculpación forzada en comisaría por la que pasaron dos años presos antes de ser exculpados: igual que ahora en Altsasu, hasta entonces (2004) no se escuchó otra versión que la policial. Se parece también al caso de los Cinco de Bateragune, porque el relato construido resulta extemporáneo e inverosímil para cualquiera que viva hoy y aquí. Y, atendiendo a lo que ha dicho el fiscal, podría acabar hasta en quince años de cárcel, que son justo los que pasaron entre rejas los Cuatro de Guilford –inmortalizado en ‘‘En el nombre del padre’’– antes de ser exonerados y escuchar disculpas del primer ministro británico.

Ocurre que este país, pudoroso como es, no suele hacer películas de sus luchas y tragedias. Quizás esto contribuya a que tan a menudo acabe restando importancia y asumiendo como normales cosas absolutamente intragables (algo de ello subyacía igualmente en la escasa reacción social e institucional a la muerte en comisaría de Elhadji Ndiaye). Pero sería lamentable que el caso de Altsasu termine siendo más escándalo fuera que en casa, cuando liberarlos debiera ser prioridad democrática desde hoy. El germen de una campaña de puros derechos humanos, que incluyera a las instituciones del cambio (y no solo porque Barkos diera pábulo imprudentemente a la versión policial –que también–, sino sobre todo porque tiene la responsabilidad de defender los derechos de sus conciudadanos); que fuera más allá de inercias y eslóganes repetitivos; que mirara al futuro y no al pasado; y que incluyera caras y ojos porque los Siete de Altsasu –como los de Iruñea, Bateragune o Guilford– los tienen.

Ramón Sola en Gara

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