Por Miguel M. Ariztegi

Las 50.000 o 60.000 personas que se manifestaron el domingo pasado en Alsasua pedían "proporcionalidad" y "justicia", ¿por qué? ¿Son demasiados años de cárcel 13 por lo que ocurrió aquella madrugada?

El caso Alsasua concentra muchas dimensiones. Si 60.000 personas se reúnen en una localidad de poco más de 7.000 habitantes para protestar por una sentencia, algo pasa. Y hace aproximadamente un año hubo otra manifestación similar en tamaño en Pamplona, que se consideró la más grande movilización habida nunca. Hablaría de tres cuestiones: uno, cómo se inició el proceso. Nadie niega, ni los condenados ni sus familiares siquiera, que hubo un incidente esa noche. Lo abordó el juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que vio posibles delitos de atentado y lesiones. Pero en un momento de la instrucción irrumpió el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que por supuesto no representa a todas las víctimas, pero sí es una de las asociaciones más representativas, y se inicia un proceso de criminalización de lo sucedido desde la perspectiva del terrorismo.

Esa acusación provocó que se trasladara el caso a la Audiencia Nacional

Sí, se trasladó a la Audiencia Nacional contra el criterio de la juez instructora y de la Audiencia Provincial de Navarra, que se consideraban competentes, pues no veían de ninguna manera que los hechos pudieran calificarse de terroristas. A consecuencia de ese traslado, se da una criminalización hacia estos jóvenes, en los que creo que el factor edad ha sido relevante. Les detuvieron de una forma desproporcionada, con despliegues policiales que no concordaban con la realidad: ellos siempre colaboraron con la Justicia y acudieron de forma incluso voluntaria a declarar cuando se enteraron de la investigación. Esta estrategia dio paso a una criminalización de todo el pueblo de Alsasua. Algunos medios de comunicación apoyaron esta criminalización, que pasó al plano mediático y político. La sociedad navarra se movilizó en defensa de unos jóvenes euskaldunes que participan en proyectos comunitarios. Proyectos y propuestas que en democracia son absolutamente legítimos, y no tienen relación alguna con la violencia.

Y todo desembocó en que el tribunal, pese a que no apreció terrorismo, dictara penas muy altas

Sí, el tercer gran bloque es el de las penas. El proceso ha sido largo, y todo se concreta en una sentencia con penas muy, muy, muy altas. Los delitos de atentados y lesiones se han aplicado en prácticamente todos los casos en sus límites superiores. Las lesiones del artículo 147.1 (que son las que precisan una asistencia facultativa y un tratamiento médico; la lesión más grave fue un tobillo roto, no son lesiones que afecten a órganos vitales, o de tipos agravados como malformaciones, es un tipo básico de lesiones) se castigan con penas alternativas de multa de 6 a 12 meses o de prisión de 3 meses a 3 años. El tribunal pone todas las penas posibles en su límite superior: por cada delito de lesiones piden 3 años.

Y aplicó además la agravante de "discriminación ideológica"

Sí, aprecia la aplicación de una agravante: el artículo 22.4 del Código Penal, que describe motivos racistas, antisemitas, otra clase de discriminación… que se denomina "discriminación ideológica". Se introdujo en el año 2015, y desde la Academia nos hemos esforzado mucho en explicar ciertos peligros en esta agravante vinculada con el odio, con motivos subjetivos. Estamos hablando de Derecho Penal, de penas privativas de libertad, la restricción más severa contemplada en el ordenamiento jurídico. Y para eso, tendremos que interpretar qué significa odio en el ámbito penal. Siempre tiene un componente de aversión discriminatoria. La exposición de motivos de esta agravante siempre ha estado relacionada con proteger la igualdad de las personas. Para la protección efectiva de grupos vulnerables, como etnias minoritarias, personas racializadas, identidades sexuales minoritarias… grupos vulnerables, en definitiva. Es muy importante hacer una aplicación restrictiva de esta agravante; no podemos banalizar las penas privativas de libertad. El paso de 8 o 13 años de una persona por prisión es un asunto muy grave. La Guardia Civil no es un colectivo vulnerable.

¿Considera que hay una actitud ejemplarizante del tribunal al dictar la sentencia?

No es el único caso de utilización del Derecho Penal de forma ejemplarizante. Esta ocasión es especialmente sangrante, y es uno de los riesgos. Por eso sale la gente a la calle, porque se ha instrumentalizado a una gente muy joven para mandar un mensaje. Se dan delitos de atentado en nuestro país continuamente. Una persona que se enfada con un policía porque le pone una multa y le pega un empujón es un delito de atentado. Y de ninguna manera se ponen las penas que se han puesto en el caso Alsasua. Es una sentencia ejemplarizante y desproporcionada. Hablamos de Derecho de autor y de persecución de las ideas. Se están criminalizando unas ideas, un pueblo. Es muy grave, especialmente porque se está instrumentalizando a gente muy joven, veinteañeros. Es un sesgo que la gente capta, y de ahí la movilización social.

Se da una concurrencia de populismos, punitivo y electoral…

La sociedad española no es especialmente punitiva. Diferentes estudios lo demuestran, pero se contradice con la deriva punitivista hacia la que se orienta el sistema. Eso, extraído por los partidos políticos, sin excepción, se orienta a endurecer el Código Penal. La ciudadanía navarra es especialmente sensible hacia las decisiones judiciales que considera injustas, como ya ha demostrado en otras ocasiones.

Las familias ya han adelantado su intención de recurrir la sentencia al Supremo, el Constitucional, e incluso Estrasburgo

Seguiremos hablando de Alsasua durante años. El Poder Judicial está cuestionado en España, especialmente la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Constitucional. Estrasburgo ha dado distintos tirones de orejas al sistema español por vulnerar derechos fundamentales en los procesos penales.

Las instituciones navarras se han sumado a las críticas a la decisión judicial, mientras que la oposición la defiende.

Traducir la representación política en representación ciudadana en temas tan concretos no es muy riguroso. Los partidos políticos llevan una deriva que no es la de sus votantes. Creo que muchos votantes del PSOE en Navarra no están tan de acuerdo con la sentencia. La Audiencia Nacional es un tribunal de excepción. Y lo demuestra con la utilización de la acusación de terrorismo. La sentencia es muy desproporcionada. Y las actuaciones de políticos como Pablo Casado y Albert Rivera vienen a generar polémicas estériles y problemas de convivencia. Alsasua es un pueblo receptor de inmigración, de gente trabajadora, y un modelo de convivencia. Se da una imagen del pueblo que no le corresponde ni se la merece.

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