Por Rodrigo Lueje, integrante de La Comuna

(ver ‘Queridas candidaturas’, publicada el 13 de diciembre pasado), y sin embargo ya ha transcurrido una legislatura. Breve, es cierto, fallida, también, pero no exenta de su emoción ante las expectativas de un cambio que se resiste a llegar a la política estatal.

¡Ah! El cambio, cuántos sueños, ilusiones y fantasías suscita esa hermosa, motivadora palabra, y cuántos desaguisados se hacen bajo su coartada. Su sugerente resonancia debe ser el motivo por el que se abusa tanto de ella en el marketing político; es probable que sea la palabra más frecuente en los eslóganes políticos, y a la vez la más ambigua. La cienciología publicitaria debe haber estudiado la forma en que estimula nuestras glándulas erótico-electorales.

En nuestro campo de interés particular, es decir, en materia de memoria democrática y lucha contra la impunidad del franquismo, muy poco ha cambiado el panorama en estos meses de suspensión del tiempo político, al menos en el plano estatal. Algo que no debería sorprendernos: si no se ha avanzado ni medio metro en 40 años, no era de esperar que la legislatura del gatillazo del cambio, o del pactus interruptus, fuera a resolverse gran cosa, y menos con ese gobierno en funciones ya de por sí muy ocupado en asuntos de mucha mayor enjundia, como el nombramiento del periodista-tertuliano Marhuenda como comisario honorífico.

Este gobierno en funciones ha tenido no obstante tiempo para dar otra muestra penosa de denegación de la justicia y de incumplimiento de los tratados de cooperación judicial internacional, al negarse a tramitar los exhortos requeridos por la jueza argentina Servini, para proseguir la causa abierta en aquel país (la Querella Argentina) contra un conjunto de acusados de crímenes del franquismo.

En el plano local se han visto, por otra parte, avances y movimientos, en algunos casos más bien erráticos, desde los llamados ayuntamientos del cambio. Con ellos, las asociaciones memorialistas optamos por una iniciativa, la de denunciar la impunidad del franquismo a través de la justicia española, que no habría surgido de no ser por esa idea de cambio que atraviesa estos tiempos.

Cabe citar, en la cuenta del haber, los avances en la campaña de querellas municipales por crímenes del franquismo en sus ámbitos territoriales: tras Pamplona, Tarragona, Zaragoza, Rivas-Vaciamadrid y otros en los que ya se habían aprobado las correspondientes mociones, se han sumado en estos meses Cádiz y Vitoria/Gasteiz, mientras que en muchos otros se ha iniciado su toma en consideración por parte de los grupos municipales.

Otras instituciones locales como el Parlamento navarro y la Diputación y Juntas Generales de Álava, que ya iniciaron querellas propias por crímenes del franquismo en sus demarcaciones, han decidido sumarse en estos días a la Querella Argentina, en la perspectiva de extender la lucha contra la impunidad a todos los posibles frentes y resortes.

En cuanto a novedades no tan positivas figura de manera destacada la creación del Comisionado de la Memoria Histórica por parte del Ayuntamiento de Madrid. Una iniciativa, surgida tras la serie de acciones fallidas en este campo, como las que dieron lugar a la renuncia de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense (dirigida por la reconocida historiadora Mirta Núñez) a seguir colaborando con el ayuntamiento, y que ha conseguido el unánime rechazo de las asociaciones de memoria y derechos humanos de dicha ciudad, así como de diversas entidades sindicales y partidos políticos.

Por hacer breve esta historia: se trata de una decisión plagada de errores tanto en su concepción como en su ejecución, es decir, más o menos en todas las ocasiones en que se podían cometer errores. Desde la Exposición de Motivos, en la que no se mencionan los derechos a la verdad, justicia y reparación, sino el ‘recuerdo’ de las víctimas, y se diluye el origen de los crímenes (el golpe de estado y la dictadura franquista) en un vago y ahistórico concepto de ‘dictaduras o formas autoritarias de gobierno’. Hasta la composición del tal Comisionado, con un mix de ‘personalidades’ en su mayoría ajenas, cuando no contrarias, al reconocimiento de aquellos derechos. Y pasando por la supina ignorancia en todo el proceso del movimiento memorialista y de derechos humanos, al igual que de las asociaciones de víctimas. El ayuntamiento de Madrid contribuye así, en esta materia, al mantenimiento de la injusticia y el continuismo, en clara oposición al anunciado cambio.

Ahora, ante el nuevo tiempo político que esperamos se inaugure durante las próximas semanas en nuestro país, hay que insistir en que los derechos básicos a la memoria y la justicia no pueden seguir escamoteándose y perpetuándose bajo esta anomalía antidemocrática que representa la injusticia transicional española; que las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos, así como los tratados y convenios suscritos por el Estado español en la materia, niegan de raíz las falsas coartadas legales hasta ahora esgrimidas por el Estado español; que los derechos de las víctimas del franquismo no son materia de transacción política, ni de negociaciones o equidistancias entre supuestos bandos, al igual que no lo han sido, ni lo pueden ser, los de las víctimas del terrorismo.

Reconocer estos principios, y actuar en consecuencia, es la única base, la prueba del algodón, de un cambio real, en el sentido democrático y de progreso, en este terreno.

Para finalizar, un muy breve extracto de la ‘carta a los reyes magos’ incluida en la entrada antes citada con motivo de las elecciones del 20-D:

Condena y anulación formal de las resoluciones judiciales y administrativas del régimen franquista, reestableciendo la plena legalidad democrática, con arreglo a los principios y convenios internacionales.

Esclarecimiento de la verdad sobre la represión y los crímenes (fosas, bebés robados, expolios, trabajo esclavo, etc.), mediante el libre acceso a todos los archivos públicos y privados, y el amparo judicial para su investigación.

Respaldo y dotación de recursos para la persecución de los crímenes del franquismo ante los tribunales de nuestro país, así como en el marco de la Querella Argentina.

Fin de la discriminación de las víctimas del franquismo: Derecho pleno a la reparación.

Por la construcción de una sociedad conscientemente antifascista en materia educativa, en contra de la apología y la simbología fascista, y mediante la creación de lugares de la memoria.

---