Por Samuel Pulido

En España, el consenso antiterrorista del bipartidismo había permitido cerrar periódicos, prohibir partidos políticos y meter en prisión a activistas y a representantes políticos sobre la base de quienes eran, antes que por la gravedad real de los actos que pudieran haber cometido. La versión final del texto que figuró en el programa fue la siguiente: "Fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las personas."

Esto es competencia más estatal que europea, sin embargo el programa para las elecciones generales no llegó a incluir nada al respecto. En este tema el Podemos de la segunda mitad de 2015 no se encontraba cómodo, en un contexto electoral en el que se resistía -y con razón- a las presiones para que firmase el pacto mal llamado "antiyihadista".

Así pues, la derecha española no ha dudado lo más mínimo a la hora de continuar usando este arsenal legislativo -pactado en lo esencial con el PSOE- y el pensamiento político que lo inspira en provecho propio, ya sea para criminalizar activistas en Galicia, Madrid o Cataluña, o para llevar a cabo sus guerras culturales y ocultar de paso sus propios problemas judiciales. Concretamente, el artículo 578 del Código Penal, mediante las figuras delictivas del enaltecimiento del terrorismo y de la humillación de las víctimas del terrorismo, ha servido para arrinconar en menos de un año y en dos ocasiones al gobierno municipal en minoría de Ahora Madrid, con la aquiescencia o ambigüedad mal disimuladas del progresismo madrileño.

Como advertimos en su día, la dimisión de Guillermo Zapata como concejal de cultura fue una mala respuesta política que dejaba un flanco abierto y vulnerable a nuevos ataques, aún más virulentos. Ahora le toca a su sucesora, Celia Mayer, sufrir la impostada indignación del corruptísimo Partido Popular de Madrid, que de esta manera tapa sus vergüenzas y sitúa al consistorio de nuevo a la defensiva. Emmanuel Rodríguez describe muy bien en Público la secuencia de lo sucedido y el contexto político local en que se produce. En este sentido, la respuesta del equipo de gobierno del ayuntamiento en el asunto del espectáculo de títeres durante el carnaval no ha podido ser más desacertada.

Inquietos por las consecuencias de una nueva campaña mediática de la derecha, desde el ayuntamiento acaban sumándose a las denuncias, aunque por "vulneración de contrato", contra unos titiriteros que en esos momentos se encontraban detenidos por la policía. El comunicado posterior de Ahora Madrid, lejos de mostrar un posicionamiento inequívoco en defensa de las libertades (como sí harán desde Barcelona en Comú), admite en la práctica buena parte del planteamiento de la derecha, normalizándolo: que si la exhibición de la obra "La bruja y Don Cristóbal" en "un espacio con mayoritaria presencia de niños y niñas resultó muy grave" (una exageración pacata si recordamos obras como La Bola de Cristal), que si la denuncia de Madrid Destino se refiere a los "actos ofensivos o lesivos para la sensibilidad del público" (cuando nada impedía que el público abandonase el espectáculo y presentase quejas al ayuntamiento, en vez de denunciar a la policía). Una manera poco elegante, por otro lado, de echar balones fuera y de eludir las responsabilidades propias en la programación.

De poco sirvió dicho comunicado frente a la coordinada intervención de la prensa cavernaria, del ministerio fiscal y de la Audiencia Nacional, cuyo juez Ismael Moreno acaba sacando de su chistera un delirante auto. En dicho auto el juez interpreta a su manera el cartel de "Gora Alka-ETA" que se mostró en la obra, dándole un significado que no tiene nada que ver con el que le dieron sus autores y decretando nada menos que prisión provisional por enaltecimiento del terrorismo (que según el código penal vigente puede suponer hasta tres años de cárcel). Luego el PP de Madrid sube el listón y presenta una querella contra la concejala Celia Mayer por cooperación necesaria para cometer dicho delito. Lo que no tendría que haber sido más que una anécdota de carnaval acaba convirtiéndose en un descomunal esperpento.

Por su parte, en Podemos, inmerso en las negociaciones con el PSOE para un posible pacto de gobierno o de investidura, la respuesta oficial como partido ha sido más bien tímida. Luego varían los mensajes emitidos a título personal. Ha habido silencios, pero también denuncias correctas de la criminalización de los artistas. Desgraciadamente, no han faltado voces con la insinuación -para mí vergonzosa- de que la responsabilidad última del embrollo, al menos desde la perspectiva política, recaería en los titiriteros detenidos, por haber interpretado la obra para la que habían sido contratados. Algunos militantes llegan a criticar en las redes sociales que los titiriteros "hacen el juego a la derecha" (expresión habitual para acallar voces críticas en el campo propio). Según esta interpretación, nada de todo esto habría sucedido si los titiriteros hubiesen sido "responsables" y hubiesen hecho el trabajo de los representantes políticos que les contrataron: pensar en términos de cálculos de oportunidad política y de lo que para ellos está en juego (en el caso de Podemos, el gobierno de España). Semejante posición, que se lamenta de aquello a lo que luego apela en campaña electoral (la autonomía creativa de los encausados), termina por eludir lo principal: un acoso político basado en la coacción y en la restricción de libertades fundamentales, con dos jóvenes presos por expresar ideas políticas en un teatro de guiñol. Con tanta altura de miras, corren el riesgo de no estar a la altura de las circunstancias.

Si queremos dotar de algún contenido a la palabra cambio, tenemos que empezar por exigir la libertad de los detenidos, sin rodeos y sin cargarles muertos que no les corresponden. Este manifiesto es un buen punto de partida. Continuando, cuando "se pueda", con la derogación del paquete legislativo conocido como "leyes mordaza". No bastará. El enaltecimiento y otros tipos penales que amplían de manera desproporcionada ya habían sido aprobados antes por el bipartidismo. Al igual que la vigente ley de partidos, que aún hoy se cierne sobre amenaza para partidos políticos legales que apenas son "tolerados" por el ministerio del interior. O ese tribunal de excepción, de raíz preconstitucional, que es la Audiencia Nacional. Es todo un aparato liberticida, y el sentido común punitivo articulado en torno a él, lo que debemos desmontar, resistiendo a los cantos de sirena que reclaman su actualización para la lucha contra el yihadismo. La dificultad estriba en que dicho aparato está concebido para atacar minorías en nombre de mayorías sociales, lo que lo vuelve electoralmente poco atractivo. Pero sus consecuencias nos afectan a todos.

Mientras, los titiriteros protagonizan en carne propia el relato que contaban a través de sus muñecos. Esta es una obra absurda con muchos actores secundarios y tramas paralelas. Teatro carnavalesco, teatro judicial, embebidos a su vez en el teatro de la representación política. Títeres que se creen titiriteros. Política no apta para todos los públicos.

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