Por Mariano Sánchez Soler

A principios de los años 70, el ingeniero de Telecomunicaciones Hellín empezó a colaborar con el Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED), servicio secreto creado por el almirante Carrero Blanco, donde siguió trabajando bajo el primer gobierno de la Monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro. Gracias a su experiencia en las cloacas, durante la transición democrática Hellín, con 32 años, fue jefe de seguridad de Fuerza Nueva (FN) del distrito madrileño de la Arganzuela, y jefe del denominado “Grupo 41”, del parapolicial Batallón Vasco-Español (BVE), antecedente de los GAL.

Desde una academia de Electrónica y Telecomunicaciones, que poseía en una céntrica calle de Madrid, organizó atentados y actos de “guerra sucia” dentro y fuera del País Vasco. Allí, el 1 de febrero de 1980, se reunió con los otros miembros del comando, Ignacio Abad Valavázquez, José Ricardo Prieto Díaz y Félix Pérez Ajero para organizar el secuestro y asesinato de Yolanda González Martín, de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, siguiendo indicaciones de David Martínez Loza, jefe nacional de seguridad de FN. Junto a ellos, como en otras ocasiones, se encontraban dos correligionarios ultras: el policía nacional Juan Carlos Rodas Crespo, que se ofreció a servirles de escolta, y el guardia civil Juan José Hellín, hermano de Emilio, de quien jamás se pudo probar que participara en la operación. La denuncia de Rodas trajo consigo la detención del “Grupo 41”, del BVE y destapó la caja de los truenos de las “tramas negras”, compuestas por ultraderechistas y miembros de los servicios de seguridad del Estado.

Las conexiones de Hellín con los servicios de seguridad del Estado eran evidentes. Pero los indicios jamás fueron investigados. Los datos eran: un guardia civil –Juan José Hellín- y un policía nacional –Rodas Crespo- participaban en las reuniones del grupo. Un ordenador scanner VHF, de la academia, estaba conectado a una terminal usual de los servicios de Seguridad e Inteligencia del Estado. Inexplicablemente, el ordenador de Hellín fue desconectado y retirado de la circulación al comienzo de las investigaciones, evitando de este modo que se supiera con quién estaba conectado. La policía encontró en poder de Hellín una cinta magnetofónica grabada donde una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca supuestamente desde las dependencias de un organismo de Seguridad del Estado, y junto a esa voz aparecía, dialogando por unos instantes, la de Hellín. Gran parte del armamento encontrado en los dos pisos francos era reglamentario del Ejército. Al querer indagar sobre sus dueños legales, no hubo respuesta. En el tejado de su casa, Hellín poseía una antena de gran alcance, también desaparecida a los pocos días de ser detenido. Para allanar la casa de Yolanda, Hellín utilizó un carnet del SECED y, tras el asesinato, confesó que había seguido el dictado de su jefe al reivindicar “el arresto, interrogatorio y ejecución” de Yolanda en nombre del “Batallón Vasco-Español, grupo operativo militar”.

En el asesinato de la dirigente estudiantil actuó una trama negra bien organizada, con armamento, locales, documentos, material informático poco usual en la época... El arsenal incautado a Hellín por la Policía y reseñado en la sentencia resulta demoledor: cincuenta kilos de goma-dos, las armas del crimen, un subfusil Mauser, cebos electrónicos, sesenta cartuchos de explosivos fabricados por la Empresa Nacional Explosivos Río Tinto, granadas de mano PO reglamentarias del Ejército, botes de humo como los utilizados por la Policía, un aparato Skanner VHF, receptores de emisoras policiales y un bolígrafo-pistola con capacidad para disparar balas del calibre 22 corto… Un día después de asesinar a Yolanda, Hellín durmió en la casa de un policía de Vitoria. Interrogado por el abogado Benítez de Lugo en el sumario, este policía declaró “que Hellín tiene contacto con importantes peces gordos de los cuerpos de Seguridad y el Ejército”. Estos “contactos” se mantuvieron con el paso del tiempo.

Tras seis años en la prisión de Zamora, el 24 de enero de 1986, Emilio Hellín disfrutó de su primera libertad durante cinco días. El juez de vigilancia penitenciaria, José Donato Andrés Sanz, le concedió el permiso a partir del cual protagonizó dos fugas penitenciarias, una que duró apenas unos días y la segunda, en la que dispuso de DNI auténtico con otro nombre e identidad, y con el que logró escapar a Paraguay, donde creó el Centro de Estudios Profesionales y trabajó para los servicios de seguridad de la dictadura de Stroessner, que le protegió durante tres años, hasta que fue localizado por Interviú y extraditado el 21 de septiembre de 1990.

Y por fin, a partir de 2008, cerró el círculo. Desde entonces trabaja con asesor en temas de criminalística al servicio de la Guardia Civil y la Policía, es uno de sus expertos y, a través su empresa New Technology Forensics, radicada en Madrid, trabaja asiduamente en el peritaje de casos criminales, como el caso Bretón. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles; asiste como perito judicial a la Audiencia Nacional (que le condenó) y a numerosos juzgados. También imparte cursos de formación a agentes de la Policía, la Guardia Civil, Ertzaina y Mossos d’Esquadra. Condenado a 43 años por asesinato, solo cumplió catorce años en la cárcel.

Demasiadas víctimas para el olvido

La detención de Emilio Hellín puso en evidencia la infraestructura y contactos con la Policía y la Guardia Civil de que disponía para sus acciones terroristas. En siete años de transición, de 1975 a 1982, un total de 188 personas perdieron la vida por actos de violencia consentidos u organizados desde los aparatos del Estado. De ellas, 65 fueron asesinadas directamente por grupos de supuestos “incontrolados” y por comandos parapoliciales, como el BVE. Así lo revela mi libro La transición sangrienta (Península, 2010). El uso consciente de la violencia con objetivos políticos (que no siempre es deliberado o premeditado) estuvo presente durante la transición democrática en España, y supuso la gran amenaza para el proceso diseñado por los dirigentes políticos del posfraquismo, que hicieron del rechazo a la violencia como arma política y del control del orden público, la base del consenso.

En España se desplegó una violencia política de origen institucional para mantener el poder y el orden, y fue organizada, alentada, inspirada, consentida, e instrumentalizada, desde instituciones del Estado a dos niveles: 1) Desde el corazón del aparato de Estado, a través de estamentos y funcionarios en activo de la Administración, que disponían de poder y medios, armamento y cobertura logística para ejercer y administrar la violencia: policías, ejército, judicatura… 2) Desde instituciones legales reglamentadas y/o subvencionadas por el Estado, que participaban de la superestructura del poder oficial: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos legales con o sin representación en el Parlamento.

Esta violencia institucional fue usada para frenar los avances rupturistas democráticos, imponer el pacto, aplacar a las izquierdas emergentes, desmovilizar a las masas reivindicativas y conseguir el tránsito del régimen franquista hasta la democracia parlamentaria, con el menor coste económico y político posible para la clase dirigente de entonces. La forma peculiar en que se realizó esta transición en España impidió que el nuevo régimen rompiera totalmente con sus orígenes. La Administración Pública, el aparato judicial, el Ejército, la Policía y la empresa pública apenas sufrieron transformaciones y se incorporaron al nuevo régimen escasamente reformados.

La transición contó con dos instrumentos jurídicos destacados: la Audiencia Nacional y la amnistía (administrada mediante un decreto y un decreto–ley). La Audiencia Nacional fue el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977; del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos, el decreto Ley de Amnistía de 1976 y sus sucesivas ampliaciones.

La verdad judicial emanada de la Audiencia Nacional se convirtió, de facto, en verdad oficial asumida sentencia tras sentencia y, en muchos casos, aplaudida desde los ámbitos políticos de la transición, en el Congreso de Diputados, por los sindicatos de clase y los partidos con representación parlamentaria. En este sentido, la Audiencia Nacional fue un instrumento crucial para el desmantelamiento de los sectores más violentos del antiguo aparato franquista y para juzgar las acciones terroristas “desestabilizadoras”.

Los planteamientos jurídicos tuvieron consecuencias políticas directas en la evolución de la transición española. Se denominó “grupos incontrolados de extrema derecha” a los procesados. Se les clasificó como “no adscritos”. Se aplicó una sistemática individualización de las causas. Y todos los crímenes fueron jurídicamente obra de “grupos armados” creados y compuestos exclusivamente por los miembros juzgados. Esta visión se aplicó al caso Yolanda, del mismo modo que lo hicieron con Atocha, El Papus, el Frente Nacional de la Juventud (FNJ), el Batallón Vasco-Español de Iturbide y Zabala (BVE), el Ejército Español de Liberación (EEL) y el comando autor de la bomba contra El País. Como Hellín, todos los autores materiales codnenados por estos crímenes recibieron un trato judicial favorable durante su estancia en prisión, con una rebaja considerable de las penas impuestas por los tribunales (ver cuadro).

Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional juzgó los casos como “acciones violentas aisladas” realizadas por activistas que obraron por su cuenta; que acudieron armados a manifestaciones como guerrilleros de Cristo Rey (asesinato de Arturo Ruiz); que realizaron ataques en un momento de disgusto por la situación política (asalto al bar San Bao y apuñalamiento de Arturo Pajuelo, ambos en Madrid; la bomba contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid...), o que desencadenaron agresiones indiscriminadas despojados de objetivos políticos (en el caso Miguel Grau se aplicó este criterio; también en los asesinatos de Jorge Caballero, de Andrés García, de Vicente Cuervo...). La actuación criminal directa de policías y funcionarios de Prisiones en los casos Arregui, Agustín Rueda y Herrera de la Mancha, se produjo con la cobertura de sus departamentos y con la participación masiva de funcionarios.

Como revelo en La transición sangrienta, en apenas ocho años, la transición española se cobró más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas 2.663 víctimas, un total de 591 personas perdieron la vida. De ellas, como ya hemos dicho, 188 murieron en actos de violencia política de origen institucional. En cuanto a los heridos, según los únicos datos disponibles del ministerio del Interior más de 1.000 fueron víctimas de los terrorismos de izquierdas y nacionalistas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1.072 heridos fueron víctimas de la violencia desencadenada por la represión policial y las denominadas “tramas negras”.

“Tramas negras”: Montejurra, Atocha, Yolanda

Los dos niveles, el aparato de Estado y las instituciones reglamentadas, se fundieron y se combinaron en la comisión de los actos de violencia, al tiempo que se orquestaba una represión indiscriminada para controlar la calle y acciones de terrorismo selectivas. A través de las denominadas “tramas negras”, se organizaron atentados y operaciones de castigo. También contaron con la participación, relación y amparo de los partidos y organizaciones legales FE-JONS, el Frente de la Juventud, la Hermandad de la Guardia de Franco… y con Fuerza Nueva, que obtendría representación parlamentaria.

Estas relaciones fueron claras en el caso más trascendental que significó un punto de inflexión en la transición: la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, organizada por funcionarios del Sindicato de Transportes y por militantes de Fuerza Nueva, y relacionada con miembros de la Brigada de Información (antigua Brigada Político-Social, la policía política del franquismo). Esta combinación quedó patente en el caso Montejurra 76, en el que participaron neofascistas italianos, ultras españoles, incluso el ex ministro franquista Antonio María de Oriol y altos cargos del ministerio de Gobernación de Fraga Iribarne.

Ya con la Constitución vigente, en el caso del secuestro y asesinato de Yolanda González, esta combinación quedó demostrada judicialmente con la condena del jefe nacional de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, y la intervención en distintos grados de un Policía Nacional que fue condenado por encubrimiento y un miembro de la Guardia Civil en activo.

El 2 de febrero de 1980, fue asesinada la dirigente estudiantil Yolanda González por un comando organizado por el jefe nacional de seguridad del partido de Blas Piñar. Yolanda procedía de las Juventudes Socialistas de Vizcaya, estaba afiliada a Comisiones Obreras como trabajadora de la limpieza, y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, una organización trotskista ya desaparecida, surgida tras una escisión del PSOE. En el instituto de formación profesional de Vallecas estudiaba primero de electrónica. Un comando de Fuerza Nueva, comandado por Emilio Hellín, la asesinó y dejó su cuerpo tirado en una carretera comarcal. ¿El motivo del crimen? Yolanda era una de las dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional que organizaba las movilizaciones en Madrid contra las leyes educativas del gobierno de Unión de Centro Democrático.

Con Yolanda, quiero recordar a todas aquellas personas jóvenes, a quienes arrebataron la vida comandos de “incontrolados” bajo control. Hoy estarían entre nosotros. Eran estudiantes, jóvenes trabajadores, conserjes, un ama de casa… Mientras se movilizaban por la democracia y la amnistía, muchos de ellos tuvieron la mala suerte de encontrarse con los verdugos. Perdieron la vida por disparos de arma corta, botes de humo lanzados a corta distancia, puñaladas, paquetes-bomba… y, bajo el silencio cómplice de la propaganda oficial, no se les reconoció como víctimas del terrorismo hasta el 2005. Los muertos y los heridos están aquí y constituyen el auténtico precio de la transición democrática en España. Forman parte de la verdad, y como víctimas pueden morir por segunda vez con el olvido.

Hellín era uno de los dirigentes de aquella violencia organizada desde los cuerpos de seguridad y así quedó patente tras la detención de su comando, aunque durante la instrucción sumarial se echó tierra encima y se cerraron todas las vías de investigación que hubieran desvelado la verdad de las tramas negras. El crimen de Yolanda no fue obra de unos ultras violentos, sino el resultado de un grupo parapolicial dedicado a la guerra sucia, organizado y apoyado directamente desde instituciones del Estado.

Hoy, las preguntas de hace 33 años siguen en el aire y exigen una respuesta política que sea capaz de cerrar, de una vez, uno de los episodios más siniestros y dolorosos de la transición española.

Cumplimiento de las penas impuestas a ultraderechistas condenados en España por crímenes políticos

A continuación se relaciona el historial penitenciario de los principales ultraderechistas condenados a penas de prisión, por los principales delitos políticos de la transición. Son datos extraídos de los archivos centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia y de la Audiencia nacional. En el listado se reseñan la fecha de ingreso en prisión, de la obtención de la libertad condicional, la libertad definitiva y otras circunstancias. Junto al nombre del interno, se indica el caso por el que fue condenado. También se calcula el tiempo que cumplieron condena en prisión.

Apellidos, nombre. (Caso)	Condena impuesta	Fecha Ingreso en prisión	Fecha Libertad condicional	Fecha Libertad definitiva	Condena cumplida en prisión
Abad Valavázquez, Ignacio (Yolanda)	28 años	(Detenido en febrero 1980)	2/01/1993	12/10/1997 Fallecido: 30/01/1998	13 años
Albadalejo Corredera, Francisco (Atocha)	3 años	7/02/1981	No consta		Fallecido el 30/06/1985
Blanco Férriz, Ángel (El Papus)	3 años	No consta	23/07/1987		3 años
Bosch Tapies, Juan José (El Papus)	13 años y 6 meses	27/11/81	28/07/1987	23/01/1991	5 años y 4 meses
Cañavate Rosalem, Juan Manuel (FNJ)	12 años, 4 meses y 4 días	23/06/1985	No consta	2/06/1998	----
Carrasco Salvador, Julio (FNJ)	5 años y 9 meses	9/04/1989	31/05/1991	27/06/1991	2 años, 1 mes y 22 días
Centelles Miguel, Juan (EEL)	21 años	16/02/1980	Libertad provisional: 21/07/1983		2 años y 5 meses
Cerezo Romero, Isidro Javier (FNJ)	6 años, 1 mes	3/03/1989	10/07/1991		2 años y 4 meses
Esteban Rebollo, Luis Alfonso (El Largo Adiós)	4 años y 2 meses	6/07/1987	5/01/1989	12/02/1996	1 año y 6 meses
Fernández Cerrá, José (Atocha)	193 años	13/03/1978	1/08/1991	22/07/1996	13 años y 5 meses
Fernández de Landa, Jesús (Bar San Bao)	18 años	15/01/1997	No consta		----
García Juliá, Carlos (Atocha)	193 años	13/03/1978	23/09/1991	19/09/1997	13 años y 6 meses
García Ruiz, Francisco José (El Largo Adiós)	4 años y 2 meses	No consta. (Detenido enero 1981)		16/06/1984	3 años
Gómez Álvarez, Rafael Alfredo (Paquetes-bomba)	70 años	4/08/1981	21/05/1996	19/05/2001	14 años y 3 meses
González Palomares, Julio (EEL)	26 años	24/05/1988	21/07/1990	4/09/1993	2 años y 2 meses
Hellín Moro, Emilio (Yolanda)	43 años	(Detenido 7/02/1980)		Dos fugas de prisión.	14 años
Huertas Piñera, Vicente (FNJ)	8 años, 4 meses y 2 días.	14/03/1989	18/01/1994		Falleció el 14/07/1994
Hurtado López, Miguel Ángel (Bar San Bao)	8 años, 4 meses y 2 días	14/05/1986	23/09/1986		1 año y 4 meses
Iturbide Alcain, Ignacio María (BVE)	154 años	13/03/1981	17/02/1996	15/02/2001	14 años y 11 meses
Jiménez Caravaca, Leocadio (Atocha)	4 años, 2 meses, 1 día	7/09/1981		Fallecido el 13/08/1983	-----
Limiñana Sanjuan, Eduardo (Bateadores)	11 años	14/07/1986	4/12/1990	1/12/1992	4 años y 5 meses
López Laguna, Gerardo (Legión San Miguel Arcángel)	9 años, 2 meses y 1 día	22/08/1985	16/10/1990	10/07/1993	5 años y 2 meses
López Larrea, Juan Antonio (FNJ)	16 años y un mes	3/03/1989	8/06/1996		7 años y 3 meses
Martínez Lorenzo, Juan Domingo (Bar San Bao)	32 años	9/01/1984	12/01/1996		12 años
Martínez Loza, David (Yolanda)	6 años	15/06/1983	30/05/1985	29/11/1986	1 año y 9 meses
Minteguiana Ambrona, Jesús (Bar San Bao)	4 años y 3 meses	16/05/1993		Fallecido el 4/12/1995	----
Panadero Sandoval, Miguel Ángel (Miguel Grau)	12 años	19/01/1979		12/09/1982	----
Pérez Ajero, Félix (Yolanda)	6 años, 2 meses y 1 día.	9/06/83	3/03/85	16/01/86	1 año y 3 meses
Prieto Díaz, José Ricardo (Yolanda)	6 años, 2 meses y 1 día.	No consta (Detenido en 1980)	23/01/1985		3 años y 9 meses
Reinero Banda, Manuel (EEL)	47 años	16/02/1980		12/05/95	15 años y 3 meses
Rodríguez-Borlado Zapata, Ramiro (Paquetes-bomba)	77 años	4/08/1981	23/03/1996	25/03/2001	14 años y 7 meses
Zabala Solchaga, Ladislao (BVEl)	154 años	13/03/1981	1/03/1996	28/02/2001	15 años

Mariano Sánchez Soler es autor de La transición sangrienta (Península)

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