1983. Fotografías de una concentración realizada en Las Salesas, exigiendo la AMNISTÍA para las 11 de Bilbao y la legalización del derecho a abortar

Este caso tuvo gran trascendencia para el feminismo en España, especialmente para abrir el debate sobre el aborto. Las diferentes organizaciones feministas de todos los rincones del territorio nacional se movilizarían para apoyar a estas personas.

Como sucedería varias veces a lo largo de los años, en octubre de 1979 se suspendió la vista oral del juicio. En Barcelona, Valencia, Sevilla, Canarias, Valladolid, Oviedo, Madrid, Zaragoza y Bilbao hubo numerosas manifestaciones en apoyo a estas mujeres.

El 26 de octubre, ante la Audiencia de Bilbao, se manifestaron tres mil personas. Las movilizaciones fueron impulsadas por la Coordinadora Feminista Estatal que, siguiendo el ejemplo de las francesas, recogieron más de mil firmas de mujeres y hombres famosos que afirmaban haber abortado o colaborado en abortos clandestinos.

En junio de 1981 se dio una nueva vista del juicio de Bilbao, que se volvió a suspender ante la ausencia de dos de las acusadas. El juicio tuvo lugar en 1982, lo que convocó nuevamente a infinidad de manifestaciones por el derecho al aborto.

Finalmente, la Audiencia Provincial emitió su veredicto. La sentencia valoraba que las penosas situaciones sociales, bajo las cuales estas mujeres habían interrumpido su embarazo, podrían ser consideradas como atenuantes, ya que se había recurrido a la práctica del aborto ante situaciones de extrema necesidad. Se sentaba con ello un precedente legal para la defensa de los derechos de la mujer.

En 1983, las 11 personas de Bilbao fueron indultadas. Aquellas movilizaciones obligaron en parte al Gobierno de Felipe González a elaborar la primera ley del aborto de la democracia, aprobada en 1985, a pesar de la presión de la Iglesia y de los sectores de la derecha.

http://elventano.blogspot.com.es/2012/07/las-once-de-bilbao-el-proceso-que-trajo.html

Carteles y documentos:

http://cdd.emakumeak.org/tags/300

Empar Pineda
Nueva campaña contra el aborto

(Página Abierta, 190, marzo de 2008)

 La mayoría de la sociedad, ¡y no digamos ya de los políticos!, vivían estos últimos años como si el tema del aborto estuviera más bien resuelto en nuestro país. Pero el mes de marzo pasado, la Asamblea Feminista de Madrid convocó a los medios de comunicación para dar a conocer los resultados de un estudio que, durante los últimos años, habían llevado a cabo diversas organizaciones de la Coordinadora Feminista estatal sobre qué estaba pasando con el derecho de las mujeres a abortar, sobre la realidad del aborto en las comunidades autónomas.

 A principios de verano, El País dedicó varios y amplios reportajes a lo que había revelado el trabajo de la Coordinadora Feminista y se dispararon las alarmas: el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Sanidad y Consumo inmediatamente se sintieron concernidos por lo que decía el mencionado estudio. Así, el motorista del ministerio apareció rápidamente en la sede de la Asamblea Feminista a recoger un ejemplar. Por su parte, el Defensor del Pueblo se interesó ante el Ministerio de Sanidad para tratar de solucionar el problema. Parecía que les resultaba escandaloso lo que está ocurriendo: sólo el 2% de los abortos se realiza en los centros del Servicio Nacional de Salud, y existen comunidades autónomas (Navarra y Extremadura) en las que no se hace ni siquiera uno; muchas mujeres se ven obligadas a viajar fuera de sus comunidades para abortar; la mayoría de las mujeres que quieren interrumpir su embarazo tienen que pagar por ello, puesto que sólo las clínicas privadas acreditadas están resolviendo la demanda de una prestación sanitaria que, sin embargo, está incluida en la cartera de prestaciones sanitarias en todo el Servicio Nacional de Salud (SNS), etc. 

 El único resultado práctico del interés manifestado por ambas instituciones fueron unas declaraciones televisadas del adjunto al Defensor del Pueblo. De forma rotunda y clara dijo que, según la legislación vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer que no pudiera abortar en los centros del SNS y lo hiciera en una de las clínicas privadas acreditadas para ello tenía el derecho a que le fuera reembolsado el gasto por parte de la sanidad pública. A juzgar por lo ocurrido posteriormente, debieron ser muy pocas las que se enteraron de estas declaraciones. Del Ministerio de Sanidad nadie supo nada de nada.

Octubre. Valencia

 A comienzos de octubre tuvo lugar en Valencia, organizado por la clínica privada acreditada para la realización de abortos Mediterránea Médica, un simposio internacional sobre el uso en ginecología y obstetricia del medicamento Misoprostol (más conocido por su nombre comercial, Cytotec). Participantes de más de cuarenta países, desde China hasta Estados Unidos, latinoamericanos, europeos..., pusieron en común los usos de este análogo de prostaglandina que están representando avances increíbles. Por ejemplo, el impresionante descenso de la mortalidad materna por hemorragias posparto en los países más pobres, especialmente en los del África subsahariana. Y todo ello a pesar de que su uso sólo está permitido en el tratamiento de úlceras gástricas y de que en esos países el Cytotec se consigue clandestinamente y a precios desorbitados.

 Igualmente se debatió la extendida utilización de Misoprostol en los abortos, tanto tempranos como en el segundo trimestre, y se pusieron en común las experiencias de los expertos mundiales que se habían congregado en el simposio. En nuestro país, de vez en cuando salta a los medios de comunicación la noticia de la venta ilegal de Cytotec, sobre todo entre inmigrantes latinoamericanas, en locutorios o a través de Internet. ¿Para qué? Para ahorrarse dinero y abortar en sus propias casas, sin saber cómo utilizarlo, acabando muchas veces en las urgencias hospitalarias y con riesgos graves para su salud y, en ocasiones, para su vida. Obviamente, se planteó la necesidad de que las Agencias del Medicamento (las que autorizan el uso de esos fármacos) no se demorasen más en el permiso para utilizar legalmente el Misoprostolen ginecología y obstetricia.

 Desgraciadamente, salvo para los medios de comunicación locales, la importancia de este acto pasó desapercibida para el resto. Se trata de algo habitual y bochornoso, especialmente si tenemos en cuenta que nunca la sanidad pública ha organizado ningún congreso, jornada, seminario, etc., acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, de los avances logrados en los métodos que se utilizan, de los problemas que se plantean, etc. Y ello a pesar de los más de 22 años que ha cumplido ya en nuestro país la legislación parcialmente despenalizadora del aborto.

Noviembre. Barcelona

 Por el contrario, a las pocas semanas, el lunes 26, los medios de comunicación de todo tipo se emplearon a fondo cuando la Guardia Civil entró en las clínicas acreditadas para practicar abortos que el doctor Morín tiene en Barcelona. En esta ocasión, ni la prensa diaria, semanal o quincenal, escrita o digital, ni la radio, ni las televisiones repararon en medios para difundir todo tipo de filtraciones (a pesar de que el sumario abierto inmediatamente fue declarado secreto y sigue siéndolo). Y con ello comenzó un baile de titulares del estilo de “Hay trituradoras en las clínicas abortistas”. “Se realizan abortos ilegales de hasta ocho meses y más”. “El sucio negocio del aborto sale, por fin, a la luz”.“Intrusismo médico en las clínicas de Barcelona”. “Los médicos que hacían los abortos no eran ginecólogos”. “Abortos ilegales en las clínicas abortistas”, etc. Las fotografías de los médicos (entre ellos el doctor Morín) esposados, como si de vulgares criminales se trataran, acompañaban las noticias (muchas de ellas falsas, pero que nadie rectificó). Y para acabar de redondear el panorama, el mismo día 26 de noviembre, el de las primeras actuaciones judiciales en la clínica Ginemedex,la Fiscal Jefe de Barcelona se descolgó con un comunicado en el que, entre otras cosas, decía que había datos más que suficientes para afirmar que en esa clínica «se practicaban abortos radicalmente ilegales». Quienes han seguido la trayectoria de Teresa Compte se vieron sorprendidos por la increíble diligencia con la que la Fiscalía, en previsión de lo que se avecinaba, salía en defensa del Gobierno de Zapatero. ¡Qué lástima que esa diligencia inspirada por el Fiscal General del Estado sólo se haya notado en esa ocasión y no en las que siguieron!

 La confusión y la alarma social que se fue generando con la profusión de estas noticias fue enorme. El debate llegó a la calle y la gente se preguntaba qué estaba pasando en las clínicas privadas, qué control había por parte de las autoridades sanitarias de lo que ocurría en ellas, generalizando lo que se había publicado de las clínicas del doctor Morín... El tótum revolútum practicado por los medios de comunicación tenía como resultado una enorme inquietud social. Las clínicas privadas acreditadas para hacer abortos, en los días siguientes al revuelo mediático, vieron que disminuían las citas, que se notaba miedo en las mujeres que llamaban por teléfono. Y empezaron a recibir visitas de los inspectores de Sanidad incluso las que ya habían sido regularmente inspeccionadas poco antes. El resultado de estas reiteradas inspecciones confirmó que las clínicas estaban actuando dentro de la legalidad, pero ninguna autoridad sanitaria lo hizo público para tranquilizar a la población, ni para apoyar a las clínicas que realizan el 98% de los abortos que se practican anualmente.

 LaAsociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) se dirigió al ministro de Sanidad, al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo solicitándoles entrevistas urgentes para hacerles llegar su punto de vista ante lo que estaba ocurriendo, ofreciéndose para tratar de buscar una solución. La callada por respuesta fue la contestación de los tres.

Diciembre. Madrid

 Fueron pasando los días y en comunidades autónomas como las de Cataluña y Madrid los inspectores de Sanidad volvieron a la carga: se investigaba de nuevo a clínicas a las que se acaba de inspeccionar. En Barcelona, el director de la clínica Tutor Médica, harto ya de las inspecciones a las clínicas, nada más salir del hospital por un infarto se planta delante de la suya e impide el paso de los inspectores. Finalmente, la consejera de Sanidad, Marina Gelli, declara a los medios de comunicación que todas ellas cumplían a rajatabla con la legalidad. Por el contrario, la Consejería de Sanidad de Madrid decide el cierre cautelar de dos clínicas acreditadas para abortos de hasta doce semanas: Mayrity CB Médical (esta última propiedad del doctor Morín). ¿Por qué? Por problemas de tipo administrativo, a pesar de que desde la consejería se comunica a los medios de comunicación que su actuación está justificada porque la salud de las mujeres corría peligro. Han pasado ya más de dos meses y ambas clínicas siguen cerradas no sé sabe hasta cuándo. Conclusión: ya no levantarán cabezay sus empleados se quedan sin sus puestos de trabajo. ¡El Partido Popular, tan preocupado él por el aumento del paro, se queda tan pancho!

 Este acoso y derribo, esta caza de brujas contra las clínicas privadas, que son las únicas que, ante la negativa de los centros de la sanidad pública, han garantizado que las mujeres que necesitan abortar lo puedan hacer es lo que motiva que ACAI se lance a la huelga (la primera de las clínicas abortivas de todo el mundo) del 7 al 13 de enero.

 La soledad de las clínicas, su aislamiento, con una opinión pública indiferente cuando no contraria por el tótum revolútum creado por los medios de comunicación, por la incesante actividad del PP, de las organizaciones penalizadoras del aborto (mal denominadas pro-vida) manifestándose ante las clínicas el 28 de diciembre, día de los inocentes en la tradición católica, y de la Conferencia Episcopal, con manifestación incluida a finales de diciembre en Madrid..., dicha soledad da un giro radical cuando se conoce la irrupción de la Guardia Civil en los domicilios de 25 mujeres que habían abortado en la clínica Isadora entre febrero y marzo de 2007, para tomarles declaración. El asalto a la intimidad de estas mujeres ordenado por la maldad manifiesta del juez Sierra, titular del Juzgado de Instrucción número 47, provoca la indignación ciudadana, el despertar de muchas conciencias y las diferentes iniciativas de los grupos feministas. La primera de ellas, las autoinculpaciones del grupo vigués Alecrín, sirve de espoleta al resto. Cientos de grupos feministas de las diversas comunidades autónomas establecen amplias alianzas y se lanzan a la recogida de autoinculpaciones de mujeres y hombres que se solidarizan así con las mujeres llamadas a declarar, publican manifiestos y convocan concentraciones y manifestaciones de protesta en las que, además, se exige con fuerza la salida del aborto del Código Penal y una nueva legislación en la materia junto con garantías para que se realice en los centros sanitarios públicos.

 Los medios de prensa, las radios, las televisiones y los digitales se hacen eco de la indignación ciudadana. Hasta la propia vicepresidenta del Gobierno declara, visiblemente irritada, que el Gobierno dará instrucciones al Fiscal General de Estado para que se respete el derecho a la intimidad de las mujeres que han abortado y para que se mantenga la confidencialidad.

 Entre finales de enero y principios de febrero se suceden las concentraciones en los Juzgados de Guardia, en los que las organizaciones feministas entregan miles de autoinculpaciones (4.000 en Madrid) ante el estupor de los funcionarios de los juzgados. Las feministas veteranas nos sentíamos como metidas en un túnel del tiempoque nos volvía a finales de los años setenta y la década de los ochenta, cuando el aborto estaba totalmente penalizado y empezamos con las autoinculpaciones...

El sumario de la clínica Isadora

 Creo que el caso de la clínica Isadora es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo con las clínicas acreditadas desde hace muchos años para la interrupción voluntaria de embarazos. En Madrid, hasta el cierre cautelar de dos de ellas, había cuatro clínicas para abortos de bajo riesgo –hasta 12 semanas de embarazo– y tres para abortos de bajo y alto riesgo. Estas clínicas realizan más del 98% de los abortos que se hacen en la Comunidad de Madrid (22.723 el año 2006, último del que hay estadísticas oficiales), en los que se incluyen los de mujeres que viven en Portugal o en otras comunidades autónomas, y en ciudades o pueblos, por ejemplo, de Ávila, Toledo, Segovia, Soria, Burgos, Albacete, Murcia, Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, País Vasco...

 Las no residentes en la Comunidad de Madrid representan el 15,8% del total, es decir, 3.585 el año 2006. Algunas de estas mujeres vienen a título privado, bien porque no hay clínicas en su zona o porque las que hay que sólo están acreditadas para abortos hasta las 12 semanas de embarazo. Pero otras vienen remitidas por sus respectivos organismos públicos de sanidad, a los que las clínicas facturan cada aborto realizado.

Concretamente, a Isadora envían mujeres a abortar los siguientes organismos: Osasunbidea-Servicio Navarro de Salud de Navarra, SERGAS de Galicia, SERES de Extremadura, SACyL de Castilla y León o SESCAM de Castilla-La Mancha. A éstas hay que añadir las que remite el Servicio Madrileño de Salud (SER+MAS), que financió el 19,9% de los 19.242 abortos realizados en Madrid a mujeres residentes de esa comunidad. En ese mismo año, las clínicas privadas madrileñas efectuaron el 98,45% de los abortos y los hospitales públicos solamente el 1,55% (*).

 Hace un año, en febrero de 2007, la Guardia Civil del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) practica una inspección en la clínica Isadora. Sorpresivamente, y a partir de una orden de su capitán (recibida telefónicamente), precintan cinco contenedores con restos abortivos que sacan de la línea de frío donde estaban congelados y los dejan en un cuarto igualmente precintado, a temperatura ambiente, durante cinco días. Son los días que tardan en dar con un inspector (después de haber recibido la negativa de diversas instancias sanitarias y medioambientales), Juan Raúl Sanz, de Sanidad Mortuoria de la Consejería de Sanidad, quien se toma la causa como una cruzada propia. El tal Sanz llama a una funeraria para que vaya a recoger los contenedores y los traslade a su tanatorio para ser incinerados, todo ello a cuenta de la clínica. Pero una vez allí, los vacían, sacan fotos de su contenido y, a ojo, calculan que hay algunos fetos de más de 22 semanas. Sanz y la Guardia Civil facilitan esas fotografías al grupo mediático ultraconservador Intereconomía, y su periódico, La Gaceta de los Negocios, las saca en portada con titulares como “La Clínica Isadora tira fetos de siete meses a la basura”,citando como fuentes a la Guardia Civil del Seprona. No contentos con la hazaña,éstos se presentan en el Juzgado de Guardia solicitando autorización para llevar los fetos al Instituto Anatómico Forense para su estudio, pero el juez de guardia se lo deniega. Haciendo fraude de ley vuelven a presentar la misma petición otro día, que es aceptada. En el reparto, cae en manos del juez Sierra, del Juzgado de Instrucción número 47, quien, a pesar de ser informado de las actuaciones del primer juez para que le remita la misma denuncia de la Guardia Civil, se niega a hacerlo, especialmente interesado en que el tema no salga de sus manos.

 Desde 1993, año en que se abrió Isadora, tras todas las visitas de inspección habituales, ninguna autoridad sanitaria ni medioambiental había concluido que la clínica realizara mal la gestión de los residuos. A partir de la inspección capitaneada por Sanz se obliga a todas las clínicas abortistas de Madrid (por un decreto exclusivo de esta comunidad) a que contraten a una funeraria para la retirada de los restos abortivos de más de 14 semanas y sean tratados como si fuesen restos humanos: los recogen en un coche fúnebre y los depositan en féretros para su incineración en el tanatorio de la funeraria. Previamente hay que enviar a Sanz un certificado médico oficial (de los que se compran en las farmacias) en el que hay que recordar la legislación estatal sobre sanidad y policía mortuorias (de la época franquista), la legislación exclusiva de la Comunidad de Madrid y especificar las fechas de los restos abortivos (él se empeñaba en que se escribiera restos humanos, pero las clínicas se opusieron totalmente) que recogerá la funeraria.

 Al poco tiempo, los forenses del Instituto Anatómico emiten su dictamen: no hay fetos de más de 22 semanas. Pero el juez Sierra sigue con sus diligencias pidiendo a la dirección de la clínica Isadora las historias clínicas de las mujeres que abortaron aquellos días de febrero de 2007, primero las fotocopias, que son cotejadas en su Juzgado, y posteriormente las originales. Pasan los meses y el juez comunica al abogado de la clínica que llamará a declarar a los médicos que intervinieron en aquellos abortos. Pero jamás llega a concretar dicho aviso, y a fecha de hoy aún no se ha molestado en citarlos.

 Cuando tienen lugar las detenciones en Barcelona, La Razón, ABC, Gaceta de los Negocios, el canal de TV de Intereconomía, y hasta el programa de Ana Rosa Quintana de Antena 3, vuelven a sacar la historia del sumario contra la clínica Isadora. Muchos de estos medios afirman que se tiraban fetos de siete meses a la basura o que el sumario, cerrado ya –según ellos–, había vuelto a reabrirse, o que había un nuevo sumario.

Nuevas agresiones

 El 23 de enero, un empleado de la lavandería externa contratada por la clínica Isadora, después de meter la ropa sucia en su furgoneta y aparcarla fuera del recinto, vuelve a entrar y, sacando del bolsillo del pantalón una hoja de periódico arrugada, se dirige a un médico que estaba por allí y le dice que lleva en la mano un resto abortivo que se ha encontrado en la puerta del patio y que ha llamado a la policía para denunciar a la clínica. Al poco llega la policía municipal, la nacional, el Samur, la policía científica, un juez y un forense. Precintan esa zona de la clínica y paralizan la actividad quirúrgica hasta que no acaban con su trabajo. El susodicho empleado declara a la policía que «el resto se lo encontró en la puerta de entrada a la cocina, que da al mismo patio», y a un periodista de El Mundo que, ¡cuánta casualidad!, llegó al mismo tiempo que la policía, que «se lo encontró en los pasillos de la clínica». Al conocer lo ocurrido, el vigilante de la clínica explica que el primer día de la huelga el empleado de la lavandería le había dicho que «a estos había que matarlos a todos», refiriéndose a los que trabajan en el centro.

 En cuanto terminan las intervenciones quirúrgicas, la dirección de Isadora se persona en el Juzgado de Guardia para denunciar al que había introducido el resto abortivo en el patio de la clínica y se encuentra con que ya tienen abiertas nuevas diligencias en un juzgado, a partir de la denuncia de la policía que había acudido por la mañana al centro.

 Por la noche, pasada la 1 de la madrugada, unos fotógrafos merodean por la clínica, justamente cuando el furgón mortuorio de la funeraria iba a retirar en féretros los restos. ABC titula su crónica “Entierro con nocturnidad“, utilizando en el texto conceptos como cadáveres de niños –previamente matados–, entierros en cementerios, restos humanos, etc. Y comete el desliz de publicar textualmente un párrafo entero contenido en el acta de inspección que levantó Sanz cuando visitó la clínica Isadora en febrero del año pasado acompañado de la Guardia Civil. ¡Qué casualidad! ¿Quién había avisado a los fotógrafos de que ese día y a esa hora llegaba el coche fúnebre? Obviamente, las sospechas recaen en Sanz, ya que ni la clínica ni la funeraria tienen interés alguno en dar publicidad a semejante forma de retirar los restos. Sólo queda Sanz entre quienes saben el día y la hora de la recogida. Es más, la dirección de Isadora acordó con la funeraria que no vinieran nunca de día por el susto morrocotudo que se podían llevar las personas que acuden a la clínica creyendo que pudiera haber muerto alguien allí.

 Cuando se piensa en el acoso y la caza de brujas que están sufriendo las clínicas, generalmente se piensa en los profesionales, en el personal médico-quirúrgico. Pocas veces se tiene en cuenta que el ambiente de presiones y tensiones varias repercute en el resto del personal, mayoritariamente femenino: limpiadoras, administrativas, trabajadoras sociales, telefonistas-recepcionistas, auxiliares de clínica, enfermeras... Hay que tener en cuenta que los grupos ultras y nazis, que en un plazo de dos meses destrozaron en dos ocasiones los ventanales a pedradas, no repararon en que podía haber alguien dentro barriendo las consultas, por ejemplo.

 Por otro lado, no es fácil entrar tranquilamente a trabajar después de haber visto las pintadas que embadurnan las paredes del edificio, tales como “Hitler asesinó menos inocentes que vosotros”. “Aquí se asesina, ¡impidámoslo!”..., o los pasquines que llenan los alrededores de la clínica con las proclamas de “Centro de exterminio Isadora”, o “Matadero Isadora”, seguidas de la dirección postal de la clínica... Ni tampoco reponerse con facilidad del impacto emocional que sienten las recepcionistas cuando por teléfono les dicen “¡Sois asesinas de niños!”, o cuando les preguntan “¿Dónde guardáis la trituradora?”... Al salir de trabajar tienen que soportar comentarios nada agradables de personas que se han creído lo que dicen en la tele, en la radio o en los periódicos, personas con las que tropiezan a diario en la peluquería, en las tiendas, en la parada del metro o del autobús que les espetan: “Con lo que se está diciendo, ¿cómo podéis trabajar en esos sitios?”.

 ¿Y el papelón de las que tienen hijas e hijos, chavales o adolescentes, que sufren ese bombardeo mediático, muchas veces acompañado por comentarios infames de las monjas y curas de los colegios concertados en los que están matriculados y que llegan a casa con preguntas y más preguntas nada fáciles de responder? ¿Alguien ha pensado en los puestos de trabajo que han perdido las que trabajaban en CB Médical y Mayrit?

 Hablamos de las mujeres que han abortado y que sufren la persecución de un juez inhumano de cuya maldad han dado buena cuenta los medios de comunicación y de la enorme solidaridad que han despertado en tantas conciencias dormidas en los últimos años con lo que estaba y está ocurriendo en materia de aborto. Pero nunca nos acordamos de esas otras mujeres –muchas más que las primeras– que sufren también por la misma caza de brujas y que son las no tenidas en cuenta, las olvidadas durante estos meses.

(*) Informe realizado por Concepción Izarra et al. Boletín epidemiológico de la CAM. Febrero de 2007.

La lucha por el derecho al aborto.
Cronología

1970. En Francia, con motivo del juicio por aborto de Bobigni, se lanza el llamado Manifiesto de las 343, que fue firmado por mujeres feministas de relevancia intelectual y social (Simone de Beauvoir, entre otras). Las firmantes pedían la legalización del aborto y la necesidad de que éste se practicara en condiciones saludables. Ley de aborto en 1974.

1973. En Italia se crea el Centro Italiano Sterilizzazione e Aborto (CISA) en defensa del “aborto libre, gratuito y autogestionado”. En abril de 1978 se aprueba una ley sobre el aborto en Italia. La experiencia francesa e italiana influirá en el movimiento feminista español.

1976. Octubre: son detenidas once mujeres en Basauri acusadas, dos de ellas, de practicar abortos y el resto por someterse a prácticas abortivas.
1977. El movimiento feminista realiza una campaña por la legalización de los anticonceptivos, por una sexualidad libre y por el derecho al aborto. Se exige la amnistía para las mujeres condenadas por los llamados “delitos específicos”, entre los que se encontraba el aborto.

1978. Legalización de los anticonceptivos. Junio: primera reunión para preparar la campaña internacional por el derecho al aborto en Londres. La Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español critica el texto constitucional que se somete a referéndum, entre otros aspectos, por el artículo 15 (“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...”), al considerar que dificultará el reconocimiento pleno del derecho al aborto.

1979. Desde algunos grupos de profesionales pro-derecho al aborto, como en Valencia, se comienza la práctica clandestina de interrupciones voluntarias del embarazo. Octubre: se suspende la vista oral del procesamiento a las “once mujeres de Bilbao”. Son acusadas a penas que van entre seis meses y un día hasta los sesenta años. En Barcelona, Valencia, Sevilla, Canarias, Valladolid, Oviedo, Madrid, Zaragoza y Bilbao..., se producen numerosas manifestaciones y encierros en apoyo a las “once mujeres de Bilbao”. El mismo día 26, ante la Audiencia de Bilbao, se manifiestan 3.000 personas. Estas movilizaciones son impulsadas por la Coordinadora feminista estatal que, siguiendo el ejemplo de las francesas, recoge más de 1.000 firmas de mujeres y hombres famosos que afirman haber abortado o colaborado en abortos clandestinos. Diciembre: se celebra un juicio en Madrid contra ocho mujeres y un hombre acusados de practicar abortos.

1980. Enero: puesta en marcha del centro de información sexual Los Naranjos en Sevilla. En octubre irrumpe la Guardia Civil en ese centro. Son detenidas 29 personas, veinte de ellas acusadas de haber realizado prácticas abortivas. Se incautan 432 expedientes de personas que solicitaron información sobre sexualidad en Los Naranjos. Amplias movilizaciones de apoyo convocadas por la Coordinadora feminista estatal y numerosas muestras de solidaridad de distintos lugares de Europa. Noviembre: comienza el proceso que durará nueve años contra 8 personas miembros del colectivo de Los Naranjos.

1981. Enero: se entregan en el juzgado número seis de Sevilla 26.249 firmas de mujeres y hombres que declararon haber abortado o colaborado en la práctica de abortos. Entre 1981 y 1983 se extienden las experiencias de planificación y realización de abortos. Se trata de extender el aprendizaje con el método Karman. Detenciones en 1981 y 1983 de Pere Enguix y su grupo de Valencia. Junio: nueva vista del juicio de Bilbao. Se vuelve a suspender ante la ausencia de dos de las acusadas. Diciembre: se celebra en la Universidad Complutense de Madrid unas Jornadas estatales bajo el lema “Derecho al aborto. Nosotras decidimos”, organizadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.

1982. Inicio del juicio de las 11 mujeres de Bilbao. Manifestaciones por el derecho al aborto. Presentación de una propuesta de ley de aborto elaborada por la Coordinadora feminista estatal.

1983. Febrero: Marcha de mujeres a La Moncloa impulsada por la Comisión Pro-derecho al Aborto del movimiento feminista de Madrid. El Parlamento inicia el debate sobre la despenalización de algunas prácticas abortivas. La policía disuelve con violencia a un grupo de mujeres de la Comisión pro Derecho al Aborto de Madrid, concentrado ante las Cortes. Manifestaciones en diversas ciudades españolas convocadas por la Coordinadora feminista estatal y con el apoyo de muy diversos colectivos sociales, profesionales y políticos. Octubre: se debate en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley del Gobierno socialista. Noviembre: una mujer y un hombre son condenados por un delito de aborto. Lo insólito es que la mujer había abortado en Londres. Indulto para las mujeres de Bilbao.

1984. Una mujer condenada en Santander a seis meses y un día por abortar.

1985. En abril, el Tribunal Constitucional da por bueno parte del recurso presentado por la Coalición Popular sobre la Ley aprobada y obliga a su modificación. La ley es aprobada el 3 de agosto de 1985. El primer día en el que es posible abortar en España presenta, en su puesta en funcionamiento, muchas trabas para poder llevarlo a cabo en la sanidad pública. Noviembre: en las Jornadas Feministas “1975-1985, diez años de movimiento feminista”, celebradas en Barcelona por la Coordinadora feminista estatal, 3.000 mujeres respaldan la iniciativa de las Comisiones pro-Derecho al Aborto, con la práctica de dos abortos en una de las salas de los Hogares Mundet. Meses después da inicio la campaña de la Coordinadora feminista estatal “Derecho al Aborto Libre y Gratuito. Las mujeres decidimos. Estamos haciendo abortos”.

1986. Los medios de comunicación se reúnen con el movimiento feminista. En Cantabria, Tarragona, Barcelona, Asturias, Madrid, Navarra, cientos de mujeres dan a conocer que desobedecen la ley sobre el aborto, por considerarla insuficiente. Noviembre: en Madrid, el juez Valle detiene y encarcela al equipo del centro de planificación Duratón y al de la Clínica Dator, primera en abrirse en España, llevándose las historias clínicas de las pacientes. Inmediatamente, el Gobierno socialista hace público el decreto que establece los requisitos necesarios para la acreditación de las clínicas privadas dedicadas a la práctica médica del aborto. Las organizaciones feministas denuncian que en los centros de la red sanitaria pública no se puede abortar. Detenciones de dos miembros del Instituto Médico Canalejas, de Salamanca, y de 30 personas en una clínica de Málaga que dirige Germán Sáenz de Santamaría. En Almería, una mujer de 43 años es condenada por la Audiencia Provincial a la pena de un año de prisión menor e inhabilitación especial durante seis años y un día. Su delito: haberse practicado un aborto introduciéndose perejil en la vagina. Fue denunciada por el ginecólogo al que acudió posteriormente. Diciembre: la Coordinadora feminista estatal celebra en Madrid el “Tribunal contra las agresiones al derecho al aborto”; en el encuentro participan unas 3.000 mujeres y se realiza un aborto ilegal para presionar al Gobierno.

1987-1988. Octubre: en Pamplona, procesamiento de cuatro médicos y una joven de 19 años por un delito de aborto, practicado en 1986. Era el primer juicio por un aborto “legal” y practicado en un hospital de la sanidad pública. La paciente había sido sometida a muchas radiaciones en las primeras semanas del embarazo, acogiéndose al supuesto de “posibles malformaciones del feto”. En diversas ciudades, como Alicante, Barcelona y Madrid, entre otras, se produce un acoso judicial contra las clínicas autorizadas para practicar interrupciones de embarazo: incautación de historias clínicas, detenciones por la práctica de abortos, citaciones a declarar de hasta 300 mujeres en algún caso.

1989. Marzo: comienza, después de nueve años desde el inicio del proceso, el juicio contra las 8 personas del centro de planificación familiar Los Naranjos de Sevilla, inculpadas por la realización de abortos. El fiscal pide 22 años de cárcel. La sentencia condenó a un año a cuatro de las personas enjuiciadas. El Gobierno socialista las indulta en enero de 1994.

1990. Juicio de Pamplona. En enero de 1990 se celebra el juicio a los profesionales sanitarios acusados de haber practicado un aborto en el Hospital público “Virgen del Camino”. La Organización Mundial de la Salud, en su informe “Indicadores de la salud reproductiva en España”, señala que de las 135.000 mujeres que abortaron en 1989, el 78% lo hicieron fuera del marco de la legalidad vigente.

1991. Es indultado el ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría, sobre el que pesaba una condena de cuatro años de cárcel por la práctica de un aborto a una menor en 1984, agredida sexualmente repetidas veces por un familiar. Las críticas que este ginecólogo hace del poder judicial provocan que vuelva a ingresar en prisión. Febrero: la Agencia EFE señala: “Por primera vez, el Tribunal Supremo justifica un aborto por estado de necesidad”. Informe que la Fiscalía General del Estado dirige al Ministerio de Justicia pidiendo la ampliación de la legislación del aborto a un cuarto supuesto despenalizador.

1992. El Parlamento Europeo aprueba una resolución solicitando al Gobierno español que cesen las persecuciones, detenciones, juicios, etc., por aborto. El Gobierno socialista presenta un informe sobre la realidad del aborto en el que considera necesaria la reforma de la ley de 1985.

1994. A finales de junio, el Gobierno remite al Consejo General del Poder Judicial su Anteproyecto de Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el que introduce un cuarto supuesto de despenalización: las causas económico-sociales. Anteproyecto que no se lleva a las Cortes para su discusión. Se acaba la legislatura sin que haya ningún tipo de modificación de la legislación vigente desde 1985.

http://www.pensamientocritico.org/emppin0308.html

Francisca García Gallego *
La práctica del aborto en España

(Página Abierta, 194, julio de 2008)

 En mi charla voy a tratar dos aspectos del aborto provocado. En primer lugar, hablaré de la aplicación que se ha hecho de la ley de aborto en estos 22 años. Es decir, desde que se regula en el año 1985 hasta la actualidad. De las claves que han hecho posible que, a pesar de una ley tan restrictiva, el aborto haya sido factible, con mortalidad cero y con el índice de complicaciones más bajo de Europa.

 Me acercaré a la realidad del aborto a través de la interpretación de las cifras que anualmente publica el Ministerio de Sanidad y Consumo y de otros parámetros, como el perfil de la mujer que aborta, en qué semanas de gestación lo hace, bajo qué supuesto y si lo realiza en la sanidad pública o privada.

 Hasta el año 1985, el aborto era una práctica totalmente prohibida en España. En nuestra historia, sólo ha habido un corto periodo de tiempo donde el aborto era legal: durante la II República, siendo ministra de Sanidad Federica Montseny. Después, el que estuviera prohibido, no impedía que se realizaran en torno a 100.000 abortos al año (Ibáñez y García Velasco); determinaciones imprecisas, como debéis de imaginar, por el secretismo que rodeaba estos hechos. Los efectos más graves de la clandestinidad eran las muertes de mujeres, entre 200 y 400 en el año 1976 (según datos del Tribunal Supremo), y los altos índices de morbilidad (infecciones graves del tracto genitourinario), que afectaban fundamentalmente a las mujeres con menos recursos económicos, puesto que las más adineradas recurrían al conocido como “turismo abortivo” y viajaban a países europeos con legislaciones más permisivas.

 Hoy todavía, según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, 46 millones de embarazos en el mundo terminan en aborto inducido cada año y casi 20 millones de ellos son inseguros (en malas condiciones higiénicas y son practicados por personal no capacitado), a consecuencia de los cuales mueren 67.000 mujeres al año y una de cada cinco de las mujeres que abortan sufre infecciones graves del tracto reproductivo, lo que hipotecará su fertilidad futura.

 Como decía antes, el aborto no se regula en España hasta el año 1985. De Europa es uno de los últimos países que incorpora a su cuerpo legislativo un texto despenalizador del aborto (Francia, 1974; Italia, 1978). La Ley 9/1985 que reformó el Código Penal existente, en su artículo 417 bis, despenaliza parcialmente el aborto provocado; es decir, lo sigue considerando un delito si no es practicado por un médico, o bajo su dirección, en un centro acreditado y en tres supuestos:

 – El conocido como aborto terapéutico: “No se castigará el aborto cuando sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, si lo autoriza un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel que realiza la intervención. No tiene límite de edad gestacional.

 – El aborto ético: “No será punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación y que se practique en las primeras 12 semanas”.

 – El aborto embriogénico: “Tampoco será punible el aborto cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique en las 22 primeras semanas de gestación e indicado por dos médicos distintos al que realiza la operación”.

 Como se puede ver, esta ley establece que para abortar es necesario un motivo (salud de la mujer, malformación fetal, violación), y además establece unos límites (22 semanas en caso de malformación fetal, 12 en el supuesto de violación y sin plazo en el de salud materna); es, por lo tanto, lo que se conoce como ley de indicaciones.

 Esta ley tuvo en contra, por lo que permitía, a las fuerzas políticas conservadoras, que lanzaron una dura campaña en contra del proyecto de ley; campaña que se concretaría en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad (firmado por 54 diputados). Sin embargo, el Tribunal Constitucional ratificó la ley, añadiendo la necesidad de garantizar la tutela de la vida anterior al nacimiento.

 También fue criticada por los sectores más progresistas, con el movimiento feminista a la cabeza, porque su texto no recogía el que la mujer decidiera por ella misma si seguía o no con la gestación, sino que necesitaba un motivo documentado que, además, debían extender terceras personas.

 Esta regulación del aborto tan restrictiva es hija de las mentalidades mayoritarias de la época: según un informe realizado por el CIS en febrero de 1983, dos terceras partes de los encuestados se mostraban favorables a los tres supuestos recogidos en el artículo 417 bis, mientras que sólo el 25% se mostraba favorable a que el aborto se practicara “siempre que la madre lo permitiera libremente” (Ruiz de Miguel, 1990:12).

La ley española es una de las más restrictivas de Europa, igual a la que regulaba el aborto en Portugal hasta el año pasado, cuando se aprobó por referéndum una ley de plazos, porque, al igual que la nuestra, no había solucionado el problema del aborto en ese país vecino y las mujeres seguían abortando en la clandestinidad o lo hacían en España (turismo abortivo). Y la pregunta, por lo tanto, es: ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha hecho posible “la solución del aborto” con una legislación tan limitada?

 En esta situación legal, pocos fueron los hospitales públicos o privados que se “arriesgaron” a poner en funcionamiento unidades para la realización de abortos provocados; temerosos, los médicos, de verse envueltos en juicios por esta causa (como le ocurrió a Elisa Sesma), se declararon objetores de conciencia.

Fueron profesionales política y socialmente sensibilizados con el tema, en su mayoría desde el ámbito de lo privado, los que crearon centros de cirugía menor o mayor ambulatoria, encaminados a realizar abortos.

 Estos grupos multidisciplinares (médicos, ATS, trabajadoras sociales, psicólogos, etc.) especializados en la práctica de abortos realizaron una interpretación amplia del supuesto de peligro para la salud psíquica de la embarazada, amparados en el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que la define, no como la forma clásica de ausencia de enfermedad, sino como “bienestar fisico, psíquico y social”.

 Así, la gran mayoría de situaciones de conflicto personal de la mujer embarazada (ausencia de bienestar) ante un embarazo no deseado, podían incluirse en el supuesto terapéutico.

 Lo ejemplificaré con el informe que emite el psiquiatra: “Paciente que padece una grave tensión psíquica, desencadenada por su situación actual de embarazo no deseado y que podría dar lugar a una patología psiquiátrica de persistir esta situación”. Las consecuencias siquiátricas del embarazo no deseado (clasificadas como nivel grave de estrés psicosocial en el DSM IV, Manual de Diagnóstico Siquiátrico) contemplan la posibilidad de aparición de las siguientes patologías: “Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso depresivo, depresión neurótica…”.

Este concepto de salud ha sido clave para “normalizar el aborto” (no se hizo en Portugal). Otro elemento importante han sido los cambios paulatinos ocurridos en el poder judicial.

 En los primeros años de entrada en vigor de la ley, los centros acreditados para la práctica de aborto fueron el blanco de los sectores sociales conservadores antiabortistas: destrozos de inmuebles, pintadas, manifestaciones a las puertas de las clínicas, rezos, velas, etc. Eso ocurría antes, y ahora también, aunque con menos insistencia, quitando lo ocurrido en los últimos meses.

 Médicos y mujeres eran denunciados por jueces celosos de su trabajo, novios o maridos despechados ante una separación o padres que estaban en desacuerdo con la decisión de su hija y la acusaban de aborto ilegal.

 Poco a poco, los cambios producidos en las mentalidades (según un informe del CIS, más de la mitad de los jóvenes piensa que la mujer debe decidir sobre su maternidad), junto con unos valores sociales mayoritarios, respetuosos con la igualdad y la autonomía de las mujeres, han influido en la Administración de justicia y han forzado interpretaciones judiciales cada vez más generosas del artículo 417 bis.

 Estos dos elementos habían permitido que las mujeres pudieran acceder al aborto, en la práctica, como si fuera un derecho. Aunque no estaba garantizada la equidad en el acceso, hay comunidades autónomas donde no se practican abortos (Navarra), y la gratuidad sólo está garantizada en Andalucía. En esta Comunidad, desde hace 10 años, se lleva cabo a través de un concierto público con las clínicas privadas. Con un protocolo muy sencillo se hacen hoy el 70% de los abortos. 
Se había creado una opinión pública mayoritaria que creía “solucionado” el problema del aborto.

 Desde el año 1985, la demanda de aborto provocado ha crecido ininterrumpidamente. En el año 1991 (que es desde cuando se empiezan a tener estadísticas más fiables) abortan en España 41.910 mujeres, según el Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta cifra se dobla después de 15 años y, en el 2006, son ya 101.592 mujeres; lo que supone una tasa del 10,8 por mil (mujeres comprendidas entre 15 y 44 años). No obstante, seguimos estando en las tasas más bajas, si nos comparamos con el resto de países europeos: Holanda con el 7 por mil, Francia con el 12, Reino Unido con el 17, Rumania con el 52, etc.

 En los primeros diez años, de 1985 a 1995, podemos explicar esta tendencia alcista por la paulatina normalización del aborto, que va perdiendo la impronta de inaccesibilidad, peligro o prohibición. Se iba ganando en seguridad jurídica y las mujeres fueron mostrando mayor confianza en el sistema. Así, en esta década, va descendiendo el número de mujeres que viajan a otros países europeos con una legislación más permisiva: Francia, Holanda, Inglaterra...; en este último, las cifras de mujeres residentes en España que abortan pasa de 22.002 en el año 1983, a tan solo 1.332 en el año 1989 (según informe del Gobierno a las Cortes Generales del año 1991).

 Otros datos ilustran los cambios producidos. Los jóvenes tienen relaciones sexuales coitales cada vez a edades más tempranas (media: 16 años). Existe un acceso masivo a las relaciones sexuales coitales en las edades comprendidas entre los 20 y los 25 años (edades donde suben las tasas de aborto a un 40 %). Por otro lado, se retrasa la edad de ser madre por primera vez (media: 30 años) y el índice de natalidad baja (1,2 por pareja).

 A lo anterior se suma la mayor llegada de mujeres inmigrantes, con sus propias pautas en salud reproductiva (como, por ejemplo, las de origen rumano, acostumbradas a que el aborto sea su método anticonceptivo por la carestía de éstos en su país). Según un estudio que ACAI realizó en 2005, el 30% de las mujeres que abortan son inmigrantes (en Almería, el 63%), y, además, se sabe que muchas veces no están incluidas dentro de los censos.

 La reflexión sobre los determinantes que influyen en el aumento de las tasas de aborto es de gran interés para poder intervenir en su prevención, no tanto del hecho del aborto, que me parece una buena solución ante un embarazo que no se desea (en condiciones jurídico-sanitarias seguras), sino para prevenir el embarazo no deseado, responsable en muchos casos de un conflicto emocional (tener o no tener el hijo), dependiente en su intensidad del desequilibrio entre “el querer y no poder” y tamizado por otras variables (edad, deseo de ser madre, apoyo de la pareja, creencias, nacionalidad, etc.)

Junto al crecimiento en el número de abortos y, por tanto, en el de embarazos no deseados, hay que detenerse en el perfil de la mujer que aborta. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Consumo del año 2006, es cada vez más joven (el 40% de los abortos se practican en menores de 25 años, como ya he indicado), inmigrante (el 30% de los casos), soltera (el 66%), asalariada (el 61,2%) y con hijos (el 51,2%).

 Siguiendo con los datos: el 90% de los abortos se realiza en las 12 primeras semanas de gestación; entre la 13 y la 16, el 6,14%, y sólo el 1,9% se realiza con más de 21 semanas. Y como corresponde con la aplicación que se ha hecho de la regulación del aborto provocado, la causa de las interrupciones se mantiene casi invariable a lo largo de estos años, siendo el riesgo para la salud psíquica materna lo que justifica el aborto en el 98% de los casos. Y el 97,5% de ellos se practica en centros privados.

 Los datos sugieren múltiples reflexiones. La necesidad de información, y sobre todo de formación, en salud sexual-reproductiva y en igualdad en todos los niveles de la enseñanza. Una atención especial a la mujer inmigrante y adolescente. Y cambios en otros aspectos sociales que ayuden a poder conciliar fecundidad y trabajo en la sociedad española.

* Francisca García Gallego es ginecóloga y miembro de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo).
http://www.pensamientocritico.org/fragar0708.html

Rechazo feminista a la ley del aborto

Una amplia plataforma de organizaciones feministas ha valorado como “insuficiente e incluso regresiva” la reforma del aborto, por lo que reclama un nuevo proyecto.

Teresa García Espejo / Madrid
Jueves 28 de mayo de 2009. Número 103

Las reacciones al Anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Consejo de Ministros han sido rápidas y contundentes. Las organizaciones feministas consideran insuficiente y regresivo el actual texto y han advertido al Gobierno de que habrá movilizaciones si no se reconoce “verdaderamente” el derecho de las mujeres a decidir. Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que representa a los y las profesionales del sector, pese a hacer “en términos generales una valoración positiva del proyecto”, confía que en el trámite parlamentario se puedan superar “algunas deficiencias importantes”.
Una amplia plataforma de más de 60 organizaciones feministas y colectivos sociales, agrupadas en torno al manifiesto Mujeres ante el Congreso, ha anunciado que si el Gobierno no rectifica, llamarán a la movilización social. El lema de su comunicado no puede ser más claro: “Damos al Gobierno tres días para reflexionar. Reforma sí, pero no así”.

Abortar fuera de plazo

El punto más polémico del proyecto, que genera debate incluso dentro del movimiento feminista, es el límite de la libre decisión para la interrupción del embarazo fijado en 14 semanas. Empar Pineda, del grupo Otras Voces Feministas, propone que exista un período de libre decisión de 22 semanas, alegando que a partir de este momento el feto podría vivir de forma autónoma, pero no acepta el límite legal de las 14 semanas que plantea el Gobierno, porque a su juicio “se queda corta” y alienta la inseguridad jurídica. Por su parte, Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, lo califica de “restrictivo” y asegura que establecer plazos es una forma de limitar “el derecho legítimo de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad”. Añade que la propuesta es “claramente insuficiente” porque “miles de embarazos no deseados” tardan más tiempo en detectarse, sobre todo los que se producen “en situaciones especialmente sensibles”, como en casos de marginación social o de embarazos en adolescentes. En ello coinciden otras organizaciones, como Mujeres Jóvenes, que interpretan que los plazos tratan de mantener “una de las bases sobre las que siempre se ha sustentado el patriarcado”, que es considerar a la población femenina como menor de edad, según su portavoz, Mayka Cuadrado.

Las feministas denuncian que esta concepción está detrás de otro de los apartados más criticados del anteproyecto, el que establece que las mujeres deberán ser informadas por escrito de las ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y pasar después por un período obligatorio de tres días de reflexión antes de solicitar la intervención. En este sentido, el presidente de la asociación de clínicas ACAI, Santiago Barambio, sostiene que es innecesario porque “cuando una mujer solicita un aborto, ya ha reflexionado sobre ello”. En el fondo del debate planea la reivindicación, tanto de feministas como de profesionales, de despenalizar el aborto de forma total.

Para el movimiento feminista, el anteproyecto no satisface esta exigencia, sino que mantiene la inseguridad jurídica y amenaza la intimidad, pues las mujeres que interrumpan su embarazo después de las 14 semanas podrían ser denunciadas y terminar en los juzgados. Además, agrega Barambio, “según como se midan [los plazos] se pueden generar retrasos”. Y remacha: “Nos podemos quedar atrás” como otros países europeos cuyas ciudadanas se ven obligadas a salir a abortar a otros países. El anteproyecto de ley prevé permitir el aborto en algunos supuestos, como cuando en las 22 primeras semanas de gestación exista un grave riesgo para la vida de la mujer o graves anomalías en el feto. Tras este período, sólo se permitiría la interrupción cuando las malformaciones sean incompatibles con la vida. ACAI está de acuerdo con este punto, pero no entiende por qué el comité clínico que debe valorar estos supuestos tiene que contar con dos médicos, en lugar de uno. “Tenemos experiencia en ello, introduce retrasos y genera más angustia en la mujer”, declara Barambio. Por el contrario, sí valoran como positivo que sea la mujer quien elija a uno de sus miembros y que se cierren las puertas al comité a los profesionales que se hayan manifestado en contra del aborto.

Otra de las críticas es que la reforma no dice nada de la objeción de conciencia, un asunto que debería delimitarse para que “ningún médico de la sanidad pública se pueda negar a practicar un aborto”, explica Lucía Mazarrasa, del Fórum de Política Feminista. Santiago Barambio también cree que la objeción debe regularse aunque matiza que es un asunto complicado en el que entran en juego otros actores, como los colegios de médicos.

El anteproyecto de ley, que está ahora en manos del Consejo Fiscal, tendrá que pasar por el Consejo General del Poder Judicial y por las dos Cámaras, para convertirse en ley. Mientras, PP y PSOE eclipsan todos estos temas centrándose en la disputa sobre si se debe permitir a las mujeres de 16 años abortar sin consentimiento paterno. Para las feministas esto no genera discusión; puesto que la ley permite tener relaciones sexuales a esa edad, les parece obvio que también se pueda decidir sobre si se aborta. Santiago Barambio, añade que las chicas de 16 años que acuden a las clínicas por un embarazo no deseado tienen la misma madurez que las de 22 años, salvo en casos de marginación social.

http://www.diagonalperiodico.net/Rechazo-feminista-a-la-ley-del.html

Aborto en España: un canal en YouTube para seguir el proceso de la nueva ley

http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1726

Razones de por qué no debe modificarse la ley del aborto en España

http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1974

Carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón

Ante el anuncio que ha realizado en torno a una modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, nos gustaría poder reunirnos con usted, a la mayor brevedad posible, con el objetivo de darle a conocer nuestras demandas en torno a la reforma y cambiar impresiones acerca de los puntos que le planteamos a continuación:

• La criminalización que se hace del aborto voluntario al permanecer como delito regulado dentro del Código Penal, algo injustificado salvo cuando se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.

• La situación de desamparo en la que se encuentran actualmente aquellas mujeres que necesitarían acceder a un aborto voluntario por motivos de salud, y no pueden hacerlo a partir de la semana 22 de gestación.

• La desprotección sanitaria a las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular a la hora de acceder a la prestación de una IVE.

• El cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, incluyendo a las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y su propia vida.

• La pretensión de que las menores de 18 años no puedan decidir en relación a la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo, tal y como pueden hacer actualmente ante cualquier intervención sanitaria, tanto sobre su realización como sobre la información a dar a sus familiares, de la manera que recoge la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.

• La necesidad de una regulación firme en torno a la objeción de conciencia del conjunto de profesionales de la salud con implicación en la práctica de IVEs.

• La falta de equidad territorial y la ausencia de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con posibilidades de acceso y proximidad similares en todos los territorios.

• El incumplimiento de la inclusión de la educación sexual con enfoque de género en los curriculums de enseñanza primaria y secundaria como mecanismo fundamental para la prevención de embarazos no deseados.
  En nuestro ánimo está colaborar con las diferentes instituciones públicas encargadas de hacer efectiva la Ley 2/2010, y a su vez trabajar en el seguimiento sistemático de la misma para su mejora, poniendo el foco en el cumplimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tal y como se expresa en los puntos anteriores.

Quedamos pues a su disposición, y a la espera de una convocatoria de reunión.

Atentamente: Plataforma de Mujeres Antes el Congreso:

Asamblea Feminista
Nosotras No Nos Resignamos
Fórum de Política Feminista
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
AMPLIA
Federación de Mujeres Jóvenes

Madrid, a 21 de junio de 2012

http://mujeresantecongreso.blogspot.com.es/

GALLARDÓN SE PROPONE RESTRINGIR MÁS EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR

PLATAFORMA DE MUJERES ANTE EL CONGRESO:

Comunicado: "... los motivos que pueden llevar a una mujer a decidir interrumpir su embarazo son muy variados y todos deben ser igualmente respetados..." http://mujeresantecongreso.org/2012/07/24/concentracion-29j-ante-las-declaraciones-de-gallardon-aborto-libre/

PLATAFORMA DECIDIR NOS HACE LIBRES:

"Denunciamos que la pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres"
Manifiesto: http://decidirnoshacelibres.org/manifiesto

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL:

"Injustificado retroceso que conllevará muchas situaciones dolorosas" http://nosotrasdecidimos.org/injustificado-retroceso-que-conllevara-muchas-situaciones-dolorosas/

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA:

"Este cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus embarazos" http://www.fadsp.org/pdf/Ley%20del%20Aborto.doc

Difunde: No Nos Resignamos http://www.nonosresignamos.net

Juntas podemos!!!!

Diante da campanha contra o direito ao Aborto iniciada pelo ministro de Justiça, Alberto Ruiz-Gallardón para eliminar o nosso direito a decidir sobre os nossos corpos, as nossas vidas e cercear a nossa liberdade à hora de decidirmos quando queremos ser ou não mães, sabemos que a sua intenção última [há que pagar favores] é eliminar o direito a decidir sobre a interrupção da nossa gravidez tal e como se recolhe na legislação de 2010 e assim eliminar de facto qualquer possibilidade para o Aborto livre.

Somos conscientes de que as feministas temos que dar uma resposta firme e unitária a toda esta série de recortes que está a fazer o actual governo e que afecta nos muito especialmente as mulheres. Por isto recolhemos a proposta que nos chega da cidade de Vigo e fazemos um chamado para que nas manifestações convocadas unitariamente pelas centrais sindicais que vam ter lugar nas diferentes cidades do país na segunda dia 30 nos manifestemos conjuntamente formando um bloco comum para fazer visíveis as reivindicações que nos são próprias, para dizer alto e forte que não estamos dispostas a perder os nossos direitos.

Juntas podemos, avante a luta feminista!!!!

http://feminismo.org/

---

Descargar
Peso: 16.4 KB
Res: 212 x 300 px

Descargar
Peso: 21.5 KB
Res: 205 x 300 px

Descargar
Peso: 26.8 KB
Res: 219 x 300 px

Documentos adjuntos

• Estudio sobre el aborto (PDF - 1.3 MB)
• Ponencia sobre el aborto en los encuentros feministas estatales de 1981 (PDF - 4 MB)