Por Raúl Navas (militante de Izquierda Anticapitalista)

Regularmente realizan estudios económicos desde una óptica neoliberal. El pasado 8 de marzo publicaron un análisis titulado “Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en España”. En un pequeño documento hacen una valoración positiva de las contra reformas laborales aprobadas en los últimos años tanto de los gobiernos de Felipe González, como de los de Aznar o Zapatero. A su vez inciden en que es necesario seguir en esa línea, que no es más que continuar instalando la precariedad en todos los centros de trabajo. Por supuesto, también se alaba el reciente y último ataque al sistema público de pensiones. Básicamente, las nueve propuestas son nueve exigencias para recortar derechos laborales y sociales a los trabajadores.

Cínicamente, a la vez que aplauden las contrarreformas aplicadas en las últimas décadas, aseguran que el mercado de trabajo es muy rígido y que los principios fundamentales de la Negociación colectiva no han variado desde la aprobación del estatuto de los trabajadores aprobado en 1980. Sería casi imposible encontrar una mentira de tal calibre. Por tanto, antes de proseguir con el contenido de las nueve propuestas de Fedea, es necesario mostrar como esa afirmación esta tan lejana de la historia y la realidad, que no supone más que un insulto a la clase trabajadora.

Es un hecho evidente que desde 1980 las condiciones de vida y trabajo han sufrido drásticos cambios en perjuicio de la clase trabajadora. La burguesía, arropada por los gobiernos de turno ha ido desmantelando uno a uno los derechos y conquistas históricas del movimiento obrero. Este panorama de retroceso permanente en los derechos laborales de los trabajadores ha configurado un enorme deterioro del poder de negociación de los trabajadores.

La derechización de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO ha facilitado este proceso. Hoy en día, los sindicatos mayoritarios no negocian de la misma forma que en 1980. Un ejemplo más de cómo han cambiado las cosas en beneficio del capital, que ha conseguido imponer unas nuevas relaciones entre el capital y trabajo, para entre otras cosas debilitar la capacidad de respuesta de la clase obrera, produciendo una autentica contrarrevolución en las condiciones de trabajo, llegando en la actualidad a un grado inédito de desmovilización, degradación laboral y perdida de actuación del sindicalismo combativo.

Contrarreformas bajo gobiernos de Felipe González

En los años 80 se aplicaron los planes de reconversión industrial que asentaron un duro golpe a los batallones pesados de la clase obrera. Los despidos y cierres en las empresas industriales fueron masivos y se debilitó considerablemente la fuerza del movimiento obrero. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica era desmantelada salvajemente, mientras se aprobaban reformas que imponían topes salariales y una desregulación de la contratación laboral. Esta era la línea seguida en el Acuerdo Interconfederal (AI) de 1983 y el Acuerdo Económico y Social (AES) de 1984 En octubre de ese año, el gobierno llevo a cabo la reforma del Estatuto de los Trabajadores, por la cual se extendían los contratos temporales.

A finales de 1993 el gobierno presento una nueva reforma laboral que generalizaba los “contratos basura”, camuflados bajo la excusa de contratos de aprendizaje. Se incluía la puesta en vigor de una nueva modalidad de contratación más precaria para los jóvenes en paro y la legalización de las ETTs. Se ampliaban las posibilidades de despidos colectivos e introducía causas tecnológicas, productivas y organizativas, como razones de despido. La reforma entro en vigor en 1994 y fue contestada con una huelga general.

El Partido Popular en el gobierno

En los años 90 fue desmantelado el grueso del sector público español y un sinfín de empresas publicas fueron privatizadas, instalándose en ellas la precariedad, subcontratación, EREs, ataques a los salarios, despidos, ETTs, reducción de plantilla, etc. Además el primer gobierno de Aznar procedió a aprobar una reforma laboral con el apoyo de UGT y CCOO, que se plasmo en varios acuerdos, uno de ellos fue la firma del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 1997. Se creó un nuevo tipo de contrato en el que se rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33 días, con un tope máximos de 24 mensualidades, con la creación del llamado contrato del fomento del empleo que era más precario. También se ampliaban las causas de despido procedente, como la de “amortizar puestos de trabajo”. Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios dijeron entonces que aceptaban un despido más barato porque el gobierno les había prometido rebajar la precariedad y la temporalidad en el empleo en 20 puntos. Pero el resultado fue que cinco años después solo había bajado dos puntos, a ese ritmo harían falta muchas décadas para terminar con la temporalidad. Desde el gran capital se alabó la firma de esta reforma laboral. En el periódico Cinco Días, el 12 de marzo de 1997 se podía leer: “Los sindicatos entraron por el aro y empiezan a hablar el mismo lenguaje que la patronal. Tras veinte años negándose a ello, ayer admitieron la necesidad de abaratar el coste del despido improcedente para incrementar la contratación estable”. Ya hemos visto después como la contratación estable, no ha aumentado, sino ha desaparecido.

La temporalidad y los accidentes laborales se extendieron en los tajos. Entre 1996 y 2000 hubo un incremento del 40% en los accidentes laborales, y los mortales aumentaron un 14% entre 1996 y 1998. El paro paso de un 22.3% en el primer trimestre de 1996, al 15.4% en el tercer trimestre de 1999. Pero el empleo indefinido apenas creció, paso del 65.1% en 1995 al 66.7% a finales de 1999.

En diciembre de 2001 se firmó el Acuerdo de Negociación Colectiva entre los representantes de la CEOE y CEPYME y UGT y CCOO. El gobierno prometía que la moderación salarial podría contribuir al mantenimiento e incremento del empleo y que por tanto había que aceptar como un dogma la idea de que el crecimiento salarial es la causa del paro y que por tanto se deben rebajar los salarios para preservar los puestos de trabajo. Bajo una vaga promesa de mantenimiento del empleo, los dirigentes de CCOO y UGT se comprometían a mantener la paz social y a facilitar la moderación salarial, mientras que los empresarios no se comprometían a nada. Desgraciadamente este acuerdo fue firmado como tantos otros, sin la consulta de los afiliados ni se discutió entre el conjunto de los trabajadores. Creo que la historia suena a rabiosa actualidad.

En el año 2002 Aznar se mostró dispuesto a aprobar otra contrarreforma laboral. Los ataques a los jornaleros del campo, a las prestaciones por desempleo y la reforma en los salarios de tramitación fueron tan duros que los sindicatos tuvieron que convocar una huelga general para el 20 de junio de 2002. La huelga tuvo un seguimiento muy importante, pero no fue tan masiva como el 14-D de 1988. El gobierno se vio obligado a retirar el grueso de la reforma, aunque mantuvo la eliminación de los salarios de tramitación. En el informe de Fedea se lamenta que aquella reforma no hubiese podido ser aprobada por la oposición de los trabajadores, ya que consideran que “iba en la dirección adecuada”.

Las políticas de Zapatero

El primer gobierno de Zapatero aprobó su primera reforma laboral en mayo de 2006 con el apoyo de UGT-CCOO y con el visto bueno del PP. La reforma generalizó aun más el despido a los indefinidos a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades. Se aumentaban las bonificaciones empresariales, aun siendo el país de la UE que más dinero gastaba en estas. A demás aumentaban los casos en las que las indemnizaciones eran asumidas por el FOGASA, y no por el empresario. A cambio se nos aseguró una vez más que con esta reforma se reduciría el paro y la temporalidad, mientras que aumentaría el empleo estable. El resultado es que desde la aplicación de esta reforma hay casi cuatro millones de parados más.

Pero la voracidad del capital no tiene límites y volvieron a la carga exigiendo otra reforma laboral. El gobierno estuvo un tiempo negándose, argumentando que si la crisis no tenía origen laboral, no era necesaria ninguna reforma laboral para salir de ella. Incluso Zapatero llego a decir que abaratar el despido “no es el camino” (Publico, 13 de febrero de 2009. pagina 23). Pero meses después fue aprobada una salvaje contrarreforma laboral, según la cual la razonabilidad de la causa de despido ya solo se debía de razonar “mínimamente”. Además se aumentaron las razones que un empresario puede alegar para despedir: previsión de pérdidas, amortización de puestos de trabajo, incertidumbre económica o financiera, disminución de beneficios, etc. Por tanto casi todos los despidos podrán ser procedentes. Mientas antes serian improcedentes con 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades y el cobro de los salarios de tramitación, ahora nos encontramos con que nos pueden despedir por la vía procedente, siendo indemnizados con 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades y sin salario de tramitación. Para colmo el FOGASA subvenciona los despidos pagando 8 días por año trabajado en cada uno. Por tanto el empresario se le facilitaría un doble abaratamiento y solo pagaría 12 días por año trabajado.

También se aprobó un nuevo tipo de contrato más precario, del que solo se salvarían de su aplicación las personas de entre 30 y 45 años en activo. A su vez en este nuevo tipo de contrato desaparece el despido improcedente de 45 días por año trabajado con 42 mensualidades de tope, y se convertiría en 33 días con un tope de 24 mensualidades.

Desde entonces, los empresarios han tenido mas fácil deshacerse de los trabajadores con antigüedad y trienios, formados, veteranos y con experiencia sindical para ser sustituidos por jóvenes y parados en una situación económica desesperada, que tendrán que firmar este nuevo tipo de contrato más precario. A esto se le llamaba renovar plantilla en condiciones laborales precarias; desgraciadamente una práctica empresarial muy extendida, gracias a todas las contrarreformas aprobadas en las últimas tres décadas.

Tampoco hay que olvidar que se aumentan las causas objetivas para despidos colectivos y se facilitan aun más los EREs. Estos tienen menos trabas administrativas y aumentan las causas legales para poder aplicarlos. Incluso se abre la vía para poder aplicar EREs en la administración pública. Además aumenta el poder empresarial para poder modificar sustancialmente las condiciones de trabajo pactadas: horarios, jornadas, retribuciones salariales, movilidad funcional y geográfica, etc. Se facilita que la empresa se descuelgue de acuerdos salariales pactados y se desnaturaliza la eficacia y validez de los convenios colectivos. Incluso se extiende la vergonzosa cláusula de inaplicación salarial, para que el empresario pueda desentenderse de aplicar el régimen salarial pactado en un convenio colectivo cuando las empresas vean afectadas sus perspectivas, estabilidad o el mantenimiento de puestos de trabajo.

Nos aseguraron que esta reforma crearía empleo, pero ya vamos camino de tener casi medio millón de parados más desde que se aprobó. Díaz Ferran aseguro sobre el abaratamiento del despido que “Estas medidas van encaminadas a mejorar la competitividad de las empresas y también a mejorar la calidad de los contratos de los trabajadores” (Publico, 10 de febrero de 2009, pagina 20). Una vez satisfechas las demandas de este empresario a quien tan bien se le da quebrar empresas, nos debería de contar cuanto a mejorado la competitividad, la calidad de los contratos o cuanto empleo se ha creado. Pero parece que nadie pide responsabilidades a los que nos arrebatan derechos, prometiéndonos empleo.

Un gobierno que sigue al dictado las exigencias de la patronal, se merece una huelga general, no un pacto social. En cambio hemos asistido a una de las mayores traiciones a los trabajadores por parte de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO. Ambos sindicatos convocaron una huelga general el pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral, y argumentaron que el gobierno actuaba al dictado del mercado. Pero cuatro meses después, con cientos de miles de parados más en las listas del INEM y sin que el gobierno haya retirado la reforma, los sindicatos mayoritarios han pactado una contrarreforma del sistema público de pensiones, apoyada por el capital y especialmente por la patronal de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco). [1]

La cruda realidad y las propuestas de Fedea

Ojala Fedea tuviera razón y continuáramos al menos con un marco laboral parecido al de 1980, porque de ser así, los trabajadores no hubiéramos sufrido la aplicación de un sinfín de contrarreformas laborales. Pero la realidad es que desde entonces han conseguido que el despido sea un acto completamente naturalizado y asumido sin más en las empresas. La precariedad y la inmensa facilidad con la que te pueden despedir por alzar mínimamente la voz han debilitado el poder de negociación colectiva de los trabajadores. El miedo a perder el empleo siempre ha sido un arma eficaz de los empresarios. Pero nunca hemos tenido un marco laboral en el que sea tan fácil y barato quedarte sin empleo. Y esta pérdida de fuerza entre el movimiento obrero ha ido acompañada de un fortísimo aumento del poder del capital, mientras que definitivamente la socialdemocracia y el sindicalismo oficial se han convertido en parte del problema, en vez de en parte de la solución.

Dicho todo esto cabe preguntarnos ¿nos pueden arrebatar mas derechos? ¿Todavía quieren más? ¿Qué más quieren de nosotros? Pues el documento de Fedea deja bien claro que quieren continuar en la senda de ataques contra los trabajadores.

Se defiende que para salir de la crisis (que han provocado capitalistas y banqueros) es necesario aumentar el poder empresarial, sobre todo para atacar los salarios de los trabajadores y en la posibilidad de desligarse de los contenidos pactados en convenios colectivos. También hacen apología del uso de árbitros cuando haya discrepancias en la aplicación de convenios. A su vez atacan a la “ultractividad”, que consiste en prorrogar un convenio colectivo, cuando este expire hasta que se acuerde uno nuevo. En concreto la propuesta integra número 5 es la siguiente “Limitación de la ultractividad. Establecer que, cuando haya sido denunciado un convenio y haya transcurrido un año desde su vencimiento sin que haya sido posible un nuevo acuerdo o un arbitraje vinculante, decaerán las cláusulas normativas del convenio colectivo”. Esto no es más que un arma peligrosa para presionar a los sindicatos a que firmen el convenio que sea, bajo chantaje patronal.

Todas las medidas que se están tomando benefician únicamente al gran capital, cuyos representantes muestras su agrado. Emilio Botín, uno de los patronatos de Fedea es un firme defensor de las reformas que está acometiendo el gobierno. Recientemente, durante la presentación de resultados del Banco Santander en el año 2010 (8.181 millones de euros de beneficios) [2] se refirió a la política económica gubernamental y dijo que “la marcha del gobierno en este momento es la adecuada, pero tiene que mantener el ritmo” [3]. Un ejemplo de cómo este gobierno asume una vez tras otra las reivindicaciones de los banqueros y capitalistas, quienes no se aplican a ellos mismos la exigencia que quieren para los trabajadores de salario y pensión barata. Francisco González, presidente del BBVA y patronato de Fedea, tiene un salario de cinco millones de euros y una pensión acumulada de 79 millones de euros [4]. Lo del Banco Santander ha sido más llamativo, debido a que aun reduciendo beneficios, su consejo de administración se ha aumentado el sueldo un 13.4%, situándose en 39.7 millones de euros. [5]

El mito de la competitividad y los salarios

Fedea nos asegura que España presenta un grave problema de competitividad y defienden que la productividad y la competitividad solo pueden mejorar reduciendo o limitando los salarios de los trabajadores. Por tanto proponen establecer mecanismo que pongan trabas al crecimiento de los sueldos. En su propuesta numero 6 plantean abiertamente que los salarios sean inferiores a los de los países más competitivos de la zona euro. Alertan sobre el aumento de los costes laborales en los últimos años y hacen comparaciones con otros países de Europa. En cambio no dicen nada de cuanto han aumentado los beneficios empresariales, los cuales ya ha recordado Vicenc Navarro, que durante el periodo 1999-2008 han aumentado un 38% en la UE de los 15, y en España un 73%, mientras los costes laborales solo aumentaron un 17%.

Resulta contradictorio que por un lado alerten del peligro de la escasa competitividad y productividad existentes en el estado español, y que por otro los beneficios empresariales sean descomunales. Como se explica que en este supuesto marco tan complicado para la actividad empresarial, los cinco mayores bancos españoles hayan ganado 15.327 millones de euros en beneficios durante el año 2010 [6]. Y no es el único ejemplo que choca con la realidad, tomemos el ejemplo de Telefónica, una empresa que en el año 2010 ha ganado más que ninguna empresa española en toda su historia, 10.167 millones de euros, un 30.8% más que en 2009. Además sus directivos del consejo de administración ganaron 27.6 millones de euros en 2010, un 1.8% mas. [7] Aun con estos resultados, que contradicen el cuento de que el marco para la actividad empresarial es malo, Telefónica está aplicando la reforma laboral y despidiendo a trabajadores, e incluso estudiando recortes más drásticos de plantilla. Otro ejemplo lo encontramos en Endesa, que obtuvo unos beneficios de 4.129 millones de euros en 2010 (un aumento del 20%) [8]. Además las empresas del IBEX 35 ganaron un 22% más en 2010 (en torno a los 50.000 millones de euros) [9].

Después de analizar estos datos, resulta inconcebible que una de las propuestas de Fedea consiste en mantener los salarios por debajo de los salarios de los trabajadores de la zona euro. Aseguran que esta fórmula conseguiría aumentar la competitividad y reducir el desempleo. Pero la realidad y los datos demuestran que los beneficios empresariales son muy competitivos incluso en plena crisis económica, por tanto las propuestas de Fedea, más que formulas para salir de la crisis, son herramientas para aumentar aun más los beneficios del gran capital a costa de los trabajadores.

Hay que dejar claro que las apreciaciones de Fedea y del gran capital son falsas. Si la clave para lograr competitividad fuesen los salarios, las empresas de Sudan serian más competitivas que las alemanes. El debate y las exigencias se centran en bajos salarios y no se hace mención alguna a aspectos clave para aumentar la productividad: el nivel de formación de los trabajadores, la calidad de las infraestructuras, transporte o tecnología, la inversión productiva, etc.

En la parte final del documento hay una declaración contra las cláusulas de revisión salarial. En la propuesta numero 9 se puede leer: “Se debería tender a no incluir en los convenios colectivos cláusulas de revisión automática de los salarios”. Incluso defienden que en el caso de incluir cláusulas de revisión lo sean para revisar los salarios a la baja en el caso de que la inflación fuese inferior a la prevista. Ellos mismos aseguran con datos de 2008 que solo un 38% de los trabajadores disponía de cláusula de revisión, pero no están contentos con esta escasísima tasa y afirman que estas son “el peor modelo posible”.

Fedea muestra su desagrado por la supuesta “rigidez salarial”. Pero la realidad demuestra todo lo contario, incluso se puede afirmar que los salarios no han estado en un peligro semejante desde hace muchas décadas. Tenemos ejemplos de que en España los salarios son muy flexibles y baratos. Respecto a empleados públicos, hay diez países de la UE-15 que tienen un gasto publico en salario de trabajadores públicos mas elevado que en España (según gasto por habitante, Publico 16 de mayo de 201, pagina 26). Aun así los funcionarios han sufrido un recorte salarial de un 5% el año pasado; y la reforma laboral ha permitido bajar el sueldo en: las empresas del transporte de viajeros por carretera de Zaragoza, los fabricantes de cales y yesos, las industrias agropecuarias de Extremadura, el sector vitivinícola de Córdoba, las ambulancias privadas andaluzas, la metalurgia de Salamanca, las clínicas privadas de Aragón y Cantabria, los hospitales de salud mental catalanes, etc. No hay que olvidar que hace pocos meses los empleados públicos murcianos sufrieron un recorte en sus salarios, unido a un aumento de su jornada laboral.

Otra fórmula que defienden para atacar los salarios, es vincularlos a la productividad y no al IPC. Esta reivindicación patronal ya ha sido satisfecha en parte. La prueba está en que en las nominas y convenios cada vez proliferan mas los complementos vinculados a la productividad y el absentismo, para que las bajas por enfermedad estén penalizadas.

Además no hay ninguna evidencia que demuestre que para salir de la crisis haya que bajar los salarios. Fedea muestra una preocupación paranoica sobre el precio de la fuerza de trabajo: el salario. En cambio, en un ejemplo de insensibilidad social, no expresan ni en una línea algún tipo de preocupación por los precios de la vivienda, del transporte público, la cesta de la compra, las hipotecas o las residencias. No mencionan estos problemas, porque no son los suyos; en cambio señalan como un problema, a lo único que en términos reales no sube nunca: los salarios. Tampoco se hace menciona el fraude fiscal o a los paraísos fiscales, que merma las cuentas públicas. Y la razón no se encuentra en que desconozcan el tema, porque el Banco Santander gano 248 millones de euros en paraísos fiscales durante el año 2008 (Publico, 2 de mayo de 2009, página 22).En realidad, lo único que quieren es que nuestros salarios bajen, para que aumenten sus beneficios.

El paro y los salarios

Fedea defiende que la culpa de las altas tasas de paro se debe a causa de los altos salarios o de un supuesto escaso poder empresarial. Pero la realidad es que el paro es un problema estructural en todo el mundo, y aun mayor donde la burbuja inmobiliaria alcanzo mayores niveles como es el caso de Irlanda o España, donde el comportamiento especulativo de bancos y constructoras fue atroz, cuyas consecuencias estamos pagando los de siempre. En estos países el fin del pelotazo del ladrillo ha creado un vacío de demanda muy superior al de otros países. Vicenc Navarro ha señalado como el sector de la construcción representada en el PIB español llego al 12%, el doble que países como Gran Bretaña o Francia. Un ejemplo drástico lo encontramos en Murcia, lugar donde la especulación urbanística fue descomunal. El desempleo en Murcia representaba una tasa de paro del 7.56% en el año 2007, mientras que ahora se sitúa en el 23.95% [10]. En 2007 el Colegio de Arquitectos, viso 51.605 viviendas en Murcia, y solamente 9.520 en 2009 (un 81.5% menos) [11].

Siguen con el cuento de que las reformas del mercado de trabajo solucionan el problema del desempleo. Pero tenemos que volver a repetir que ninguna reforma laboral regresiva va a crear empleo, ninguna ha terminado con el paro o ha evitado una crisis económica. De hecho las reformas laborales aprobadas con anterioridad son las permiten que se destruya empleo en la actualidad con tanta rapidez y facilidad. Por tanto los gobiernos no aplican las políticas de ajuste pensando en las familias trabajadores o en crear empleo, sino en incrementar y recuperar la tasa de beneficios del capital. Recordemos que caminamos a un marco laboral precario del país en el que se inicio la crisis: EE.UU. Por tanto un marco laboral precario no evita ni soluciona las crisis capitalistas.

El problema del desempleo radica porque en vez de asistir a una expansión y crecimiento de la economía, nos encontramos con una recesión económica o tasas de crecimiento muy bajas. Por tanto la actividad económica se paraliza o decae, como consecuencia hay una escasez de demanda que provoca una escasez de producción de puestos de trabajo, e incluso una destrucción masiva de empleo. Por tanto, ningún empresario va a contratar nadie, aunque el despido sea gratis, sino hay ningún trabajo que hacer. Por ejemplo, ningún hostelero va a contratar a camareros, si no hay clientes en la barra, porque estos están pasando apuros económicos debido a la crisis. Pero no debemos defender el desarrollo económico sin más, sino solo aquel que tenga un impacto positivo en la calidad y condiciones de vida de los trabajadores, y por supuesto en nuestro planeta. En esto se debe medir el desarrollo económico. Algo que no ha ocurrido en los últimos booms económicos capitalistas, que han ido acompañados de un aumento de la explotación a la clase obrera y en un deterioro salvaje de nuestro planeta.

Por otro lado, podemos leer en la propuesta numero 8 de Fedea que se deben realizar estudios sobre temas como la tasa de la inflación, crecimiento de productividad y salarios, flujos comerciales con el exterior, y además elaborar “predicciones independientes” sobre estos temas. Pero estamos cansados de los mismos análisis de siempre en los que lo único que cambia es el título y la fecha. Además hay que recordar que entre los patronatos de Fedea, se encuentra Rodrigo Rato, quien siendo director del FMI no fue capaz de prever la crisis, incluso en octubre de 2007 dijo: “preveemos una desaceleración del crecimiento pero no una recesión en EE.UU y menos en otros países avanzados” [12].

Una alternativa de lucha anticapitalista

Los anticapitalistas debemos luchar unidos de una manera implacable contra el capital y la propagación de su ideología. Sabemos que otra salida a la crisis es posible, hay recursos para ello, la prueba la tenemos en las ingentes cantidades de dinero que los gobiernos han destinado a los bancos.

Los capitalistas no están satisfechos con las últimas reformas aprobadas, ni si quiera lo estarían si las reivindicaciones de Fedea fuesen asumidas. Siempre van a querer mas reformas contra los trabajadores. Un ejemplo lo encontramos en las propuestas de Isak Andic, presidente de Mango, que exige: computar toda la vida laboral para calcular la pensión, bajar el impuesto de sociedades, dejar que las empresas no paguen cotizaciones a la Seguridad Social de los jóvenes durante dos años y que los nuevos funcionarios puedan ser despedidos en cualquier momento, al igual que el personal laboral. [13]

No debemos ignorar ninguna propuesta del capital porque todas las que reclama la CEOE, acaba siendo satisfecha. Tenemos que dejar claro que estas políticas nos perjudican y hay que identificar a todos los culpables y promotores de que se deteriore nuestras condiciones de vida y trabajo.

Ante esta escandalosa ofensiva del capital, es necesario tomar medidas contra los que han originado la crisis. Es urgente la nacionalización de la banca y de las grandes constructoras que se han enriquecido a nuestra costa, desencadenando la actual crisis económica. Se debería aumentar drásticamente las inversiones públicas para equipamientos en sanidad, residencias, guarderías y escuelas públicas, etc. La vivienda debe ser un derecho básico y un servicio público (como la sanidad y la educación), en donde las administraciones públicas garanticen viviendas públicas de alquiler asequibles, y se ponga fin a cualquier forma de especulación y endeudamiento de las familias y los jóvenes.

Y también es muy importante la lucha por la defensa de otro modelo energético que potencie activamente las fuentes de energías renovables, limpias y no contaminantes. Para ello sería necesaria la nacionalización del sistema energético, una apuesta decidida para destinar recursos en investigación en fuentes de energía alternativas y un drástico aumento del empleo público en estos sectores.

Hay que ampliar la clásica tabla reivindicativa que consiste en el reparto de la riqueza, subida de salario mínimo, jornada laboral de 35 horas y jubilación a los 60 años. También es necesario derogar todas las contrarreformas laborales y luchar por un cambio y reforma en el mercado de trabajo y su legislación, pero en beneficio de los trabajadores. En esta línea se debería encarecer y dificultar drásticamente los despidos, incluso prohibirlos en las empresas con beneficios. Se deben eliminar y prohibir las ETTs y los contratos basura. La represión sindical por parte de la patronal debe pasar de estar naturalizada y legalizada, a estar duramente castigada. Para un sindicalismo de clase resulta intolerable que en los despidos improcedentes, los empresarios sean los que elijan readmisión o indemnización. Esta normativa debe ser eliminada como un primer paso para acabar con el despido libre, al que debemos declarar la guerra.

Resulta muy necesaria una ampliación de las libertades sindicales para que se imposibiliten los despidos como arma para acallar a los trabajadores más combativos de los centros de trabajo. Tenemos que defender la creación de la figura del delegado sindical o de prevención de riesgos laborales de carácter local, sectorial o autonómico que pueda ejercer libremente las funciones más allá de su empresa.

Pero nada podremos conseguir si no emprendemos una lucha colectiva y combativa masiva. Tenemos que recuperar la conciencia de que tenemos capaz de influir y que hay otra salida a la de aceptar sumisos cualquier ataque. Es necesario hoy más que nunca potenciar las secciones sindicales y un giro sindical a la izquierda, para construir un sindicalismo reivindicativo de lucha por las conquistas sociales.

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