Es hora de “aprovechar el momento”

El último y frustrado proceso de paz en el País Vasco estuvo acompañado por diferentes iniciativas sociales que, desde otras latitudes y particularmente desde Catalunya, aunaron esfuerzos y propuestas para afianzar el intento de un final dialogado al conflicto vasco. No fue posible entonces, en 2006, pero hoy, los mismos sectores sociales sopesan impulsar nuevas iniciativas en el mismo sentido.

La más reciente, en forma de manifiesto, ha sido la denuncia de la prohibición de la manifestación de Adierazi EH el pasado mes de septiembre, y la solicitud de excarcelación de Arnaldo Otegi, que ha cosechado centenares de adhesiones en todo el Estado, aglutinando a centenares de personas y colectivos de todos los sectores de la izquierda. Junto a estas iniciativas solidarias, en lugares como Aragón y Madrid se acaban de poner en marcha sendas plataformas que persiguen movilizar a la ciudadanía “a favor del diálogo y la negociación”.

Y es que, ante los nuevos escenarios sociopolíticos que se abren en el País Vasco, como consecuencia de la nueva apuesta estratégica –“unilateral e irreversible”- de la izquierda abertzale, cabe recordar y rescatar las experiencias sociales del último proceso. Entre ellas, la Iniciativa Jurídica, un manifiesto impulsado en diciembre de 2006 desde el ámbito jurídico catalán que fue suscrito por más de 150 juristas de todo el Estado. En ella se abogaba por un cambio de rasante en materia judicial, penal y penitenciaria; por la derogación de la Ley de Partidos y por la petición a la Audiencia Nacional de no entorpecer el incipiente proceso.

En las mismas fechas, una amplia coalición social impulsada desde el movimiento antibelicista Aturem la Guerra forjó en Barcelona la iniciativa plural ‘Si al procés de pau’, que reunió a más de 109 organizaciones y que tomó como referente la experiencia feminista de Ahotsak. Con objeto de estimular el proceso de paz, Ahotsak agrupó a parlamentarias y cargos políticos y sindicales de todos los partidos vascos, a excepción del PP y UPN. Con el final truncado del proceso, estas propuestas se diluyeron pero dejaron el poso del papel que puede llegar a desarrollar la sociedad civil en los nuevos intentos de resolución.

En los cuatro años que median entre el frustrado proceso anterior y el actual escenario, sin embargo, la solidaridad no ha dejado de existir, particularmente en la denuncia contra la regresión en materia de derechos y libertades fundamentales. Así, el apoyo a las personas procesadas en el macrosumario 18/98, la solidaridad con Egunkaria o el recientemente finalizado proceso a Udalbiltza se tradujeron en Catalunya en iniciativas solidarias ad hoc. Si el apoyo al diario Egunkaria se concretó en mociones parlamentarias y en el apoyo explícito de la mayoría de la sociedad catalana, el pasado octubre, durante la última sesión del juicio contra Udalbiltza, se hizo público un manifiesto de apoyo a los procesados suscrito por el movimiento Decidim. cat, que agrupa a 1.500 concejales y alcaldes de todas las tendencias políticas, excepto del PP.

Sectores pacifistas, políticos y sociales siguen hoy con atención la evolución del proceso y evalúan las iniciativas que pudieran contribuir a reforzarlo y blindarlo, un apoyo que también se ha reflejado en recientes mediaciones políticas, como la ejercida por ERC a través de Joan Ridao, que han trasladado a Zapatero la adopción de medidas a la altura de las circunstancias, entre ellas el fin del apartheid electoral decretado contra la izquierda abertzale.

Además, organismos de derechos humanos preparan para el próximo diciembre un manifiesto para exigir medidas en política penitenciaria, una iniciativa que recogerá lo ya reivindicado en Catalunya en 2004. Entonces, 75 organizaciones suscribieron el Manifiesto de la Virreina, después de que la asociación de familiares de presos Etxerat protagonizara una huelga de hambre de tres días en Barcelona. Abogaban por el fin de la dispersión penitenciaria y por el respeto escrupuloso de los derechos que asisten a las personas presas. Sintomáticamente, seis años después, aquellas demandas siguen estando vigentes encima de la mesa del proceso de paz.

¡8719600510 libertad!

El 5 de noviembre, un heterogéneo grupo de representantes de la cultura, la política, el sindicalismo y los movimientos sociales vascos hicieron público un manifiesto por la libertad de una de las figuras clave en la resolución del conflicto: Arnaldo Otegi, el preso número 8719600510. En pocas semanas, los promotores de esta campaña, de alcance internacional, han recogido centenares de firmas, entre las que se encuentran dirigentes de CC OO, BNG, ERC o las Madres de la Plaza de Mayo. El caso de Otegi, que defiende abiertamente una salida al contencioso a través de vías exclusivamente políticas, se suma a otros como Udalbiltza, Askapena y Egunkaria, que han despertado un amplio movimiento de solidaridad en la sociedad civil.

En Madrid también reclaman dar paso a la palabra

Al igual que ha sucedido en Aragón, donde varios colectivos han puesto en marcha la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación, en Madrid comienza a dar sus primeros pasos la llamada Plataforma por una Solución Dialogada y Democrática del Conflicto Vasco. Impulsada por grupos como Corriente Roja, CAES o Izquierda Castellana, busca, en palabras de una de sus portavoces, Ángeles Maestro, “contribuir a que el proceso democrático, de paz y diálogo, se dé y tenga el apoyo que se merece por mucha más gente de la que hoy no lo apoya porque no lo conoce”.

Maestro, en una presentación de la Plataforma que tuvo lugar el 17 de noviembre, además de reclamar una “democracia plena”, ya que en Euskadi “hay cientos de miles de personas que no tienen expresión política”, defendió que los vascos puedan “realizar un referéndum para ejercitar el derecho universal de autodeterminación”. Esta iniciativa sigue la estela de otras precedentes como las plataformas de apoyo a Egunkaria o a la asamblea de electos Udalbiltza que, compuestas por una variedad más amplia de grupos, han denunciado desde Madrid la conculcación de derechos políticos en Euskadi y reclamado una solución dialogada del conflicto.

Fuente:Diagonal

“Hay que explicar a la opinión pública lo que representa un proceso de paz”

Entrevista a Paul Ríos, coordinador general de LOkarri, Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta

DIAGONAL: ¿Cuáles fueron los principales errores en 2006?

PAUL RÍOS: En primer lugar, la amenaza de la posible vuelta a la violencia por parte de ETA. En segundo, la ilegalización de la izquierda abertzale, que obligó a que el diálogo se desarrollase de forma secreta e impidió que la sociedad tuviera la capacidad de evaluar lo que estaba pasando o aportar propuestas.

D.: ¿En qué se diferencia el escenario actual del de entonces?

P.R.: Una de las grandes diferencias está en la convicción de que para entrar en un proceso resolutivo hay que asentar sus bases. También es muy importante la estrategia que está desarrollando Ezker Abertzalea [la izquierda abertzale ilegalizada], porque creo que han llegado a la conclusión de que un proceso sólo tendrá éxito si son legales y hay un final de la violencia.

D.: ¿Qué opina de la respuesta del Gobierno español?

P.R.: La posición del Gobierno ahora es mucho menos partidaria que en 2006 a dar cualquier oportunidad a que las bases de un proceso de paz de asienten. Cree erróneamente que se ha llegado a esta situación gracias a la ilegalización de Batasuna, y piensa que para tener éxito debe mantener esta estrategia. Pero es evidente que la situación ha cambiado radicalmente. Tiene que pensar en otras posibilidades para que las oportunidades se asienten de manera definitiva.

D.: Por ejemplo...

P.R.: En primer lugar, no poner más obstáculos a una situación que ya de por sí es difícil. Prohibir manifestaciones, promover juicios contra líderes políticos o no hacer movimientos para respetar los derechos humanos en temas como el de los presos, crean más obstáculos. Además, debería ceñirse a la propia Ley de Partidos y facilitar la legalización de Ezker Abertzalea.

D.: ¿Cómo se encaja la diferencia en la forma de entender el problema que hay entre Euskadi y el resto del Estado?

P.R.: Uno de los problemas que hemos identificado con respecto al proceso anterior es que entonces no se explicó a la opinión pública española lo que representa un proceso de paz. Durante estos años los discursos del Partido Popular y del PSOE han alimentado cierta manera de ver las soluciones basadas en unas claves muy reduccionistas. Se debería hacer un esfuerzo de pedagogía en todo el Estado para explicar que dialogar sobre los problemas que tiene la sociedad vasca no supone ningún tipo de concesión o rendición a los terroristas, sino que es algo que la propia ciudadanía vasca reclama.

D.: ¿No cree que la proximidad de las elecciones entorpece el proceso?

P.R.: Por un lado actúa como un obstáculo, porque a veces las prisas no son buenas consejeras, pero al mismo tiempo es un acicate. La propia Ezker Abertzalea considera que es mejor ser legal de cara a las elecciones y eso supone un incentivo para que tomen sus decisiones sin posponerlas demasiado. Por otro lado, el Gobierno afirma que no dará ningún paso hasta que esté totalmente cerrado el tema de la violencia, algo que es difícil que vaya a producirse antes de las elecciones.

Aun así, en estas situaciones no hay que pensar tanto en lo que puede hacer el otro sino en qué puede hacer cada uno, y yo creo que Ezker Abertzalea podría posicionarse sobre el tema de la violencia en los próximos meses de tal manera que hiciera muy difícil justificar su situación de ilegalización.

D.: ¿Qué fórmula sería la adecuada para comenzar un proceso de paz?

P.R.: Tras el fin de la violencia y la legalización lo más adecuado sería crear un espacio de diálogo entre los partidos políticos para ir resolviendo los problemas que la propia violencia y las vulneraciones de derechos humanos han ido generando en relación con las víctimas, la memoria, los presos, etcétera… Creo que no hay fórmulas mágicas y que, de haber una, es la del entendimiento y el diálogo.

Fuente: Diagonal

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