La reciente sentencia de la Audiencia Nacional absuelve a los procesados de las graves acusaciones que pesaban contra ellos, dejando en muy mal lugar al juez instructor y a la guardia civil, que construyeron supuestas pruebas con el único fin de clausurar el periódico.

Han transcurrido 7 años en los que los procesados han sufrido torturas, años de cárcel, acusaciones infundadas, cuantiosas pérdidas económicas. Los trabajadores del diario perdieron su puesto de trabajo, y la sociedad vasca se vio privada del derecho a recibir información en su propia lengua. Desde aquí exigimos la reparación e indemnización por todos los daños causados por los poderes públicos y que las personas que aplicaron de forma ilegal una legislación ya de por sí injusta asuman sus responsabilidades.

La sentencia desautoriza a la Delegación del Gobierno en Madrid, que prohibió una manifestación con el lema “Por la libertad de expresión, contra el cierre del diario Egunkaria” por considerar que tenía un fin ilícito, y también al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratificó dicha prohibición. Ambas instituciones deben reconocer con claridad el grave error cometido y el daño causado a los convocantes, incluyendo los costes del recurso, o en caso contrario dimitir.

Triste papel, por ser benévolos, el ejercido por la mayoría de los responsables de crear opinión pública, que han condenado durante estos 7 años sin esperar el fallo del tribunal, y que criminalizan toda muestra de solidaridad, en particular hacia la lucha del pueblo vasco. Pero no parecen darse por aludidos, ya que, de nuevo, en operaciones realizadas estos mismos días, vuelven a asumir como única versión y verdadera la que ofrecen los cuerpos policiales, conculcando la presunción de inocencia de las personas afectadas.

Porque nos preocupa lo que pasa a nuestro alrededor y porque a todas y todos nos afecta el recorte de las libertades, es por lo que hemos querido contribuir con nuestra movilización al restablecimiento de los derechos vulnerados, y nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido entre todos. Pero sabemos que no podemos, que no debemos abandonar la lucha, pues muchas personas siguen sufriendo las consecuencias directas de estos atropellos cometidos por unos poderes públicos que, en lugar de estar al servicio de la ciudadanía, en la mayoría de los casos actúan en defensa de los intereses de los poderosos, amparando sus injusticias.

La solidaridad entre los pueblos es un deber para todas las personas que aspiran a un mundo en paz y con justicia social. Las personas y organizaciones que hemos luchado porque se haga justicia con Egunkaria y sus procesados, continuaremos luchando por estos valores, allí donde nos encontremos, y animamos a ello a quienes compartan estas aspiraciones.

Parece que hemos llegado al final (pendiente de posibles recursos) de una pesadilla que nunca debió dar comienzo. Esperamos que esta sentencia pueda significar el punto final de una política de represión generalizada que ha vulnerado no pocos derechos, amparada en el uso y abuso de una legislación excepcional e injusta. Una legislación que, desarrollada con la excusa de la lucha anti-terrorista, ha dado lugar, entre otros atropellos inconstitucionales, a cierres de otros medios de comunicación como Egin, Egin Irratia y Ardi Beltza, y que se aplica, cada vez más, contra cualquier brote de disidencia respecto del poder establecido a lo largo y ancho del Estado español.

Queremos que esta sentencia contribuya también a alumbrar un futuro de esperanza y de paz, basada en el derecho a los pueblos a decidir su futuro y a desarrollar su cultura y valores propios.

VIVA LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS

EGUNKARIA AURRERA

Plataformas de apoyo a Egunkaria de Zaragoza, Valladolid, Asturias, Catalunya y Madrid

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