Jaime Barrientos y Javier Faurié - Tiempo

Juanga, un joven que hoy tiene 19 años, fue a parar a Casa Joven cuando aún no había cumplido los 12. “Desde el principio -afirma- los educadores te dejan las cosas claras: ‘Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche’. Siempre era igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte moratones. Educadores que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para defenderse y tú no. No me dejaban hablar por teléfono en caló con mi madre, que es gitana. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería. Todo eran abusos. Todo estaba prohibido y no podías quejarte de nada. Todos teníamos brotes de ansiedad”.

El escándalo comenzó el pasado febrero, cuando Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, presentó un informe incendiario. Denunciaba maltratos y vejaciones en varios centros de menores con problemas psicológicos de la Comunidad de Madrid y Castilla La-Mancha. Poco tiempo después se destaparon otros casos de abusos, en esta ocasión en centros de acogida y reformatorios, que en no pocas ocasiones se mezclaban con acusaciones de racismo. Así, a mediados de marzo de este año, la asociación SOS Racismo acompañó a una veintena de menores inmigrantes de nacionalidad marroquí a denunciar los malos tratos de su centro de acogida, en este caso en Deba, Guipúzcoa. Estos jóvenes relataban escenas escalofriantes. Afirmaban, por ejemplo, que los insultos y los maltratos eran cotidianos; que en una ocasión un educador agarró a uno de los jóvenes y le estampó la cabeza contra un árbol; y que en numerosas ocasiones desde la dirección del centro les presionaron para que firmaran el alta voluntaria y se fueran a otras comunidades autónomas, amenazándoles, si no, con devolverles a Marruecos.

Maite Etxaniz, diputada foral de Política Social, ha señalado que se está investigando si hubo maltrato en Deba. Sin embargo, le reprochó a SOS Racismo que difundiera mensajes “equívocos” sobre los centros de atención de menores de la provincia. También reprochó a la ONG que apoyara a los menores en su enfrentamiento con el equipo educativo y que cuestionara la profesionalidad de todos los educadores de la red, hablando de los derechos de los menores pero nunca de sus deberes. Etxaniz añadió que el papel que estaba jugando SOS Racismo respecto a la atención de menores extranjeros ha sido “claramente distorsionador y perturbador”, y afirmó: “[los adolescentes extranjeros] Han originado altercados y ha sido necesario emplear la contención”.

El epicentro del maltrato

De toda la geografía del presunto maltrato a los jóvenes internos, el centro de Picón del Jarama, en la Comunidad de Madrid, es de los que sale peor parado en el informe del Defensor del Pueblo. Se denuncia la existencia de una sala de reclusión “siniestra, sin ventanas y recubierta de una goma negra que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable” donde se encerraba a los menores para castigarlos. Se habla también de “sanciones degradantes”, como que los trabajadores obligaban a los niños a desnudarse íntegramente durante los registros de las habitaciones. Estos métodos de trabajo provocaron que en 2008 hubiera un total de ocho bajas voluntarias en una plantilla de 23 trabajadores.

Estas gravísimas acusaciones, sin embargo, fueron desmentidas por Gema Fernández-Cueto, directora de la Red de Centros Especializados de la Fundación O’Belén, asociación que gestiona el centro de Picón del Jarama, el de Azuqueca de Henares y varios más denunciados por el Defensor del Pueblo. Según Fernández-Cueto, existen al alcance de los menores hojas para remitir quejas, y se registra cada sanción disciplinaria. Niega que se haya castigado nunca a ningún menor por hablar caló, árabe o cualquier otro idioma, y sostiene que las contenciones físicas están controladas por psiquiatras.

Sin salir de la Comunidad de Madrid, sobrecogen las cartas que algunos cuidadores y jóvenes de los reformatorios Los Rosales 1 y Puerta Bonita, gestionados por la fundación y asociación Respuesta Social Siglo XXI, mandaron denunciando las situaciones de abuso. Escribían a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (Arrmi), y según Carmen Balfagón, directora gerente de este organismo, las cartas le fueron reenviadas al Defensor del Pueblo, que actualmente estudia su veracidad.

En estas cartas se narran episodios como el que supuestamente tuvo lugar en diciembre de 2005. Entonces, un educador de Los Rosales 1, que luego pidió la baja voluntaria, narra que comentó a otro compañero que el subdirector del centro le estuvo golpeando en la cara con un walkie-talkie a un joven que estaba inmovilizado en el suelo por un cuidador. Otro ex empleado del centro afirma que un menor se orinó de miedo al entrar en su celda uno de los educadores. “Cuando un chaval se queja más de lo normal -afirma este antiguo cuidador en una de sus cartas- se le pide a ciertos educadores de confianza que le provoquen para poder engrilletarle y hacerle una contención física y mecánica”.

En otra carta otro ex empleado del centro sostiene que se concebían las actividades deportivas como una “tortura física”, ya que los supuestos entrenamientos eran de una intensidad “brutal”. Un joven que estuvo internado en el centro coincide en esta acusación en una carta desesperada: “El viernes 4 de julio de 2008 una educadora nos manda a diez menores hacer 100 flexiones seguidas. Solicitamos que resuelvan y terminen con esta rutina y malvivir... Muchas gracias y perdonen las molestias causadas: vengan lo antes posible por favor para terminar con esta pesadilla”.

“Putos negros, sois cucarachas”

“Hay tres patios para sacar a los menores -explica otro ex empleado-. Uno de ellos tendrá unos 25 pasos de largo por cinco de ancho. Si el chico está sancionado, no puede dejar de andar. Tiene prohibido estar sentado ni pararse, apoyado en la pared o en cuclillas. Prohibido cantar, silbar o correr. Si hace algo de esto se le sube a la celda”.

Lo que sigue son declaraciones de los propios menores del centro extraídas de las cartas que ha recibido el Defensor del Pueblo: “Hola, soy un menor infractor. Aquí en Los Rosales 1 pasamos todos mucha hambre. También sufrimos malos tratos psicológicamente. Aprovechan su autoridad para humillarnos. A muchos inmigrantes (ecuatorianos, colombianos, dominicanos, marroquíes...), a los que somos de color negro como es mi caso y a algunos de mis compañeros nos dicen: ‘Putos negros váyanse a vuestro puto país que sois cucarachas’, etc. Y quiero que sepan que no pongo mi nombre por miedo a lo que nos puedan hacer. Atentamente: un menor que se arrepiente más de estar aquí que por lo que hice”.

Otro menor denuncia: “Siempre están diciéndonos que somos unos delincuentes y que vamos a quedarnos por ahí tirados como perros. Nos preguntan irónicamente si alguien nos quiere (...) Si salimos con ropa no adecuada nos sancionan, pero es que no tenemos ropa”.

Otro adolescente asegura que su carta está escrita anónimamente “por el miedo” a lo que pueda pasarle. “Quiero informar -dice-que en este centro pasamos mucha hambre. Nos humillan diciéndonos que no somos nada y que somos basuras para la sociedad. A veces utilizan términos como ‘negro de mierda’. No me he sentido reformado sino con más odio por estar ahí dentro y sin tener que ver con la privación de libertad. Hay abusos por parte de vigilantes y algunos educadores. Me refiero a abusos físicos, agresiones. Al entrar te tratan como a un perro (...) La mayoría se dedica no a educarte, sino a hacerte la vida imposible; a buscarte sanciones y a provocarte para que saltes. Yo no guardo rencores, yo quiero que cambien a esas personas y que las echen y que les den su merecido legalmente porque son malvadas y malas”.

Comida fría, escasa y con bichos

Uno de los ex empleados citados anteriormente sostiene que la comida es “asquerosa”: “La mayoría de las veces está quemada y fría y en poca cantidad. No es raro encontrar pelos o pequeños bichos. La subdirección ha llegado a comentar lo arriesgado que es comer en el centro porque el aceite se reutiliza muchas veces y es de bajísima calidad”. Carmen Balfagón reconoce que, efectivamente, hubo problemas en el pasado con la comida y que, al comprobarlo, despidió a las dos cocineras inmediatamente. “Prueba de que el problema ha sido subsanado -afirma- es que los menores de ese centro, con los que me reúno a solas y a puerta cerrada para escuchar sus quejas, no han vuelto a referirme nada en ese sentido”.

El primero de los ex trabajadores citados continúa: “La dirección no se preocupa por proveerse de tallas adecuadas. La ropa está sucia y, además, se comparte: los calzoncillos son comunes. Muchas veces las tallas son desproporcionadas, facilitando los insultos o motes por lo ridículo de su vestimenta. (...) Es habitual que los menores corran con zapatillas dos o tres números más pequeñas”.

Carmen Balfagón desmiente tajantemente que esto sea verdad, cosa que también niega el responsable del ramo de Comisiones Obreras, Jorge Corgayón: “Mienten descaradamente. En los centros sabe todo el mundo que Carmen Balfagón se presenta sin avisar y que habla con los chavales. Hasta que se creó la Arrmi había problemas, pero ahora no. Hay dos protocolos de actuación y dos de inspección. Uno de la propia Arrmi, que se entrevista periódicamente con los educadores y los chicos. Y otro dependiente de la Fiscalía y el juez de menores. Ambos hacen que, en la práctica, sea imposible lo que los trabajadores de CGT denuncian: el 99% de los casos de maltrato no son ciertos, como tampoco lo es que se les provoque para que sean sancionados”.

“No me han llegado tampoco protestas sobre la ropa -prosigue Corgayón-. Soy sindicalista y de izquierdas y, lógicamente, poco tengo que ver políticamente con los responsables de la Comunidad de Madrid. Pero hay que reconocer que Carmen Balfagón nos ha desarmado: no hay una sola región en toda España que funcione con los menores con la claridad y eficiencia que aquí se lleva a cabo”.

Otro trabajador que estuvo en el centro de 2006 a 2008 asegura que un día escuchó a un coordinador hablándole a los chicos de métodos para suicidarse. Habla también de edificios en muy mal estado, “potencialmente peligrosos para la integridad física de menores y trabajadores”. Esta persona denuncia también que, si se producía cualquier situación embarazosa para el centro, como un gran número de cartas a la Arrmi, los menores “eran sometidos a fuertes interrogatorios con amenazas de quedarse sin ciertos derechos”.

::Fuente: Tiempo -Tortuga

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