Por Jaime Pastor. Coportavoz de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir

Este sábado 16 de marzo a las 18 horas nos manifestaremos desde Atocha a Cibeles decenas de miles de personas procedentes de Catalunya, Madrid y otras Comunidades Autónomas, dispuestas a gritar bien alto que “La autodeterminación no es delito” y que “Democracia es decidir”. Esta iniciativa es resultado de un esfuerzo conjunto de organizaciones catalanas y madrileñas que estamos convencidas de que, como se dice en uno de los documentos difundidos estos días, “el juicio político que ha comenzado en el Tribunal Supremo no es solo contra las personas que se sientan allí como acusadas, sino contra todo el pueblo de Catalunya, también contra todas las personas republicanas de los pueblos del Estado y contra todas aquéllas que somos demócratas”.

En efecto, a la vista del desarrollo que está teniendo el juicio hasta ahora (en el que se pide desde la fiscalía del Estado un total de 177 años de condena a las personas procesadas, la mayoría injustamente en prisión desde hace ya más de un año), hemos podido comprobar que no sólo se ha judicializado erróneamente un conflicto político, sino que además se busca un castigo ejemplar contra quienes simplemente actuaron como representantes políticos y sociales de más de dos millones de personas que siguen reclamando el derecho a decidir su futuro, como se pudo demostrar de nuevo en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 pese a las condiciones en que se desarrolló bajo la aplicación abusiva del artículo 155 de la Constitución.

La mayor prueba de esa voluntad criminalizadora se encuentra en la insistencia en la acusación por la fiscalía del Estado de ejercicio de la violencia a quienes se manifestaron delante del Consell de Economía el 20 de septiembre de 2017 o participaron en el referéndum celebrado el 1 de octubre del mismo año. Confundir el poderoso movimiento de desobediencia civil a favor de un referéndum que se expresó durante esos días con la calificación penal de rebelión, supone una burda tergiversación de los hechos, con mayor razón cuando sobran pruebas documentales de que no fue así y de que, por el contrario, la violencia que se practicó el 1 de octubre procedió únicamente de las fuerzas policiales del Estado. Descalificar ese movimiento como “tumulto” o “murallas humanas”, asimilándolo a un “alzamiento” violento, refleja una tendencia clara a aplicar el derecho penal del enemigo contra el legítimo ejercicio de la resistencia no violenta por parte de la ciudadanía.

Esa confusión interesada entra en contradicción, además, con el reconocimiento que en el pasado, tras la enorme movilización de una juventud insumisa al servicio militar obligatorio, hizo el Tribunal Supremo en su sentencia de mayo de 2009, en la cual afirmaba: “La desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia contra el Estado, esta forma de pensamiento e ideología ha de ser admitida en el seno de una sociedad democrática”.

Es más, a lo largo del proceso también está quedando patente la voluntad de criminalizar derechos fundamentales como los de expresión, reunión, manifestación y participación política cuando se ejercen por quienes disienten políticamente frente a este régimen monárquico. Por eso comparto plenamente lo escrito en un artículo reciente: “Si, como ha dicho el rey, sólo es democracia lo que es legal, si lo que no es legal es delito, si las leyes y su interpretación son cada vez más restrictivas de las libertades, si las manifestaciones son tumultos y la desobediencia es rebelión, entonces todos los movimientos sociales transformadores están amenazados”.

Debemos ser, por tanto, conscientes de que lo que está en juego en este juicio y en su desenlace final no tiene que ver con si estamos a favor o no de la independencia de Catalunya, o si nos alineamos con uno u otro nacionalismo. Afecta a la democracia y a nuestros derechos y libertades frente a la deriva autoritaria de este régimen monárquico. Más concretamente, nos emplaza a confluir en un bloque común, capaz de frenar la ofensiva de un bloque reaccionario dispuesto a acabar con la cada vez más precaria autonomía de Catalunya y de todos los pueblos del Estado, sometidos al dictado de un neoliberalismo ultracentralista, así como con los derechos conquistados hasta ahora por las mujeres, las personas migrantes y las capas más vulnerables de la sociedad.

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