1. Las bases políticas de la dispersión

Política de dispersión: objetivos y fases de su desarrollo

La política penitenciaria de los Estados español y francés no se ha proyectado, por tanto, conforme a criterios de legalidad, sino a criterios de política general y, en concreto, conforme a las necesidades de la llamada política antiterrorista. El trato dado a los presos políticos vasc@s se ha alejado de las garantías que contempla la legislación, en función de otros objetivos políticos. Como consecuencia, la vulneración de derechos fundamentales ha sido una constante a largo de estos años.

A finales de la década de los 80 tiene lugar el inicio de una nueva fase, diseñada básicamente por el PSOE (con Múgica Herzog, actual Defensor del Pueblo, a la cabeza de su diseño) pero con la aquiescencia e incluso el asesoramiento de políticos nacionalistas (Torrontegui, o el Consejero de Justicia del GV Joseba Azkarraga). Las medidas de reinserción de la anterior fase estaban agotadas, y se inicia una nueva fase consistente en detectar diferencias entre l@s pres@s y aplicar una política penitenciaria de presión, para que estas diferencias aumenten y se consiga que una parte de l@s pres@s presione a ETA. No está de más
recordar que la dispersión, en su vertiente más negra, se inicia en la primavera-verano del 89, justo después de que finalizaran sin resultado las negociaciones de Argel, entre ETA y el Gobierno español. Se pone en marcha la dispersión de l@s pres@s, en su sentido más directo separación de l@s pres@s entre sí y alejamiento por toda la geografía del Estado español- y se inicia una fase de endurecimiento. Las condiciones de vida se sitúan bajo mínimos, se establecen fuertes restricciones en las comunicaciones, la denegación sistemática de la libertad condicional, frecuentes agresiones en el interior de las cárceles y -sobre todo- en las conducciones (traslados de prisión a prisión, o al Juzgado)... Se trataba de presentar diferencias entre "buenos" y "malos", entre "blandos" y "duros", y para ello se aplicó una política de palo y zanahoria.

Pero aquella fase también se agotó. Los resultados no fueron los esperados y l@s pres@s fueron alcanzando unas mínimas condiciones de vida. Gracias al trabajo que se hizo en los juzgados y, sobre todo, gracias a la presión que la sociedad vasca iba haciendo en contra de esta política, el Gobierno se vio obligado a abandonar la política de dispersión en su vertiente más cruda. Y en esta especie de impasse se continuó durante algún tiempo.

Pero llegamos al momento actual. Los sucesivos gobiernos de PP y PSOE abordaron una nueva fase, y otra vez con la idea -ahora confesa- de alcanzar objetivos políticos: hacer desistir a la sociedad vasca de sus
ideas independentistas y sembrar la desmoralización entre l@s pres@s y sus allegad@s. Se trata de una fase especialmente dura y para asegurar, sin resquicios, la extrema dureza que persigue, se ha adoptado todo un paquete de medidas que además, le presta cobertura legal: endurecimiento de las penas señalando el límite de cumplimiento en 40 años, recorte general de las condiciones de vida en las cárceles
(restricciones en las comunicaciones, prohibición de estudiar, denegación de asistencia médica extrapenitenciaria...) imposibilidad legal de acceder a la libertad condicional, desaparición de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para establecer el control de todo lo referente a nuestr@s familiares en la Audiencia Nacional, alejamientos masivos a las cárceles
más alejadas de Euskal Herria. A partir del año 2006, a decenas de pres@s se les ha impuesto la reforma conocida como "Ley Parot", que suprime los beneficios sobre las penas y los retiene en prisión aun y cuando la hayan cumplido en su totalidad, así hasta mantenerlos durante 30 años en prisión.

Los derechos de las personas presas no pueden estar condicionados a intereses políticos. Son derechos fundamentales y deben ser siempre respetados. No se puede jugar con ellos, manipularlos ni someterlos
a contrapartidas. Y mucho menos establecer leyes que los hagan desaparecer, no al menos en un Estado de Derecho. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo; hasta ahora existía una ley que era sistemáticamente incumplida. Ahora van más allá: para que nadie pueda continuar acusándoles del incumplimiento de sus propias leyes, las han reemplazado por otras que se amoldan a sus prácticas habituales. Hasta ahora, existían leyes formalmente democráticas y prácticas antidemocráticas. Ahora existen leyes sencillamente antidemocráticas, reaccionarias, absolutamente ajenas a los estándares internacionales.

En cuanto al Estado francés, la ley de 1985 puso en marcha una política hasta entonces desconocida, vino a dar cobertura legal a una política especial. Desde entonces, a los vascos se les aplica una jurisdicción
especial para ser detenidos, inculpados, encarcelados y juzgados. Ahí está el inicio de la política de dispersión y alejamiento de los PPV. A partir del año 1996, un cambio en el Código Penal galo posibilitó la definición del término "acción terrorista" y su consiguiente tipificación. El corolario de esos cambios legales fue la reforma, en dos fases, impulsada por el ministro Dominique Perben entre 2002 y 2004, cuyo traslación al ámbito de las prisiones fue la creación, en 2005, del Juge d’Application des Peines (JAP), auténtico homólogo del Juzgado de Vigilancia Central sito en la Audiencia Nacional española. Esos cambios han endurecido las condenas y deteriorado las condiciones de vida en las prisiones francesas.

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Etxerat

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