Por Miguel Urbán y J.M Municio

Dichas propuestas se enmarcan en las directrices dadas por el gobierno a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, directrices encaminadas a secuestrar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, seguir deprimiendo su salario, penalizar a los trabajadores enfermos, avanzar en una mayor desregulación de las condiciones de trabajo y precarización del empleo.

Lo que hay en juego en esta lucha es, una vez más, la defensa de un Servicio Público. A pesar de su conversión en Sociedad Anónima en 2001, Correos sigue teniendo un 100% de capital público. La aplicación en el Estado Español de la “directiva postal” europea de 2008, a través de la Ley postal de 2010, ha presionado para ir eliminando o reduciendo progresivamente el concepto Servicio Público y para favorecer a los grandes operadores privados del sector. Por ejemplo, se ha obligado a Correos a ceder sus instalaciones a los operadores privados. Este Servicio Público es el que permite que cualquier ciudadano pueda tener derecho a unas comunicaciones por carta a precios razonables o a poder recibir correspondencia en zonas de baja densidad de población, que siguiendo criterios meramente empresariales o de rentabilidad serían abandonadas.

La Ley de 2010 del PSOE ya avanzó en el abandono de dicha tarea y los recortes y apuesta por las privatizaciones del gobierno PP están avanzando en la misma dirección. Cualquier ciudadano habrá podido sufrir los recortes en oficinas, buzones o incluso la falta de regularidad en la entrega de sus envíos, eso por no hablar del abandonado sector rural, con pueblos enteros a los que se quiere forzar a tener que ir a recoger su correo en zonas concentradas alejadas. Es verdaderamente inmoral que una empresa pública que en 2013 ha declarado beneficios millonarios y que está financiada en parte por la partida del Servicio Postal Universal asignada en los Presupuestos Generales del Estado, este sistemáticamente incumpliendo sus obligaciones con la ciudadanía. Es inaceptable que en un país con casi 6 millones de parados, una empresa pública con beneficios haya destruido un 20% de sus empleos en los últimos 6 años y su tasa de temporalidad sea superior al 15%.

Estas políticas están siendo acompañadas de un endurecimiento del régimen sancionador de la empresa y de una intensificación de los ritmos de trabajo. Hace poco salto a la luz pública la denuncia penal contra varios directivos de Correos por los casos de aborto de carteras embarazadas obligadas a salir a reparto. Los mismos directivos de Correos, cuyos complementos por productividad y otras partidas salariales son opacos, son los que no han dudado en poner su firma para despedir trabajadores con bajas justificadas por enfermedad en aplicación de uno de los aspectos más crueles de la reforma laboral de 2012. Cuando se habla de acabar con la Casta, hay que extender esa reivindicación a aquellos que trabajan en empresas públicas, patrimonio de todos, y que no dudan en deteriorarlas y trabajan permanentemente para facilitar su privatización. Recientemente ha saltado a la prensa que el tribunal de Cuentas investiga el presunto despilfarro de 76 millones de euros en compra de oficinas sin uso posterior ¿quién se ha beneficiado de esas operaciones? ¿quién se ha beneficiado de la privatización de partes del negocio que antes se realizaban por personal del propio Correos?.

Lo que hay en juego en la pelea del IV Convenio es continuar con la política de deterioro del servicio público reduciendo la plantilla y precarizando el empleo, continuar con una política de fraude sistemático a la ciudadanía cobrando por plazos que sistemáticamente se incumplen, continuar con la política de represión a la plantilla para disciplinarla y derrotarla en aras de una futura privatización o frenar esos planes con un Convenio que garantice un aumento del empleo y fortalezca una plantilla que a su vez sea la mejor garantía para ofrecer un Servicio Público y de calidad.

Para esta pelea se necesitará el aliento y simpatía de la ciudadanía, también la coordinación con los trabajadores de empresas públicas sometidas a las mismas políticas y cómo no, la incorporación de un espíritu verdaderamente democrático a la lucha. Venimos de años de firmas de malos convenios sin consultar a los trabajadores. La sociedad está demandando regeneración democrática, ese sentir debe entrar en los centros de trabajo, cualquier convenio debería ser sometido al sentir de los trabajadores mediante fórmulas como referéndums.

La lucha de los trabajadores de correos no es una lucha sectorial o corporativa; es una lucha que se enmarca en un debate más profundo: ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Una al servicio de una minoría depredadora o una al servicio de la gente? Tenemos que demostrar que podemos ganar también en el plano laboral, que frente a su miseria y a su expropiación de lo que es de todos, respondemos con solidaridad. Y así, con victorias, frenando sus proyectos de destruir lo publico, vamos construyendo la forma de gobernar a la que aspiramos.

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