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Una auditoría truncada

Martes 26 de marzo de 2019. Nodo50 | Descargar artículo en PDF

Fuente: CTXT

Por Andrés Villena y Marta Luengo

El despido del concejal que desnudó el expolio del PP en Madrid abortó la promesa electoral de Manuela Carmena.
El Gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital y, en particular, su Delegación de Hacienda hasta diciembre de 2017, realizó una auditoría de la descomunal deuda contraída por el consistorio madrileño en el periodo 2003-2015, sobre todo durante los ‘felices años de Gallardón’, una etapa en la que una enorme pantalla de obras faraónicas tapó un esquema no menos organizado de expolio de las arcas públicas al servicio de una potente red de reinos feudales, que multiplicaron la deuda consistorial por siete entre 2002 y 2012, llegando a 7.700 millones de euros, un ‘endeudamiento obligatorio’, independiente de la crisis y escasamente sensible con el bienestar mayoritario.

El gobierno liberal-centrista del que luego sería ministro de Justicia provida ocultaba, en realidad, el secuestro financiero de Madrid, una de las ciudades con mayor potencial económico y cultural de Europa, que había quedado encadenada a un régimen de subdesarrollo institucional. “Uno de cada tres euros del presupuesto en 2014 iban destinados al pago de la deuda, lógicamente, en detrimento de la no realización de otras políticas públicas necesarias”, afirma el exconcejal Carlos Sánchez Mato, que insiste en que lo que importaba no era tanto la reducción de dicha deuda –un 40% inferior tras su gestión–, como el refuerzo de los ingresos y, sobre todo, qué se hacía con estos últimos.

Junio de 2015: abrir los cajones

En el mes de junio de 2015 se consumó el final del antiguo ‘statu quo’. La alcaldesa Manuela Carmena había logrado formar un gobierno municipal renovador, expulsando, tras casi tres décadas, a la derecha del Ayuntamiento con mayor presupuesto de España, 5.500 millones anuales, aproximadamente. Habían sido seis mayorías absolutas consecutivas, docenas de obras pantagruélicas y dos candidaturas olímpicas fracasadas.

La coalición vencedora había prometido en campaña realizar una auditoría sobre las cuentas municipales, sobre el origen de la deuda contraída, pero también sobre las políticas públicas aplicadas a lo largo del periodo anterior.

No era, defienden sus promotores, una revancha para ver dónde se había gastado el dinero, sino que pretendían construir un marco analítico que permitiese exigir otras formas de gobierno: “El PP había hecho de la corrupción una forma estructural de gobierno, eso es cierto, pero se trataba, más bien, de generar un método, un procedimiento que nos permitiera auditar políticas públicas fueran de quien fueran, extrayendo conclusiones sobre su utilidad. Y que los que vinieran después también pudieran auditarnos a nosotros”, afirma Yayo Herrero, una de las principales impulsoras del proyecto desde su papel como asesora experta.

La Auditoría Ciudadana de la Deuda y las Políticas Públicas de Madrid se ponía en marcha en el verano de 2015 con el apoyo municipal del Partido Socialista, el asentimiento dubitativo de Ciudadanos y la negativa del PP de Esperanza Aguirre, que abandonaría la política poco después. Dependiente de la Concejalía de Hacienda, la auditoría fue asesorada por un consejo de expertos, administrativamente independientes, pero mayoritariamente convergentes en sus perfiles ideológicos, lo que la oposición conservadora y los medios afines procedieron a denunciar empleando todo tipo de argumentos.

Los ‘impactos’: más allá del expolio financiero

Dicho consejo elaboraba criterios para la contratación de informes que permitieran conocer el impacto que la deuda y su amortización posterior habían producido en materias como el empleo, el medioambiente o el género.

Esto último parece novedoso, pero una breve reflexión permite hacerlo evidente: la contratación de obras con sobrecostes repercute en beneficios para una serie de entidades, suponiendo una merma de recursos económicos y financieros para políticas públicas necesarias, como, por ejemplo, la atención a las víctimas de violencia de género, el cuidado de la biodiversidad de la vegetación urbana, o la atención dirigida a un diseño y desarrollo urbanístico capaz de amortiguar el efecto de las crecientes olas de calor sobre la población madrileña.

Dilapidar recursos públicos no solo destruye oportunidades económicas –empleo, inversiones productivas, sociales…–, sino que también genera impactos medioambientales y de género. Yayo Herrero, miembro del Consejo Asesor, considera que para ello no sirve fijarse solamente en la actividad de la Delegación de Medioambiente, sino principalmente en el efecto que la política de Urbanismo y Transportes, entre otras áreas, tienen en la movilidad urbana, en la salud de las personas, en el bienestar general, etc.

Unos aspectos clave de la vida cotidiana que, además, inciden de manera distinta en función de la edad o del sexo. En este sentido, la profesora Bibiana Medialdea, presidenta del mismo consejo, afirma que, al margen del evidente “impacto financiero”, se pudieron detectar intervenciones municipales “ciegas al género” que ignoraban “las asimetrías de partida”, manifiestas, por ejemplo, en las carencias en relación con los cuidados, ámbito de la vida social y familiar que aún no ha obtenido un reconocimiento político y económico acorde a su importancia.

La galería de los horrores clientelares

Los horrores financieros se confirmaron desde el principio: todo un índice de intercambio de favores y servicios entre una institución democrática y una red de grandes poderes que nunca se presentan a las elecciones. Y que resultaba, al final, injustificadamente caro. “La derecha, más que gestionar bien, como da a entender la teoría económica dominante, ha robado ‘legalmente’ dinero, que pasaba de las arcas públicas a manos privadas. Uno de los mejores ejemplos es el de los edificios que pertenecían inicialmente al Ayuntamiento, que este vendió y que después pasó a alquilar, pagando sumas astronómicas por lo que antes no tenía que pagar nada”, afirma Eduardo Garzón, por entonces asesor en el área de Hacienda y uno de los mayores impulsores técnicos del proceso de auditoría.

Garzón realiza una importante aclaración, refiriéndose a un fenómeno de “corrupción legalizada”, ni moral ni democráticamente legítimo: el caso anterior es “perfectamente legal”, pero eso no oculta que suponga la desviación de ingentes recursos –se acabó pagando por el alquiler diario del edificio de la calle Alcalá 45 un total de 18.400 euros, cuando este había sido anteriormente de propiedad municipal.

Una miríada de ejemplos similares pueblan las anotaciones de la auditoría: se llegó a pagar más de 20 millones por el ‘Proyecto Mástil’, un software de gestión tributaria que, con familiares y afines al PP de por medio –incluida la ubicua empresa Indra–, jamás llegó a ponerse al servicio del consistorio por parte de las empresas concesionarias que, según afirma Garzón, han explotado por su cuenta los beneficios de dicho servicio.

No podía faltar el fútbol. El estadio municipal de La Peineta fue entregado al Atlético para su libre uso –un regalo ‘de facto’–, con la sospechosa contraprestación de seis millones de euros en entradas. Sánchez Mato declara que “los clubes de fútbol se han lucrado a fondo de la ciudad y su gente. Florentino Pérez me decía que qué más me daba a mí que hubiera 60 metros de Castellana a lo largo del Bernabéu que pasaran a ser del club”.

La Unión Europea acabó multando al Real Madrid por una venta irregular de dos parcelas al consistorio: “Yo recibí muchas presiones, incluso desde dentro, para que no le cobrara la multa a Florentino Pérez. Y la multa se cobró: 24 millones de euros para mejorar los presupuestos de la ciudad”, recuerda Mato.

No era una cuestión de colores: la afición rojiblanca del concejal de Hacienda tampoco impidió al Consistorio cobrar 60 millones de euros al Atlético de Madrid por La Peineta: “Gil Marín y su equipo creían que no lo iban a tener que pagar: veían todo esto como algo absolutamente normal”.

Las grandes corporaciones parecían acostumbradas a un trato que ahora se les volvía hostil, y algunas, como las grandes distribuidoras, horrorizadas por tener que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, llegaron a amenazar con marcharse de Madrid. Hubo incluso quien juró no parar hasta acabar con el concejal de Hacienda. Sánchez Mato no niega esta promesa, cumplida finalmente: “He sufrido todo tipo de amenazas en las reuniones. Gente del BBVA que, por mi oposición a la Operación Chamartín, me decían que me iban a hundir, a arruinarme la vida. Esto refleja una salud democrática muy débil: el matrimonio entre poderes financieros, inmobiliarios y políticos genera cuantiosísimos negocios”.

Eduardo Garzón destaca dos casos como paradigmas de la extracción clientelar de rentas a los madrileños. En primer lugar, la ya conocida venta de viviendas al fondo buitre Blackstone, que se realizó por la mitad del precio real de los inmuebles y sin respetar las condiciones pactadas con esta multinacional. “En la primera etapa del concurso salió ganadora una empresa que no tenía relación con los entonces gobernantes del Ayuntamiento. Aquel concurso fue casualmente repetido para que al final ganara quien tenía que ganar”. Blackstone mantiene un entramado relacional y un implícito acuerdo con otros fondos buitre que han logrado grandes plusvalías en la España en crisis: por un lado, Lazora-Goldman Sachs, conectada con dirigentes de la Comunidad de Madrid; por el otro, Cerberus, dirigido en España por José María Aznar Botella, el hijo de la alcaldesa bajo cuya gestión se adjudicaron las viviendas sociales a Blackstone.

En segundo lugar, Garzón destaca la construcción de la M-30, camuflada bajo la denominación ‘Madrid Calle 30’ para sortear el cumplimiento de la normativa ambiental. El periodo de construcción de la M-30 se había comprimido en cuatro años para contribuir a revalidar la mayoría absoluta de Gallardón en 2007, lo que llevó a que las obras se encarecieran un 42%, fallecieran seis trabajadores y se culminaran sin la necesaria Declaración de Impacto Ambiental, un requisito ineludible.

No faltaría la gran diva de la euforia financiera: Lehman Brothers, que, con Luis de Guindos como presidente para España, concedería un carísimo empréstito al Ayuntamiento en 2006. Dicho empréstito estuvo plagado de irregularidades y de condiciones que se modificaban sobre la marcha, con una oferta competidora que acabó desapareciendo. Que Luis de Guindos tuviera a su hermano Antonio como mano derecha de la entonces concejala de Medio Ambiente, Ana Botella, alcaldesa desde 2012, es solo una casualidad que, no obstante, debe ser mencionada.

La familia es una importante unidad de convivencia, como quedaría reflejado en el rescate público del aparcamiento del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, donde el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón y sus hijos habían aprendido sus primeras nociones sobre el mundo. La gestión de las tres plantas del aparcamiento fue adjudicada al consistorio por una generosa suma hasta 2029. Unas plantas de parking que han permanecido prácticamente vacías, sin generar apenas ingresos.

Una burocracia rendida

¿Pero puede un partido poner en marcha un esquema moralmente delictivo al margen de los controles de la Administración? Para Carlos Sánchez Mato, el resultado ha sido lamentable: “Se lo tragaron todo. Cualquier proceso de contratación pública es tediosísimo, hasta adquirir un simple corcho para la pared, pero los grandes elefantes circulan por los despachos sin ningún problema”.

A este doble rasero fiscalizador se añade el poco inocente fenómeno de la ‘puerta giratoria’: “Personas que están en un momento dado cumpliendo una función de contratación o de fiscalización de enormes cantidades de dinero púbico acaban en el otro lado. ¿Por qué? Yo creo que si eres absolutamente escrupuloso con los fondos públicos, no te llevas precisamente palmaditas en la espalda de las grandes compañías, como me ha pasado a mí”.

La planificada escasez de medios públicos y el poder persuasivo y punitivo del binomio empresa-política se había convertido en un rodillo imparable durante aquellos años: “Los mecanismos de supervisión son insuficientes. Los interventores y los servicios jurídicos se limitan a trabajar con los documentos que han recibido, pero estos no tienen por qué coincidir con lo que ha ocurrido en realidad. Por ejemplo, la empresa constructora de la M30 se comprometía a través de varios documentos a pagar unos diez millones de euros al año, durante varias décadas, por una serie de cámaras de seguridad, algo que se atenía a la legalidad. ¡Pero esas cámaras no existían!”, afirma Eduardo Garzón.

Un “agujero negro institucional”, en palabras de Garzón, que subraya también los incentivos y las presiones a los funcionarios que se adhirieran o no a las distintas grandes operaciones. “Además, Gallardón aprobó una subida salarial a todos los empleados públicos sin parangón en ninguna otra administración pública, con la que también se ganó el favor de muchos de estos empleados”.

Pero la estrategia requería de refuerzos en forma de cargos a dedo: “Muchos de los dirigentes públicos más importantes para la estrategia se los trajo Gallardón de la Comunidad de Madrid. En la Comisión de Investigación salió a relucir que el equipo de Gallardón tenía planificado el soterramiento de ‘Madrid Calle 30’ antes incluso de que este llegara al Ayuntamiento, precisamente en connivencia con las mismas empresas e ingenieros que habían acometido una operación similar, de enorme envergadura, en torno a Metro de Madrid”, sentencia Garzón.

Despedida y cierre: ¿derrota política o victoria moral?

Pese a las cientos de páginas del Informe Preliminar de marzo de 2017, a los primeros estudios sobre impactos e, incluso, a un incipiente ejercicio de participacion ciudadana que se estructuró mediante mesas de distrito en numerosos barrios de Madrid, la auditoría ha tenido una vida efímera, si nos atenemos a sus objetivos iniciales. El combate político entre los partidos, e incluso entre las formaciones dentro de la coalición gobernante y los intereses económicos implicados acabaron por dar al traste con esta iniciativa.

En diciembre de 2017, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cesaba al concejal Carlos Sánchez Mato frente a las acechantes amenazas del Ministerio de Hacienda comandado por Cristóbal Montoro, al que no bastaron las continuas concesiones financieras del consistorio. “A mí me cortaron la cabeza por lo que estábamos desmontando y, encima, en un municipio como Madrid, con el enorme efecto de arrastre que eso puede tener en otros lugares. Ha sido una combinación de muchas circunstancias, pero es evidente que este hecho ha obligado a virar al gobierno municipal en algunas políticas que estaban siendo muy incómodas para el ‘statu quo’. Nadie está libre de estas redes de poder”.

La auditoría se interrumpió con la dimisión del consejo asesor, que se extraña de la pasividad del equipo consistorial y, en particular, del posterior concejal de Hacienda, Jorge García Castaño –que no ha respondido al ofrecimiento, por distintos canales, para expresar su punto de vista en este reportaje.

“Imagino que, en esta nueva etapa, no han tenido interés por cumplir este acuerdo de campaña. El nuevo concejal nos dijo que nos contestaría. A mí me dio la sensación de que se iba a producir un cierre para salvar los muebles. Los que formábamos el consejo nos sentimos incómodos: queríamos rigor y no hacer un paripé, por lo que decidimos cerrarlo”, afirma Yayo Herrero, que se ha quedado con una sensación “agridulce”, en parte por el potencial de la auditoría y en parte por la falta de interés del resto del equipo de gobierno.

“La gente, en general, no se ha enterado”, lamenta Garzón. “Nuestro objetivo no era reducir la deuda, sino poner a disposición esos recursos para la mayoría de la población. Aunque hiciéramos hincapié en esto último, en cómo emplear el dinero recaudado, y en que la reducción de la deuda era una consecuencia secundaria, todos los medios subrayaban únicamente que ‘Carmena’ lograba reducirla. Y creo que esto no obedece a una intención necesariamente política, sino al permanente error de equiparar una administración pública a una familia: reducir la deuda familiar es algo positivo, pero no tiene que serlo en el caso de un ayuntamiento”.

Las elecciones de mayo decidirán quién toma o retoma el timón del mayor consistorio de España, pero el futuro de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas parece sentenciado, pese a la lección económica que revela. Para quienes estén preparados.

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