Por Jonathan Martínez

Pasó el verano y el 13 de octubre todos los servicios informativos de la noche abrieron con la misma noticia. A las seis de la tarde, la Policía española había rodeado la sede del sindicato LAB y se había llevado detenidos a nueve dirigentes de la izquierda abertzale. Después de escuchar sus declaraciones, Baltasar Garzón encarceló a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez. El magistrado acusaba a los impulsores de Bateragune de formar parte de ETA. Su argumento era que los acusados pretendían forzar un alto el fuego y concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

El 19 de junio acudí a Arrigorriaga para mostrar mi contrariedad con el asesinato de Eduardo Puelles. El 17 de octubre acudí a Donostia para mostrar mi contrariedad con la redada de Garzón. Entre ambas manifestaciones había un eje de sentido común que representaba los anhelos de la mayoría vasca. El deseo de que ETA abandonara las armas de una vez por todas y el deseo de que la izquierda soberanista e independentista tuviera derecho a acudir a las urnas. Quedaban y siguen quedando otras cuentas pendientes, pero estos dos requisitos eran ya clamorosos.

Hay una frase legendaria de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre el derecho de la izquierda vasca a concurrir a las elecciones. “O bombas o votos”. Pocos recuerdan, sin embargo, la coda que explica lo que habrá de suceder en los próximos días. "O rompen drásticamente con ETA o convencen a ETA de que deje unilateralmente la violencia". Era 2010 y por entonces muchos nos implicamos en hacer posible la segunda opción. Que ETA hubiera continuado activa como grupúsculo kamikaze no solo era una posibilidad nefasta sino que además nos recordaba a la experiencia irlandesa del IRA Auténtico.

Fueron días convulsos. Impulsamos plataformas por los derechos humanos, civiles y políticos como Adierazi EH. Convocamos el Acuerdo de Gernika para que ETA decretara un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional" con la colaboración del Gobierno español. Mientras forzábamos la paz, algunos de nuestros compañeros terminaron en prisión con pruebas prefabricadas y bajo acusaciones que después se demostraron falsas. Una vez fracasada la negociación de 2006, al Gobierno español ya solo le interesaba escenificar que ETA desaparecía por obra y gracia de la acción policial y no gracias al trabajo de la sociedad civil. No les importó encarcelar a personas inocentes para demostrarlo.

Estos días he recordado el relato que hizo Jesús Egiguren de sus negociaciones en Ginebra y en Oslo con los interlocutores de ETA. En marzo de 2006, el dirigente del PSE se mostraba satisfecho de sus conversaciones con Josu Urrutikoetxea y daba por hecha la paz. Aquella esperanza, siempre según Egiguren, se frustró cuando Urrutikoetxea desapareció de la mesa. Después llegó el atentado de la T4 y mucho después ETA asesinó a Isaías Carrasco en Arrasate. No por casualidad, el edil guipuzcoano era amigo de Egiguren.

Cualquiera con alguna capacidad de observación comprenderá que el camino hacia la paz pasaba al menos por dos logros. Que las posiciones de Arnaldo Otegi se extendieran en la izquierda abertzale y que las posiciones de Urrutikoetxea se impusieran en ETA. Lo primero ocurre el 16 de febrero de 2010, con Otegi en prisión, cuando la izquierda abertzale presenta el documento Zutik Euskal Herria después de un intenso debate interno. Lo segundo ocurre, digamos, el 5 de septiembre de 2010, cuando ETA anuncia que ha decidido “no llevar a cabo acciones armadas ofensivas” tal y como se lo han reclamado los promotores de lo que terminará siendo Bildu.

El 17 de octubre de 2011, personalidades como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gerry Adams o Jonathan Powell ofician en Donostia la Conferencia de Paz de Aiete. ETA responde tres días después con una declaración del “cese definitivo de su actividad armada". En el proceso de pacificación, y entre las zancadillas de la caverna, han participado mediadores internacionales como el sudafricano Brian Currin o el ex jefe de Interpol Raymond Kendall. El 8 de abril de 2017, ETA entrega sus armas a representantes de la sociedad civil ante los ojos de la prensa mundial y 20.000 personas se reúnen en la localidad vasca de Baiona para celebrarlo.

El camino hacia el desarme es largo y accidentado, pero hay un episodio paralelo que ahora cobra sentido. El 1 de marzo de 2016, Arnaldo Otegi abandona la prisión de Logroño después de seis años y medio de encierro. El 7 de noviembre de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a sentenciar que España vulneró el derecho de Otegi a un juicio justo. Tenemos que esperar al 31 de julio de 2020 para que el Tribunal Supremo anule la sentencia. Esto quiere decir no solo que Otegi fue injustamente encarcelado sino que además la justicia española arrebató al líder independentista su derecho a optar a la lehendakaritza en las elecciones del pasado 12 de julio.

Ahora que se confirma que los cinco de Bateragune no debieron haber pisado jamás la prisión, varias voces notables del progresismo español han decidido poner la lupa sobre la figura de Josu Urrutikoetxea, que ha sido excarcelado y empujado al arresto domiciliario debido a su estado grave de salud. En un doble juicio que deberá repetirse en octubre, Francia lo acusa de haber liderado ETA entre 2011 y 2013. Es decir, le reclama ocho años de prisión por haber organizado la disolución de ETA y haber abierto las puertas al desarme.

En un sector del progresismo francés, la detención de Urrutikoetxea fue considerada un disparate. El 30 de mayo de 2019, el diario izquierdista Libération publicaba una tribuna bajo el título “En apoyo de Josu Urrutikoetxea”. Lo escriben reputados académicos como Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Toni Negri o Jacques Rancière. Los firmantes denuncian un “golpe a la inteligencia política, al concepto de justicia, al compromiso en favor de la reconciliación de los pueblos” y denuncian que la trayectoria de Urrutikoetxea ha sido “instrumentalizada por los poderes políticos y estigmatizada por los medios de comunicación”. No se puede admitir, dice la carta, que “frente a la altura moral de Josu Urrutikoetxea para poner fin a un conflicto armado se le imponga este desprecio y humillación”.

El artículo no sentó bien a algunos notables españoles y ocasionó una carta de rechazo firmada por Fernando Savater, Fernando Aramburu, Cayetana Álvarez de Toledo y Carlos Martínez Gorriarán, entre otros. Mientras tanto, Urrutikoetxea sumaba adhesiones con un manifiesto de 65 personalidades que exigían su liberación inmediata. Suscriben la petición nombres como Noam Chomsky, Slavoj Žižek o Susan George. El manifiesto, que no consiguió difusión en España, considera a Urrutikoetxea “un artesano de primer orden en el fin de la lucha armada en el País Vasco y el promotor de una resolución justa y duradera del último conflicto armado de Europa occidental”.

Mientras un buen puñado de intelectuales notorios de todo el mundo se han alineado con la resolución del conflicto vasco, buena parte del progresismo español ha decidido guardar un discreto silencio o, peor aún, se ha alineado con el discurso más pestilente de la cloaca mediática. La mayoría ha absorbido sin contemplaciones el argot policial y llama “Ternera” a Urrutikoetxea. Otros lo despachan con insultos de brocha gorda. Algunos, incluso, le imputan crímenes sin prueba ni condena que sostenga sus acusaciones. Todo vale excepto el pensamiento crítico.

La mayoría de las invectivas contra Urrutikoetxea apelan a su papel durante los años ochenta y se basan en una investigación extemporánea del magistrado Ismael Moreno. Moreno es un expolicía franquista reconvertido en juez de la Audiencia Nacional. El mismo que mandó encarcelar a los titiriteros por una obra de teatro satírico. El mismo que pidió hasta nueve años de prisión contra Amadeo Martínez Inglés por un artículo sobre el rey emérito. El mismo que se negó a juzgar al grupo ultraderechista Falange y Tradición después de sus amenazas de muerte contra independentistas vascos. El mismo que mandó detener al concejal de la CUP Joan Coma por un discurso a favor de la independencia tras una denuncia del neofascista Josep Anglada.

Moreno sostiene que Urrutikoetxea dio la orden de atentar contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 y por eso reclama su extradición. Lo cierto es que Urrutikoetxea se incoporó a ETA en 1971. Participó indirectamente en el atentado contra Luis Carrero Blanco. El 5 de junio de 1975, mientras el juez Moreno trabajaba como inspector de la Policía de Franco, un comando parapolicial trató de asesinar a Urrutikoetxea. El ultraderechista francés Marcel Cardona murió víctima de sus propios explosivos. Urrutikoetxea va a desempeñar un papel en las negociaciones de Argel entre ETA y el Gobierno español hasta que la policía lo arresta en Baiona en 1989.

El 14 de enero de 2000, tras once años preso, el Tribunal Supremo considera que Urrutikoetxea ha pagado ya todas sus causas pendientes con la justicia. El ex convicto, que fue elegido parlamentario de Euskal Herritarrok durante la tregua más larga de ETA, puede asumir ahora su cargo y desentenderse de su pasado militar para apostar por las vías políticas. O eso cree todo el mundo hasta que el juez Moreno decide crear una nueva causa en su contra. ¿En qué se basa a estas alturas Moreno? En las acusaciones de Soares Gamboa, miembro de ETA converso que a pesar de que se enfrenta a más de 2.000 años de cárcel, fue inmediatamente premiado con el tercer grado y lo llevaron a cumplir condena cerca de su familia. ¿Cuándo reabre la causa el magistrado ultraconservador? Cuando PP y PSOE preparan la ilegalización de Euskal Herritarrok y andan buscando incriminar a la coalición con indicios terroristas.

No tengo ninguna intención de demostrar la inocencia de Urrutikoetxea, que cada palo aguante su vela. Eso sí, no estoy dispuesto a admitir que la alcantarilla policial y judicial construya nuevas acusaciones a la carta con pruebas más que cuestionables o que articulistas de apellido progresista atribuyan con alegría crímenes por los que ya han sido condenadas otras personas. A la izquierda que crea opinión en España no le pido que aplauda la biografía de Josu Urrutikoetxea. Yo tampoco me siento obligado a compartirla. Lo único que reclamo es que cuando alguna voz progresista quiera pronunciarse sobre el conflicto vasco, sus palabras puedan distinguirse del relato oficial que ha construido a su medida el fango derechista.

El pasado 31 de julio, el mismo día que se anulaba la condena contra Bateragune, se nos moría en Usurbil el académico de la lengua vasca Joan Mari Torrealdai. Fue consejero de Egunkaria y lo torturó la Guardia Civil después de que la apisonadora judicial lo acusara de terrorismo con pruebas sacadas de una chistera. Torrealdai falleció con la convicción de que el cáncer que padecía era consecuencia de su paso traumático por los sótanos policiales de Madrid. Ya en 2012, Estrasburgo condenó a España por no investigar las torturas infligidas a su compañero Martxelo Otamendi. La historia de nuestro país está llena de violencia pero también de abusos judiciales y de silencios mediáticos. En estos días, algunas firmas de izquierdas han sepultado los abusos contra Otegi y Torrealdai con el pretexto de Urrutikoetxea y con argumentos de la misma judicatura que abusó de Otegi y Torrealdai.

El 5 de septiembre de 2010, me senté a comer con varias llamadas en el teléfono. Me dijeron lo que ya sabía que estaba a punto de ocurrir, que ETA había anunciado en la BBC el principio de su propio fin. En aquel momento experimenté el privilegio de estar formando parte de algo grande y pensé en el alivio que debieron de haber sentido tantas personas amenazadas que todavía caminaban con escolta por nuestras calles. Han pasado ya casi diez años de aquello y, a pesar de todo, todavía hemos visto demasiado sufrimiento por el camino.

Alguna gente piensa que la resolución de un conflicto armado cae del cielo por alguna clase de milagro inexplicable. Alguna gente se pasa la vida exigiendo pasos que ellos mismos no son capaces de emprender. Yo ahora solo pienso en todas las personas que se han comprometido durante todos estos años para que la paz sea posible, en toda la gente que nos acompañó en ese camino, algunos a un precio demasiado alto, otros ni siquiera llegaron a ver los frutos de sus esfuerzos. Gente que aún espera a que sus padecimientos encuentren alivio. Gente que aún hoy pone su mejor empeño en construir un futuro compartido. Si alguna vez nos hemos equivocado, que nos perdonen. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Pero por favor, no nos pisen lo fregao hasta que se seque.

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