Alvar Chalmeta. Diagonal

Hay una “realidad poco conocida en el Estado español : las dificultades y riesgos de la labor de defensor de derechos humanos, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen que ver con la denuncia de maltratos y torturas. A día de hoy, se registran un número más que considerable de casos de descalificación, obstrucción y criminalización”. Así de contundente empieza el informe que acaba de hacer público la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

Formada por 44 organizaciones sociales, profesionales y universitarias del Estado español, de procedencia muy diversa pero con una acreditada trayectoria, la Coordinadora ha querido hacer sonar la voz de alarma recopilando casos que se han producido durante los últimos diez años. “Hemos considerado que por su volumen y gravedad era necesario hacer pública esta realidad”. Y eso que en el propio informe reconoce que no ofrece más que “una reducida realidad, la conocida solamente a través de los casos de los que hemos tenido información”.

Los más de 20 casos recogidos van desde los insultos y descalificaciones, hasta la interposición de acciones judiciales, pasando siempre por la obstaculización y a veces prohibición para desarrollar las tareas de los organismos señalados. Así, uno de los casos reseñados son las amenazas recibidas en 2000 por miembros de la Asociación Contra la Tortura (ACT), que aparecieron en un grupo de noticias público de internet ligado a policías nacionales y en las que se incluían datos concretos y personales de los miembros de la ACT. Las amenazas se prolongaron posteriormente con llamadas telefónicas. Otro de los casos es la condena en 2006 por el Supremo a la Coordinadora de Barrios de Madrid y a los padres de un menor al pago de más de 10.000 euros, en concepto de costas. El alto tribunal había desestimado los recursos que éstos había presentado contra la absolución de cinco empleados del Centro de Menores Renasco y de la Comunidad de Madrid, acusados de haber lesionado a un menor. Y eso a pesar de que una sentencia judicial reconocía que uno de los acusados golpeó en el ojo al joven, si bien el agresor no pudo ser identificado.

Pero los episodios que más preocupan a la Coordinadora son aquellos en los que el denunciante pasa a ser denunciado. Y más concretamente “cuando la acusación penal que pesa sobre los defensores de derechos humanos es la de terrorismo. Esta última categoría se presenta como relativa novedad en expansión en el caso del Estado español. Se trata de un hecho de extrema gravedad ya que se produce un salto substancial en la criminalización”.

Aquí la Coordinadora cita como caso más grave el juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional contra 27 personas acusadas de terrorismo por formar parte de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, dos organizaciones vascas de apoyo a las y los presos de la izquierda abertzale y de denuncia de la represión (ver DIAGONAL nº 77).

Y es que si hay algo que está quedando claro en la vista oral por el sumario 33/01 es que en el centro están las denuncias de torturas. Tras haber renunciado los acusados en la primera sesión a la defensa judicial, la vista quedó durante unos días en manos de las acusaciones.

Éstas presentaron como elementos incriminatorios los testimonios obtenidos en dependencias policiales de varias personas acusadas de relación con la lucha armada. En la sala los testigos volvieron a afirmar que sus declaraciones incriminatorias fueron dictadas por la policía a lo largo de sesiones de torturas. Días después, cuando llegó el turno de los pocos testigos presentados por las defensas, los testimonios volvieron a girar en torno a las torturas. Los relatos de las violencias fueron estremecedores. Quizás por eso la presidenta del tribunal, hasta entonces permisiva, empezó a limitar las declaraciones de los testigos.

Cada vez más casos

Según el Informe de la Coordinadora para la Prevención de la tortura, “son cada vez más numerosos los casos en los que, desde diversos estratos de los poderes públicos y en ocasiones sindicales, se desarrollan estrategias de obstrucción, descalificación y criminalización de aquellos organismos, ya sean sociales, ya profesionales, de derechos humanos dedicados a la tarea de denunciar y hacer visible la lacra de la tortura y otras formas de violencia institucional”. Las causas : “la nula voluntad de reconocer la existencia de malos tratos”. Los efectos : “en primer lugar, la impunidad en la que se asienta la tortura”.

Fuente: Diagonal

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Más información:

• Informe sobre la decalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en el Estado español. Coordinadora para la Prevención de la Tortura

• Muertes bajo custodia en lo que va de año (2008). Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura

• Muertes bajo custodia en el Estado español (2001-2004). Coordinadora de Barrios

• Página web de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura

• Página web del Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura

• Página web de la Coordinadora de Barrios

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