Por Ángeles Diez, Dra. CC. Políticas y Sociología

Al igual que el buitre leonado el Estado franquista encontró la posibilidad de mantenerse y reproducirse en la Península ibérica gracias a la deforestación ideológica que supuso la Transición. Una Transición que fue calificada en Europa de modélica precisamente porque el molde franquista se adaptó sin rupturas a los nuevos tiempos, e hizo que encajaran todas las piezas del puzle nacional pagando un bajo precio por la operación de maquillaje. Algunas figuras franquistas fueron relegadas a un segundo plano, los militares más recalcitrantes pasaron a la reserva, las élites nacionalistas aceptaron una moratoria en sus reivindicaciones, un nuevo y fulgurante PSOE asumió el desbroce ideológico y un PCE europeizado hizo comulgar a sus bases con la monarquía después de hacer un mal diagnóstico del estado de salud del franquismo.

Así pues, la Transición se convirtió en un sinfín de transacciones y componendas. Todos entraron en el juego, unos con más capital que otros (capital ideológico, social, económico, histórico…), pero asumiendo que se necesitaba cambiar el perfil del Estado franquista para obtener la homologación en Europa y recoger algo de la piñata a punto de estallar.

La Transición arrasó con las aspiraciones democráticas de importantes sectores populares, sectores que defendían una recuperación de la República –de derechas o de izquierdas pero soberana-, los que apostaban por proyectos socialistas y comunistas, los que simplemente demandaban separación de poderes y un Estado a imagen y semejanza de los sistemas representativos europeos, marginó a los que demandaban un proyecto territorial independiente y sobre todo, liquidó la posibilidad de elegir la forma de Estado (monarquía o república).

No sin violencia, el postfranquismo devino Francocracia [2] y la fauna ibérica que salió más beneficiada fue sin duda la que ganó la guerra. Cuando el gobierno español del Partido Popular (heredero por vía sanguínea del aparato franquista), el PSOE, Ciudadanos, partidos constitucionalistas varios y corporaciones mediáticas, enarbolan la bandera roja y gualda del Estado de Derecho español para aplastar al independentismo catalán, intentan hacernos creer que el Estado Nacional español es un Estado equivalente al Francés, el Alemán o el Británico.

También académicos, intelectuales y progresistas de buena fe se suman habitualmente al reclamo del cumplimiento de las leyes y la autoridad de la justicia, asumiendo la teoría de que: un Estado de Derecho es aquel que se rige por leyes que emanan del parlamento que a su vez es el legítimo representante de la soberanía, y que detrás de las leyes no hay otra cosa que la voluntad popular expresada a través del voto; y que los jueces no son otra cosa que servidores públicos garante del cumplimiento de esas leyes.

Sin embargo, un análisis menos idealista y romántico, más histórico y concreto de la formación de los Estados Nacionales europeos nos demostraría que los Estados nacionales europeos fueron formaciones históricas (no universales ni divinas) que expresaron la relación de fuerzas dominante en un momento dado. Como demostró Max Weber, un clásico de la teoría social -nada sospechoso de comunista-, las estructuras burocratizadas que conocemos como Estados Nacionales triunfaron porque eran más eficaces para la expansión del capitalismo.

Así, históricamente, primero se formaron estas estructuras jurídico- administrativas y sólo después se inició el proceso de nacionalización, es decir, de construcción de una identidad común a los habitantes de un territorio que los hacía identificarse con las estructuras estatales y aceptar a un único poder soberano.

La nacionalización fue un proceso complejo que se apoyó en algunos casos en la lengua, en otros en la religión, en otros en las tradiciones y legado común en la mitología o en una religión civil (caso de Estados Unidos). Fueron las revoluciones burguesas en Europa las que, a partir del siglo XVIII, emprendieron el camino de la nacionalización para resolver las dos cuestiones clave del orden jurídico-político moderno: la soberanía y la unidad de poder.

Controlar y someter a las poblaciones de un territorio así como mantener las fronteras –o ampliarlas si fuera necesario- sólo pudo hacerse combinando la coacción y el consenso; en dosis variables según las necesidades de cada coyuntura histórica. Así, la violencia y el pacto fueron las dos caras de un mismo proceso de construcción de los Estados nacionales europeos.

Detrás y delante del Estado de Derecho –Estado burgués diría Marx cuestionando el carácter neutro del Estado-, no hay otra cosa que violencia. En síntesis, los Estados de Derecho son una realidad histórica cuyas características son el resultado de la correlación de fuerzas en un momento histórico concreto en el que una clase, una élite o el grupo hegemónico, consiguen imponerse y posteriormente legitimarse.

El Estado franquista, a su modo también era un Estado de Derecho ya que se dotó de leyes no sólo para imponer el orden social de los vencedores sino que trató por todos los medios de ganar la legitimidad (aceptación, consenso) que le negaba su génesis golpista. Junto con el ejercicio permanente de la represión y la violencia desarrolló políticas sociales (de vivienda, salud, educación) que le proporcionaran una base social más amplia para mantener el “orden franquista”. No obstante, nunca se pudo borrar en las grandes masas populares el origen fraudulento e ilegítimo del Estado español de ahí la importancia de un proceso de Transición que limpiara las huellas de ese origen pero también que maquillara a la fauna franquista fuertemente asentada en el aparato institucional.

El Estado franquista trató por todos los medios de prolongarse en el tiempo pero ninguno de esos dos pilares aguantó la presión de la crisis económica internacional. Objetivamente el régimen no podría sobrevivir si no se construía un nuevo relato político homologable al europeo y éste se hizo a partir del término modernización. Que daría continuidad a la Monarquía, cuerpos de seguridad del Estado, ejército y tribunales convenientemente maquillados.

Pero la operación de limpieza ideológica llevada a cabo por todos los agentes políticos y sociales –los sindicatos también se apuntaron- fracasó parcialmente en partes del territorio (País Vasco, Cataluña, Galicia, islas Canarias) donde la identidad nacional sirvió de refugio y resistencia a la apisonadora “democrática”. En todos estos territorios hubo grupos armados que hicieron evidente las contradicciones de la modélica transición y los límites de la francocracia en construcción: ni leyes fruto de la voluntad popular, ni separación de poderes, ni ejército soberano, ni democratización de la jefatura del Estado.

Sin embargo, la asimilación y/o la represión de las distintas formas de resistencia social han favorecido la ampliación del nicho ecológico del franquismo. Una sociedad española cada vez más conservadora y, a pesar de la sobreexplotación laboral, celosa de su nivel de consumo y consentidora de la creciente desigualdad, unas élites prepotentes y corruptas, unos jueces dados a la libre y franquista interpretación de las leyes, y unas organizaciones y movimientos sociales fragmentados y dispersos incapaces de aunar fuerzas en la lucha por la democracia.

El procés catalán, especialmente la movilización ciudadana, han llevado nuevamente hasta el límite al Estado de Derecho español, haciendo visible su sustancia franquista. Pero también está evidenciando el talante y el signo conservador, incluso reaccionario, de importantes masas de población en todo el territorio del Estado. Y sorprendentemente también cuestiona a una izquierda que se ve tensionada entre su ideario y su práctica institucional. Una izquierda que se encuentra paradojizada: por un lado continúa definiéndose como izquierda al tiempo que niega el derecho de autodeterminación del pueblo catalán; por otro se declara republicana al tiempo que sostiene la monarquía, y finalmente acepta como válida la independencia del poder judicial al tiempo que denuncia el encarcelamiento de líderes políticos y sociales catalanes.

El supremacismo españolista y la utilización del Derecho para reprimir muestran los límites de la francocracia y también la potencialidad de los acontecimientos en Cataluña. La legalidad se ha convertido en una consigna que el gobierno español y los partidos políticos institucionalizados utilizan como un arma estratégica para aniquilar toda forma de resistencia y de paso alimentar sus bases electorales.

Desde la teoría política, la detención de los representantes políticos catalanes, la represión generalizada de la sociedad civil, y la aplicación de las distintas medidas de excepción incluida la aplicación del artículo 155 son indicadores de la existencia de un Golpe de Estado. Aunque ciertamente el golpe de Estado se inserta en la propia lógica del Estado de Derecho (franquista) que trata por todos los medios de subsistir y reproducirse. En este sentido, podemos decir que la judicialización constante de la “cuestión catalana” y la propaganda incesante de los medios de comunicación contra las instituciones y la sociedad catalana, son actos de reafirmación fruto del miedo de un Estado que no está seguro de ser lo que dice que es.

Un estado fascista no puede cambiar porque se convierte en otra cosa. De ahí que su única posibilidad de supervivencia sea ir siempre más allá garantizando la impunidad de sus élites y aumentando y generalizando la represión. Por eso no es extraño que lo que antes eran faltas se conviertan en delitos, o se manejen las acusaciones de terrorismo para acciones de desobediencia civil.

Los Tribunales españoles, fieles a su naturaleza, acaban actuando como los tribunales de Orden público dirimiendo sobre rebelión, sedición y terrorismo; y ponen en apuros a los Tribunales europeos. Pero en definitiva de lo que hablan unos y otros es de garantizar la “seguridad”. Solo que para los Estados europeos la seguridad equivale a estabilidad económica, es decir, tener la seguridad de que el Estado Español cumple con sus obligaciones económicas y financieras, y para la francocracia española se trata de la seguridad del poder constituido.

La única salida del Estado de Derecho español es recurrir al mantra del terrorismo, porque la cuestión catalana es una apelación a la democracia, ya sea en su versión de Estado burgués (para las élites catalanas) o Estado socialista (para algunos sectores populares). Y recurrir al terrorismo va a ser su única posibilidad para de-construir los argumentos políticos del independentismo catalán, pues como afirmó el coronel López de los Cobos ante el Tribunal Supremo al justificar la represión del 1 de octubre en Cataluña: “el cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana” [3]. Argumento que por otra parte no dista del que suelen utilizar los Estados europeos para justificar el incumplimiento del derecho internacional para invadir o atacar a un país soberano. Por ejemplo, en la guerra y ocupación de Iraq, el primer ministro británico, Tony Blair afirmó que la seguridad estaba por encima de las libertades.[4] Sin duda una afirmación típicamente fascista.

Durante años, el terrorismo fue el argumento estrella del franquismo, más tarde lo ha sido de la francocracia, porque permite controlar a la población interna y justificar leyes dudosamente democráticas (Ley antiterrorista, Ley de partidos, ley mordaza), y en estos momentos detener a activistas de los CDR catalanes (Comités de Defensa de la República). Internacionalmente, tras los ataques a las Torres Gemelas en el 2001, ya se convirtió en Doctrina internacional, y en los últimos años ha sido asumida por los gobierno europeos como el comodín perfecto para desmantelar progresivamente lo que resta de derechos y libertades que puedan obstaculizar la lógica económica.

El terrorista, al ser un enemigo tan ambiguo e impreciso, permite que el que gobierna siempre tenga un recurso a mano para señalar al enemigo de la democracia o del Estado de Derecho. Durante la Guerra Fría el enemigo comunista sirvió para justificar medidas antidemocráticas. Hoy, la etiqueta terrorista, ese vago espectro que sólo el Poder puede identificar, puede justificar cualquier medida dictatorial porque el terrorismo es inconmensurable, indefinible, omnipresente y diverso; se puede esconder en cada lazo amarillo, en cada bandera estelada, en cada rapero, en cada CDR, o en cada muestra de solidaridad con el pueblo catalán. Así, el Estado de Derecho español irá dejando víctimas catalanas y no catalanas regadas por los campos españoles para que ese buitre leonado tan español despedace sus presas.

Notas

[1] RTVe; A la Carta, http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-fauna-iberica-buitre-leonado-1/3257749/

[2] A. Diez, La Francocracia y la cuestión catalana, parte 1 y 2, en El viejo Topo, nº 362 y 363, 2018

[3] http://www.rtve.es/noticias/20180201/cataluna-coronel-perez-cobos-afirma-dispositivo-mossos-se-penso-para-facilitar-1/1671206.shtml

[4] El País, Titular: “Blair afirma que la seguridad está por encima de las libertades” 25/02/05, pág.8

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