Por Oscar Battiston

Protesta el 1 de julio de 2015 ante la entrada en vigor de las Leyes Mordaza Álvaro Minguito

Un nuevo aniversario de las Leyes Mordaza, que si fueron duramente criticadas por cuatro relatores de Naciones Unidas poco después de su aprobación en el año 2015, ahora ha sido precedido por los pronunciamientos de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien ha instado a España a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana por su potencial represivo y, casi de manera simultánea, ha advertido al Estado español por las “crecientes condenas de prisión a artistas por sus letras” pidiendo una reforma del Código Penal para evitar condenas por ejercer la libertad de expresión.

Llegamos al sexto año de las Leyes Mordaza con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel por la letra de sus canciones y unos tweets, convirtiéndose en la primera persona que entra en prisión por ejercer la libertad de expresión.Más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música firmaron un manifiesto en favor de Pablo Hasél exigiendo “su libertad, así como que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos”, haciendo referencia a los de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las instituciones del Estado. Numerosas manifestaciones por la libertad de expresión se extendieron por la península y numerosos medios internacionales volvieron a hacerse eco del problema que tiene España con las libertades civiles.

Y en este contexto nos encontramos ante unas elecciones en la Comunidad de Madrid en la que la derecha extrema junto con la extrema derecha pretenden hacerse con el poder haciendo campaña empleando el término de libertad. ¿De qué libertad hablan? ¿la libertad de quiénes? ¿y con qué fin?

La libertad frente a la política liberticida

Llevamos años denunciando los retrocesos en las libertades de expresión, manifestación e información frente a quienes en nombre de la libertad nos quieren quitar nuestros derechos a la educación pública, la sanidad pública y una vivienda y un empleo digno. Estos derechos están ampliamente reconocidos en el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo llevamos muchos años de retrocesos. Especialmente desde las políticas de recortes del maltrecho estado de bienestar a raíz de la crisis de 2008, y por esas Leyes Mordaza —las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, de 2015— como respuesta del Gobierno de mayoría absoluta de Rajoy a las grandes movilizaciones del 15M, las mareas y marchas de la dignidad.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante a renovar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, se presenta a las elecciones como la garante de la libertad, haciéndolo de la mano del partido de extrema derecha Vox. Haciendo gala de un concepto de libertad basado en que la tenga quien se la pague, apuesta por una política basada en la desigualdad y en el libre albedrío de las clases privilegiadas en detrimento de la clase trabajadora. La campaña de libertad frente a socialismo o comunismo de la que está haciendo gala la extrema derecha en realidad lo que pretende es situar el concepto del estado del bienestar como enemigo de la libertad. En línea con lo que señala el periodista Antonio Maestre, es la apuesta por el exterminio la igualdad de oportunidades y los servicios públicos como garantía de protección de los más desfavorecidos.

El objetivo de Ayuso es la constante erosión de los servicios públicos abriendo camino a la libre acción privatizadora. Su idea de libertad excluye a quien no pueda pagar por acceder a derechos básicos como la sanidad, la educación, vivienda y empleos dignos. Se trata de una apuesta marcadamente clasista que normaliza la libertad de acción de los especuladores en el saqueo de lo público. Es la libertad soñada del privilegiado, la libertad de acción de las grandes constructoras y de los fondos buitres.

Frente a ello, la protesta social, la crítica al poderoso y el derecho a disentir son claves para poder denunciar que el rey va desnudo, que en sus negocios y apuestas juegan con nuestras vidas y con nuestro futuro. Todo estado social y democrático de derecho, como se reconoce el Estado español, necesita garantizar la participación de la ciudadanía en la vida política. Por ello las libertades de expresión, reunión pacífica e información deberían estar especialmente protegidas.

Por ello las liberticidas harán lo posible para conservar las Leyes Mordaza. Porque su libertad no es para las mayorías. Su libertad es la de gozar de sus privilegios a costa de la opresión del resto y la represión de quienes protestan contra la desigualdad. Esto es que lo buscan normalizar las liberticidas, y por eso la importancia del momento actual.

La libertad frente a la necropolítica neoliberal

La ‘necropolítica’ es la política basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar a los que no sirven al poder sino dejarles morir, crear políticas en las que se van muriendo. Los excluidos son los que no son rentables para el poder ni para implementar sus políticas. Son los que no producen ni consumen, los que de alguna manera, sin querer y sin saberlo en la mayoría de los casos, solo existiendo, ponen en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades.

Esta política de la muerte nos la recordaba la activista del 15M Clara Valverde Gefaell allá en 2015, cuando las políticas de recortes hacían estragos y la Leyes Mordaza levaban pocos meses en vigor. Denunciaba que en esta sociedad neoliberal muchísima gente que ahora no están en apuros, podrían fácilmente estarlo. Si uno enferma, pierde el trabajo, etcétera, las políticas neoliberales le descartarán como si fuera basura.

En el último año marcado por la pandemia, la tasa de pobreza relativa en España pasó del 20,7% hasta el 22,9%, aumentando en un millón de personas las que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según reflejó el informe sobre desigualdad en España de la organización Oxfam que publicó el pasado mes de enero.

Madrid se ha convertido en una de las ciudades con más desequilibrios socioeconómicos de occidente en las últimas décadas. Ricos y pobres viven cada vez más separados, con desigual condiciones de vida y acceso a recursos y servicios. El coste de los alquileres se ha disparado en Madrid por encima de 45% desde 2013, según datos del Banco de España, lo que unido a los desorbitados precios de la vivienda hace que el derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución Española, un derecho básico para la vida, sea a día de hoy algo así como una quimera.

Por otro lado, la reciente supresión de aulas sobre todo en la zona sur de la Comunidad de Madrid para plazas infantiles, y por otro lado, la supresión efectiva de aulas por la subida de ratios en Secundaria, convierte a Madrid en la primera comunidad autónoma en recortar en educación durante la pandemia. El plan de Ayuso es recortar la educación pública y blindar la concertada y la privada derivando dinero público y alumnado a los centros privados. Para ello cuenta con la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa que está ya en sus trámites finales. Nuevamente aparece su idea de libertad.

Tampoco quiso renovar al personal sanitario con contratos temporales al finalizar el confinamiento, a pesar de la entrega, el sufrimiento y los fallecidos que se produjeron entre ellos. El pasado 14 de marzo la Marea Blanca salió a la calle una vez más en Madrid por una sanidad pública con más recursos tras un año de pandemia. La región se encuentra entre aquellas comunidades autónomas con peor ratio de pacientes por hospital. Ni una pandemia ha hecho al PP cambiar su ruta de privatizaciones y recortes. Quienes se manifestaron denunciaban que “seguimos sin rastreadores, sin refuerzo de la Atención Primaria, sin urgencias y en los colegios no hay coordinadores covid.

Lo único que se hace es un pseudohospital (el famoso Zendal) y se hacen contratos a amiguetes a dedo para que así se forren llenando este hospital de camas y otras cosas, pero no de quirófanos“. Y concluían: “Es una política suicida. Ponen en peligro la salud de la población y realizan una serie de actuaciones que van contra el sentido común y la sanidad”. Es la libertad de hacer negocios a costa de la vida.

Mientras tanto, este mes de marzo comenzó con la prohibición general de las manifestaciones con motivo del 8M en Madrid, violando el derecho de reunión pacífica como denunciaron organizaciones de derechos humanos, así como el movimiento feminista. Los Estados tienen la obligación de proporcionar un entorno propicio, incluso en tiempos de crisis, para la libertad de reunión, lo que incluye medidas para que estas reuniones pacíficas puedan tener lugar libremente y sin restricciones indebidas. Pero en este caso nos referimos al ejercicio de la libertad de manifestación por la igualdad impulsadas desde el feminismo.

Esta no es la libertad de la que nos habla Ayuso. A la que ella se refiere es a usar las mordazas contra los colectivos sociales que luchan por la vida al tiempo que alienta permitir todas y cada una de las manifestaciones del PP y sus afines, incluyendo las manifestaciones de negacionistas y colectivos filofascistas.

La libertad frente al fascismo

El pasado 8 de marzo también supimos que Ayuso había prohibido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, fuera a un instituto público del barrio de San Blas a hablar sobre igualdad el 8 de Marzo. Lo hizo, según anunció, para evitar “adoctrinamiento”. Oponerse a que se trabaje en la escuela la igualdad es, sencillamente, estar en contra de los derechos humanos y tener una concepción patriarcal y autoritaria.

La prohibición del acto coincidió en el tiempo con la visita del ultraderechista Javier Ortega Smith a otro instituto público, el IES Ramiro de Maeztu. Aquí no hubo ninguna prohibición por parte del Gobierno regional. Entendemos que para Ayuso, Vox sí tiene libertad de adoctrinar. Pocos días después Ayuso afirmó que “cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien, ¿te lo han llamado alguna vez? Entonces estás en el lado bueno, en el lado bueno de la historia”.

Según la RAE, el fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. En 1938 el presidente de los EE UU Roosevelt describió el fascismode este modo: “La primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio estado democrático. Eso, en esencia, es el fascismo: la propiedad del Estado por parte de un individuo, de un grupo, o de cualquier otro que controle el poder privado”.

En 2020 se cumplieron 75 años de las muertes de Hitler y Mussolini, las dos caras más conocidas mundialmente del fascismo. En cambio su aliado Franco vivió y mantuvo su dictadura franquista hasta el año 1975. La victoria de Franco en la guerra civil no se podría entender sin el apoyo militar de Hitler y Mussolini. A su vez, la España de Franco participó en la Segunda Guerra Mundial del lado de Hitler enviando unos 50.000 soldados a participar en la llamada “División Azul”.

El pasado mes de febrero se realizó un homenaje a la División Azulen el madrileño cementerio de la Almudena al que acudieron unas 300 personas, ataviadas con símbolos y banderas nazis y neofascistas. En este caso el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, no prohibió la marcha y acto fascista porque las condiciones de la convocatoria cumplían las limitaciones al derecho de reunión impuestas con motivo de la pandemia.

Mientras que en Italia y Alemania hacer el saludo fascista es un delito, la legislación española da barra libre a la exhibición de símbolos de la dictadura. José María Aznar financió a la Fundación Francisco Franco y Alberto Ruiz-Gallardón fue testigo de la glorificación del franquismo en el funeral de su suegro, el ministro franquista José Utrera-Molina.

Cuando era ministro de Justicia, Gallardón impulsó la reforma del Código Penal, “la apología [de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor] solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito”. Vitorear a Franco, su régimen del terror o hacer el saludo falangista, no es delito. En cambio hacer bromas en Twitter sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, heredero del dictador, puede costar hasta tres años de cárcel por “enaltecimiento del terrorismo” y por “humillación a las víctimas”, de acuerdo con el artículo 578 del CP.

Sin igualdad no hay libertad y con represión tampoco

Hay mucho en juego para seguir poniéndose de perfil ante el saqueo de lo público, el fascismo, la represión y las mordazas en nombre de la libertad. El concepto de libertad que propugnan éstas derechas extremas lleva implícito la idea de que las élites tengan la libertad de reprimir y amordazar a quienes denuncian la pérdida de los derechos esenciales y básicos en cualquier democracia. Para Ayuso las Leyes Mordazas son parte imprescindible de la libertad de reprimir que se abrogan.

Tampoco olvidemos que las Leyes Mordaza están aún en vigor a pesar de que hay una mayoría parlamentaria y un Gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos que se comprometieron repetidas veces en acabar con ella, tildándola de franquistas, antidemocráticas y de un claro ataque a la libertad. Ya se agota el tiempo.

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