Los colectivos populares de comunicación alternativa de Venezuela suscriben y divulgan el Manifiesto de la Libre Comunicación, el cual tiene como objetivos reivindicar el derecho a la libertad de expresión y comunicación y a fundar medios de comunicación por parte de las comunidades, así como alertar contra las posibles consecuencias de la inminente aprobación del Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que puede vulnerar el disfrute de estos derechos humanos.

LibreComunicación, la Red Venezolana de Medios Comunitarios y diversas organizaciones populares que trabajan en comunicación popular, comunitaria o alternativa en el país, vienen protagonizando en los últimos meses un creciente proceso de articulación en torno al derecho a la libre comunicación y la libertad de acceso a los medios por parte de las comunidades. El Encuentro de la Libre Comunicación, realizado en Barquisimeto en los días 10 y 11 de marzo de este año, en el que participaron grupos y colectivos de Lara, Maracay y Caracas, supuso un paso más en la articulación de las experiencias de comunicación libre que existen en Venezuela. A partir de las discusiones colectivas, y motivados tanto por la necesidad de luchar por el libre acceso a fundar medios de comunicación comunitarios, como por la inminente aprobación del Proyecto de Ley de Telecomunicaciones (que puede vulnerar el acceso del movimiento popular a las radios y televisoras comunitarias). Los colectivos alli presentes redactaron el primer Manifiesto de la Libre Comunicación, presentado el miércoles 3 de mayo durante un evento sobre servicios públicos organizado por la Defensoría del Pueblo, la Comisión Andina de Juristas y CASETEL, en el Hotel Caracas Hilton.

LibreComunicación es un frente de varios grupos que trabajan en comunicación alternativa, libre, popular y/o contracultural en Venezuela. Es totalmente autónomo y no depende de ninguna institución gubernamental o privada. La Red Venezolana de Medios Comunitarios agrupa a una serie de iniciativas de medios de difusión de baja potencia de Venezuela, que buscan desarrollar procesos comunicativos en conjunto con organizaciones comunitarias y de base. Es una instancia de articulación autónoma y no depende de ninguna institución gubernamental o privada.

Más información en http://www.librecomunicacion.org

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MANIFIESTO DE LA LIBRE COMUNICACIÓN

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CONSIDERANDO que, de acuerdo a la resolución 59(1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14-12-1946, la libertad de informar es un derecho humano fundamental de todas las personas;

CONSIDERANDO que el espectro radioléctrico es patrimonio común de la humanidad y que la única atribución que corresponde al Estado, al respecto, es administrarlo con criterios de igualdad y pluralismo democrático;

CONSIDERANDO que, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), todos tenemos el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier procedimiento de nuestra elección;

CONSIDERANDO que, de acuerdo a esa misma Convención, el Estado tiene la obligación de no restringir este derecho por medios tales como el abuso de controles oficiales de frecuencias radioeléctricas o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones;

CONSIDERANDO así mismo que, de acuerdo con los artículos 57 y 58 de la Constitución Venezolana de 1999, la comunicación es libre y plural, y todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, haciendo uso de cualquier medio de comunicación y difusión;

CONSIDERANDO que, de acuerdo a los artículos 101 y 108 de nuestra Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar la emisión, recepción y circulación de la información cultural y el servicio público de radio y televisión como vía de acceso universal a la información;

CONSIDERANDO que los principios fundamentales de la UNESCO acerca de la libertad de comunicación consagran como elementos esenciales del desarrollo democrático y económico de las naciones el desarrollo de prensas y medios libres, independientes y pluralistas (principios plasmados en la Declaración de Windhoek de 1991; Declaración de Alma Ata de 1992; Declaración de Santiago de Chile de 1994; y Declaración de Sana’a de 1996);

CONSIDERANDO así mismo los principios y postulados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Videazimut, que reúnen a iniciativas de comunicación independiente de todo el mundo;

RECORDANDO que tanto las necesidades como las posibilidades informativas y comunicativas de los sectores populares han sido históricamente expropiadas y excluidas de la agenda pública en beneficio de los sectores de poder económico, a través de trabas burocráticas, concesiones signadas por la corrupción y el compadrazgo político;

PREOCUPADOS porque la diversidad de iniciativas colectivas de comunicación alternativa a lo largo de todo el país ven limitadas sus posibilidades de ejercer el derecho a la libre expresión y comunicación, debido al apoyo oficial al monopolio de los medios radioeléctricos y de prensa promovidos por los sectores de poder económico;

COINCIDIENDO con un momento político que fundamenta su legitimidad en la profundización de la democracia a través de un mayor protagonismo y participación del pueblo en los procesos sociales;

PREOCUPADOS por las amenazas para la vigencia del derecho a la libre comunicación que puedan derivarse del diseño del marco legislativo de las telecomunicaciones, a causa del protagonismo de las grandes corporaciones y la exclusión de la participación de colectivos populares, la comunidad organizada y otros sectores de la sociedad; y

CONSIDERANDO que los nuevos proyectos de Ley y Reglamento de Telecomunicaciones que se discuten son acuerdos negociados entre el Estado y la empresa privada, que conciben las telecomunicaciones como actividades exclusivamente económicas y han sido diseñados especialmente para aprovechar la oportunidad fiscal que ofrece la apertura del sector de las telecomunicaciones a partir del año 2000;

DECLARAMOS QUE:

1. El desarrollo de las prácticas de comunicación libres y comunitarias basadas en los principios democráticos de la libertad, la igualdad y la participación, que defienden la pluralidad y la diversidad cultural, es esencial para la creación de espacios que apoyen la participación de los ciudadanos en un proceso democrático.

2. No habrá verdadera democracia ni acceso a la información si no se extiende la libertad de crear medios a las comunidades organizadas, en condiciones de igualdad y con un marco legal que favorezca el desarrollo de los mismos.

3. Los medios comunitarios desempeñan un papel fundamental en el refuerzo de los derechos culturales y sociales de las minorías étnicas y de los sectores más empobrecidos de la población.

4. Los contenidos de los medios radioeléctricos masivos están orientados de modo casi exclusivo a promover el consumo, debido a la concentración de intereses comerciales, lo que promueve la alienación y la transculturación en torno al hecho comunicativo y afecta las posibilidades educativas y de transformación propias de la comunicación.

5. La expansión continua de las corporaciones transnacionales que se caracteriza, entre otros, por la creación de conglomerados en el sector de los medios y la concentración de la propiedad, amenazan la existencia de medios comunitarios independientes e incluso la pluralidad de cualquier tipo de medio.

6. El acceso a los medios se debe sostener a través de la educación y la capacitación para desarrollar su comprensión crítica y permitir a la gente que desarrolle sus posibilidades en el ejercicio del hecho comunicativo a través de los medios.

7. La información nunca será veraz si no es posible establecer medios en condiciones de igualdad y, especialmente, si no existen las garantías necesarias para que las comunidades organizadas puedan fundar y gestionar sus propios medios.

8. La economía de mercado no es el único modelo para construir la infraestructura de las comunicaciones. La gente se debe considerar como productora y generadora de información y no sólo como "consumidora". Para ello, debe contar con las oportunidades necesarias para asumir el protagonismo en la creación, difusión y análisis de las informaciones, lo cual sólo puede lograrse a través de políticas y leyes que garanticen la democratización real de dicha infraestructura.

EXIGIMOS:

1. El reconocimiento oficial del sector de los medios comunitarios como un componente esencial de la radiodifusión de servicio público y como contribución vital al pluralismo en los medios y a la vigencia y disfrute de la libertad de expresión e información.

2. La creación por parte del Estado de un espacio público para el debate y la consulta en el cual los representantes de la sociedad civil y las comunidades organizadas (y no solo la empresa privada) participen en el diseño e instrumentación de las políticas, leyes y normativas de comunicación y telecomunicaciones.

3. La garantía en la nueva Ley y el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones de que la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, los criterios técnicos y las prioridades de desarrollo promuevan e incentiven la creación de medios por parte de las organizaciones no gubernamentales y las comunidades organizadas, sin que se establezca ningún tipo de barreras políticas, económicas, administrativas, técnicas o de cualquier otra índole para el ejercicio del derecho a informar y a expresarse libremente, más allá de las que impone el uso de los recursos limitados del espectro radioeléctrico.

4. Que el Estado destine una significativa cuota de los ingresos fiscales provenientes de la carga contributiva de las empresas de telecomunicaciones para implantar planes de desarrollo y de formación de las estructuras culturales, comunitarias y cívicas de las comunicaciones.

5. Que el llamado Plan Nacional de Telecomunicaciones que adelanta el Estado tome en cuenta y favorezca la existencia y desarrollo de emisoras de radio y televisión comunitarias absolutamente autónomas y sin ningún tipo de injerencia oficial en la programación y emisión de contenidos.

6. La atribución de una parte significativa del espectro radioeléctrico para el uso por parte de micro-difusores y medios comunitarios.

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Lista de grupos que se adhieren al Manfiesto y más información en:
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