Me piden recordar y relatar una y otra vez: ¿Qué pasó en comisaría? ¿Cómo fueron los interrogatorios? ¿En qué consistían las torturas? ¿Qué diferenciaba al tal Pacheco, y cómo sé que él era uno de los torturadores? ¿Por qué he decidido querellarme ahora contra él al cabo de tanto tiempo? ¿Creo que esta querella va a prosperar?

Un día también de finales de junio, en medio de una ola de calor como la actual, me detuvieron y empezaron 3 días de torturas. Exactamente 44 años más tarde he interpuesto la querella judicial: un salto de casi dos generaciones.

Pero, ¿tiene algún sentido volver a esos hechos? ¿A quién le importan a estas alturas?

Sorprendentemente, resulta que, a juzgar por los mensajes que he recibido, le importan a mucha gente. Viejos amigos y amigas, desde diferentes rincones del planeta, han oído la noticia de esta primera querella por torturas durante el franquismo, han reconocido mi nombre o mi foto y me han escrito, wasapeado, o enviado a través de cualquier otro medio un mensaje de apoyo.

Esas respuestas de personas en algunos casos con las que no tengo contacto desde hace años, me han emocionado, desde luego, pero también me animan. Al igual que los comentarios de la gente de la prensa, que por supuesto no me conocía en su mayoría de nada y que, tras la conversación formal, me expresaba su simpatía personal por la causa emprendida; o quienes en redes también lo hacían, por ejemplo, en los comentarios semi-anónimos a los artículos en la prensa digital.

Hay que agradecer la atención, el esfuerzo desplegado por muchos medios de comunicación más allá del interés periodístico de la noticia, motivado por la conciencia democrática de los propios periodistas y su independencia respecto al poder.

Pero hay un agradecimiento aún más obligado y que a menudo se obvia por más que las víctimas y protagonistas de las querellas seamos plenamente conscientes de su labor. Son los abogados y abogadas que trabajan desinteresadamente en armar jurídicamente las querellas. Son quienes impulsan la justicia desde el ámbito de la ley, desde su firme compromiso con los derechos humanos, pero también desde sus conocimientos técnicos, quienes hilvanan una estrategia compleja de asalto al muro ciego de eso que llamamos para simplificar ‘la justicia’.

Quiero detenerme en este colectivo profesional, en particular quienes están trabajando en las querellas contra la impunidad del franquismo desde entidades como la APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos de España) o la ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados), porque sin su entrega altruista nada haríamos en materia judicial. Las víctimas carecemos de los conocimientos y de los recursos para llevar adelante, sin su concurso y pilotaje, estas iniciativas en pro de la justicia, sin comillas esta vez.

Y hablar de abogados entregados a la justicia y los derechos humanos lleva, inevitablemente, aquí y ahora, a mencionar a Carlos Slepoy, quien por apenas dos meses no ha podido presenciar este hito histórico en la lucha contra la impunidad del franquismo a la que él entregó buena parte de su vida. Carlos falleció el 17 de abril pasado, pero su ejemplo y humanidad, inmensos, nos siguen acompañando y estimulando cada día.

Frente a esas reacciones positivas a mi querella, contrasta el ruidoso silencio de la mayoría de los representantes de los partidos de nuestro arco parlamentario, que no se han dignado expresar su apoyo o simpatía a esta iniciativa, ni han tomado contacto conmigo o con alguna otra víctima cuya querella está en curso, ni con el equipo de juristas, para interesarse o simplemente informarse.

No hace falta mencionar al gobierno y las instituciones varias de él dependientes, ya sea en el ámbito de los derechos humanos, de amparo a las víctimas, del sistema judicial, etc. Las víctimas del franquismo no existimos para este gobierno ni hemos existido para ninguno de los anteriores que en esta democracia han sido; nuestro recalcitrante empeño en reclamar el derecho a la justicia sólo provoca incomodidad en el poder, no somos sino un incordio.

Intentaré responder aquí, una vez más, a las preguntas iniciales, muy razonables, sobre el sentido y oportunidad de estas querellas. Efectivamente, las querellas llegan muy tarde, demasiado, pero sucede que el estado ha bloqueado con todos sus medios los intentos emprendidos hasta ahora de juzgar los crímenes del franquismo; ahí queda, como hito y aviso a navegantes, la persecución del Tribunal Supremo al juez Garzón en el año 2010, y su suspensión como magistrado en respuesta a su intento de abrir una causa por crímenes del franquismo.

Nos vimos obligados entonces a recurrir a la justicia fuera de España acogiéndonos a la legislación internacional sobre justicia universal, plenamente aplicable a los crímenes de lesa humanidad como son la mayoría de los de persecución política cometidos por el franquismo. Surge así la llamada ‘querella argentina’ que aún está activa, a pesar, de nuevo, de la sistemática denegación de colaboración por parte de nuestro gobierno y judicatura.

El camino recorrido ha sido largo y en general ingrato, una travesía del desierto que desde el poder se ha ignorado en la confianza que nos cansáramos o extinguiéramos de forma natural. Y no hay duda de que muchas víctimas no han llegado hasta aquí, pero también a estas personas y a su memoria les debemos este último esfuerzo quienes aún tenemos la suerte de seguir en la brecha.

Porque lo que está en juego en estas querellas es mucho más que nuestro derecho a la justicia como víctimas; es la dignidad y la salud democrática de esta sociedad aún lastrada por una herencia totalitaria que corroe las instituciones. La impunidad es un tóxico que degrada moralmente a nuestro sistema, le priva de legitimidad; una democracia construida sobre un pacto de injusticia y mentira solo puede dar lugar a una sociedad acobardada e hipócrita.

Las generaciones que nos siguen exigen de la nuestra, como prueba de credibilidad, un gesto de honestidad hacia la historia, un legado de verdad y coraje. Nos juzgará en consecuencia por la forma en que hayamos resuelto como sociedad las hipotecas de la transición:

Por una parte, la pervivencia de un chantaje impuesto bajo coacción por los herederos de la dictadura, cuyo precio es, además del modelo de estado o la negación del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, la impunidad del franquismo y la continuidad de su aparato de estado.

Por otra, la institucionalización de la discriminación mediante un doble rasero en el trato a las víctimas de la violencia política, exaltando y utilizando electoralmente a las víctimas oficiales del terrorismo; castigando con el desprecio a las que lo son del terrorismo de estado bajo la dictadura y en la propia transición.

Y, respecto a la pregunta del millón, ¿prosperará esta vez la querella en el terreno judicial?, nadie puede asegurarlo, sabemos que muchos jueces y juezas son dóciles a los órganos de gobierno de la judicatura, a su vez correa de transmisión del gobierno. Pero también estamos convencidos que los hay realmente demócratas e independientes. Confiemos en que sea alguno de estos a quienes toque decidir sobre nuestras querellas.

En todo caso, es la presión social la que tiene la última palabra. Nos anima la sensibilidad que están demostrando algunos de los medios de comunicación, así como muchos colectivos y corrientes políticas emergentes en ruptura con la herencia de la Transición que, por ejemplo, desde los ayuntamientos del cambio también están adoptando importantes iniciativas contra la impunidad del franquismo. Esta creciente marea social por la justicia y la memoria democrática nos hace pensar que esta vez los tribunales lo van a tener más difícil para ponerse de perfil.

En definitiva, lo tenemos muy claro: sólo el ejercicio de la justicia permitirá arrojar una luz objetiva y veraz sobre los crímenes del franquismo, al igual que sólo tras Nuremberg pasó el holocausto nazi a los libros de historia. Esa verdad, escrita en papel timbrado de un tribunal, será el último legado de mi generación a nuestros descendientes, por el que éstos, a su vez, juzgarán nuestro valor y honestidad.

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